El presidente ecuatoriano Rafael Correa hace buen uso del discurso político confrontativo. Ricardo Trotti.

El presidente ecuatoriano Rafael Correa hace buen uso del discurso político confrontativo. Entre arenga y propaganda, su táctica consiste en imponer temas de discusión y situar a la defensiva a adversarios, periodistas, activistas o gobernantes extranjeros.
Alcanzó su propósito una vez más en la recién finalizada 42ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Cochabamba, Bolivia, en la que fue el único presidente invitado entre los cancilleres de la región. Con tono belicoso pero efectivo, logró que el tema principal, el hambre que padecen 53 millones de personas en el hemisferio, quedara desplazado por su pretensión de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) sea reformada o desaparezca.
Su reclamo estaba anunciado. Desde hace meses, Correa desafía a la Cidh y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión por defender y proteger a periodistas y escritores que él demandó por cifras millonarias y penas de cárcel.
Con apoyo de sus colegas de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (Alba), Correa forzó a la OEA a discutir recomendaciones que, de ser aprobadas, harían perder autonomía al sistema de defensa de derechos humanos.
Aunque la asamblea pospuso la discusión hasta 2013, Correa logró que su acusación al sistema fuera parte de la agenda.
Él, Morales y el canciller venezolano reclamaron a la OEA “renovarse o morir”, una evolución de la amenaza de Hugo Chávez, nunca concretada, de retirarse del organismo. Estos gobiernos prefieren organizaciones como Alba, Celac y Unasur, que ellos mismos forjaron sin los mecanismos internos de vigilancia de los derechos humanos que rechazan.
Correa cometió errores garrafales en su discurso, lo que obligó a organizaciones no gubernamentales y a la prensa regional a salir en defensa de un sistema que él consideró “aberrante” por tener su sede en Washington, mientras Estados Unidos no ha revalidado la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
La defensa más concreta la asumió el titular de la Cidh, el mejicano José de Jesús Orozco, quien demostró que la no ratificación de la Convención no fue obstáculo para que en 2011 la Comisión otorgara 11 medidas de protección a los derechos humanos en Estados Unidos, una menos que en Honduras.
Las diferencias técnicas –no las políticas, como sostuvo Correa– entre las legislaciones nacionales y los principios de la Convención en materia de pena de muerte y aborto, entre otros temas, fueron las trabas históricas de Estados Unidos, Canadá y algunos gobiernos caribeños para no ratificar la Convención. Sin embargo, la Cidh tanto reclama por detenciones arbitrarias en Cuba, que no es parte de la OEA, como por el cierre de la cárcel estadounidense de Guantánamo.
El discurso polarizador del presidente ecuatoriano terminó paralizando una serie de recomendaciones que hizo un grupo de trabajo intergubernamental y que el sistema interamericano sí necesita para ser más eficiente. Una propone más esfuerzos a tareas educativas y a que los estados hagan mayores aportes económicos para remendar un severo atraso procesal. Sólo en 2011, la Cidh recibió 1.600 reclamos y 400 pedidos por medidas de protección.
Lamentablemente, la retórica de Correa consiguió consensos –con la excepción de Costa Rica, Chile, México, Estados Unidos y Canadá– para que a la Cidh se le impongan cambios de trabajo en lugar de recomendaciones. De aprobarse, la labor de estos organismos terminará siendo supervisada por los gobiernos, convirtiéndose estos en jueces y partes, lo que desvirtuará un sistema de protección que se vino construyendo por 50 años.
Ante los abusos de Estado y la impunidad, más que nunca hoy se necesita un sistema internacional más fuerte, autónomo y eficiente, al que los ciudadanos puedan acudir a buscar la protección de sus derechos. Esta importante decisión no debería quedar sólo en manos de la OEA y de los gobiernos.