Repsol aceptó pagar sus pasivos ambientales, pero ahora lo oculta

Al menos tres abogados del grupo firmaron, entre 2011 y este año, actas en las que aceptaban resarcir los daños generados por contaminación, ante denuncias de dueños de tierras patagónicas sujetas a la explotación de crudo.



arios documentos a los que accedió Tiempo Argentino en forma exclusiva demuestran que Repsol se había comprometido hace más de un año a pagar cifras millonarias para reparar los daños ambientales generados por la explotación petrolera que realiza en todo el país. Y que al menos tres altos representantes legales del grupo, que ahora no quiere hablar con el gobierno de Cristina Kirchner sino con el próximo, para “negociar” la cifra de una pretendida indemnización, firmaron de puño y letra un plan de acción que debía iniciarse en abril pasado, con el objetivo de identificar esos pasivos.
Los letrados actuaron en todo momento según instrucciones del presidente de la petrolera, Antonio Brufau, que ante varias demandas presentadas por la Asociación de Superficiarios de Petróleo (ASSUPA) contra la YPF que en ese momento conducía el catalán, decidió en marzo de 2011 invitar a ASSUPA a sentarse en una mesa y cuantificar los daños.
Los acuerdos fueron suscriptos en reuniones desarrolladas durante todo 2011 y parte de este año, en oficinas de YPF y salas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). De los encuentros participaron funcionarios judiciales, delegados provinciales, damnificados directos y el ex CEO en Argentina de YPF, Sebastián Eskenazi, además de representantes de otras petroleras demandadas.
En un escenario totalmente modificado por la expropiación, hoy Brufau patea el tablero, prefiere hacer como que nadie firmó nada, y esconde cualquier evidencia que pudiera obligarlo a hacerse cargo de la deuda. Según estimaciones de los superficiarios, el pasivo ambiental generado por la ex YPF en la última década supera los U$S 10.500 millones que los españoles pidieron como condición para irse.

BORRAR CON EL CODO.

El primer llamado que ASSUPA recibió de directivos de YPF fue a comienzos de marzo de 2011. Invitaban a “acercar posiciones” antes de una conciliación obligatoria que la Corte había fijado para el 23 de ese mes referida a una denuncia penal que los superficiarios iniciaron contra la petrolera por desastres ecológicos registrados en la Cuenca Neuquina. El 16, a las 4 de la tarde, el presidente de la Asociación, Ricardo Apis, ingresó por una puerta lateral de las oficinas de YPF, ubicada en Macacha Güemes 515, Puerto Madero. En el piso 34 lo recibió el apoderado general, Mauro Dacomo, quien propuso acordar la finalización del pleito legal de contaminación (que el letrado prefirió llamar “situaciones ambientales”). Eskenazi formó parte de la charla. A su término, Dacomo firmó un documento donde se establece que “las partes analizarán la factibilidad de encontrar conjuntamente una propuesta que permita arribar a una solución consensuada”. En el texto, además, YPF se compromete a trabajar en un “proyecto conjunto” con “plazos y garantías necesarias para su cumplimiento”.
Poco antes, el 23 de marzo, en un salón de la Corte Suprema y ante el presidente del tribunal que entiende en la causa, YPF ratificó su voluntad de estudiar los daños y pagarlos. Estaban representantes de La Pampa, Neuquén y Río Negro, de la Defensoría de la Nación, del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y del secretario de la Corte, Cristian Abritta. Por la petrolera firmó otro de sus abogados, Gabriel Macchiavello.
Pero el compromiso más importante que Brufau esquiva en la actualidad está fechado en abril del año pasado y estableció un plan general de remediación. El texto se denomina “Objetivos, pautas y plazos que regirán en el diálogo entre ASSUPA e YPF S.A. para arribar a una solución conciliatoria en los autos ‘Asociación de Superficiarios de la Patagonia c/YPF S.A. y Otros s/ Daño Ambiental’”.
En el documento, las partes “acuerdan elaborar un listado de situaciones ambientales susceptibles de haber generado daño ambiental”. El Punto 4 establece que “acordadas estas cuestiones, las partes presentarán un escrito conjunto informando a la CSJN las situaciones ambientales identificadas junto con sus proyectos de Plan Ambiental de Remediación. En el escrito conjunto que las partes presenten a la CSJN se solicitará al Tribunal que fije un plazo para que el Estado Nacional, las provincias interesadas y el COFEMA expresen las observaciones que juzguen convenientes”.
Ese día, YPF aceptó de manera oficial el desempeño de peritos judiciales para estudiar los casos denunciados, en el marco de la Ley General del Ambiente 25.675. El Punto 7 sostiene que “las partes solicitarán a la CSJN que apruebe los planes de remediación y el modo en que judicialmente se ejecutará y controlará lo acordado”. Al pie se lee la firma de Dacomo.
Con el proveído de la Corte, fechado en diciembre pasado, el cronograma para estudiar los episodios de contaminación y la forma de resarcirlos se terminó de diseñar a principios de este año. Según el plan, entonces aceptado por Eduardo Andrés Pigretti en representación de YPF, se acordaron, no sólo lugares y fechas de futuras reuniones, sino incluso duración de las mismas: no más de cuatro horas. En ese cronograma, también firmado por Macchiavello, quedó establecido que el 23 de febrero de este año a las 10:30 se llevaría a cabo la “Identificación de situaciones ambientales” por parte de la empresa; el 8 de marzo a la misma hora haría lo propio ASSUPA; el día 22 se consensuaría la remediación entre ambas informaciones; y el 10 de abril pasado sería presentado el proyecto ante la Corte, para comenzar a ponerlo en práctica en estos días.
Pero con su anuncio del día 16, Cristina hizo explotar la bomba.

INSEGURIDAD

A fines del mes pasado el ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación José Manuel García-Margallo


se mostró amigable y pidió que la Argentina y España conversaran como “naciones hermanas”, al tiempo que exhibió sus quejas por las “expropiaciones discriminatorias” y adujo el principio de la seguridad jurídica para defender las amenazas de Brufau de recurrir a tribunales internacionales. Justamente dentro de esos mismos principios es que se enmarcan los compromisos asumidos por los letrados del grupo despechado. Y también las cinco demandas millonarias iniciadas hace varios años por chacareros, propietarios de campos, productores y pueblos originarios contra YPF por daños ambientales que se tramitan en la Corte y en tribunales del interior, y que significarían que Repsol, en lugar de cobrar una indemnización por la expropiación de YPF, tenga que pagar.
Las causas, reveladas en una investigación que Tiempo publicó en mayo de 2011, corresponden a cada una de las cinco grandes áreas de explotación petrolera del país. Del paquete se destaca la vinculada a la Cuenca Neuquina. Se caratula “Asociación Superficiarios de la Patagonia c/ YPF Y Otros s/ daño ambiental”, y tramita por expediente A 1274/03, C.S.J.N. Las otras cuatro corresponden al resto de las cuencas: Golfo San Jorge (ASSUPA c/Alianza Petrolera Argentina S.A. y Otros s/daño ambiental, Expte. 28/2009 -Tomo 45 Letra A); Austral (ASSUPA c/ YPF S.A. y Otros s/ daño ambiental, Expte. A 556 XLIII); Noroeste (ASSUPA c/Braspetrol y Otros s/ daño ambiental, Expte. 750/2010 Tº 46 Letra A); y Cuyana (ASSUPA c/YPF y Otros s/AMPARO, Expte. 45.058/3, Juzgado Federal de Mendoza Nro. 1).
Sólo en la cuenca neuquina, los daños en el ambiente generados por la YPF privada alcanzarían los U$S 5000 millones. Cifra que fue reconocida en 2006 por el mismo Macchiavello, uno de los firmantes de los compromisos de pago, cuando sostuvo que el reclamo de los superficiarios podía “llegar a una cifra multimillonaria de alrededor de 5000 millones de dólares por las tareas de remodelación que habría que realizar” en esa zona.
El Estado Nacional, como explicó este diario el pasado 24 de mayo, ya estimó en U$S 6000 millones el pasivo ambiental en un grupo de provincias. Paralelamente, el relevamiento de ASSUPA llevado a cabo en los 800 mil kilómetros cuadrados que el país destina a la extracción de crudo, demuestra con casos identificados que la deuda del grupo saliente pasa los U$S 10 mil millones.
Ese estudio incluye información referida a tierras arruinadas, derrames de hidrocarburos, modificaciones en la flora y la fauna, contaminación de lagos y napas subterráneas, muerte de animales, desertificación y construcción ilegal de caminos que tajean la llanura y miles de hectáreas de suelo fértil.



Se calcula que sólo en la Cuenca Neuquina hay 10 mil pozos contaminantes, y que a nivel nacional existen 18 mil “pozos satélite”, como se denomina a las perforaciones que cumplieron su ciclo pero que a pesar de seguir filtrando desechos a las napas subterráneas, fueron abandonadas por la ex YPF y otras concesionarias sin ningún tipo de saneamiento ambiental.
Los pasivos ambientales incluyen los caminos interiores y “picadas” que conectan los pozos con obradores, depósitos de maquinaria y oficinas administrativas levantadas en el campo. La Cuenca Neuquina está cortada por 120 mil kilómetros lineales de estos caminos (superficie quitada a la siembra y al pastoreo de animales). Y se estima que contiene 12 mil piletones de 50 metros por 50 metros, y tres metros de profundidad, destinados a volcar los residuos del petróleo extraído.
YPF también fue señalada por camuflar esas piletas como forma de evitar fotografías aéreas que diesen pie a nuevas denuncias. Y por no respetar la Ley 25.675, que en su artículo 22 establece entre otras cosas que “Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir”.


MAGNITUD.

Luis Arellano, abogado de ASSUPA especialista en Derecho Ambiental, reconoció a Tiempo Argentino que el cálculo de los pasivos que las provincias están haciendo para determinar la deuda general de Repsol “es una decisión correcta, pero la última palabra la debe tener el Estado Nacional, como parece que va a ocurrir, según anuncios de los últimos días. Las cuencas petroleras tienen una dimensión que excede a esas provincias, y por eso, las acciones y medidas que puedan tomar nunca dejarán de ser un abordaje parcial e incompleto de la problemática”.
El experto agregó que “el Río Colorado, por ejemplo, cruza cinco provincias y ninguna de ellas en forma solitaria puede atribuirse la posibilidad de sanearlo. Por eso, la recuperación de la petrolera no sólo es una acción positiva en sí misma para el futuro energético del país, sino que además ubica el daño ambiental como problemática de magnitud nacional, reforzada ahora con el dictado de la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera”.

La clave - MOSCONI

En el informe Mosconi que elaboró la intervención a YPF se señaló que las tierras contaminadas ubicadas en repositorios sumaban casi 2 millones de metros cúbicos y que el costo de su remediación superaría los U$S 115 millones.

“Presidenta, solicitamos que no se le pague a Repsol”



En una carta documento fechada el pasado 15 de mayo y dirigida a Cristina Fernández, el presidente de ASSUPA, Ricardo Apis, manifestó su “satisfacción” por la “firmeza con que Ud. viene rechazando tales pretensiones”, en referencia al lobby de Repsol y otras empresas vinculadas a la producción de gas, que amenazaban con desabastecimiento y aumento de tarifas. “Elegimos esa metodología para que Cristina se enterara rápidamente de nuestro apoyo –explicó Apis a Tiempo Argentino–, y para ofrecerle los estudios que la Asociación hizo del daño ambiental generado por YPF, cuya cifra supera ampliamente lo que pretenden los españoles.” La carta pide retener “los valores necesarios para las remediaciones a que esos accionistas están obligados por la Constitución Nacional (Art. 41) y por la Ley General del Ambiente”. Y agrega: “Solicitamos entonces que no se paguen las acciones a Repsol, ni se negocie con otras empresas, hasta tanto las mismas den cumplimiento con sus obligaciones para con todos los ciudadanos argentinos, en particular los paisanos y pobladores rurales más empobrecidos que hacen patria en las áridas tierras patagónicas y sólo cuentan con la esperanza de su protección.”
“La decisión de la presidenta de recuperar la petrolera fue extraordinaria –agregó Apis a Tiempo–, y si se hacen bien los cálculos, es Repsol la que tiene que pagarle al Estado argentino, y no al revés.”
“Estamos en condiciones de afirmar –continúa el texto enviado a Balcarce 50– que existen en el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego, pasivos ambientales por los cuales se adeudan cifras millonarias, más de lo que pretende cobrarnos Repsol a todos los argentinos. De liquidarse dichas deudas, significaría el ingreso al circuito económico de divisas muy importantes para reparar la tierra, el agua y el aire en todo el territorio nacional.”