El Estado tendría el monopolio. Produciría y distribuiría la droga, y fijaría cuánto se puede consumir. Quienes se excedan deberán ir a rehabilitación.

En el marco de la preocupación del gobierno uruguayo por el aumento de la delincuencia y la violencia en general, el Estado uruguayo analiza la idea de legalizar la venta de marihuana y quedarse con el monopolio de la producción, distribución y comercialización de la sustancia. Es el primer país de la región que avanza en este sentido.

Bajo la premisa “guerra a la pasta base (paco)”, considerada por el gobierno como la causa principal del aumento de los delitos violentos cometidos mayormente por menores de edad, el proyecto –que sería enviado al Congreso– blanquearía la venta de marihuana y la pondría en manos del Estado, con dos objetivos principales: sacarle un importante margen de ganancia a los narcotraficantes y que los adictos al paco pasen a consumir marihuana, una droga considerada “blanda” y cuyo consumo y tenencia para uso personal no están hoy penalizados en Uruguay.

Anoche, la conferencia de presna en la que se presentó la iniciativa estuvo encabezada por ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. “Pensamos que la prohibición de ciertas drogas le está creando más problemas a la sociedad que la droga misma ”, sostuvo, acompañado por los ministros de Interior, Eduardo Bonomi, y de Desarrollo Social, Daniel Olesker. Luego el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, que dijo que una vez ya había pedido a los medios de prensa “no tinelizar” el debate, en alusión al conductor televisivo Marcelo Tinelli, y puso el acento en que es necesario “no banalizar la dicusión”.

Según adelantó el diario El País, el Estado tomaría un rol de distribuidor y vendería marihuana (cuyo calidad será certificadas por organismos oficiales) a los consumidores registrados en locales habilitados, con un máximo de cigarrillos para cada consumidor , que según algunas versiones sería de 40 cigarrillos por mes. Quienes se excedan en el consumo tendrán que someterse a tratamientos de rehabilitación , que el propio Estado financiará con los impuestos que aplicará a los cigarrillos.

Si bien esta legalización no se va a poner en práctica en los próximos días y demandará discusión y distintos estudios, surgen varias preguntas en cuanto a lo que será la implementación de este sistema.

¿El estado plantará el cannabis en espacios propios o se lo comprará a algún privado? ¿Cómo se harán los registros de los consumidores para que no atente contra los derechos individuales? ¿Dónde y cuántas bocas de venta se instalarán inicialmente? ¿Qué pasará con quienes consuman en forma particular (autocultivo) y no pasen por las bocas de ventas y/o controles del Estado? Una fuente cercana al presidente de la Junta Nacional de Drogas consultada por Clarín contó que “en principio el Estado producirá la marihuana en dependencias públicas; y se maneja también la posibilidad de regulación de los clubes de consumidores y autocultivadores”. Y agregó: “En cuanto a quienes produzcan y consuman por sus propios medios, entiendo que quedará como hasta ahora a criterio de un juez”.