ONU espera que Uruguay autorice misión para tratar legalización de marihuana
El presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes advirtió que la propuesta puede tener "consecuencias de largo alcance"
ONU espera que Uruguay autorice
El responsable del organismo de la ONU que vela por el cumplimiento de las leyes antidrogas internacionales, Raymond Yans, declaró este martes que viajará a Uruguay, tan pronto como el gobierno uruguayo lo autorice, para mantener un diálogo "franco y abierto" sobre la propuesta de legalizar y regularizar la venta de marihuana.

El presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) lamentó en una entrevista telefónica con Efe que, hasta el momento, solo haya tenido noticias de la iniciativa uruguaya a través de la prensa y no por cauces oficiales.

"Entendemos que la propia embajada de Uruguay en Viena tampoco ha recibido información oficial, así que estamos un poco desconcertados; por el momento solo tenemos información de la prensa, y una decisión tan importante debería de ponerse en conocimiento de Naciones Unidas", afirmó el experto belga.

En cualquier caso, y según lo leído en los medios, Yans subrayó que "si se confirma el proyecto, sería totalmente contrario al artículo cuarto de la Convención de 1961 y Uruguay podría tener dificultades con otros países si hace esto" de forma unilateral.

Yans declaró que está "preparado para viajar en cualquier momento a Montevideo" con el propósito de "mantener un diálogo confidencial, honrado, directo, abierto y franco con el Gobierno, si el Gobierno lo permite, por supuesto".

Cuestionado por las posibles implicaciones legales que puede tener la violación de una normativa internacional ratificada también por Uruguay, Yans indicó que tendría "consecuencias de largo alcance para el comercio internacional de Uruguay de otras sustancias", como la morfina y la codeína.

"Pero no quiero amenazar a nadie", afirmó sin querer entrar en más detalles. "Mi intención no es amenazar sino dialogar sobre la aplicación de las convenciones internacionales", insistió.

El Gobierno uruguayo anunció recientemente su intención de que el Estado asuma el control de la producción y la distribución de la marihuana, con el argumento de que el consumidor de esa droga acaba cayendo en la pasta base de cocaína al tener que acudir al mismo lugar a comprarla en el mercado clandestino.

Yans, experto en políticas de control de cannabis, recordó que Holanda también trató de luchar contra las mafias del narcotráfico permitiendo la venta de esa sustancia, pero -a su juicio- la estrategia no ha funcionado y está siendo revisada.

Indicó que, aunque se regule la venta, "seguirá existiendo un mercado negro para los jóvenes", que no pueden comprar cannabis de forma legal debido a su edad, por lo que existirán mafias que dominen ese mercado.

Por otro lado, también advirtió de que no existen lo que se denominan como "drogas blandas", entre las que suelen incluir el cannabis, y sostuvo que los últimos estudios muestran que es "una droga peligrosa, especialmente para los jóvenes".

Para Yans, el cannabis es como una "ruleta rusa" ya que su efecto es completamente distinto en cada persona, y su consumo puede inducir en algunas trastornos psicóticos.

Por otra parte, evaluó que los cambios legales en algunos países de América Latina, como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y México, que están relajando las penas por posesión de drogas para uso personal, están dentro de lo permitido por los tratados internacionales.

"Las políticas de drogas no son solo políticas policiales", aseguró el experto, al mencionar que se deben de buscar "políticas equilibradas" que incluyan tanto la prevención por medio de la educación como el tratamiento de la drogadicción.

"La Convención no fuerza (a ningún Estado) a meter en la cárcel a los consumidores de drogas", recordó, al mencionar que algunos países han pasado de considerar la tenencia de pequeñas cantidades de sustancias ilegales como una falta administrativa y no penal.

"Lo que la Convención pide a los gobiernos es que ayuden para que los consumidores de drogas las dejen, y si las autoridades consideran que hay otras posibilidades por medio de tratamientos, cuidados, ayudas sociales, eso lo apoyamos", afirmó, y recordó que la mayoría de los países europeos aplican ese enfoque.

La JIFE es un organismo independiente y cuasi judicial formado por 13 miembros y cuya misión es velar por el cumplimiento de las Convenciones internacionales sobre las drogas.