Un fiscal pidió la indagatoria de Schiavi por la tarjeta SUBE



Stornelli lo imputó porque contrató a una empresa que hizo una oferta más cara y tiene un domicilio inexistente.







El fiscal federal Carlos Stornelli pidió la indagatoria del ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi por el modo en que fue adjudicada la licitación para el control de la tarjeta Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Sucede que el Estado se comprometió a pagar $ 47 millones y US$ 4,4 millones a una unión transitoria de empresas (UTE) con sede en Londres.

Stornelli abrió su investigación en base a notas del diario La Nación y la documentación del proceso. Para el fiscal los que intervinieron en la licitación, tanto los funcionarios públicos, como los integrantes de la empresa cometieron los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta y el desvío de fondos de un organismo internacional para fines diferentes a los destinados. El llamado a licitación fue organizado por la Secretaría de Transporte en tiempos de Schiavi y financiado con fondos del Banco Mundial.



Stornelli presentó la denuncia que cayó en el juez Julián Ercolini quien investigará el caso junto al fiscal Ramiro González.

La licitación fue ganada por la UTE conformada por Global Infraestructure (GI), Ingeniería en Relevamientos Viales SA; Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina, Sociedad Anónima de Servicios Profesionales, y González Fischer & Asociados SA.

Para Stornelli suena sospechoso que la firma GI con sede en el Reino Unido- y que habría participado del control del subte en Londres- tenga domicilios inexistentes . También que su director Stephen Chandler se hubiera comprometido a trabajar tiempo completo en el proyecto de control de la SUBE pero pasó muy pocos días en el país luego de que en 2011 se firmara el contrato.

Para el fiscal la licitación fue direccionada “a partir del ilegítimo interés presuntamente puesto en dicha contratación por los funcionarios públicos que la tramitaron y decidieron la misma, obligando abusivamente al Estado Nacional respecto de la misma y ante un organismo de Crédito Internacional, al disponer la contratación a un Consorcio de empresas de dudosa existencia y capacidad operativa para la tarea encomendada”. También cuestionó el sistema de evaluación porque la firma que ganó ofreció un precio más caro en unos $ 10 millones que la que terminó segunda. Los empleados de la GI que provenían del exterior tenían previstos altos sueldos y enorme cantidad de viáticos además de pasajes para ir y volver a Europa. El fiscal sospecha que los argentinos que integraron algunas de las sociedades de la UTE, tienen relación con los funcionarios públicos que participaron proceso de licitación. Por eso pidió también la indagatoria de varias personas más, además de Schiavi.