Ahora, Cristina quiere la cabeza de Macri


Detrás de la pelea por la administración de los subterráneos, que tiene paralizada hace una semana a la Capital Federal, se encuentra una feroz lucha por el poder político que tiene de rehenes a todos los ciudadanos. La toma de los depósitos del Banco de la Ciudad por parte del Gobierno nacional, va en ese mismo sentido. .



Daniel Scioli descansa. El turno es ahora de Mauricio Macri. El combate contra otro confeso candidato para suceder a Cristina Fernández está convirtiendo a la Capital en una ciudad sitiada por el caos y las privaciones. La Presidenta suele ufanarse de su gestión, pero ha dejado al servicio de subterráneos en un limbo administrativo. Nadie es responsable de nada. El infierno no tiene fin a la vista.

El caso desquicia la vida de millones de argentinos todos los días, aunque se trate sólo de un capítulo más en la larga aventura de contradicciones kirchneristas. Es la misma Presidenta que reclamó leyes de ética para periodistas mientras su vicepresidente está siendo cercado por la Justicia por presuntos delitos de corrupción. Ella no habla de eso. Silencio sobre Boudou.

Los funcionarios nacionales tienen prohibido recibir o hablar con la empresa concesionaria de los subterráneos. La Presidenta no quiere sentar ningún precedente de que está a cargo de ese crucial servicio de transporte. El gobierno de Macri habla con el concesionario, pero no puede resolver nada porque carece de la administración de los subtes.

El concesionario recibe sólo la mitad de los subsidios que antes entregaba el gobierno nacional, porque éste argumentó que el resto debe pagarlo la administración de Macri. El gobierno cristinista no habló con Macri para acordar eso ni lo consultó con el propio concesionario, que se quedó sin parte de los subsidios y con reclamos de extraordinarios aumentos salariales.

Una ley del Congreso nacional decidió el traspaso del servicio a la ciudad, pero la Legislatura de la Capital rechazó esa transferencia. Empate. Las cosas están peor que antes. A fines del año pasado, Macri había firmado un convenio con el Gobierno nacional para negociar el traspaso.

Lo empezó a ejecutar cuando aumentó las tarifas. Después devolvió el convenio. La aceptación de ese trámite fue un error de Macri, que el propio Macri admite ahora como tal.

El vacío de poder que provoca la disputa está siendo llenado por grupos sindicales que militan en una izquierda dura e intransigente. Ellos lideran las comisiones internas de los trabajadores de subterráneos, nacidas bajo el auspicio kirchnerista. Los dirigentes gremiales de los subtes son, en síntesis, islas que se han desprendido de cualquier continente sindical. Bailan solos.

El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, tuvo razón cuando dijo que no existió un intercambio de propuestas entre los dos gobiernos para resolver el destino de los subterráneos. Pero el gobierno macrista también dijo la verdad cuando deslizó que hubo propuestas rechazadas. Existieron propuestas informales. La diplomacia los llama non paper a escritos que trasladan ideas pero que carecen de valor oficial o documental.

El último non paper de Macri pedía tres cosas a cambio de recibir el dominio y la administración de los subterráneos: que el gobierno nacional culminara la compra de 100 unidades nuevas a China (por la que ya pagó un adelanto); que reconociera como deuda a la ciudad las obras que ésta hizo en los subterráneos en los últimos años y que autorizara al gobierno capitalino a contraer créditos con el BID para mejorar el servicio.

Era una reducción importante de las pretensiones de Macri, que había comenzado pidiendo unos 10.000 millones de pesos para aceptar el traspaso. La propuesta macrista atravesó rauda el gobierno nacional hasta que se estrelló en el despacho presidencial. ¡No quiero ningún convenio con Macri! Esto recién comienza, estalló la Presidenta. El non paper fue a parar al cesto de los papeles inservibles.

El kirchnerismo tiene un mérito que nadie se lo reconoce: exhibe siempre hasta sus peores intenciones. En este fin de semana, Fútbol para Todos fue otra vez usado para una detestable campaña contra Macri. Un aviso largo, casi interminable, del gobierno nacional lo denostó por el conflicto de los subterráneos.

El Estado nacional usó recursos y medios públicos para denigrar al jefe de una ciudad autónoma del país. El Estado contra el Estado. El objetivo es aniquilar a Macri, no resolver el problema. La coparticipación que recibe la Capital es simbólica, porque el gobierno nacional entiende que es él quien brinda en la ciudad muchos servicios, como la policía, la Justicia o el transporte. Ahora está entregando parte de esos servicios a la Capital, pero no quiere oír hablar de cambiar la coparticipación.

El gobierno capitalino tiene un obstáculo para recurrir a la Corte, porque la mayoría de sus jueces entiende que la Capital no es jurídicamente un territorio autónomo como para litigar de manera directa ante el máximo tribunal de Justicia. Macri ni siquiera podría sumarse al escándalo que está armando José Manuel de la Sota, el más decidido a denunciar el unitario y despótico manejo del dinero público por parte del kirchnerismo.

Macri pidió que no lo molestaran con rumores absurdos cuando le llevaron por primera vez el trascendido de que el gobierno nacional iría por los depósitos judiciales del Banco Ciudad.

Podrá ser absurdo, pero no fue sólo un rumor: el proyecto de ley para despojar al banco capitalino de esos importantes recursos ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

El kirchnerismo hizo siempre una apología de la banca pública. El país tiene sólo tres bancos públicos: el Banco Nación, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Ciudad. Todos los bancos provinciales han sido privatizados total o parcialmente.

El Banco Ciudad es, entre los tres que quedan, el que más se alejó de los manejos políticos y clientelistas. No cometió esas picardías con De la Rúa, ni con Aníbal Ibarra, ni con Jorge Telerman, ni con Macri. Pero el Banco Ciudad quedó ahora en manos de un enemigo; debe desaparecer.

En la mañana del viernes, Macri llegó a la conclusión de que el problema es más grande que la administración de los subterráneos. Concluyó que más que transferir a él un transporte público, el gobierno de Cristina Fernández quiere cambiar el sistema político argentino. Las vidas políticas de Scioli y de Macri serían, según esa evaluación, los escollos más importantes para la refundación del sistema sobre bases más autoritarias.

Antes, Macri había leído las últimas encuestas. En el área metropolitana (Capital y Gran Buenos Aires) la intención de voto entre Cristina y Macri se ha reducido a sólo 7 puntos a favor de la Presidenta, cuando en enero había 30 puntos de distancia.

En esa misma área, la imagen de la gestión presidencial ha caído hasta resultar tercera, después de Scioli y de Macri, en ese orden. La novedad no es la Capital, donde la imagen negativa de la Presidenta es del 58%, sino su caída en el decisivo conurbano bonaerense.

Macri cree que hasta podría terminar preso, como terminaron algunos opositores en Venezuela y Ecuador. En rigor, deberá enfrentar a la Justicia porque en los próximos días se fijaría la fecha para el juicio oral por el caso de las escuchas telefónicas, que decidió el juez más kirchnerista que hay, Oyarbide, y lo ratificó la Cámara Federal también más cercana al Gobierno.

Esa misma Cámara debe decidir ahora un par de cuestiones importantes en la causa que está cercando a Amado Boudou por la irregular compra de la empresa Ciccone, tardía y extrañamente expropiada por el Gobierno nacional.

Una de ellas es la validez de las declaraciones judiciales de la ex esposa de Alejandro Vandenbroele, Laura Muñoz, quien acusó a su ex marido de ser testaferro de Boudou. La defensa de los imputados pidió su nulidad porque los cónyuges no pueden acusarse entre sí. La investigación sobre Boudou y Vandenbroele no está respaldada en las afirmaciones de Muñoz, sino en muchas constataciones más que estarían colocando al vicepresidente muy cerca de la citación a indagatoria, es decir, al borde del procesamiento.

La otra cuestión refiere al allanamiento de un departamento de Boudou en Puerto Madero, que su defensa objetó, alarmada porque se habían violado, dijo, los fueros vicepresidenciales. Resulta, sin embargo, que ese departamento es propiedad de Boudou, pero el vicepresidente no vive ni vivía allí en el momento del allanamiento.

Los fueros lo protegen a él, no a todo lo que está a su nombre. Boudou recurre, así, a tretas judiciales para borrar las evidencias que lo acusan y lo definen. Nunca presentó pruebas de su inocencia. ¿De qué habla el kirchnerismo, entonces, cuando habla de ética?