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WikiLeaks

WikiLeaks y la libertad de expresión en internet

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La libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina cuando expresa que todos los habitantes gozan del derecho de publicar sus ideas por la prensa, sin censura previa y por el art. 32 de la misma ley fundamental que impone al Congreso Federal la obligación de no dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta. También ha sido reconocido en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en los arts. 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 13 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos éstos, de rango constitucional.

En forma complementaria el art. 1 de la ley 26.032 establece que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión.

Este derecho consagrado constitucionalmente es reconocido por todas las legislaciones civilizadas del mundo y en especial por la primer enmienda constitucional de los Estados Unidos de América y la doctrina judicial generada, en particular, a partir del leading case "The New York Times Company Vs. Sullivan"(precedente 376 US 254,1964).

El lunes 29 de noviembre de 2010 Wikileaks reveló más de 250.000 documentos secretos del Departamento de Estado de los Estados Unidos que fueron facilitados a varios medios de prensa europeos. La divulgación de los contenidos tuvo efecto viral.

Wikileaks (WikiFiltraciones o WikiFugas en inglés) es un sitio web que publica información crítica filtrada en materia corporativa, gubernamental, bancaria y/o religiosa garantizando el anonimato de la fuente mediante la utilización de software de encriptación de datos. Su bandera es la libertad de expresión. Según ha transcendido es financiada por Asociaciones Internacionales de Periodistas, grupos empresarios de medios, grandes agencias de noticias y organizaciones de defensa de derechos humanos.

El fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, que fue detenido originalmente por Interpol en Inglaterra, ha diferenciado la existencia de secretos legítimos (una historia clínica) de los secretos ilegítimos (los que esconden los Estados) y ha mencionado que los hombres generosos y capaces no crean victimas sino que cuidan de ellas, indicando, entre otras cosas, la necesidad de vigilar a los responsables

La información revelada por este sitio web, el escándalo suscitado por la supuesta intención del Gobierno Británico de intervenir la embajada de Ecuador en Londres, en donde se aloja, asilo diplomático mediante, Julian Asange como así también las polémicas declaraciones del fundador del sitio que imputa a los Estados Unidos una “caza de brujas” en contra del sitio, ha puesto sobre la mesa de debate la vigencia y validez del derecho a expresarse libremente e informar en relación a la seguridad nacional.

Al respecto el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en una resolución de fecha 29 de junio de 2012, ratificó el derecho a la libertad de expresión en Internet como un derecho humano, afirmando que los derechos de las personas también deben estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión, que es aplicable sin consideración de fronteras y por cualquier procedimiento que se elija, reconociendo la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas y exhortando a los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países.

A nivel local el derecho a la libertad de expresión es esencial aunque como todo derecho debe ejercerse en forma razonable. Nuestra Corte Suprema de Justicia ha resuelto en varios casos que la libertad de expresión es un derecho que es absoluto tan solo desde la perspectiva de que no puede someterse a censura previa, pero su ejercicio puede generar responsabilidad en caso de abuso.

Estos conceptos serán los que deberán considerarse a fin de ponderar este incuestionable derecho frente a la seguridad de la información de un Estado y el eventual peligro a su seguridad nacional.

El caso Wikileaks es delicado y abre la puerta a un futuro debate en sede judicial bajo la pauta de que tal como refiriera Rupert Murdoch (editor de Adelaide’s The News) “…en la carrera entre el secreto y la verdad parece inevitable que la verdad siempre gana…”


(*) El autor es abogado especialista en IP, Derecho Informático, Redes Sociales y Seguridad de la Información. Profesor de la Universidad de Buenos Aires.


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