Ley de alquileres en el Senado

La iniciativa plantea topes al precio, comisiones y contratos

Absurdo, insólito, retrógrado y disparatado son algunos de los adjetivos que usó el lobby que las cámaras inmobiliarias y de propietarios lanzaron contra el proyecto trabado en el Senado conocido como “Ley de Alquileres”, el cual busca regular el mercado y equilibrar la relación de fuerzas entre inquilinos y dueños, quienes gozan del “poder de imponer unilateralmente las condiciones que la parte débil del contrato sólo puede aceptar o rechazar”, según los fundamentos de la iniciativa.

“Es un cambio de paradigma. Salir de la lógica de considerar determinados bienes como mercancía, que es la lógica del mercado, y pasarnos a la lógica del derecho a la vivienda digna”, explicó a BAE el senador Osvaldo López, autor del proyecto que, entre otros puntos, plantea topes al precio de los alquileres regidos por un sistema basado en la cotización del inmueble, fija un mínimo de tres años en los contratos con renovación automática, plantea un máximo de un mes de alquiler como depósito y otro de comisión, pone en responsabilidad del propietario reformas o arreglos en la propiedad alquilada y crea organismos de contralor tanto de los contratos como de los inmuebles en mercado.
Hasta ahora el proyecto tuvo escaso movimiento. Sólo hubo una reunión de la Comisión de Legislación General en la Cámara alta, donde los únicos que se presentaron fueron los lobbystas de las cámaras inmobiliarias. “Plantearon una lógica de terrorismo, diciendo que una ley de este tipo paralizaría la construcción. Sólo para que no se traten temas que afecten sus negocios”, se quejó el legislador fueguino. Tampoco tuvo repercusión en el bloque oficialista: hubo algunas reuniones con los cabecillas del Frente para la Victoria (FPV) pero no se llegó a nada. Lo mismo pasó en 2009, cuando en el Senado tramitaba un proyecto de la ex legisladora Teresita Quintela. Las cámaras empresarias celebraron como un triunfo futbolero cuando desde el Congreso los llamaron para informarles que se archivaba el texto.
Pero ahora hay otro proyecto, que coincide al menos en el espíritu con el de Quintela, aunque se transformó en un debate paralelo a otro más ruidoso: el de reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial. “Es muy difícil que se avance en paralelo”, admite López, consultado sobre si podría incluirse su proyecto (o al menos algunos de sus lineamientos) en este trámite que avanza en una comisión bicameral. “Prefiero que no diga nada, antes de que en su letra queden escollos para este proyecto”, respondió.
“Las cámaras inmobiliarias no sólo tienen mucho dinero, también mucho poder de lobby”, avisa el senador de Nuevo Encuentro. Dicen que el proyecto afecta “el derecho de propiedad”, que “generaría una retracción en las ofertas de alquiler, agravando el faltante de viviendas”, “que afectará la construcción y el comercio” y que “excitará la corruptela”, como afirma Enrique Abatti Ival Rocca (h), presidente de la Cámara de Propietarios de la Argentina (CAPRA) y vicepresidente del Centro Argentino de Derecho Inmobiliario y Propiedad Horizontal (Cadiph), en una columna de opinión publicada en Clarín. Por su parte, la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) admite estar “llevando a cabo diversas gestiones institucionales con todos los senadores y con los asesores de los distintos bloques legislativos de ambas Cámaras para abortar cualquier intento de tratamiento de dicho proyecto, sin demasiados pruritos.
A diferencia del poco entusiasmo que genera en el Congreso, el proyecto tiene mucho rebote puertas afuera. Hay campañas en redes sociales que exigen la aprobación del proyecto, impulsado por diversos sectores, como la Unión Argentina de Inquilinos (UAI). También coincide con otra reciente campaña en la Ciudad de Buenos Aires, en la que las agrupaciones Juventud Rebelde, Rebelión y El Gleyzer, luego de un amplio relevamiento, denunciaron la especulación inmobiliaria y la existencia de 150.000 inmuebles deshabitados sólo en la Ciudad.

Cómo impacta en el público

CONTRATOS. Tendrán un mínimo de 3 años, de renovación automática y homologados por el Estado.
ALQUILER. Será mensual y de 1/180 del precio de venta. Deberá bancarizarse y pesificarse.
COMISIÓN. No podrá ser mayor a un mes de alquiler. Se divide entre las partes los gastos del contrato.
CONTROL. Un ente estatal controlará el estado de los inmuebles en alquiler. Cualquier arreglo correrá por gasto del propietario.
REGISTRO. Crea un registro de contratos y otro de viviendas en alquiler.



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