Thomas Griesa en la Cámara Clarín

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Thomas Griesa en la Cámara Clarín

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Si los dos camaristas en lo Civil y Comercial federal que desautorizaron alevosamente a la Corte Suprema y extendieron a Clarín el privilegio cautelar, fueran el juez norteamericano Thomas Griesa, y la jurisdicción de sus fallos comprendiera las demandas de los fondos buitre, sin duda dictaminarían contra el Estado argentino.

El juez Eugenio Zaffaroni dijo días atrás que Griesa "no tiene sentido de la realidad económica" y que su fallo sobre el canje de deuda va "contra todo el sistema financiero". Tiene razón el ministro de la Corte. Aunque cuánta importancia tendría un declaración de igual tenor o cuanto menos alusiva, en clave, y que pusiera en su lugar la vergonzosa nueva dispensa judicial extendida al multimedios más poderoso del país.

Se entiende: ningún juez puede adelantar opinión, o sugerirla siquiera, porque en ese caso quedaría expuesto a una obvia inhibición, a un pedido de recusación por una de las partes y su posterior apartamiento de la causa en la que debe intervenir. Menos María Susana Nujurieta. Zaffaroni es uno de los jueces que más observa ese indispensable compromiso que debe guardar con su cargo, garantía elemental de imparcialidad y debido proceso. El juez Francisco de las Carreras, no tanto.

¿No tienen acaso sentido de la realidad política, del mapa de medios, de su concentración en poquísimas manos, del doble estándar jurídico que permite a Clarín ser el único grupo comunicacional al margen de la Ley de Medios, los jueces que ponen por delante el interés comercial de una empresa por sobre la decisión soberana de los otros dos poderes del Estado, revalidados en elecciones libres hace apenas un año? ¿No atenta contra todo el sistema democrático, acaso, el fallo de la Cámara? ¿No pone al país al borde de una crisis institucional y un conflicto de poderes?

Es notable que en la declaración que varias agrupaciones corporativas de los jueces firmaron el jueves 6 hacia el mediodía, en la que se instaba a respetar la "independencia judicial", se apelara a las bondades más plurales de la Ley de Medios. Los jueces reclamaron para sí espacios en los medios oficiales donde poder expresar sus opiniones y replicar argumentos o críticas hacia ellos. Lo paradójico es que ese pronunciamiento sirvió como soporte político del degradante fallo de la Cámara comunicado horas más tarde. Argumentaron con la Ley de Medios precisamente para vulnerarla en su sentido más íntimo, porque ¿qué será la Ley de Medios si exceptuara en su plena aplicación al mayor grupo mediático? Apenas una declaración de buenas intenciones.

Traduciendo: los jueces quieren opinar, hacer política desde los medios de comunicación públicos, a pesar de contar desde hace algunos años con una agencia de noticias propia, pero se resisten a que la ciudadanía los vote en elecciones libres. Hacen política con la sociedad, pero la sociedad no puede hacer política con ellos. Quieren marcar la cancha y tomar partido abiertamente por los grupos económicos, pero no soportan que los demás poderes del Estado, sí que elegidos democráticamente, critiquen públicamente sus conductas, lo que para ellos afectaría la "división de poderes" y su "independencia". Los jueces: una corporación dentro de la corporación.

Si el fin de la cautelar es inexorable, porque así lo dispuso la Corte Suprema hace apenas una semana, ¿cuál es el propósito de extender el amparo? ¿Abortar la fiesta popular del domingo 9 de diciembre, acaso?

Se olvidan que a Cobos la estrella le duró poco. Hay gente que no aprende más.

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