El veto de la trata

MACRI VETO EN 2010 LA CREACION DE UNA OFICINA CONTRA LA TRATA E IMPLEMENTO UN COMITE MAS ACOTADO Y SIN PRESUPUESTO PROPIO




El proyecto era de una diputada macrista, que lo presentó después de que pasaran dos años sin que el Ejecutivo creara la autoridad de aplicación de la ley de trata. El PRO defiende la tarea del Comité y muestra un refugio como principal logro. Los opositores critican la falta de presupuesto y de eficacia.

La denuncia de Lorena Martins sobre un presunto financiamiento de la campaña de Mauricio Macri por parte de una red de trata de personas puso la lupa sobre las políticas del gobierno porteño contra el tráfico. El jefe de Gobierno vetó en 2010 una ley que creaba una Oficina contra la Trata de Personas, integrada por los tres poderes. La autora de la ley era una legisladora del PRO. En su lugar, Macri creó un Comité contra la Trata que no tiene presupuesto propio y que coordina la tarea entre los ministerios. Desde la gestión PRO, sostienen que su mayor logro fue la creación de un refugio para víctimas de la trata, a comienzo de 2011. Los opositores cuestionan su ineficacia y que no destine recursos de la Agencia de Control a inspeccionar lugares que funcionan como prostíbulos.

La ciudad aprobó en 2008 una ley que garantiza la asistencia a las víctimas de la trata de personas y le impone al Gobierno la obligación de “favorecer la detección de casos”. En su artículo 4, dejaba en manos del Ejecutivo la creación de una autoridad de aplicación. Como pasaron dos años y la gestión PRO no la reglamentaba, la diputada macrista María Eugenia Rodríguez Araya presentó un proyecto de ley para crear una Oficina contra la Trata de Personas. En su página web, había criticado un informe técnico negativo de la Subsecretaria de Derechos Humanos y señaló que “la necesidad de crear una oficina por un proyecto de ley es que perdure en el tiempo. En cambio, un programa se cae cuando termina una gestión”.

Su proyecto, que fue aprobado por la Legislatura, disponía la creación de una comisión permanente integrada por cinco representantes del Ejecutivo, del Poder Judicial y del Legislativo, además de la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La oficina debía contar con una planta profesional y un presupuesto propio.

Esta ley fue vetada por Macri –en uno de sus más de 90 vetos– el 21 de enero de 2010. Allí consideró que se debía salvaguardar “el principio de división de poderes” y que se iba a adoptar un “enfoque multidisciplinario e interinstitucional”. El veto lo firmaron el jefe de Gobierno y su entonces ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal. El 27 de enero –seis días después– Macri creó, en lugar de la Oficina, un Comité contra la Trata de Personas que no contaba con presupuesto propio y que componían un representante de los ministerios de Desarollo Social, Justicia, Desarrollo Económico, la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Los otros poderes, Legislativo y Judicial, y la Defensoría del Pueblo fueron excluidos. El decreto que reemplazó la ley vetada dejó bien en claro que “no implicará gasto adicional alguno al ejercicio presupuestario en curso y los gastos que demande su implementación se imputarán a las partidas” de cada área.