El país paralelo que acosa al gobierno de Cristina

Por Fernando Laborda




Según los más recientes datos del Indec, el precio del kilo de asado subió apenas 13 centavos entre abril y noviembre de 2012. De acuerdo con el organismo oficial de estadísticas, una familia con dos hijos necesita sólo 1613 pesos mensuales para no ser considerada pobre y apenas 719 pesos para no caer en la línea de indigencia. Le bastarían, entonces, 24 pesos diarios para satisfacer las necesidades mínimas de alimentación de sus cuatro integrantes.

El país de las maravillas que nos muestran los números oficiales y que sólo admite un nivel de pobreza del 6,5 por ciento se contrapone con un país paralelo, en el cual la cantidad de pobres se cuadruplica, la inseguridad dista de ser una sensación y la inflación real es 2,5 veces superior a la reconocida por el Gobierno y se estima en un 30% para este año.

Ese país paralelo volvió a acosar en los últimos días a la administración de Cristina Kirchner, cuando el llamado dólar blue traspasó la barrera de los 7,50 pesos e hizo subir la brecha entre el casi inaccesible mercado cambiario oficial y el informal a más del 50 por ciento.

Es cierto que la Argentina no ha llegado aún a los niveles de la Venezuela chavista, el otro país de la región con fuertes restricciones cambiarias, donde el dólar cotiza a 4,30 bolívares en el mercado oficial y a unas cuatro veces más, alrededor de 17,50 bolívares, en el paralelo. Todavía el gobierno nacional no ha dispuesto, como Hugo Chávez, la expresa prohibición de difundir la cotización del dólar paralelo por la prensa, ni ha limitado a 2500 dólares anuales los consumos por persona en el exterior mediante tarjetas de crédito, como ocurre en Venezuela. Pero todo es posible en la dimensión cristinista.

Tanto el Gobierno como el Banco Central han preferido mirar para otro lado, al señalar que el mercado paralelo del dólar era pequeño e irrelevante. Hoy, tras la última escalada de la moneda norteamericana, no parece tan pequeño ni tan irrelevante. Distintos economistas y empresarios sostienen que está contribuyendo a una espiralización de las expectativas inflacionarias. En otras palabras, la creciente inflación, motivada fundamentalmente por una expansión monetaria que en 2012 se acercó al 40%, hace que los argentinos busquen huir del peso, al tiempo que el refugio en el dólar y su estampida impactan en el resto de la economía.

La cada vez mayor dispersión entre las cotizaciones del dólar oficial y el paralelo está provocando ya otros inconvenientes en la economía argentina. La virtual destrucción del mercado de compraventa de inmuebles es apenas el ejemplo más palpable.

La enorme brecha cambiaria está invitando a los productores de soja a guardar los granos en un silo bolsa todo el tiempo que puedan en lugar de exportarlos, a la espera de mejores condiciones del tipo de cambio. Al precio actual del dólar oficial, de 4,96 pesos, un productor recibiría apenas 3,22 pesos por cada dólar, luego de que el Estado le descuente el 35% en concepto de retención a las exportaciones. Esto es, recibiría menos de la mitad de lo que vale el dólar en el mercado informal. Junto a esto, podrían recrudecer viejos problemas derivados de la tradicional viveza criolla: que los importadores comiencen a sobrefacturar y los exportadores a subfacturar para hacerse de más dólares fuera del país. Sobre estas operatorias, Cristina Kirchner podría obtener mucha información de sus amigos chavistas.

Economistas como el titular del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, han advertido sobre el peligro de un círculo vicioso: que la creciente brecha cambiaria ?desaliente las exportaciones, lo cual obligaría al Gobierno a restringir aún más las importaciones, provocando más inflación y una caída del empleo en el sector industrial, acompañado de una menor calidad de vida, como consecuencia de una economía cada vez más cerrada.

Una posible salida en el corto plazo que aconsejan algunos consultores es que la AFIP abra algo más la canilla del mercado cambiario oficial, no sólo para los argentinos que viajan al exterior, sino también para quienes puedan demostrar ingresos en blanco suficientes. Ello elevaría el precio del dólar oficial, pero haría disminuir el del paralelo y la brecha entre uno y otro mercado. Quienes en el oficialismo escuchan propuestas semejantes anticipan que este gobierno "nacional y popular" no financiará más el atesoramiento de dólares por parte del público. Pero no ocultan cierta inquietud cuando se les replica que la presión del cepo cambiario sólo está aumentando las ganancias de las "cuevas", además de invitar a los ahorristas a traspasar sus depósitos bancarios al mercado informal.

Un estudio de Roberto Cachanosky indica que si el dólar de 1,40 pesos de Eduardo Duhalde en 2002 hubiese seguido la tasa de inflación interna menos la inflación de los Estados Unidos, hoy debería ubicarse en 7,94 pesos. Poco tiene que ver el cepo cambiario con el original modelo kirchnerista iniciado en 2003, sustentado en un tipo de cambio alto, con baja inflación, y superávit comercial y fiscal. Sin embargo, nadie apuesta por ahora a que el gobierno cristinista dé marcha atrás con aquella medida. Es que el cerrojo cambiario, más que un instrumento económico, ha pasado a ser, como otras herramientas del Gobierno, un factor de presión política, en un contexto en el que las regulaciones oficiales son formas de sometimiento de los actores económicos al poder político.

El relato oficial habla de una sociedad enferma de tanto pensar en dólares, capaz de justificar el intervencionismo, el cercenamiento de la libertad económica y hasta los controles propios del Gran Hermano orwelliano, subyacentes en las regulaciones que pesan sobre quienes viajan al exterior.

Mientras la presidenta de la Nación sigue tratando de persuadir a todo el mundo de que el problema radica en que algunos argentinos piensan en el dólar, el que puede sigue huyendo de la moneda nacional frente a su creciente pérdida de poder adquisitivo. Tomando como base una recordada frase usada por Bill Clinton en su campaña electoral de 1992 contra George Bush ("Es la economía, estúpido", alguien podría decirle a la jefa del Estado: "Es la inflación, Señora".

Tal vez consciente de que la creciente inflación puede afectar negativamente sus perspectivas electorales, la Presidenta dio otro paso más en su intención de responsabilizar a otros por ese flagelo, con las críticas lanzadas a Mauricio Macri por la proyectada suba de la tarifa del subte a $ 3,50. Un mismo argumento unió a Macri con Daniel Scioli: la caída de las transferencias de recursos de la Nación a las provincias. Funcionarios sciolistas salieron a reclamar por los puntos de coparticipación que ha perdido la provincia de Buenos Aires y por el congelamiento del Fondo del Conurbano en 650 millones de pesos desde 1995, y amenazaron con recurrir a la Justicia. Quien salió al cruce de esos reclamos fue el ministro del Interior, Florencio Randazzo. Hombres del sciolismo recordaron que el propio Randazzo, cuando era funcionario del gobernador Felipe Solá, rezongaba públicamente por la "discriminación" de la provincia. "En los últimos años, la Nación terminó concentrando el 60% de los recursos contra el 40 del conjunto de las provincias, cuando históricamente las provincias se llevaban el 60, y la Nación, el 40", había dicho el actual ministro del Interior en 2004. Hoy la relación es peor: el Estado nacional se queda con más del 70% de la recaudación.


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