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Exclusivo, primeros resultados de los acuerdos K: 300% de inflación en 8 años







La perseverancia es una virtud. Pero si el objetivo final de la tarea arroja recurrentemente resultados contraproducentes, se transforma en terquedad, obstinación. El kirchnerismo comenzó a implementar tibiamente los primeros acuerdos de precios con empresas a inicios de 2005. Ese año la inflación se duplicó: pasó del 6% al 12%. Intervención al Indec mediante, a fines de 2007 ya bordeaba el 20%. En 2012 terminó en torno al 23% según mediciones privadas y provinciales. Es decir, su ritmo de aumento se multiplicó por cuatro en 8 años. Y desde esos primeros esbozos de la política de acuerdos de precios la inflación acumulada ya supera el 300%.


La inflación es un fenómeno macroeconómico y por lo tanto requiere como “antídoto” un enfoque sistémico ¿Qué sentido tiene forzar a las empresas a congelar precios por 60 días si el Gobierno continúa emitiendo dinero a un ritmo del 40% anual o expandiendo el gasto público al 30% anual? Esos pesos que están en la calle irán más temprano que tarde a forzar la demanda, en cuanto las restricciones sobre los precios se levanten.


La inconsistencia de la renovada iniciativa oficial pasa por la ausencia de una visión integral del problema y un excesivo enfoque sobre la demanda, descuidando la oferta agregada. Cualquier empresa que percibe un incremento en la demanda de sus productos se enfrenta a un dilema: aumenta cantidades producidas y/o sube los precios. En economía, lo primero se llama crecimiento. Lo segundo, inflación.


¿Qué condiciones se deben generar para que la compañía opte por lo primero y no por lo segundo? La experiencia de casi todos los países que se desarrollaron en el mundo indica lo mismo: crear una ambiente donde la empresa sabe que las reglas de juego no van a cambiar abruptamente en el corto plazo y donde puedan disponer de las ganancias que eventualmente obtengan, para reinvertir una parte de ellas en ampliación de sus instalaciones. Los acuerdos de precios atentan contra ambos requisitos.


Instalar una nueva fábrica para aumentar la producción de un determinado producto suele ser una inversión que requiere un desembolso importante, que se recupera a lo largo de muchos años de producción. ¿Cuántas empresas en la Argentina estarán dispuestas a semejante emprendimiento si no pueden fijar sus propios precios, tampoco disponer libremente del destino de sus utilidades para girar una parte al exterior (si así lo desean), si sufren discrecionales inspecciones impositivas sin razón aparente o inclusive corren el riesgo de ser confiscadas sin motivo alguno ni resarcimiento? Puede gustar o no, pero en base a la acumulación de beneficios funciona el sistema capitalista. En todo caso, el planteo del kirchnerismo debería ser al sistema, no a las empresas que se desenvuelven en base a las reglas establecidas.


Otro argumento recurrente para justificar los acuerdos de precios es que llegan como respuesta a los mercados concentrados (oligopolios), sobre todo en el sector de alimentos, que tienen mayor poder para fijar precios. Esto no es novedad. En la mayoría de los países la estructura es así y no tienen cifras de inflación superiores al 20% anual. Los economistas identificaron hace al menos medio siglo razones que llevan a estos mercados concentrados: economías de escala, barreras de entrada, externalidades negativas, etc. En rigor, los mercados en la Argentina estaban tan concentrados en 2005 como en 2013, por lo que aducir que ahora la inflación es por la estructura económica doméstica es una falacia.


El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz es uno de los economistas internacionales favoritos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entre otros brillantes aportes que realizó Stiglitz (junto a otros especialistas) se encuentran el desarrollo y aplicación concreta de conceptos hoy ya adoptados por la economía como los de “información asimétrica” y “selección adversa”. Demostró cómo influyen estos fenómenos en distintos mercados. El ejemplo emblemático es el mercado de créditos bancarios.


La idea es que un banco que debe otorgar un préstamo a una empresa no conoce tan bien la situación de la empresa como la compañía misma, y por lo tanto no sabe con certeza que tan bien podrá repagar la deuda. El banco tiene un problema de “información asimétrica” ya que no puede distinguir quienes son buenos sujetos de crédito y quienes no, y en consecuencia no puede discriminar la tasa de interés que cobra según el riesgo particular de cada préstamo. Entonces, opta por cobrar una tasa promedio para todos igual.


Sucede que los malos sujetos de crédito suelen tener tasas de retorno de sus proyectos elevadas (por el riesgo que implica el emprendimiento). Y los buenos sujetos de crédito, tasas de rendimiento bajas (por el menor riesgo). Ergo, la tasa de interés que cobra el banco por el préstamo para los buenos sujetos de crédito es considerada alta (no toman el préstamo) y para los malos (más propensos al riesgo) luce baja.

Resultado: los que terminan tomando el préstamo bancario son los malos pagadores (se produce la citada “selección adversa”).


En 2007 en la reunión anual de la Asociación Argentina de Economía Política presenté un trabajo titulado “Juegos dinámicos entre el Gobierno y las empresas: una modelización de los acuerdos de precios” en el cual intenté mostrar que la primera etapa de acuerdos de precios que el Gobierno realizó en el trienio 2005-2007 sufría también del fenómeno de “selección adversa”.


Utilizando herramientas de la Teoría de los Juegos, la conclusión del estudio es que el pedido del gobierno para congelar precios representa un mayor esfuerzo (en términos de beneficio dejado de percibir) para las empresas que tenían previsto aumentar más los precios que para las compañías que pueden subsistir aumentando poco los precios. En consecuencia se genera la selección adversa, ya que los incentivos están alineados de manera tal que las firmas que previamente ya tenían menor intención de aumentar los precios son las que van a tener mayores posibilidades de cumplir y mantener los acuerdos de precios. Es decir, el acuerdo se efectiviza en los sectores que de todas formas no son los impulsores principales de la inflación ¿Eso implica que el resto va a quebrar el convenio con el Gobierno? No. Existen múltiples alternativas para “sortear” el fórceps del acuerdo manteniendo los precios. Una de ellas, racionar cantidades ofertadas. Otra, el mercado negro. Las consecuencias del control impuesto al dólar en el último año deberían ser suficiente ejemplo de ello.


El economista sueco Axel Leijonhufvud y el profesor argentino Daniel Heymann han sido de los especialistas contemporáneos que más enfatizaron el rol de la fallas de coordinación entre los agentes económicos como causales de los episodios de alta inflación o hiperinflación que se registraron en varios países en desarrollo en las últimas décadas. La Argentina actual está lejos de un escenario como éste. Pero es curiosa la obcecación oficial en acuerdos de precios puntuales, que en ausencia de un plan integral finalmente terminan en mayores desacuerdos.