La corrupción K mata

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Sarmiento


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No hicieron falta micros y camiones para trasladar militantes rentados, aplaudidores y beneficiarios de planes sociales, como así tampoco se tuvo que movilizar ningún aparato político, financiado con recursos del Estado, como habitualmente se ve en cada uno de los actos donde la presidenta Cristina Kirchner pronuncia sus habituales monólogos.


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La corrupción K mata

La multitudinaria convocatoria de ayer fue organizada por los familiares de las víctimas del siniestro en la estación de Once para exigir Justicia. Pero trascendió ampliamente el reclamo de los habituales usuarios que sufren el pésimo servicio de los ferrocarriles, que siguen viajando como ganado. También se movilizaron ciudadanos de todas las clases sociales que están indignados por la impunidad y la corrupción reinante en la administración K.

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El descalabro en el sistema de transporte ferroviario, que el año pasado se cobró la vida de 51 personas y de un niño por nacer en la estación de Once, registró más de 700 decesos desde que el kirchnerismo está en el poder. No hay excusa: la impericia y la corrupción se están pagando con vidas. Y lo que resulta más preocupante es que el lamentable episodio ocurrido en estación Once puede llegar a registrarse de nuevo, en cualquier momento, porque no se ha modificado absolutamente nada y las concesiones ferroviarias prácticamente siguen en las mismas manos que en los ‘90.

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El Gobierno Nacional no puede dar respuesta a esta crisis porque fue y es parte actor fundamental del descalabro. El negocio consiste, básicamente, en dilapidar recursos y hacer que la gente siga viajando en condiciones infrahumanas. Por eso no hubo ningún tipo de controles para evitar que esto pasara, cuando existían informes profesionales de la Auditoría General de la Nación que, desde el año 2008, alertaban que iba a ocurrir lo que finalmente sucedió en Once.

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Durante la última década, desde la Casa Rosada salieron cientos de miles de millones de pesos en subsidios que, en lugar de haberse utilizado para poner en condiciones los trenes devastados tras la privatización menemista, se usaron para financiar el aparato político del poder y enriquecer a algunos empresario amigos de los K. Precisamente, varios de estos empresarios recaudaban y buscaban dinero para financiar las campañas electorales del oficialismo.

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Ante la complicidad reinante, jamás hubo ni siquiera la intención de revertir el proceso de desmantelamiento de los años ‘90 cuando, de la mano de Carlos Menem y Domingo Cavallo, se eliminaron de un plumazo el 80% de los ferrocarriles, haciendo desaparecer pueblos enteros. Lo poco que quedó está prácticamente en ruinas y por eso, en pleno siglo XXI, mientras países vecinos como Brasil está planificando tener un tren de alta velocidad, nuestros compatriotas continúan viajando como ganado.

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Pasó un año, y la Presidenta Cristina Kirchner, como máxima autoridad del Estado, aún no se hizo cargo de lo ocurrido y ni siquiera pidió perdón. Optó por cortar la cadena de responsabilidades políticas en un simple secretario de Transporte, manteniendo en su cargo al ministro Julio De Vido, máximo responsable de la estafa que se hicieron, durante años, con los subsidios.

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La presidenta, el último jueves, le faltó el respeto a los familiares de las víctimas cuando dio a entender mandó un falso abrazo solidario, atribuyó a “cosas de la vida” las muertes en el tren y hasta insinuó que deberán esperar 35 años para tener Justicia. CFK hizo una comparación con lo ocurrido con la dictadura, cuando el poder judicial era manejado a diestra y siniestra por dictadores.

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Esta misma actitud irresponsable de la Presidenta también apareció cuando, después del choque de la formación ferroviaria, tardó cinco días para referirse de forma indirecta a lo ocurrido.

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CFK nunca se arrepintió del desprecio manifestado ante el dolor de las familiares y ayer fue por más ya que dio la orden de que ningún medio oficial y paraoficial transmitiera en vivo el acto de los familiares, que sólo emitieron la parte final o algunos flashes esporádicos.


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