La Justicia de EE.UU ratificó un fallo que obliga pagar a fondos buitres el 100% de lo adeudado. La Argentina debería desembolsar hasta US$ 40.000 millones. Ahora todo depende de la Corte norteamericana

La Argentina otra vez al borde del default


Durante años, el kirchnerismo se vanaglorió por haber desendeudado, supuestamente, al país. Nada más alejado de la realidad. Por un lado, la deuda pública nunca dejó de crecer y, además, se vaciaron distintas cajas del Estado, incluidas las reservas del Banco Central, para cumplir compromisos fraudulentos y hacer negociados con algunos bancos privados amigos del poder.

La inestabilidad política y emocional de la presidenta Cristina Fernández está haciendo que los intereses antinacionales, que tanto se beneficiaron con los negociados de la deuda externa, ahora le estén dando la espalda. Por eso, no fue casualidad que, tras la derrota que sufrió el kirchnerismo en la primarias, ayer se haya conocido que la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York ratificó el fallo del juez Thomas Griesa, según el cual la Argentina violó la cláusula pari passu y debe pagar a los fondos buitres el 100% de lo que les debe al mismo tiempo que paga a los tenedores de bonos reestructurados.

De esta manera, la única chance de que el país no entre en default es que la Corte norteamericana intervenga y revoque las sentencia. El gobierno no la tiene para nada fácil: el máximo tribunal norteamericano interviene solo en un pequeño número de casos. Sobre un total de 10 mil causas que llegan a la Corte de EE.UU, se calcula que solamente 80 son aceptadas.

Si la Corte Suprema no dice lo contrario, el fallo de ayer contra la apelación del Gobierno a la decisión de Griesa sería un enorme revés para el país.

La Argentina no sólo tendría que pagar a los fondos buitre los aproximadamente US$ 1.500 millones que les debe sino que también debería pagar lo que otros bonistas pidan las mismas condiciones. Estiman que eso representaría entre US$ 20.000 millones y US$ 40.000 millones más, cifra que supera las reservas del Banco Central y que prácticamente imposible de poder solventar para las alicaídas arcas del Estado argentino. Si esto ocurre, la Argentina declararía nuevamente un default

En el texto de 25 páginas, el Juez Barrington D. Parker argumentó que Griesa no abusó de sus atribuciones. Según Parker, el país hizo una serie de promesas al emitir los bonos que los fondos buitre tienen en su poder. Entre esas promesas, Parker entiende que figuraban la de pagar periódicamente los intereses; la de permitir que los bonos se rijan por la ley de Nueva York; la de pagar en su totalidad los intereses no pagos y el principal (capital), incluso en situación de default; y la de tratar de manera igualitaria a todos los tenedores de bonos.

“Ya hemos dicho, que al dejar que los bonos caigan en default, al establecer una ley que específicamente prohíbe que sean pagados (La ley cerrojo) y al continuar pagando los intereses de los bonos reestructurados, la Argentina transgredió su promesa de tratamiento igualitario", escribió Parker para argumentar su decisión.

La alusión en el texto a la Ley Cerrojo hace de la Argentina un caso único. Es la manera que encontró la Cámara de Apelaciones para que el fallo no sea tenido en cuenta como un modelo general y no afecte, por tanto, a reestructuraciones futuras de otros países en default.

Parker también cargó contra el Gobierno por “ignorar” que cumple con un grupo de bonistas y con otros no; y por no realizar “propuestas productivas” para subsanar ese trato no igualitario. Se quejó además del abogado que defendió al país en Nueva York y de los funcionarios que públicamente y repetidamente anunciaron su intención de desafiar a la Cámara de Apelaciones y al Tribunal de Griesa.

El Gobierno había apelado en junio contra el fallo de Griesa con el argumento de que la decisión del juez violaba la soberanía nacional y exponía a la Argentina a una nueva crisis financiera.

EN FOCO

La consecuencia de un país devastado

Cuando los poderes centrales advierten que una nación rica en recursos naturales está absolutamente desprotegida, como es el caso de la Argentina, se ponen al acecho.

El duro revés que ayer recibió el gobierno K fue producto del poco peso específico que tiene la Argentina en el escenario internacional, producto de que es un país subdesarrollado, sin industria, con una generación de empleo genuino prácticamente nula y una inflación galopante que genera estragos sociales.

Durante casi 10 años, la Argentina contó con condiciones internacionales muy favorables, a partir de un mundo que demandó los alimentos que se producen en nuestro país. De haber existido un poco de materia gris en el gobierno, en lugar de aplaudidores y obsecuentes, se podría haber utilizado los recursos del comercio exterior para financiar un plan de desarrollo que contemple un resurgimiento de la industria y un mercado interno sólido.

Por otra parte, desde que el kirchnerismo asumió en la Casa Rosada, se tuvieron que escuchar un sinfín de mentiras respecto a la deuda externa. Se plantearon dos canjes de deuda como si fuesen la panacea, cuando los compromisos a pagar siguieron aumentando. Se habló de reestructurar la deuda pública sólo para pagar comisiones exorbitantes a bancos privados y consultoras internacionales, algunas de ellas muy ligadas estrechamente a funcionarios corruptos como es el vicepresidente Amado Boudou.

Peor aún, se llegó al extremo de abrir las arcas del Banco Central a fin de que el gobierno pudiera meter mano para pagar una deuda que en gran parte es ilegal e ilegítima, tal como oportunamente lo estableció la Justicia argentina.

En definitiva, se cumplió con el pago de la deuda religiosamente, desatendiendo la deuda interna, y no sólo la Argentina no accedió a ningún tipo de financiamiento internacional (Bolivia hoy consigue créditos a tasas de 4%, mientras a que nuestro país se le cobran cuatro veces más), sino que también los miles y miles de millones de dólares que se desembolsaron no sirvieron absolutamente para nada.

El gobierno K ni siquiera fue capaz de hacer una auditoría seria para determinar, con exactitud, qué parte de la deuda es legítima y qué parte es la que no se debe honrar al estar generada por negocios oscuros, que se hicieron a costa del hambre de una parte importante de nuestro pueblo.

No haber atendido debidamente la deuda interna, para privilegiar a los bancos (a la llamada patria financiera), llevó a que hoy tengamos que ver en las calles de nuestro país a niños de 10 y 11 años durmiendo junto a perros vagabundos, a la intemperie, tal como lo reflejamos en la tapa de nuestro diario el pasado jueves con una imagen que recorrió el país.