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Cristina Fernández de Kirchner, José Mujica y Dilma Rousseff por Arotxa


UPM sigue en el ojo de la tormenta. Mujica se reunió durante una hora con el embajador argentino, Dante Dovena, en el céntrico bar Tasende y no quiso hacer declaraciones. Dovena sí habló y expresó claramente la postura del gobierno de Cristina Fernández sobre la pretensión de UPM de producir 200.000 toneladas más de celulosa antes de noviembre y así evitar cerrar su planta por dos meses. "Por supuesto que no veo con buenos ojos que aumente la producción porque aumenta la polución. Cuando se fijen los parámetros claros que no hay que rebasar, nosotros acataremos por supuesto, siempre y cuando no contamine más. Lo que no puede ser es que sigamos bregando por la no contaminación y la empresa haga lo que le viene en gana, y sigue contaminando sin que le podamos poner un freno", dijo Dovena a Telemundo.

Fuentes oficiales explicaron a El País que la reunión había sido agendada hace unos días y en ella el representante argentino tenía intención de transmitir a Mujica que el gobierno argentino notaba que los ánimos de los activistas contra UPM de la ciudad de Gualeguaychú se estaban caldeando. La intención de los gobiernos de Argentina y Uruguay es ahora llegar al menos a un acuerdo sobre la difusión de los resultados del monitoreo ambiental binacional de las actividades de UPM. Se pretende que eso ocurra antes de que Mujica viaje a Nueva York el 21 de septiembre para la Asamblea de la ONU.

Sobre la situación actual, Dovena indicó que "la empresa tenía autorización a producir un millón de toneladas al año, que es lo que el fallo de La Haya establece". Por lo tanto, "tendrá que cumplir, si después le cambia ritmo a la producción y cambia las condiciones de trabajo es otra cuestión", agregó Dovena.

Las fuentes oficiales también indicaron que el gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, Sergio Uribarri, quiere recuperar votos en Gualeguaychú para proyectarse en el escenario político nacional y que interpreta que lo puede favorecer mostrarse duro con la fábrica de celulosa.

Críticas a UPM.
Por su parte, el canciller Luis Almagro utilizó munición gruesa contra UPM y la oposición. "UPM tomó maíz de las manos y toda la oposición haciendo cococo-cococo alrededor. No es una manera seria de proceder", dijo Almagro al programa Quién es quién de Diamante FM.

"No digo que UPM está trabajando con la oposición, la oposición capaz que vio simplemente una oportunidad para decir una cosa sin informarse demasiado, como suele pasar en muchos de los temas de política exterior", agregó.

Según el ministro de Relaciones Exteriores, "UPM sacó un comunicado al cual se subió gente de la oposición sin informarse demasiado sobre el tema lamentablemente, sin ver la acción nuestra en el marco de la Comisión Administrativa del Río Uruguay, ni los plazos".

"Le reconozco al periodismo el derecho de informar, de desinformar, de decir cosas que no corresponden. Le reconozco el derecho a la oposición de ponerse mal, decir cosas injustificadas sin estudiarlas demasiado. Todo el mundo tiene derecho a todo porque este es un país libre. UPM si quiere participar de ese camino, muy bien por UPM. Pero siempre prefiero las cosas sin carnaval", expresó.

Agregó que Uruguay "viene cumpliendo" el trámite referido al pedido de la empresa en el marco de los artículos 7 al 12 del estatuto del río Uruguay.

Roberto Conde, senador socialista y ex vicecanciller, dijo al programa radial De Ocho a Diez que "la que quiere cambiar las reglas de juego es la empresa". "Hay soluciones sin que el país tenga que plegarse a la ambición de la empresa y generar un conflicto inútil por cambiar las reglas", opinó.

Fernando Pereira, uno de los coordinadores del Pit-Cnt, dijo a El Espectador que UPM "ha tomado una actitud especulativa" porque "probablemente el precio de la pasta de celulosa tenga un valor importante este año" y consideró que tiene amplios recursos para hacerse cargo de los sueldos en caso de que debe cerrar hasta los primeros días de noviembre, una vez termine su mantenimiento.

El tema UPM estuvo presente en un almuerzo que compartió la plana mayor de la Cámara de Industrias con 6 senadores miembros de la Comisión de Industria de la cámara alta (4 oficialistas y dos opositores).

El presidente de la comisión, Pedro Bordaberry, dijo a El País que planteó que "lo primero debe ser que el gobierno tenga claro lo que quiere, que debe ser proteger primero a los uruguayos". "Primero debe pensar en eso y después en su relación con la señora Kirchner", sostuvo. "No puede haber otra solución que no sea defender a Uruguay porque se generó una expectativa cierta" de un incremento en la producción, agregó el legislador colorado.

El presidente de la gremial industrial, Javier Carrau, dijo a El País que esa organización podría apoyar una autorización provisoria para subir la producción. Por su parte, el vicepresidente de la cámara, Gabriel Murara, comentó a El País que "nos dicen que hay que aumentar la productividad y si uno se apura a producir nos tendríamos que poner contentos". "En Brasil abre una pastera cada dos años y en Chile más o menos igual y no se da la discusión que se da acá sobre cuánto se puede producir. El tema es al revés ", advirtió. "No sería una buena señal para los inversionistas", si no se permitiese a UPM producir más, sostuvo. Además, se perderían US$100 millones adicionales en exportaciones, aportes al Banco de Previsión Social y consumo de combustible y electricidad, sostuvo el empresario.

Antecedentes.
El gobierno argentino, a través de una carta firmada por el canciller Héctor Timerman, había realizado en agosto de 2012 una protesta formal a Uruguay por entender que la planta de UPM tenía una producción anual por encima del millón de toneladas, el máximo autorizado por la Corte Internacional de La Haya.

El límite de un millón de toneladas anuales fue dispuesto por el mismo Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay cuando autorizó el funcionamiento de la planta, en 2005. Luego fue tenido en cuenta por la Corte de La Haya al dictar su veredicto sobre el diferendo con Argentina que generó la instalación de Botnia, refrendado en 2010 en los acuerdos celebrados entre los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Mujica, en los que se comprometieron a ejecutar la sentencia del tribunal.

En el reclamo argentino se detallaba que de acuerdo con los propios registros aduaneros de Uruguay, la planta de la ex Botnia venía superando este límite prácticamente desde que comenzó a funcionar y a un ritmo creciente: entre noviembre de 2008 y noviembre de 2009 lo habría superado en 50.597 toneladas, al otro año en 97.407 toneladas, en tanto que entre noviembre de 2010 y octubre de 2011 se habría excedido en 98.855 toneladas.

El canciller Timerman argumentó en la carta que al infringir el límite previsto, la pastera introduce en el río "mayor cantidad de sustancias y energía", lo que se traduce en una mayor contaminación y demás efectos nocivos.

El funcionamiento de la ex Botnia quedó, por disposición de La Haya, bajo la vigilancia permanente de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), por lo que los límites a la producción de la planta no podrían ser modificados de manera unilateral, ni por decisión de la empresa ni por determinación del gobierno uruguayo. De acuerdo con la carta del canciller argentino, los delegados argentinos en la CARU reclamaron en más de una ocasión a sus pares uruguayos que le exigieran a la ex Botnia que respetara el límite de producción y no fueron escuchados.

Hasta ahora, los análisis de la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay han descartado que la actividad de UPM haya generado contaminación relevante. Argentina hasta ahora se ha negado a aceptar la difusión del monitoreo de la planta que por encargo de ese país y Uruguay realiza todos los meses un laboratorio canadiense.