El caso Edgar Tamayo, el tercer mexicano en recibir la pena de muerte en EU

El caso Edgar Tamayo, el tercer mexicano con pena de muerte

La disputa legal que Edgar Tamayo Arias ha representado entre México y Estados Unidos durante dos décadas está a punto de encontrar su final el próximo 22 de enero en una prisión del estado de Texas, cuando se concrete la sentencia de pena de muerte en contra del mexicano.

De 46 años, Edgar ha pasado en prisión los últimos veinte tras haberse declarado culpable de asesinar el 31 de enero de 1994 al policía Guy P. Guddis. Pero en ese tiempo, tanto el gobierno de México como organizaciones en defensa de los derechos humanos y organismos multilaterales, han argumentado que las violaciones al debido proceso en el caso merecen una revisión judicial que podría implicar una sentencia diferente a recibir la inyección letal.
Edgar Tamayo Arias nació en octubre de 1967 en la comunidad de Miacatlán, en el estado mexicano de Morelos, ubicado en el centro del país.

Aunque su padre, Héctor Tamayo Pedroza, se negó a hablar sobre cómo fue la vida de Edgar en México —hasta que emigró en 1985 a los Estados Unidos para buscar trabajo—, el expediente que recibió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR, por sus siglas en inglés) en enero de 2012 describe “una infancia marcada por la pobreza y el abandono”.

La mala calidad de vida del morelense antes de los 18 años es uno de los argumentos de su defensa para describir a un hombre trastornado, enfermo y quien actualmente sufre de una “discapacidad intelectual leve”; situación médica que —según los abogados— no fue tomada en cuenta por las autoridades estadounidenses cuando lo sentenciaron a muerte y que “explican” su carácter agresivo.

El expediente indica que Edgar y sus cuatro hermanos vivieron con el alcoholismo de su padre y “a menudo sin comida y artículos de primera necesidad”. Él mismo explicó a su defensa que sus padres abusaron físicamente de él, recuerda que su madre, Isabel Arias Corona, lo encadenaba cotidianamente a un ladrillo y usaba una cuerda para golpearlo; mientras que su padre “mojaba un lazo rígido para que los golpes fueran más contundentes”.

También mencionó que tuvo muchos problemas en la escuela porque tenía dificultades para aprender y que desde los 9 años inició el consumo de inhalantes.

En la adolescencia, Edgar tuvo que trabajar para apoyar a su padre, un maestro de educación primaria. A los 17 años sufrió un accidente en el rodeo en el que tenía un empleo, cuando un toro lo golpeó y lo hirió de gravedad, lo que le provocó permanecer en estado de coma.

Edgar dice que tras el accidente se volvió más agresivo y adicto a las drogas y al alcohol “para olvidarse de los fuertes dolores de cabeza”, pues no podía costear el tratamiento médico ni asistir a las consultas psiquiátricas que necesitaba, lo que también lo motivó a migrar a Estados Unidos para tener mayores ingresos.

En Estados Unidos, con actitud violenta

El expediente de Edgar muestra que aún antes del homicidio en Houston del policía Guddis, el mexicano tuvo otros problemas legales.

El oficial Nelson Zoch —encargado de la investigación por la muerte de Guddis— describió a Tamayo como “un experimentado criminal”, una vez que documentó que había registro de otras detenciones.

En 1990 fue detenido por portar una daga de metal de tres pulgadas e intentar golpear a un ciudadano estadounidense; en 1991 fue acusado de robo en una tienda de abarrotes y de lesiones por apuñalar al encargado del lugar con un destornillador; un año después fue acusado de intentar robar la batería de un auto y en 1993 de provocar una pelea en un bar.

El delito por el que fue sentenciado a la pena de muerte ocurrió cuando oficiales detuvieron a cuatro personas que presuntamente habían cometido robo en un centro nocturno la madrugada del 31 de enero de 1994.

Guy Gaddis trasladó a dos de los sospechosos, entre ellos a Tamayo Arias; pero mientras conducía, Edgar sacó una pistola que traía oculta en el pantalón y disparó seis veces contra el policía —tres en la cabeza—, lo que provocó que la patrulla se estrellara contra una casa y dejó herido al otro presunto criminal.

Según el registro policial, el mexicano escapó por la ventana trasera izquierda del auto y fue capturado todavía con las esposas puestas y con algunos golpes debido al accidente. Cuando declaró, admitió el homicidio, pero dijo que la culpa había sido de los policías por no haber encontrado cuando lo detuvieron el arma que portaba.

El 1 de noviembre de 1994 fue condenado a la pena de muerte, pero hasta este 17 de septiembre de 2013 una corte estatal de Texas fijó el 22 de enero de 2014 como la fecha para la ejecución.

Enfermedad y violación al derecho de asistencia consular

El caso de Edgar ha sido emblemático en la relación México-Estados Unidos porque es parte de los 52 de la resolución “El caso Avena y otros nacionales mexicanos” que la Corte Internacional de Justicia emitió el 31 de marzo de 2004.

En ésta, la Corte resolvió que Estados Unidos había violado el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de la que —al igual que México— es parte; por lo que ordenó someter a revisión judicial las condenas emitidas para determinar si la defensa de esos mexicanos se había visto perjudicada por la violación que implica no recibir asistencia consular ni informar a las autoridades del país de origen.

Esa revisión no ha ocurrido en el caso de Edgar —que podría implicar un cambio en la sentencia para que no sea ejecutado—, pero tampoco en el de José Medellín y el de Humberto Leal, quienes también formaban parte de la sentencia y recibieron la inyección letal en Texas en 2008 y 2011, respectivamente.

El estado de Texas ejecutó a los dos mexicanos y mantiene firme la sentencia contra Edgar argumentando que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dictaminó en 2008 que los estados no están obligados a acatar las sentencias de la Corte Internacional de Justicia.

Además de la violación al derecho internacional, la defensa de Edgar argumenta violaciones a la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, pues en el juicio no se presentaron pruebas ni evidencias de los abusos que el mexicano sufrió en su infancia, su problemas de aprendizaje o de las lesiones graves que sufrió tras el accidente que lo dejó en coma.

Ya en prisión, tras el homicidio en Houston del policía Guddis, un psiquiatra lo diagnosticó con “trastorno explosivo intermitente” —que le provoca ser violento— y de presentar una discapacidad intelectual leve.

La defensa también posee el diagnóstico de un neurólogo que en 2008 indicó que Edgar tiene daño cerebral que empeoró con el consumo de drogas y alcohol.

Por lo tanto, la defensa argumenta que Edgar “es una persona con discapacidad (y) la pena de muerte constituye una forma de trato o pena cruel, inhumano o degradante, prohibido por el artículo XXVI de la Declaración Americana” y que el hecho de que no se hayan considerado pruebas sobre su estado de salud vulnera sus derechos.

El papel del gobierno mexicano

El 22 de diciembre pasado el canciller, José Antonio Meade, envió cartas al gobernador de Texas, Rick Perry, y a la Junta de Perdones y Libertad Condicional de ese estado para solicitar el aplazamiento de la ejecución de Edgar o la conmutación de la sentencia.

El gobierno mexicano ha insistido en que está pendiente que se aplique el recurso de revisión que emitió la Corte Internacional de Justicia en 2004 por el caso Avena para evaluar si la violación a los derechos de notificación y acceso consular fue clave para que Edgar fuese sentenciado a la pena capital.

El gobernador de Morelos —de donde es originario Edgar—, Graco Ramírez, también ha escrito al gobierno de Texas. En un comunicado emitido el 7 de enero pasado, informó que recibió respuesta a su misiva, que decía que “no importa de dónde vienes —si usted comete un crimen despreciable de este tipo en Texas—, usted está sujeto a nuestras leyes estatales, incluyendo un juicio justo por un jurado y la pena máxima”.

Otros organismos se han sumado a la exigencia de las autoridades mexicanas de revisar el caso de Edgar Tamayo. Amnistía Internacional emitió en diciembre pasado una “acción urgente”, pero también lo ha hecho la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la misma Corte Internacional de Justicia, el Parlamento Europeo o la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.

Las autoridades federales de Estados Unidos también han intervenido. En septiembre pasado, el secretario de estado, John Kerry, envió una carta al gobernador texano para pedirle que no se estableciera una fecha de ejecución sin haber concretado la revisión del caso.

Según Kerry, el fallo de la Corte Internacional de Justicia es vinculante para Estados Unidos y el hecho de no acatarlo “podría impactar la forma en la que los ciudadanos estadounidenses son tratados en otros países”.

El padre de Edgar, Héctor Tamayo Pedroza dijo que no hablaría con la prensa sobre el caso “por seguridad al proceso” de su hijo.

El hombre de 70 años y su esposa de 66 viajaron este domingo a Texas junto con sus hijos Omar y Héctor para visitar a Edgar previo a la ejecución de la pena de muerte que se prevé realizar el próximo 22 de enero.

La familia viajó con el apoyó económico del gobierno de Morelos, que confirmó que será hasta el próximo 29 de enero cuando los Tamayo Arias regresen a México y en caso de que no haya cambios en la sentencia contra Edgar, puedan volver con sus restos.

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