Hace más de 3 años que se viene alertando sobre la crítica situación de los institutos de menores, pero el Gobierno no ha hecho nada al respecto: ahora el ministro de Desarrollo Social bonaerense Daniel Arroyo, jaqueado por la fuga del menor imputado por el crimen de Barrenechea, anuncia reformas. El debate real es cuán eficaz es este sistema, sobre todo en las condiciones actuales.


"Los institutos de menores no sirven" Daniel Arr
Los institutos de menores, en las condiciones actuales, no funcionan

El ministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, calificó este martes (11/11) de "crítica" la situación de los institutos de menores y señaló que las nuevas inversiones en el área estarán destinadas "a infraestructura".

Estas declaraciones, que claramente tienen la intención de justificar la fuga de menor imputado por el crimen de Barrenechea, resultan insultantes. ¿Por qué? Porque la situación crítica de los institutos de menores no es nueva y hasta ahora los gobernantes no han hecho nada para revertirla.

Que Arroyo anuncie en este momento que el Gobierno bonaerense realizará modificaciones en los edificios de los centros de detención para menores es sólo una promesa funcional para evadir el problema de fondo: en la situación en la que se encuentran, los institutos de menores no funcionan.

Además, cabe recordar que Daniel Scioli acaba de sacar del cargo a la subsecretaria de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social, Marta Arriola, por las duras críticas que la funcionaria había realizado a su proyecto de bajar la edad de imputabilidad.

El 14 de Julio de 2006 se presentó el 1er. Informe Nacional sobre Chicos Privados de la Libertad, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos y Unicef. Dicho informe arrojó datos alarmantes: más de veinte mil niños y adolescentes están recluidos, el 87% es por causas asistenciales, es decir que sólo el 13% está detenido por hechos delictivos.

En otras palabras, el 87% está bajo un régimen de encierro no por la comisión de un hecho delictivo sino como consecuencia de situaciones de carencias socio-económicas.

La “institucionalización” ha sido la respuesta generalizada que ha dado el Estado desde las políticas públicas a los chicos abandonados, abusados o víctimas de otros delitos, según surge del primer relevamiento nacional sobre niños y jóvenes privados de libertad.

Además, el estudio encontró que, en algunos casos, chicos con “causas asistenciales” comparten el mismo establecimiento con menores con “causas penales”.

“La separación de los niños y niñas de sus familias y su consecuente institucionalización, lejos de evitar problemas, constituyeron el camino hacia la carrera delictiva. Los institutos y ‘reformatorios’, además de violar los derechos de los niños y niñas internos, han sido verdaderas escuelas del delito”, señala el informe oficial.

Otros datos alarmantes fueron arrojados por estadísticas difundidas en junio de 2005: ocho de cada diez presos adultos pasaron por un instituto de menores.

“Hay superpoblación, lo cual conlleva al hacinamiento y a la promiscuidad. La falta de profesionales idóneos, de personal de seguridad y de condiciones de higiene y salubridad son algunas de las características comunes a todos estos lugares", denunció en ese momento el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.

Estos datos más que significativos fueron difundidos hace alrededor de 3 años, y el Gobierno no ha hecho nada hasta ahora para revertir la situación.

Ahora el ministro de Desarrollo Social enumera los problemas edilicios generales, el hacinamiento y la falta de personal, remarcando que "el aumento de recursos va a infraestructura", ya que este sector está "en una situación crítica".

De acuerdo con el nuevo proyecto, se van a mejorar los inmuebles, se construirán nuevos –dos de ellos se inaugurarán antes de fin de año, y hay cuatro más planificados-, y se incorporarán escuelas y campos de deportes, además de sumar personal.

Con respecto a la infraestructura actual, Arroyo enumeró la existencia de 18 centros de referencia en los que "se hacen las derivaciones", y 11 institutos cerrados o semicerrados para menores que cometieron delitos graves.

"Lo que tenemos son chicos que la pasan mal en la casa y por eso están en la calle. A partir del paco, el embarazo adolescente o la violencia construyen un futuro en lugar de hacerlo a partir de la escuela o el trabajo. Nuestro gran desafío es construir futuros alternativos", concluyó.

Arroyo no dice nada nuevo: la crítica situación de los institutos fue denunciada hace más de 2 años y el Gobierno ha hecho la vista gorda durante todo este tiempo. El verdadero debate que debería darse es cuán eficiente y beneficioso es este sistema de encierro, sobre todo en las condiciones actuales.


Fuente: http://www.urgente24.com/index.php?id=ver&tx_ttnews[tt_news]=111772&cHash=fdbc471679