La Ley Orgánica de Precios Justos


La Ley Orgánica de Precios Justos



La Ley Orgánica de Precios Justos, que entró en vigencia este viernes con su publicación en Gaceta Oficial, establece severas sanciones para delitos que han constituido el foco de la guerra económica de la derecha venezolana: la especulación, el acaparamiento, el boicot y la usura.

El instrumento legal, que será aplicado a las personas y empresas que desarrollen actividades económicas en Venezuela, contempla penas de prisión de ocho a diez años para los especuladores: quienes vendan bienes o presten servicios a precios superiores a los fijados por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundee), ente que nace por mandato de la Ley.

También serán sancionados con ocupación temporal hasta por 180 días y multa de entre 1.000 y 50.000 unidades tributarias (actualmente cada UT es de 107 bolívares).


Las mismas sanciones recibirán quienes restrinjan la oferta y distribución de bienes regulados, para provocar escasez o distorsiones en sus precios.

Entre los delitos previstos están también el contrabando de extracción (prisión de 10 a 14 años); la reventa de productos de primera necesidad (recibirá multa de entre 200 y 1.000 UT) y la usura (prisión de cuatro a seis años).

Las penas contempladas van desde multas, suspensión en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas, ocupación y cierre temporal, clausura de almacenes, confiscación de bienes y revocatoria de licencias, permisos o autorizaciones.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, dictó la Ley de Precios Justos, como parte de su habilitación para legislar, para garantizar el desarrollo equilibrado de la economía nacional y con el fin de poner freno a la guerra económica, que pretendió acabar con la Revolución Bolivariana a través del sabotaje en aspectos esenciales para el pueblo.

Para enfrentar estas acciones, en noviembre pasado el jefe de Estado impulsó una ofensiva económica que incluyó jornadas intensas de inspecciones para erradicar la usura. Los precios de los productos registraron entonces drásticas reducciones por orden del Ejecutivo, para proteger el salario de los trabajadores.

Ahora, se crea la Sundee, que estará a cargo de Andreína Tarazón, también ministra para la Mujer e Igualdad de Género.

Aspectos básicos de la Ley

La Superintendencia, adscrita a la Vicepresidencia, tiene tres tareas básicas: fijar los precios máximos de la cadena de producción o importación, distribución y consumo, mediante el análisis de la estructura de costos; fijar un porcentaje máximo de ganancia y la fiscalización de la actividad económica y comercial, con el fin de defender al pueblo.

De la Sundee dependen la Intendencia de Costos, Ganancias y Precios Justos y la Intendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos.

La ganancia no podrá exceder 30 %. Se podrán determinar márgenes máximos por sector, rubro, espacio geográfico, canal de comercialización, actividad económica u otros conceptos.

Los bienes adquiridos o producidos con divisas oficiales deben ser identificados con una etiqueta, para que la gente esté en conocimiento. De este modo, no se justifican precios altos.

Son declarados de utilidad pública e interés social los bienes y servicios para la producción, importación, transporte, distribución y comercialización. En ese sentido, el Ejecutivo puede iniciar procedimientos expropiatorios cuando se hayan cometido ilícitos económicos y administrativos, de acuerdo con la Constitución.

La Superintendencia debe elaborar un Registro Único de personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades económicas y comerciales en el país, de obligatoria inscripción para todas las empresas.

También establecerá los criterios para fijar los cánones de arrendamiento justo en los locales comerciales.

El nuevo organismo absorbe al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y la Superintendencia de Costos y Precios y Justos, nacidos en 2010 y 2011, respectivamente.

Se debe dictar un reglamento de la Ley en un plazo de 180 días.

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