PROYECTO TARDÍO

Con una Ley Telefé, Cristina intenta la revancha con Magnetto


Hasta ahora, Grupo Clarín le ganó a Cristina Fernández de Kirchner. No sólo porque demoró muchísimo la aplicación completa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sino porque en un inicio logró modificar el proyecto, y luego ejecutó una inteligente estrategia judicial que le impidió a la Presidenta de la Nación la celebración que esperaba de la fragmentación del multimedios. Ahora, ella intenta una revancha, incorporando una excepción a la legislación vigente a partir de un proyecto de ley que niega ser modificatorio cuando sí lo es (es un concepto que resultará clave para el capítulo judicial que se avecina).
30/10/2014|07:13

Con una Ley Telefé, Cristina intenta la revancha con Magnett 
Ah... aquellos tiempos... Después pasó todo lo que pasó...



VALOR AGREGADO







CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Cristina Fernández de Kirchner sabe que no puede marcharse del Ejecutivo Nacional sin haber resuelto su litigio con Héctor Magnetto y el Grupo Clarín.
 
La Presidenta de la Nación tiene presente que desde el llano será difícil para el Frente para la Victoria esquivar las una y mil venganzas que tramará el multimedios y, por lo tanto, la cuestión es intentar diluirlo ya mismo: si no se pudo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, será con una excepción a ese texto.
 
Por lo tanto, Carlos Zannini trabajó en un texto que, no obstante, terminará en sede judicial, si prospera la lógica presentación que hará Grupo Clarín. La lógica de Zannini es que hoy día cuenta con la procuradora Alejandra Gils Carbó, el Consejo de la Magistratura de la Nación y otras formas de apercibimiento a los jueces díscolos. Ahí está la diferencia, para Zannini, entre el pasado y el presente.
 
En cuanto a la cuestión de fondo, es obvio que no se trata de si Telefónica puede o no ofertar televisión.
 
En verdad, ni Telefónica ni Telecom han conseguido tan siquiera ofrecer un servicio de Internet decente, que se supone debería ser parte de su 'core business', y la torpe Administración Cristina no consiguió incentivar la inversión de ambas empresas para arrebatarle mercado a Fibertel, el servicio de Internet de Cablevisión, de Grupo Clarín.
 
La oferta de Telefónica en sociedad con DirecTV no resultó muy eficiente, según los usuarios, y es culpa de Speedy, el capítulo flaco del combo, tan frágil como Arnet. Pero Cristina no entiende nada de todo eso porque en la Quinta Presidencial de Olivos ella tiene... Fibertel.
 
De lo que se trata es, entonces, de buscar la revancha con Héctor Magnetto, el rostro visible de Grupo Clarín. El resto es anécdota.
 
En lo formal, el proyecto de ley para regular las redes de Internet y Telecomunicaciones que presentó el Ejecutivo Nacional modifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al permitir que Telefónica siga operando Telefé y abrir la posibilidad de que las compañías de telefonía den servicios de televisión cable y videos on demand, algo que para lo que hasta hoy no estaban habilitadas en forma directa, aunque Telefónica lo oferta en sociedad con DirecTV. Precisamente hace pocos meses, la Corte había ratificado un fallo que impedía a las telefónicas a dar servicios de video “on demand”.
 
La modificación retoma parte de la concepción original de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LDSCA), que habilitaba la convergencia con control estatal en cuanto a los costos y condiciones en que las redes de telecomunicaciones deben que ser puestas al servicio de otros prestadores.
 
Aquella intención, defendida por el abogado Damián Loreti, uno de los inspiradores de la norma, fue apartada en la negociación del Congreso para obtener apoyos de las bancadas del Partido Socialista, Claudio Lozano y Eduardo Macaluse, y del entonces legislador electo Fernando Solanas.
 
La crítica esgrimida era que la ley de medios estaba orientada a favorecer a las telefónicas, línea también denunciada entonces por Clarín. Al ceder en este punto, la LSDCA ganó consenso pero perdió actualidad tecnológica y potencia para incidir en el mercado.
 
Tal como explicó Sebastián Lacunza en el diario Ámbito Financiero, el objetivo gubernamental consiste en:
 
• Telefónica podrá conservar el canal Telefe, un extremo sobre el cual la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) no se expidió. Los técnicos del organismo regulador ya habían anticipado en febrero pasado que la presencia de la empresa española en el mercado de la TV abierta era incompatible con la norma aprobada.
 
• Las prestadoras de telefonía podrán ofrecer TV paga con las restricciones establecidas en la ley de 2009. Por ejemplo, Telefónica o Telecom estarán habilitadas para brindar cable vía su red de Buenos Aires, pero en ese caso la primera debería vender Telefe, así como Clarín está obligado a optar entre Canal 13 y el Cablevisión porteño.
 
• David Martínez, titular del fondo Fintech, quien acaba de comprar 17 por ciento de la sociedad controlante de Telecom a Telecom Italia, podrá conservar activos en Cablevisión.
 
• Telefónica y su aún vinculada Telecom abarcan casi todo el país, pero sólo podrán brindar TV paga en 24 localidades, según el texto de la ley de medios, por lo que deberán ofrecer sus redes a otros prestadores, que no necesariamente deben ser grandes.
 
• Los proveedores de TV paga Clarín, Vila-Manzano y Telecentro podrán incursionar en telefonía de red más allá de las severas limitaciones actuales. No obstante, a simple vista, parece más lucrativo para Telefónica y Telecom dar el salto a la TV paga que lo que promete para un proveedor de cable la potencialidad del negocio del teléfono fijo (con tarifa regulada y baja como la actual).
 
• Por las limitaciones que impone la ley de medios, las telefónicas habían congelado sus inversiones para llegar con más capacidad en los hogares. Con un horizonte más lucrativo, éstas podrían reactivarse. Al ser consideradas dichas redes como servicio publico, se supone que el Estado podrá intervenir para que la capacidad de transmisión no se concentre sólo en las zonas urbanas de mayor poder adquisitivo y densidad.
 
• El mercado de medios se abre también a otros actores de las telecomunicaciones que operan u operaron en el país, como Slim (Claro), si lo hace con una empresa de EE.UU., país con el que existe un convenio especial.
 
• DirecTV no podría ofrecer otro servicio de comunicación audiovisual más allá de su licencia única nacional para TV digital, aunque tiene abierto el campo de la telefonía. Sería, en cualquier caso, un paso muy árido y regulado. En estos momentos, está en trámite en EE.UU. la compra de la empresa por parte de la telefónica AT&T.
 
• La AFSCA inició el proceso de desinversion de oficio de las unidades excedentes de Clarín. Con el giro normativo y si el multimedios no logra trabar el trámite en la Justicia, es probable que aparezcan más compradores potenciales. Dadas las limitaciones fijadas en la ley de medios, hoy ralean.
 
El Artículo 9 del proyecto establece que “los licenciatarios de servicios de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación, que son las reguladas por el proyecto y que incluyen Internet, cable y telefonía) podrán brindar servicios de comunicación audiovisual, debiendo tramitar la licencia correspondiente ante la autoridad competente”.
 
Ese párrafo, con el complemento de la excepción al artículo 25 de la Ley N°36.522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual) para los “licenciatarios de servicios públicos relacionados con el ámbito de aplicación” de la ley Argentina Digital –las telefónicas y, con la ley, los operadores de cable- es el que habilita a las empresas de telefonía a brindar servicios de televisión.
 
El proyecto también habilita –en su artículo 10- el triple play, es decir, que una misma empresa le de a un usuario los servicios de Internet, telefonía y televisión. Pero obliga a que se trate de “unidades de negocio separadas” que tengan además separada la contabilidad y que facturen de manera independiente los servicios.
 
Además, prohíbe las “prácticas anticompetitivas tales como las ventas atadas y los subsidios cruzados con fondo provenientes de las distintas unidades de negocio”.
 
La fundamentación gubernamental quedó en manos del periodista K, Sebastián Abrevaya, en Página/12:
 
"(...) La iniciativa no deroga ni modifica ningún artículo de la ley de medios, sino que establece una “excepción” a la prohibición de prestar servicios de comunicación audiovisual que tenían los prestadores de servicios públicos. De esta manera, la empresa Telefónica podría continuar como dueña de Telefe; así como otros actores de las telecomunicaciones podrían participar en el terreno audiovisual y viceversa. Si bien la Afsca no definió aún el plan de adecuación de Telefónica, de aprobarse la norma en el Congreso esa discusión quedaría resuelta. Por otro lado, el Grupo Clarín, uno de los principales proveedores de cable del país, pasaría a tener que competir con nuevos actores. Además, el proyecto establece que las redes de telecomunicaciones podrán ser utilizadas por cualquier licenciatario a un precio fijado por el Estado, permitiendo a pequeños prestadores participar en mejores condiciones. (...)
 
“Telefónica resuelve la incompatibilidad por servicio público saliendo por arriba del laberinto del conflicto con Telefe”, explicaron a Página/12 fuentes del gobierno nacional. Pero si bien esta situación quedaría saldada, se mantendrán las otras limitaciones fijadas en la LdSCA. Es decir que Telefónica no podrá prestar servicios de cable en Capital Federal, porque ya posee allí un canal de aire, Telefe. Además, no podrá superar el 35 por ciento de la cuota de mercado y, si bien tiene una red extendida en todo el país, sólo podrá obtener 24 licencias de TV por cable para brindar el servicio en 24 ciudades. Por otro lado, Telefónica, así como las otras compañías que posean una red de telecomunicaciones, estará obligada a permitir el acceso de otros licenciatarios bajo un precio fijado por el Estado. (...)".
 
Le respondió Darío D'Atri desde el diario del multimedios directamente afectado, Clarín:
 
"(...) ¿Qué sentido tiene exceptuar a Telefónica de la Ley de Medios, permitirle mantener la propiedad de Telefe e impedirle acceder a otros negocios rentables como la televisión paga? ¿No es esa concesión una cláusula puesta para negociar con la oposición en el tratamiento legislativo, para garantizar el tema de fondo: la modificación integral del mercado de internet en beneficio de las telefónicas?"