El CELS destrozó el proyecto de los diputados K que habilita el cierre de portales donde hayan “comentarios racistas” de lectores.

Verbistky le explicó que la censura a portales viola leyes y


Horacio Verbistky, Damián Loreti y Gastón Chillier, autoridades del CELS, le explicaron “con todo respeto” a los diputados K Diana Conti y Remo Carlotto que es una aberración absoluta su propuesta legislativa para censurar y hasta clausurar portales de noticias con la excusa de regular las “conductas vinculadas a expresiones insultantes y discriminatorias” de sus lectores.

De acuerdo con el proyecto de Conti y Carlotto, "será considerado contenido discriminador aquellos mensajes publicados en las plataformas de contenidos producidos por los usuarios que menoscaben o insulten a las personas por su condición étnica, de color, de nacionalidad, religión, género, identidad de género o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, trabajo u ocupación, caracteres físicos, capacidad psicofísica, condición de salud, perfil genético o pobreza".

Las sanciones para los medios en cuyas páginas los usuarios hayan emitido expresiones discriminatorias, van desde un apercibimiento o multas de entre 5 y 20 salarios mínimos hasta la “clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 30 días”. La medida podría llegar a “la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare”.

Verbistky destrozó sin piedad el engendro legislativo de los diputados, con argumentos jurídicos, legales y hasta morales y políticos.

“Los modos en los que el Estado puede ser amigo de la libertad de expresión, no son los que emergen de este proyecto”, comenzó el periodista.

“Frente a la violencia verbal que se verifica a diario en los foros de distintos medios, la respuesta debe ser de registro y educación y nunca represiva”, instruyó con gentileza el CELS a los diputados oficialistas.

Censura

Luego pasaron a cuestiones jurídicas. Loreti y compañía le aclararon a Conti que las constituciones provinciales y la jurisprudencia de la CSJN no admiten la clausura de un medio de comunicación como sanción por contenidos u otras infracciones. Los periodistas agregaron que tampoco lo permite el Consejo de Naciones Unidas.

El CELS sostuvo además que “es admisible” que este tipo de decisiones queden libradas a las autoridades administrativas nacionales o provinciales. Esto es violatorio de los artículos 8, 13.2 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

El columnista estrella de Página/12 le recordó a Conti y Carlotto respecto del “retiro de contenidos” que existe desde 2006 un Observatorio contra la Discriminación y “que toda otra medida sería seriamente cuestionable a la luz de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuando surgiera de la voluntad del poder administrador”.

Hay más. Los integrantes del CELS entienden que “la norma proyectada desconoce la voluntad popular expresada en la ley de servicios de comunicación audiovisual”, y que “colisiona seriamente con las previsiones del Código Civil vigente y las del recién sancionado Código Civil y Comercial unificado”.

”El respeto a la libertad de expresión toma cuerpo y sustancia en los casos en los que se tensa al límite la capacidad represiva del estado. Es efectivamente un indicador del estado de derecho democrático el modo en que se solucionan los conflictos que surgen de su ejercicio”, reflexionaron en las oficinas del CELS.

Y aconsejaron que “sería conveniente evitar cuestionamientos judiciales que sucederán, casi con certeza, contra disposiciones como las proyectadas por las diversas razones planteadas, a las que se suma la zozobra de los trabajadores en caso de clausuras”.

Por último, y “con todo respeto”, los firmantes Verbistky, Loreti y Chillier solicitaron el retiro del proyecto.



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