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Con rectificaciones, habrá nuevo Código Procesal Penal

CRISTINA CONSIGUE EL APOYO DE SUS JACOBINOS

Con rectificaciones, habrá nuevo Código Procesal Penal


El afan refundacional de Cristina Fernández de Kirchner no tiene tregua. La Presidenta de la Nación convocará en los próximos días a sesiones extraordinarias del Congreso, lo cual obligará a diputados y senadores a trabajar al menos hasta el 10 de diciembre. El tema será el proyecto de nuevo Código Procesal Penal.
02/11/2014|07:31

Con rectificaciones, habrá nuevo Código Procesal Penal 
"(...9 El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, acordó con los senadores de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, suprimir la conmoción social de un delito y las condiciones del imputado como criterio para evaluar el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación (artículo 185 del proyecto). Y el secretario de Justicia Julián Alvarez y el subsecretario de Política Criminal Juan Martín Mena intentarán reformular el artículo 35, inciso c, sobre expulsión de extranjeros en situación irregular en el país sorprendidos en el momento de cometer un delito. (...)"



CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La prensa K hizo énfasis en 2 cuestiones:
 
> Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación avala la iniciativa de nuevo Código Procesal Penal, y
 
> Que el Ejecutivo aceptará cambios que le introducirá el bloque del Frente para la Victoria, al menos en Diputados.
 
Por lo tanto, otra tarea refundacional de la República quedará aprobada, para satisfacción de la Presidenta de la Nación.
 
Algunos apuntes al respecto deben comenzar por un fragmento de la entrevista de Irina Hauser a Elena Highton de Nolasco, en el diario Página/12. Observar que Highton de Nolasco discrepa con la supuesta alarma de los jueces, que informa Joaquin Morales Solá más adelante:
 
–¿Está de acuerdo con la reforma procesal penal que impulsa el Poder Ejecutivo?
 
–En líneas generales, sí. Es importante un proceso acusatorio. Porque hay mejor defensa en juicio con la investigación fiscal y no involucrando al juez en las decisiones. Habiendo acusación y defensa es más claro en ese procedimiento que la persona puede tener derecho a un juicio justo.
 
–¿Cree que realmente será efectivo y abreviará los tiempos?
 
–Habrá que ver. Es importante un cambio del principio de legalidad por el principio de oportunidad. En un proceso donde todos los delitos se persiguen y pensar en un juicio oral para eso, es imposible. No se puede. Hay que tener políticas de Estado en materia persecutoria, tener principio de oportunidad y buscar otras soluciones alternativas para ciertos casos. El principio de oportunidad no implica derogar delitos sino, según el momento, perseguir más una cosa u otra, según políticas que pone el procurador general.
 
–La oposición política dice que se le da un poder desmedido a la procuradora. ¿Lo ve así?
 
–El sistema acusatorio es así y la Procuración puede poner sus políticas de Estado. Decir qué se persigue más o menos.
 
–Uno de los puntos más debatidos del proyecto de Código Procesal es el que dice que la “conmoción social” que haya causado un hecho puede ser tenida en cuenta para definir la prisión preventiva. ¿Usted qué piensa?
 
–La prisión preventiva por la repercusión social de los hechos no corresponde. Esto estaba antes y después se sacó. En realidad hay que ver si hay propensión a la fuga y a entorpecer la investigación. También podría ser la amenaza de pena, porque aumenta el riesgo de fuga. Pero no es que por la repercusión social que surge o porque los medios lo saquen mucho o porque toda la gente hable de un medio se define la preventiva. No creo que sea un elemento a tener en cuenta. Es darles un poder excesivo a los medios. Va contra la presunción de inocencia. Debieran tener en cuenta cuestiones que hacen al imputado.
 
–¿Está bien incluir una referencia a los extranjeros en el Código Procesal para explicar su expulsión?
 
–Tengo mis dudas de que corresponda pero tengo que estudiarlo mejor. Cometen delitos los extranjeros y los nacionales. No tengo una estadística que diga que los extranjeros cometan más delitos y peores.
 
–Si va a haber un sistema acusatorio con investigación de fiscales, ¿por qué la Corte creó ahora un cuerpo especial de peritos anticorrupción? Y lo hizo justo cuando algunos dirigentes denunciaban que el Gobierno quiere impunidad.
 
–Esto lo venimos organizando hace bastante. Será un cuerpo interdisciplinario. Hace falta compaginar distintas especialidades y que sea un grupo selecto. No es que los peritos contadores no lo sean, ahora están todos concursados. (...)"
 
 
Joaquin Morales Solá en el diario La Nación:
 
"Algunos dicen que Cristina Kirchner trabaja para quedarse más allá de 2015. Otros, como el senador "Pino" Solanas, no descartan elecciones anticipadas para el año próximo. ¿Qué sucede en un país en el que hay interpretaciones tan dispares sobre los tiempos fijados por un precepto constitucional? Tal vez la respuesta pueda encontrarse en la desmesurada ofensiva de las últimas semanas para refundar la República.
 
(...)  Las raíces de ese poder imponente están en el control del Congreso. Cristina ni siquiera necesitaría cerrarlo, porque directamente lo abre cuando ella quiere. Este año se realizaron 14 sesiones de la Cámara de Diputados, 13 de las cuales fueron reuniones especiales para tratar exclusivamente proyectos impulsados por el Ejecutivo.
 
(...) El Código Civil fue aprobado violando el reglamento de la Cámara de Diputados cuando la Presidenta ni siquiera necesitaba esa violación. ¿Hará lo mismo con el Código Penal, que fue duramente criticado por casi toda la oposición? Por su parte, el Código Procesal Penal sublevó a todos los jueces federales, que ya se han reunido varias veces. El Gobierno aspira a dejarlos sin el poder de investigar. Los jueces federales decidieron investigar ahora. Debería incluirse en cualquier pronóstico de los próximos tiempos una vibrante agenda de funcionarios kirchneristas en los tribunales. Los jueces no necesitan nuevas causas; les sobra y les basta con las investigaciones que ya están en marcha.
 
Sin embargo, la Presidenta se da el lujo político de sostener que esa crisis, palpable para cualquier argentino, es un invento del periodismo. Un invento, según ella, para justificar el "ajuste" del próximo gobierno. A todo esto, ¿por qué la preocupa tanto el próximo gobierno? Será un gobierno democráticamente elegido por la sociedad y tendrá todas las facultades para decidir qué políticas aplicará. Cristina no tendrá arte ni parte en esa porción de la historia por escribirse. ¿O no será así? Una de las confusiones más notables de los días actuales está precisamente en las palabras de la Presidenta. Ella habla y actúa como si el futuro la comprendiera. Es probable que imagine, más que nada, un gobierno de Daniel Scioli monitoreado permanentemente por el fundamentalismo cristinista.
 
Está dejando, de todos modos, el terreno minado para cualquier próximo Ppresidente. Su última obsesión es la Corte Suprema de Justicia. Hace justo un año, ese tribunal se convirtió en el santo más venerado en el altar del kirchnerismo. Fue cuando declaró la constitucionalidad de la ley de medios. Ahora, Jorge Capitanich se convirtió en una máquina de fabricar falsedades contra el tribunal porque esa misma Corte preservó la cautelar que protege a muchos medios (a LA NACION, entre ellos) en un viejo juicio de la AFIP. (...)
 
 
Horacio Verbitsky, en Página/12, luce muy satisfecho por eventuales cambios que prometen en el Legislativo acerca del texto que envió la Casa Rosada:
 
"(...) El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, acordó con los senadores de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, suprimir la conmoción social de un delito y las condiciones del imputado como criterio para evaluar el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación (artículo 185 del proyecto). Y el secretario de Justicia Julián Alvarez y el subsecretario de Política Criminal Juan Martín Mena intentarán reformular el artículo 35, inciso c, sobre expulsión de extranjeros en situación irregular en el país sorprendidos en el momento de cometer un delito.
 
Por lo menos media docena de legisladores del Frente para la Victoria anunciaron que no aprobarían esas cláusulas contradictorias con la política aplicada por el gobierno nacional desde 2003. Un síntoma más de ello se produjo en la otra Cámara del Congreso, cuando el diputado del PTS Nicolás del Caño presentó una cuestión de privilegio por la agresión con balas de goma que padeció cuando acompañaba a los trabajadores de la multinacional Lear en conflicto.
 
La diputada Diana Conti adhirió en nombre del Frente para la Victoria y el diputado Héctor Recalde abrazó al colega mendocino y le dijo que se oponía a cualquier forma de represión del conflicto social. El jefe del bloque de Senadores, Miguel Pichetto, se comunicó con la presidente CFK, quien admitió la posibilidad de esas modificaciones al Código Procesal Penal. La verdadera conmoción se produjo cuando el Poder Ejecutivo y los legisladores supieron que la repercusión social de algunos delitos y la personalidad del imputado como motivo para abandonar el principio de la libertad durante el proceso fueron introducidos en el Código por el dictador Jorge Videla.
 
El Boletín Oficial del 6 de mayo de 1976, con su decreto mal llamado Ley 21.306, fue reproducido aquí el domingo pasado. Quien asesoró a Videla fue el penalista Eduardo Aguirre Obarrio, ministro de Defensa del ex dictador Agustín Lanusse en 1972, y defensor del almirante Isaac Anaya en el juicio de 1985. Quien derogó esa provisión autoritaria fue el presidente Raúl Alfonsín a los dos meses de asumir la presidencia. (...)".
 
 
¿Y cómo se vive la coyuntura en el Poder Judicial? Pablo Juárez en el diario El Tribuno, de la ciudad de Salta, entrevistó a Ricardo Recondo, quien mencionó la necesidad de jueces con independencia del Poder Ejecutivo:
 
Ricardo Recondo es vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación y juez de Cámara Civil y Comercial Federal. El magistrado fue uno de los oradores en el ciclo Diálogo Democrático para el Desarrollo organizado por la Fundación Época, en la Ciudad de Buenos Aires, y del cual participó El Tribuno.
 
En su alocución, Recondo expresó "angustia por la destrucción institucional que ha sufrido este país". A su vez remarcó la importancia de contar con jueces sin vinculaciones ni dependencias del poder de turno.
 
"En primer lugar el juez tiene que ser independiente a los factores externos de presión: político, económico o mediático", ponderó. En segundo lugar, señaló que los magistrados deben ser independientes de los propios organismos que integran el Poder Judicial.
 
Por último, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura expresó que "el juez debe ser independiente respecto de sí mismo". "Los jueces somos seres humanos que tienen que sacarse sus propios prejuicios al momento de dictar una sentencia. Esto se consigue a través del ejercicio de la magistratura".
 
(...) -¿Es necesario quitarle peso político a la conformación de los Consejos de la Magistratura?
 
-Desde ya, así funcionan en Europa. El Consejo es una institución importada. En Estados Unidos no existe y nuestra justicia está hecha a semejanza de la de ese país. La Constitución lo incorporó y me parece bien para hacer una buena selección. Cada provincia tiene su sistema de Consejo, pero en definitiva resultan ser parecidos al federal. Primero hay que cambiar la ley del Consejo actual, adaptarla más a la Constitución y despolitizarlo. Los Consejos deben servir para elegir a los mejores jueces y no a los jueces amigos.
 
-¿Cómo se los debe elegir?
 
-No alcanza solo con capacidad académica, hay que evaluar otras cosas. Se necesita una carrera judicial estricta y que haya controles de tipo personal. Cómo va a saber usted si una persona tiene capacidad de decisión o independencia. En un test no lo consigue.
 
-¿Por qué el ciudadano común no valora la importancia de un juez independiente?
 
-En realidad es culpa de los propios jueces que no tenemos esa capacidad de transmitir de una manera llana lo que hacemos a la población. La gente no conoce desde que se levanta hasta que se acuesta que necesita un juez independiente. No se lo han transmitido. Todos sus derechos dependen de un juez.
 
-Si se mantiene esta no división de poderes, ¿a dónde iremos a parar?
 
-En un desastre.

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