Al parecer el glifosato de monsanto mata el insecto que extermina el mosquito del dengue, como siempre la corporacion mas hija de puta otra vez haciendo de las suyas....

saquen conclusiones


Causa del dengue? monsanto otra vez ....
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FUENTE: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-123932-2009-04-26.html

EL PAIS › EL ESCANDALOSO EXPEDIENTE DE LA SOJA TRANSGENICA
Verano del ’96

La soja transgénica se autorizó en sólo 81 días del verano de 1996. De 136 folios del expediente, 108 son de Monsanto, en inglés y sin traducción. Solá invocó un dictamen jurídico que aún no se había firmado. Amenazas al investigador de los efectos del glifosato sobre los embriones. Otro estudio sostiene que su fumigación exterminó a los predadores naturales del mosquito vector del dengue. Según D’Elía, en presencia de Buzzi intentaron sobornarlo para bajar las retenciones.


Por Horacio Verbitsky

El expediente administrativo que fundamentó la autorización firmada en 1996 por Felipe Solá para introducir en la Argentina la soja transgénica de Monsanto resistente al herbicida glifosato tiene apenas 136 folios, de los cuales 108 pertenecen a informes presentados por la misma multinacional estadounidense. Ese trabajo está en inglés y en el apuro por llegar a una decisión predeterminada, la Secretaría de Agricultura ni siquiera dispuso su traducción al castellano. Se titula “Safety, Compositional, and Nutricional Aspects of Glyphosayte-tolerant Soybeans” y ocupa del folio 2 al 110 del expediente. Solá se apresuró a firmar la autorización apenas 81 días después de iniciado el expediente, el 25 de marzo de 1996, el mismo día en que los organismos técnicos plantearon serias dudas acerca de sus efectos sobre la salud y solicitaron informes sobre el estado de las autorizaciones en Europa. La resolución de Solá dice que intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. Pero ese dictamen jurídico recién se firmó tres días después, el 28 de marzo. ¿Quién dijo que en verano decae la laboriosidad oficial?
Tiempo record

El subsecretario de Alimentos Félix Manuel Cirio informa el 3 de enero de 1996 al presidente del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (Iascav), Carlos Lehmacher, que le envía los documentos que Monsanto presentó a la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) en Estados Unidos, “para que inicie las tareas de análisis y evaluación de dicho material en lo concerniente a Bioseguridad para consumo humano y/o animal”. No hay en el expediente tal análisis ni evaluación, sólo requerimientos de información, que Monsanto no respondió. Sin embargo el 12 de enero el Iascav comunicó a Monsanto que consideraba la posible introducción en el mercado de la soja resistente al glifosato (folio 111). El 26 de enero, el Director de Calidad Vegetal del Iascav, ingeniero agrónomo Juan Carlos Batista agregó en otra nota a Monsanto que sería importante conocer la contestación de la empresa a las observaciones de la agencia estadounidense de drogas y alimentos, FDA (folio 113). Ante la falta de respuesta, Batista insistió el 9 de febrero: “De persistir interés por la prosecución del trámite, agradeceré nos remita lo solicitado” (folio 115). No era falta de interés sino de preocupación por el procedimiento administrativo que estaba asegurado en la más alta instancia. De allí el expediente salta al 25 de marzo con la firma de la resolución 167 de Solá, quien no necesitó ni tres meses para llegar a una decisión trascendente para la economía y la salud pública.
“Efectos no deseados”

El apuro se intensificó en los últimos días: se violaron los procedimientos administrativos vigentes, se dejaron sin respuesta serios cuestionamientos de instancias técnicas y no se realizaron los análisis solicitados. El 25 de marzo, el Coordinador del Area de Productos Agroindustriales del Iascav, Ingeniero Agrónomo Julio Pedro Eliseix, dirigió la nota PRAI 113/96 a su colega director de Calidad Vegetal del Iascav, Juan Carlos Batista. Le comunicó que antes de seguir con la evaluación del producto presentado por Monsanto era necesario establecer ciertos criterios de evaluación para organismos modificados genéticamente (OMG), en términos de Identidad y Nutrición y acerca de la “aparición de efectos no deseados”, como “alergenicidad, cancerogénesis y otras toxicidades”. También recomendó que la empresa garantizara “un correcto rastreo y recupero de la mercadería”, para poder rastrearla y recuperarla en caso de problemas. El mismo día, Batista pidió informes sobre la posibilidad de que Europa declarara la inocuidad de la soja transgénica como alimento y autorizara su importación. Estos pasos quedaron sin respuesta ya que ese mismo día Solá autorizó en apenas 24 líneas que constan en el folio 135 del expediente, “la producción y comercialización de la semilla y de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes de la soja tolerante al herbicida glifosato”. Pero la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía recién dictaminó que Solá tenía facultades para suscribir ese acto administrativo el 28 de marzo, pese a lo cual el expediente le asignó dolosamente el folio 134. Es decir que el entonces secretario de Agricultura, Pesca y Alimentación concedió la autorización tres días antes de contar con el visto bueno de su asesor jurídico y sin esperar respuesta a las observaciones de peligro de sus técnicos. También después de la firma de Solá, el mismo 28 de marzo, la presidente del Instituto Nacional de Semillas, Adelaida Harries, informa que la soja resistente al glifosato cumple con los requisitos de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. En el folio 140 del expediente consta un documento que debería haberlo iniciado. Una semana después de concedida la autorización, el ingeniero Batista envía al presidente del Iascav un escrito sin membrete, firma ni identificación del autor titulado “Organismos modificados genéticamente. Consideraciones para su Evaluación”. Dice que influirán en la calidad de vida de las próximas generaciones y que “este avance en caminos aún desconocidos, obliga a que sean desandados con prudencia”. Sus productos “deberían ser pasibles de estudios que garanticen no sólo los aspectos de impacto medioambientales y nutricionales sino, fundamentalmente, los referentes a seguridad e inocuidad”. Entre esos estudios menciona “absorción, distribución y biotransformación de sustancias químicas ‘in vivo’ o ‘in vitro’, ensayos experimentales de toxicidad en animales, de corto, mediano y/o largo plazo”, nada de lo cual se hizo aquí. Estas gravísimas irregularidades deberían acarrear la nulidad de la resolución como acto lícito, arrojan tardía luz acerca del vicio de origen de la mayor transformación económico-social y política producida en el país en las últimas décadas y explican que Solá sea uno de los portavoces del bloque agrario que ahora intenta subordinar a sus intereses al conjunto de la sociedad argentina.