El Gobierno avanza ahora para controlar a los diarios


Guillermo Moreno amedrentó a los directores por el Estado en Papel Prensa y amenazó con intervenir la empresa, que abastece a gran parte de los medios gráficos del país; renunciaron dos de los intimidados



En un intento de controlar a los diarios y avanzar sobre la libertad de prensa, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, afirmó que "el Gobierno quiere intervenir Papel Prensa", la fábrica que elabora papel para la mayoría de los diarios del país, y que "buscará el modo de depreciar su valor para comprarla o expropiarla", según declaró un testigo de sus afirmaciones.
Moreno tampoco descartó, en su estrategia, "dictar un decreto de necesidad y urgencia" ni utilizar a los "gremios más agresivos". Y para evitar que trascendiera lo que estaba diciendo, habría advertido a quienes lo escuchaban: "Mis muchachos son expertos en partirle la columna y hacerle saltar los ojos al que hable".
El 30 de septiembre, el licenciado Carlos Collasso, uno de los dos consejeros que representan al Estado en la empresa, declaró formalmente ante un escribano público de esta ciudad lo que, entre sorprendido y atemorizado, le había escuchado a Moreno en aquella reunión, realizada el 14 de ese mes en el despacho del controvertido secretario de Comercio. Del encuentro habían participado también otras personas. Días más tarde, Collasso reiteró su denuncia ante un juez federal.
Papel Prensa es una empresa que cotiza en Bolsa, de la que son accionistas el Estado nacional (27,46%) y el Grupo Clarín (49%) y LA NACION (22,49%), y de sus ocho directores, tres son representantes del Estado y uno es independiente. La firma abastece de papel a 170 periódicos de todas las expresiones ideológicas y su actual presidente es Julio C. Saguier, presidente de S.A. LA NACION.
De los ocho directores de la empresa, tres son del Estado y uno es independiente. Collasso, tal como lo obliga la ley, puso el tema en conocimiento del Consejo de Vigilancia y ayer, Jorge Rendo, vicepresidente de Papel Prensa y director corporativo de Relaciones Externas del Grupo Clarín, denunció el hecho ante la Justicia.
La denuncia está radicada ante el juzgado federal a cargo del juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid. Ayer mismo, Rendo ratificó la denuncia y Collasso declaró como testigo, confirmando todos sus afirmaciones.

La reunión con Collasso

El 14 de septiembre pasado, Collasso, como representante del Estado en el Consejo de Vigilancia de Papel Prensa, junto con Carlos María Mazzón, uno de los directores del Estado en la empresa, concurrió a una reunión convocada por Guillermo Moreno.
Según los dichos de Collasso, el temor que le infundió Moreno lo llevó a dejar constancia de lo que allí ocurrió ante un escribano. Otros dos directores del Estado, el referido Mazzón y Juan Drucker, ya renunciaron a sus cargos.
El siguiente es el relato que hizo Collasso ante un escribano y que, ayer mismo confirmó ante la Justicia.
En el despacho de Moreno, dijo, los aguardaban Beatriz Paglieri -ex interventora en el área de Precios del Indec y futura directora oficial en Papel Prensa, aunque sólo asumirá en el cargo el 27 de octubre- y el subsecretario de Servicios Financieros de la Nación, Juan Manuel Prada.
También estaban en el lugar dos síndicos de la empresa y un gerente de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), además de otras tres personas.
Moreno los esperaba con un organigrama completo del Grupo Clarín, al que acusó de pretender el dominio sobre la opinión pública. Pero, más allá de ese comentario, lanzó un ataque que pareció dirigido contra Papel Prensa, la empresa que fabrica papel para diarios repartidos por todo el país, que pertenecen a distintos grupos económicos o son emprendimientos familiares.
Moreno, encolerizado -según el relato de Collasso- les ordenó a los representantes del Estado que, en la próxima reunión en la empresa, dejasen constancia de la disconformidad del Estado con todo lo realizado por la empresa.
Collasso explicó que eso no era posible, porque anualmente, el Estado y los accionistas aprueban todas las gestiones de directores y gerentes y los balances en asambleas anuales y todo eso es comunicado a la Bolsa de Comercio.
Mazzón también intentó dar algunas explicaciones, pero sólo consiguió enojar aún más a Moreno. Con el paso de los minutos, el funcionario se mostraba cada vez más agresivo, según el relato.
Entonces, Moreno comenzó a dar instrucciones y proferir graves amenazas. Afirmó que Paglieri era la autoridad real en Papel Prensa, al mando de todos los funcionarios estatales, y afirmó que su objetivo era que el Estado tuviera un rol activo en la empresa Papel Prensa, a los efectos de lograr un control efectivo sobre la disponibilidad de papel de diario.
Incluso, según el relato, se podría valer de los sindicatos más agresivos, para que hagan manifestaciones e intervengan la sociedad con huelgas. Tampoco descartó dictar un decreto de necesidad y urgencia.
Ante un intento de Mazzón de explicarle a Moreno que Papel Prensa compite en el mercado con papel importado que llega a bajo precio y que el informe que poseía Moreno relataba una situación de años anteriores, que cambiaron por las circunstancias actuales del mercado, el funcionario kirchnerista se mostró aún más molesto.
Según Collasso, manifestó que habría que encontrar algún modo de hacer bajar el precio de la empresa, para que el Estado la compre y, si no, la expropie.
Además, Moreno afirmó que todo lo que allí se había hablado debía ser reservado y que sus "muchachos" son expertos en "partirle la columna y hacerle saltar los ojos a quien hable", según declaró el testigo.



La denuncia

Rendo, cuando tomó conocimiento de la manifestación que hizo Collasso ante escribano público, en su calidad de director corporativo del Grupo Clarín, promovió una querella ante la Justicia y denunció los delitos de "agiotaje" -por la intención de Moreno de bajar el valor de Papel Prensa para perjudicar al Grupo Clarín- coacciones y abuso de autoridad.
Rendo, en su denuncia, también acusó al Gobierno de intentar coartar la libertad de prensa.
Según el escrito, en el que el ejecutivo de Clarín pide ser tenido como parte querellante, "el Estado nacional estaría poniendo en marcha su aparato coactivo para intimidar, presionar y perjudicar al Grupo Clarín y se estaría en presencia de un nuevo operativo orquestado por ciertos funcionarios del Gobierno, aparentemente bajo directivas de la Señora Presidenta de la Nación, destinado a coaccionar a Clarín, todo ello valiéndose de recursos del Estado".

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