Duras críticas de la ONU a los 'Derechos Humanos K'


(y el Gobierno busca relativizar el informe)

La agencia estatal de noticias Télam difundió un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos que intenta relativizar el duro informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), asegurando que hubo "interpretaciones" -erróneas, según deja entrever- "realizadas por medios de comunicación pertenecientes al multimedio Clarín". Sin embargo, las críticas de la ONU son claras.




ONU: duras críticas a los 'Derechos Humanos K´


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La Secretaría de Derechos Humanos señaló este lunes (19/04) que el Informe del Comité de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (ONU), relativo a la Argentina, "no contiene condenas relativas a la situación de los derechos humanos" en el país, "sino que, luego de resaltar los numerosos avances producidos en la materia, formula recomendaciones sobre distintos aspectos".

Según la agencia estatal de noticias Télam, hubo "interpretaciones" -erróneas, según deja entrever- "realizadas por medios de comunicación pertenecientes al multimedio Clarín".


En un comunicado, la Secretaría recordó que el secretario, Eduardo Luis Duhalde, que presidió la delegación argentina que expuso ante el Comité de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, respondió "durante dos días las numerosas preguntas acerca de diversas cuestiones vinculadas con el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos".

Precisó que Duhalde "hizo una reseña del camino transitado en la materia desde mayo de 2003, señalando que a partir de la gestión de Néstor Kirchner, continuada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner la multiplicidad de leyes y acciones de gobierno han demostrado efectivamente que los Derechos Humanos son un eje fundamental y un pilar distintivo de la refundación del Estado democrático".

Agregó que "se señalaron los logros obtenidos en la lucha contra la impunidad, con el proceso de memoria, verdad, justicia y reparación emprendido desde la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final".

Detalló que ante el Comité "se informó sobre la participación argentina ante los sistemas protectorios de derechos humanos, tanto a nivel americano cuanto universal, donde se ha privilegiado la búsqueda de soluciones amistosas con los reclamantes, que luego fructificaron en reformas legislativas de vasto alcance y gran trascendencia institucional".

"Las recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la ONU recogieron las presentaciones efectuadas por organizaciones no gubernamentales -CELS, APDH, Comisión Provincial por la Memoria- sobre la situación carcelaria y de hechos de violencia institucional en la provincia de Buenos Aires".

El comunicado aclaró que "al respecto, la delegación argentina no desconoció los problemas estructurales que existen en la materia, que no son de rápida solución, pero destacó los ingentes esfuerzos y la adopción de medidas progresivas que implican un mejoramiento de la situación y avances en el camino de lograr la solución".



Qué dice el informe de la ONU


El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas advirtió que en la Argentina arrecian las torturas y asesinatos policiales, malos tratos y hacinamiento de presos (incluso menores de edad) que no se investigan ni se castigan y puso como ejemplo los establecimientos penitenciarios de Mendoza y Buenos Aires.

Además, el informe indica que en el país gran cantidad de personas permanecen en prisión sin condena, crecen los casos de violencia doméstica, y el Consejo de la Magistratura está controlado por el Poder Ejecutivo, sostiene un informe crítico de la ONU.


El organismo saludó los "numerosos cambios legislativos e institucionales... como la despenalización de calumnias e injurias, el Plan nacional contra la discriminación" y felicitó por "los avances en el enjuiciamiento de responsables de violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar y en la recuperación de la identidad de niños apropiados".

Pero el elogio sobre lo actuado hacia el pasado se convierte en crítica sobre el presente, ya que el Comité manifestó su preocupación por "muertes ocasionadas como consecuencia de actuaciones violentas de la policía, en algunas de las cuales las víctimas fueron menores".

La Argentina "debe tomar medidas para que hechos como los descritos no tengan lugar y para asegurar que los responsables de los mismos sean debidamente enjuiciados y castigados", reclamó.

El documento, surgido tras las deliberaciones del Comité en Nueva York el 26 de marzo pasado, denuncia "la subsistencia de normas que otorgan facultades a la policía para detener personas, incluidos menores, sin orden judicial anterior ni control judicial posterior y fuera de los supuestos de flagrancia".

Sobre el Consejo de la Magistratura, advierte que "existe una marcada representación de los órganos políticos allegados al Poder Ejecutivo, en detrimento de la representación de jueces y abogados", ante lo que recomendó "hacer efectivo el equilibrio previsto en el precepto constitucional, evitando situaciones de control del Ejecutivo sobre este órgano".

La ONU aconsejó reducir el número de presos con prisión preventiva y el "alto índice de hacinamiento, la violencia intracarcelaria, la mala calidad en la prestación de servicios y la satisfacción de necesidades fundamentales, en particular en materia de higiene, alimentación y atención médica" en los penales.

En ese marco, el documento detectó el "uso frecuente de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en las comisarías y en los establecimientos penitenciarios, especialmente en provincias como Buenos Aires y Mendoza".

"Muy pocos casos denunciados son objeto de investigación y juicio y aún menos aquéllos que terminan en la condena de los responsables, lo que genera altos índices de impunidad", agregó.

La Argentina "debe tomar medidas inmediatas y eficaces contra dichas prácticas, vigilar, investigar y, cuando proceda, enjuiciar y sancionar a los miembros de las fuerzas del orden responsables de hechos de tortura y reparar a las víctimas".

El organismo detectó que la Argentina carece de estadísticas sobre maltrato familiar, lo que impide "tener datos fidedignos sobre la amplitud del problema y su evolución".

Si bien reconoció como positiva la creación de la Oficina de Violencia Doméstica en el ámbito de la Corte Suprema, subrayó que "su ámbito de competencia se limita a la Ciudad de Buenos Aires y que los servicios que brinda sólo de manera muy limitada se extienden a la actuación jurídica gratuita ante los tribunales de justicia".

En cuanto a los menores de edad en situación de delito, el documento cuestiona "las graves deficiencias en el funcionamiento de las instituciones donde se encuentran alojados niños privados de libertad, incluidas situaciones de sanciones colectivas y encierro absoluto".

"El Estado debe tomar medidas para establecer un régimen penal juvenil respetuoso de los derechos protegidos en el Pacto y otros instrumentos internacionales en la materia", resume el texto.

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