((Se trata de un diario que no responde ni al conglomerado de decenas medios de Clarín y La Nación, ni a la red de cientos de medios hiper oficialistas financiados por Kirchner))


Frenar los desbordes del poder político

Por una ley, los Kirchner pretenden tutelar la libertad de expresión, cuando lo que deben hacer es acatar la Constitución y los tratados internacionales. Una descarnada lectura del juez René Mario Goane

Carlos Abrehu (Secretario de Redacción)


La política vive días de tensión. El estilo autoritario envuelve el discurso oficialista, aunque se maquille con un barniz democrático. La polémica por Papel Prensa potenció una retórica agresiva que revela el intento del poder político de presionar a los jueces y a los legisladores para que no obstaculicen la intervención estatal en la fabricación del insumo que usan los diarios. Detrás de esa invocación a la protección del interés general, flota el fantasma del manejo político de la distribución del papel, que premia a los amigos y discrimina a los críticos.
La libertad de expresión, que se pretende tutelar con el proyecto de ley del Gobierno, está garantizada por la Constitución y los pactos internacionales. Sólo exige que se la respete sin cortapisas .
El matrimonio K desplegó su batería argumental con la crudeza con que emprende cada operación política. Cristina Fernández atacó el viernes a quienes pretenden controlar el pensamiento de los argentinos. Algunas circunstancias, sin embargo, hacen pensar que el oficialismo se propone precisamente eso. En efecto,la televisión pública de la Argentina está lejos de replicar el ejemplo de la BBC de Londres, que difundió informaciones estratégicas sobre la invasión a Irak, que irritaron entonces al gobierno del premier laborista Tony Blair.
Aquí, por el contrario,la televisión pública no es más que el apéndice mediático de la Casa Rosada, que no deja fisuras por donde puedan filtrarse interpretaciones divergentes con la palabra K. Es el mismo papel que otrora, con la identificación de Canal 7, desempeñó durante la dictadura militar.

Los déficit
Los malos hábitos perduran, entonces, pese a las retóricas de signo opuesto de las administraciones de turno. Esa persistencia es uno de los tantos déficit de la democracia argentina.
El documento del consejo nacional del PJ tildó de jueces complacientes a aquellos magistrados que objetaron la aplicación integral de la Ley de Servicios Audiovisuales, la pieza soñada por el oficialismo para rediseñar el mapa de medios. Que se termine la dictadura mediática, planteó Néstor Kirchner en otro acto partidario.
En rigor, las definiciones cáusticas del binomio K apuntan a condicionar estrechamente la acción del Poder Judicial. Si sus miembros fallan contradiciendo los intereses políticos de la Casa Rosada, serán acusados de rehenes de las corporaciones.
Los opositores, tampoco, escapan de esa visión conspirativa. Acatar las reglas del derecho es algo de difícil aceptación para los actores de la política, principalmente al Gobierno, que es quien protagoniza los desbordes de poder, por su control y manejo de las palancas de la maquinaria estatal.
Este factor incide centralmente en la dinámica de la política. Con el trasfondo de los homenajes al eminente Alberdi, el juez René Mario Goane trazó un panorama sombrío de la trama institucional de la nación política. La República, hoy, en el Estado argentino, atraviesa una sistemática y grave situación de peligro de extinción y de instauración de un totalitarismo enmascarado, planteó el vocal decano de la Corte Suprema de Justicia, con voz enérgica.
El avance del Poder Ejecutivo sobre las atribuciones y competencias del Congreso y del Poder Judicial configuran situaciones que alcanzan suma gravedad institucional, según el pulcro lenguaje del vocal decano.

Enojo ministerial
La impronta autoritaria que destila la Casa Rosada ensambló con la prédica del alperovichismo, con variable intensidad, según las épocas.
Subió de voltaje durante el último congreso provincial del justicialismo, cuando la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Mirkin, reaccionó destempladamente ante al reclamo de un peronista histórico, el ex senador Hugo Lazarte.
Con los pergaminos de su trayectoria, se quejó por la permanencia del ministro Pablo Yedlin en su cargo, a raíz del escándalo que generó la relación con la Fundación Salud (Funsal). El Tribunal de Cuentas, como se sabe, frenó el pago de $ 800.000 a Funsal porque no existía jurídicamente al momento del dictado del curso. Dos analistas de LA GACETA -Federico van Mameren y Alvaro Aurane- se refirieron críticamente respecto del episodio. El diario reflejó también el apoyo de la asamblea provincial del radicalismo al movimiento de los autoconvocados de la salud.
Mirkin no encontró mejor salida que cuestionar al diario. LA GACETA es la publicación del enemigo, se despachó la funcionaria, quien acusó de golpista al sector de los profesionales. Antes, la senadora Beatriz Rojkés había atacado a los díscolos de la salud.
En realidad, la ministra desconoce el rol de la prensa, que no es otro que reflejar lo que hacen los distintos actores de la vida pública. Sí demostró que es intolerante con las percepciones que no coinciden con la suya. El enojo ministerial contrastó paradójicamente con la profundización del diálogo entre los referentes de los autoconvocados de la salud y el propio Yedlin. La política, en este caso, parece que sirve para encauzar las tensiones. Y Lazarte, que es un justicialista de ley. recurrió a una herramienta de la política para manifestar su descontento.

La cara oculta
La pugna de posiciones en las filas del partido oficialista se acentuó en las últimas jornadas. La crisis que se desató en la comisión de Asuntos Municipales de la Legislatura es el primer paso de una escalada mayor. Se trata del bloqueo de políticos considerados irritantes por los barones de la sección del oeste (Roque Alvarez, Sisto Terán y Juan Antonio Ruiz Olivares), con miras a la carrera electoral de 2011. Hugo Balceda es uno de ellos. Al legislador oriundo de Aguilares no le perdonan los sofocones estivales de 2009, cuando habló del tráfico de drogas que se expandía por la Costanera.
El otro es Oscar Godoy, que acaba de renunciar a la presidencia de la comisión conflictiva. Allegados al actual titular de la Liga Tucumana de Fútbol confiesan que no se cruzará de brazos frente a su desplazamiento de la lista que consiga los beneplácitos de la Casa de Gobierno.
Godoy, en ese caso, pondría en marcha el Movimiento de Participación Peronista, el partido que registró oportunamente en 2007. Con sentido previsor, el legislador inició conversaciones con dirigentes de otras procedencias partidarias, ante el complejo escenario que se dibuja en la coalición alperovichista. La guerra de todos contra todos está en marcha en el partido gobernante, desde el momento que Alperovich bajó la bandera de largada.




FUENTE: http://www.lagaceta.com.ar/nota/395882/Opinion/Frenar_desbordes_poder_politico.html