Resuelven planteo en causa contra el Gobierno de Santa Cruz


Causa contra el Gobierno de Santa Cruz


La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó el archivo de una causa que se había iniciado por una denuncia ante el incumplimiento del fallo que ordenó la restitución del ex procurador Eduardo Sosa.

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revocó el archivo de una causa que se había iniciado como consecuencia de una denuncia contra el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz por desobediencia y violación de los deberes de funcionario público, “al desconocer la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reponer en su cargo al Procurador de esa provincia Dr. Eduardo Sosa”.




Fallo completo


Poder Judicial de la Nación

Año delBicentenario

Expte. nº P-259/10.-

“PIRAGINI, Enrique s/dcia.”.

-VEREDICTO/FUNDAMENTOSJ.

F.R.Gallegos.-

USO OFICIAL
//modoro Rivadavia, 29 de septiembre de 2010.-
Y VISTOS:


La constitución del tribunal con el fin de dar
a conocer en la causa nº P-259/10 caratulada “PIRAGINI, Enrique
s/denuncia” proveniente del Juzgado Federal de Río Gallegos, el
veredicto y los fundamentos de los planteos esgrimidos en la
audiencia celebrada el 23 de septiembre del corriente año.
Y CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 71/73 la Jueza Federal Subrogante
dispuso el archivo de la presente causa en los términos del artículo
195 del Código Procesal Penal de la Nación, por cuanto a su entender
los hechos denunciados no constituyen delito.

II.- Que contra dicha decisión interpuso
recurso de apelación a fs. 24/vta. la representante del Ministerio
Público Fiscal, centralizando su agravio en el erróneo análisis de
las circunstancias del caso efectuado por el inferior, considerando
que el mismo implica avalar excusas inaceptables para incumplir
sentencias judiciales lo cual transgrede el sistema de Gobierno
Federal y Republicano de división de poderes establecido por la
Constitución Nacional. En este sentido la impugnante sostuvo que la
manda judicial e intimación de la Corte Suprema debió ser cumplida en
forma directa e inmediata por el Gobernador sin supeditarla
artificiosamente a un innecesario pedido de acuerdo ya que no se
trata de la “designación de un cargo” sino de la “reposición de un
cargo”. Para concluir en que en el sumario existen sobrados elementos
para que se prosiga con su tramitación, porque el Sr. Gobernador de
la Provincia de Santa Cruz ha desobedecido e incumplido
manifiestamente una orden judicial, cuyo preciso texto no pudo haber
provocado en él ninguna duda en cuanto a su sentido y finalidad.

III.- Que la presente causa se inició a raíz de
la presentación efectuada el 12 de abril de 2010 por Enrique A.
Piragini por sí y por la ONG “A.R.I.E.L somos todos”, mediante la
cual denunció al Gobierno de la Provincia de Santa Cruz por la
comisión de los delitos de Desobediencia y Violación de los Deberes
de Funcionario Público, al desconocer la orden de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación para reponer en su cargo al Procurador de esa
provincia Dr. Eduardo Sosa. Entre otras consideraciones ajenas al
objeto procesal de la presente, el denunciante señaló que Sosa fue
desplazado en el año 1995, cuando investigaba casos de corrupción
provincial, y su restitución la dispuso la justicia ya en el año
1998. El último plazo que fijo la Corte para que esa provincia cumpla
con la medida venció el 29 de diciembre.
Que recibida la misma en el Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal n° 1 de la ciudad de Buenos
Aires, se convocó al denunciante, quien a fs. 4 ratificó la denuncia
obrante a fs. 1 vta. Posteriormente y previo dictamen fiscal se
declaró la incompetencia de dicho Tribunal para continuar entendiendo
en la causa remitiéndola al Juzgado Federal de Río Gallegos. –v. fs.
9/vta.-.
Que ya en dicha sede Tribunalicia se confirió
vista al Ministerio Público Fiscal, quien a fs. 11 formuló el
pertinente requerimiento de instrucción, calificando prima facie los
hechos denunciados como incursos en los arts. 239 y 248 del Código
Penal.

III.- Iniciada entonces la instrucción de la
causa, se solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la
remisión de copia certificada de las partes pertinentes de las
actuaciones por las cuales se intimó al Sr. Gobernador de la
Provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, en el mes de octubre y
noviembre de 2009, para que reponga en sus funciones como Agente
Fiscal del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz al Dr.
Eduardo Emilio Sosa, con copia de la totalidad de lo actuado a partir
de los últimos resolutorios dictados por el Alto Tribunal vinculados
con la cuestión debatida, de las notificaciones cursadas y hasta las
últimas presentaciones que se hubieran agregado en consecuencia por
el Gobernador Provincial.
En cumplimiento de dicha petición el Alto
Tribunal remitió las constancias documentales obrantes a fs. 13/68, y
que en definitiva constituyen el acervo probatorio valorado por la a
quo para resolver del modo en que lo hizo.
Así a fs. 15/18 obra la Sentencia registrada
bajo el n° 267/09, de fecha 20 de octubre de 2009 dictada en autos
“Recurso de hecho Sosa, Eduardo Emilio c/Provincia de Santa Cruz” S.
2083. XLI v. fs 15/18 vta., cuyo resolutorio dispone: …“Se impone al
Sr. Gobernador de la Provincia de Santa Cruz la carga de reponer a
Eduardo Emilio Sosa en el cargo de Agente Fiscal ante el Superior
Tribunal de Justicia de esa Provincia, dentro de los 30 días que se
le notifique esta sentencia, bajo apercibimiento de dar intervención
a la Justicia Penal para que investigue la eventual comisión de un
delito de acción pública”. A fs. 25 luce el acta que documenta la
notificación personal de dicha sentencia al Sr. Gobernador de la
Provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta.


-VEREDICTO/FUNDAMENTOSJ.
F.R.Gallegos.-
USO OFICIAL


Según surge de fs. 32/42 el Gobernador de la
Provincia de Santa Cruz conjuntamente con el Fiscal de Estado,
interpusieron recurso de aclaratoria. En dicha presentación se habría
procurado una suerte de instructivo de instrumentación de la manda de
la Corte Suprema de Justicia, con sustento en que de cumplir lo
ordenado se violaría el Derecho Público Provincial. En este sentido
se solicitó al Máximo Tribunal que aclare que mecanismo debía
utilizarse para colocar en el cargo a Eduardo Emilio Sosa, por cuanto
desde la promulgación de la ley 2404 la designación del Agente Fiscal
ante el Superior Tribunal de Justicia requiere el acuerdo de la
Honorable Cámara de Diputados. Por otro lado se requirió también
instrucciones precisas en lo relativo a la situación del actual
Agente Fiscal ante el Superior Tribual de Justicia de la Provincia
Dr. Claudio Roberto Espinosa, quien por gozar de las garantías de
inamovilidad y estabilidad solo puede ser removido mediante juicio
político, no encontrándose presentes en el caso, las causales que
habiliten la realización de un “Jury”.

Que mediante sentencia registrada bajo el n° 267/09 de fecha 10 de noviembre de 2009,
obrante a fs. 43/vta. se rechazó el recurso de aclaratoria – así como el recurso de nulidad
interpuesto el Dr. Claudio Roberto Espinosa, disponiendo que se haga
saber al Gobernador que debía cumplir lo ordenado por sentencia del
20 de octubre de 2009, dentro de los 30 días de ser notificado de
dicha resolución, lo que ocurrió el 13 de noviembre de 2009 según
constancias de fs. 45.

De las actuaciones remitidas por la Corte
Suprema de Justicia surge que con posterioridad a la denegatoria del
recurso de aclaratoria, el Fiscal de Estado de la Provincia de Santa
Cruz adjuntó elementos que documentaban la actividad realizada por el
Gobernador de la Provincia a efectos de procurar el cumplimiento de
lo dispuesto (v. fs. 59 y 68).

Así la actividad institucional desarrollada con
posterioridad por el Gobernador de la Provincia de Santa Cruz,
consistió en el dictado del Decreto 3026 de fecha 21 de diciembre de
2009, mediante el cual requirió la intervención de la Honorable
Cámara de Diputados a los fines de que se disponga el desdoblamiento
del cargo de Agente Fiscal, con asignación de competencias por
materia, proponiendo que las mismas se distribuyan en “materia civil
comercial y laboral para un agente Fiscal” y en “materia contencioso
administrativa, superinten-dencia, electoral, criminal, correccional
de menores y de minería” para otro Agente Fiscal. Solicitando, que
una vez producido dicho desdoblamiento, se designe a Eduardo Emilio
Sosa en el primero de los cargos mencionados. Dicho proyecto ingresó
a la legislatura el 28 de diciembre de 2009 y cobró estado
parlamentario en la Primera Sesión ordinaria de fecha 11 de marzo de
2010, siendo girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia, Seguridad, Peticiones Poderes y Reglamento (v. fs. 46/65).
IV.- Que así establecido el objeto de
conocimiento, corresponde examinar la viabilidad del planteo
formulado por el impugnante, pudiendo adelantar que el resolutorio en
crisis habrá de ser revocado.

En este sentido, es dable señalar que para
resolver como se hizo no se tuvieron en cuenta la totalidad de los
elementos necesarios a efectos de determinar si existió el
incumplimiento denunciado. Así, a poco que se estudia la resolución
en recurso y la documental obrante en la causa, se vislumbra que solo
se han tenido a la vista parte de las actuaciones judiciales,
resultando imperioso en la resolución de una causa de la naturaleza
de la presente, examinar la totalidad de la actuaciones existentes
relacionadas con el caso (demandas recursos, incidentes etc.).
Lo cierto es que, luego de descartar la posible
subsunción de los hechos en el delito de abuso funcional previsto en
el art. 248 C.P., la a quo hizo lo propio respecto de la figura
tipificada por el art. 239 C.P. A esos efectos refirió las
características del mismo, para concluir en la inexistencia de
delito. Si bien deslizó que en el caso no se verifica incumplimiento,
este fundamento no fue desarrollado, centrando en definitiva su
decisión en una supuesta incompetencia para pronunciarse sobre el
fondo de la cuestión. En este sentido y al concluir en la
irrelevancia penal del incumplimiento de lo dispuesto por la CSJN, la
magistrada sostuvo que resulta a todas luces ajena a su competencia e
intervención “la valoración referida a la correspondencia o no del
mecanismo de reposición en el cargo que ha instado el Sr. Gobernador,
dando intervención a la Legislatura Provincial respecto de la orden
impartida por la Corte –cuestión que excede este análisis y
corresponde sea decidida por dicho Tribunal-”.
Si bien la a-quo se consideró eximida de
pronunciarse sobre la aptitud de lo actuado por el Gobernador de la
Provincia para tener por acatada la orden emanada de la CSJN; en
definitiva, para restar ilicitud al incumplimiento operado, valoró de
algún modo el dictado del Decreto 3026/09.
Partiendo de los distintos pronunciamientos
judiciales desde el inicio de la controversia allá por al año 1995 y
las viscitudes generadas a partir de los mismos, entendemos que prima
facie no puede considerarse que el dictado del Decreto 3026 haya
implicado sin más el cumplimiento de la orden. Más bien pareciera que
mediante el mismo se subrogó el sujeto pasivo de la manda de reponer
en el cargo al Dr. Sosa, delegando en definitiva el cumplimiento de
la orden al Poder Legislativo Provincial.

Por lo demás no puede dejar de tenerse en
consideración que los motivos que dieron origen al pedido de
intervención de la Legislatura Provincial, habrían sido zanjados en
la sentencia del 20 de octubre de 2009. En este sentido le asiste
razón al impugnante cuando sostiene que la misma dispone que las
situaciones que se deriven del cumplimiento de la sentencia deberán
resolverse por la vía que corresponda.
Lo cierto es que en los considerandos de la
Sentencia 267/09 y en tren de efectuar algunas aclaraciones acerca de
la forma en que deberá ser ejecutada la decisión, se estableció que
“…el demandante Eduardo Emilio Sosa deberá ser repuesto en el cargo
de Agente Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia de Santa Cruz. Por su parte, los jueces de la causa deberán
pronunciarse sobre la situación de la persona que estuviese
desempeñándose en dicho cargo, teniendo en cuenta que a los fines del
cumplimiento de esta sentencia no será oponible la estabilidad o
inamovilidad que pudiera invocar quien se desempeñe actualmente como
Agente Fiscal”. (considerando 17).

De este modo la interpretación exegética de la
sentencia, diluye cualquier duda en torno al alcance de la manda de
la Corte Suprema, resultando “prima facie” improcedente la
intromisión de otros actores políticos para cumplir con la orden
expresamente impartida al titular del Poder Ejecutivo Provincial.
Esta interpretación se refuerza a poco que se
advierte que estando en conocimiento del Decreto 3026/2009, con fecha
14 de septiembre de 2010 la CSJN dictó sentencia en la causa n°
S.2083 XLI mediante la cual y a raíz de la efectivización del
apercibimiento bajo el que se impuso al Gobernador de la Provincia
de Santa Cruz, Daniel Román Peralta, el mandato de reponer a Eduardo
Emilio Sosa en el cargo de Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de
Justicia de la Provincia de Santa Cruz dispuso remitir copia
certificada de las piezas pertinentes a esta Cámara Federal de
Apelaciones para que por quien corresponda se investigue la posible
comisión de un delito de acción pública. Remisión que en definitiva
motivó la SENT. INT. 543/10 de esta Cámara, enviando las actuaciones
al Juzgado Federal de Río Gallegos. Debiendo incorporarse dichas
actuaciones a la presente, por revestir el mismo objeto procesal.
Partiendo como lo hace el recurrente de la
orden reiterada de la CSJN, lo cierto es que el imputado “no realizó
lo mandado”, de allí que la acción típica se habría configurado en la
especie; más allá de eventuales planteos de ausencia de
antijuridicidad o inculpabilidad que podrán ser o no esgrimidos por
el imputado.

De allí que atendiendo a la configuración
fáctica aparezca como prematura la decisión adoptada.
Por lo expuesto es opinión del Tribunal que
asiste razón al Ministerio Público Fiscal, debiéndose revocar el auto
que dispuso el archivo de las actuaciones iniciadas por presunta
infracción a los arts. 239 y 248 del Código Penal, debiendo
profundizar la investigación.
En mérito del Acuerdo precedente, el Tribunal
RESUELVE:
REVOCAR el archivo por inexistencia de delito
dispuesto a fs. 71/73, debiendo la Magistrada a quo continuar con la
instrucción de la presente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

FIRMADA: Aldo E. Suárez.
Javier M. Leal de Ibarra.
Hebe L. Corchuelo de Huberman.

SENT. INT. 577/10