El debate por la propuesta de la oposición para subir las jubilaciones que avanza en el Congreso, y que el Gobierno promete vetar, suscita una pregunta fundamental acerca de su viabilidad y su sustentabilidad en el tiempo.

El día después de que se firmaran los dictámenes en ambas cámaras del Congreso, el ministro de Economía, Amado Boudou, se quejó de la "irresponsabilidad" de quienes impulsaron la iniciativa para elevar el haber mínimo al 82% móvil del salario mínimo, y la recomposición de lo que percibe el resto de los pasivos. Desde la visión oficial, la idea "demencial" -según Aníbal Fernández- haría quebrar al sistema. Pero la oposición insiste.
Desde la otra vereda. El presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz, fue terminante: "No lo veo posible en un análisis parcial como el que se plantea. Habría que estudiar las posibilidades y los efectos de lo que se deje de hacer para financiar el incremento, porque si se financia con emisión monetaria tendrá un efecto adverso, disminuyendo las jubilaciones reales", dijo a este medio.

La fuente genuina para el aumento a jubilados, dijo Argañaraz, "debería ser el ataque a la evasión, dada la alta informalidad del trabajo en el país". Hoy, unos 7 millones de trabajadores no realizan aportes.

"No hay dudas de que los jubilados lo necesitan, pero no hay que generar expectativas que no puedan cumplirse. Por eso hay que ver qué gastos son flexibles, pero entre ellos, recortar obra pública tampoco es lo ideal". Otra posibilidad sería crear nuevos impuestos o aumentar las contribuciones patronales. "Pero eso sería continuar el círculo vicioso: más evasión generaría más perjuicio a la seguridad social", continuó.

Además, Argañaraz señaló que el superávit de la Anses podría devenir en un déficit si se resolviera en la Corte Suprema suspender la detracción del 15% de la coparticipación federal de impuestos que realiza el Gobierno de los recursos provinciales, y destina a financiar la seguridad social.

Las jubilaciones mayores a $1000 subieron 110%, muy por debajo de la suba de las otras (que el Gobierno estima más de 238%) en la gestión kirchnerista. La nómina se agrandó en más de 2 millones, lo que hizo que un 75% cobre la mínima. "El 82% móvil para los haberes más bajos se planteaba como ideal cuando se planteó el sistema. Pero hoy se ve que el cambio de un sistema contributivo a solidario, no fue lo más eficiente, ya que no se autofinancia. La relación es de 1,5 activo por pasivo, que descontando a los monotributistas da una relación de casi 1 a 1", explicó la economista que marcó en este punto "un problema a futuro".

"Los proyectos requieren, para aumentar a los que cobran la mínima, 18 millones de pesos; para actualizar los haberes de acuerdo con el caso Badaro, otros 15.000 millones. En total, serían cerca de 33.000 millones, lo que elevaría 10 puntos del gasto en el Presupuesto. No está clara la financiación", analizó.

Otro problema que dificulta la aplicación de esta propuesta, amplió Kritz, es que la Anses "funciona como pequeño banco de desarrollo" para el Gobierno. El director de Sel reveló un deterioro, en los últimos años, en la relación entre el haber mínimo y la suma mínima que percibe un trabajador registrado: en 2003, estaba en 78%, aunque ambos tenían menores niveles; en 2007, el haber mínimo equivalía al 66%, y ahora está en el 57%.

Kritz estima que, a raíz de una convocatoria del Consejo del Salario, prevista en el corto plazo, el mínimo ascendería de 1500 hasta los 1700 o 1800 pesos, "lo que generaría un impacto adicional significativo" en las arcas de la Anses.

El sistema no está colapsado, pero nadie lo mira con confianza a futuro. Kritz destacó el peso de los beneficiarios que se sumaron a la moratoria provisional: el costo asciende a los $ 21.000 millones.

Eduardo Luis Curia, economista heterodoxo y en algún momento defensor de la política económica de los Kirchner, advirtió que la iniciativa opositora es "una jugada astuta con vistas a poner políticamente contra la pared al Gobierno, en medio de un ciclo electoral anticipado".

Por el costo, que oscila entre los $24.000/33.000 millones anuales, según los alcances de las propuestas, "una supuesta aplicación inmediata, sin más, supondría un formidable estrés fiscal, perturbando adicionalmente un frente que aun trasunta cierta fragilidad", dijo Curia a lanacion.com.





Fuente:
link: http://especiales.lanacion.com.ar/multimedia/proyectos/10/infos/documentos/dictamen_aumento.swf
link: http://especiales.lanacion.com.ar/multimedia/proyectos/10/infos/documentos/jubilaciones.swf
link: http://www.youtube.com/watch?v=2dbZENvHLio