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La Policía Aeroportuaria, con más poder para el control de los vuelos

El ministerio de seguridad aprobó el nuevo protocolo de supervisión y vigilancia



Las medidas apuntan especialmente a extremar los controles de los jets privados y los taxis aéreos y a profundizar los sistemas de inspección de las aeronaves. “Seamos severos”, les pidió Nilda Garré a los responsables del aréa.

Cuatro días después de haber reconocido que los controles aeroportuarios en el país se habían “relajado un poco”, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, aprobó ayer un nuevo protocolo con cambios a los procedimientos de supervisión y vigilancia. Las nuevas medidas de seguridad apuntan especialmente a extremar los controles en la aviación comercial no regular (jets privados) y los taxis aéreos, según el texto del nuevo manual de procedimientos al que tuvo acceso Tiempo Argentino.
El nuevo protocolo denominado “Procedimiento Normalizado para el Control de la Aviación Comercial no regular y la Aviación general” contempla, además, la unificación de las bases de datos de distintos organismos públicos como la Aduana, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la AFIP y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Justamente, Garré había explicado que las diferentes responsabilidades de jurisdicción de esos organismos habrían contribuido a debilitar los mecanismos de control. Esas fallas quedaron expuestas en el caso del tráfico de 944 kilos de cocaína de máxima pureza que llegaron a España en el Challlenger 604 tripulado por los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá y su amigo Matías Miret.
“La PSA no tuvo motivos para sospechar porque no contaba con información interna de antecedentes de los Juliá”, graficó un funcionario del área para explicar la falta de coordinación entre organismos estatales de control que el nuevo protocolo se proponer revertir.
Los 40 artículos de la nueva normativa fueron aprobados por la ministra después de una reunión del Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria. Garré había recibido el aval de la presidenta cuando retornó esta semana al país tras su gira por Medio Oriente.
“Somos el Estado Nacional y no podemos permitir grietas en los controles”, subrayó Garré al inaugurar el encuentro del que participaron once agencias estatales con competencia en el sector.
Y subrayó: “Pido que seamos severos, tenemos que aspirar a los objetivos máximos, no debemos ser benévolos con nadie.”
Según el nuevo esquema de control, todos los vuelos comerciales, sean regulares o no, deberán presentar un formulario de declaración general con la sigla FDG y también un manifiesto de carga MC. Ambos serán entregados en los puntos de inspección y registro habilitados exclusivamente por la PSA. Además, las autoridades policiales deberán inspeccionar el interior de las aeronaves incluyendo sus bodegas y compartimentos de suministro.
La necesidad de esas prevenciones surgieron con el caso del avión decomisado en el aeropuerto El Prat de Barcelona. En las últimas semanas, el juez Alejandro Catania comprobó la absoluta fragilidad de la seguridad en la base áerea de Morón donde el avión de los Julía estuvo estacionado dos meses.
El lunes pasado, Garré explicó que la PSA no tenía jurisdicción sobre esa base del Conurbano bonaerense.
Con el nuevo protocolo, los aeropuertos que no formen parte del sistema nacional o que no tengan presencia permanente de esa fuerza, deberán presentar una solicitud con un mínimo de 24 horas de anticipación para que la PSA establezca un punto de control en el lugar.

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