La Fiscalía de Brasilia presentó una demanda contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por malversación de fondos públicos.

Lula, que dejó la presidencia de Brasil el 1 de enero de este año, está acusado junto al que fue su ministro de Previsión (Seguridad) Social, Amir Lando, de haber utilizado recursos del Estado para promoción personal y para favorecer a un banco privado.

El Ministerio Público señaló en la denuncia que elevó este martes a la justicia brasileña que el ex presidente y el ex ministro enviaron 10,6 millones de cartas a jubilados del sistema de seguridad social para su promoción personal pero que pagaron con dinero público.

En esas misivas, enviadas entre octubre y diciembre de 2004, el gobierno ofrecía información de un nuevo tipo de préstamo para los beneficiarios de la seguridad social.

Propaganda para un banco

Asimismo, la Fiscalía acusa al ex presidente de hacerle propaganda al Banco BMG, ya que en la época del envío de las cartas era "la única institución privada autorizada a operar esa nueva modalidad de préstamo".

"La maniobra le costo al erario público cerca de 9,5 millones de reales ( unos US$3,5 millones en la época del supuesto delito), por la impresión y el envío de las cartas", informa la Fiscalía en un comunicado.

"No había interés público" en el envío de las cartas y el hecho de que tuvieran las firmas de los entonces presidente y ministro de Seguridad Social fue "para la promoción de las autoridades", indica el Ministerio Público.

El corresponsal de BBC Mundo en el Cono Sur, Vladimir Hernández, indica que en Brasil los críticos a Lula siempre han dicho que el gobierno del ex presidente estuvo marcado por las irregularidades y el enriquecimiento ílicito de sus partidarios, incluso su hermano fue investigado, pero esta es la primera vez que un caso involucra a Lula.

Ahora la Fiscalía pide la devolución a las arcas del estado del dinero invertido en esa operación y solicita que se bloqueen los bienes de los acusados.

De ser condenados por la Justicia, tanto Lula como Lando podrían quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos por ocho años.

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Fuente: http://noticias.latam.msn.com/ar/internacional/articulo_bbc.aspx?cp-documentid=27770282