Haz lo que yo digo, más no lo que yo hago.

El común de los argentinos decimos que debemos respetar la ley. Nos sentimos orgullosos, inflamos el pecho y elevando la mirada al cielo, rogamos al creador que todos por la observancia de la ley. Hasta que la ley se nos cae encima. Ahí cambiamos de opinión y pedimos clemencia. O le adjudicamos (en esa costumbre de discutir hasta la tabla del 1) un error a la ley. Los argentinos (o por lo menos, muchos de nosotros), aceptamos estos principios:

Ningún país es viable si la ley es de cumplimiento optativo. Vivir en sociedad implica acatar reglas, y ninguna sociedad es saludable o conducente al desarrollo individual y social si en la misma se toleran comportamientos contrarios a las leyes.

La ley no se respeta sin que se haga respetar la ley. No sirve para nada quejarse de que nadie respeta las leyes en este país si, primero, no las respetamos nosotros y, segundo, nos burlamos cuando se intenta hacerla respetar o despreciamos a quienes tratan de lograr que se las respete. O acusamos de golpistas a quienes pretenden hacer uso de la máxima ley de todo país: la Constitución Nacional.

El juicio político (también llamado acusación constitucional o acusación en juicio político) es un proceso de orden constitucional, cuya finalidad es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos, particularmente de los más altos cargos o autoridades, tales como Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, ministros, magistrados de los tribunales superiores de justicia, generales o almirantes de las Fuerzas Armadas, que se realiza ante el Parlamento o Congreso. La condena o declaración de culpabilidad del acusado puede ocasionar su destitución e incluso su inhabilitación para funciones similares. En cualquier caso, la sanción depende de la constitución del país, y puede tener efectos meramente políticos.

Ok. Lo destituyeron al ex presidente Lugo de Paraguay en un claro ataque a su responsabilidad por la represión ejercida contra los sin tierra de su país, ordenada, seguramente, por el terrateniente al que le habían ocupado su territorio.

Fernando Lugo fue destituido por el Congreso -un poder de gobierno elegido democráticamente- mediante un juicio político, procedimiento previsto en la Constitución paraguaya. El artículo 225 permite a la Cámara de Diputados acusar al presidente con una mayoría de dos tercios y al Senado declarar su culpabilidad por una mayoría absoluta de dos tercios.

Estas mayorías agravadas fueron ampliamente superadas: el 95% de los diputados y el 87% de los senadores apoyaron el procedimiento de destitución, lo que reveló un altísimo nivel de consenso político (lo cual no excusa la inusual e imprudente, pero prima facie no ilegal, celeridad del proceso). Lugo fue sucedido, siguiendo el mandato constitucional, por su vicepresidente.

Si nos vamos a regir por el derecho constitucional, todo estuvo de acuerdo con lo que marca la Carta Magna. Ahora, si nos vamos a poner a discutir que todo fue muy rápido, curiosamente expeditivo y más aún en el límite de lo legal, estamos de acuerdo con que fue un golpe de estado encubierto, o sea, un golpe de estado que no fue producido (como siempre), por las fuerzas armadas que deberían defender a rajatabla el ejercicio constitucional. El ejemplo más cabal (pero lejos de lo constitucional) podrían ser las revueltas y saqueos que supimos conseguir en diciembre de 2001.

Lamentablemente, no podemos erigirnos en ejemplo de nadie, ya que en nuestra historia como país y más aún, en nuestra historia constitucional, jamás se ha realizado un juicio político a un presidente. Y lo peor, es que los pocos que se realizaron no fueron nunca justificativos de grandes causas, como tampoco fueron importantes sus actores.

¿Acaso alguno de los ex presidentes que dijeron gobernarnos fue sometido a juicio político? ¿Algún vice? ¿Algún ministro? Salvo Aníbal Ibarra por el caso Cromagnon y De la Rúa por el caso del jardinero… nadie más, che… Ni la rata inmunda por Río III o el Mingo por el corralito, ni Duhalde por las cuasi monedas, ni Él por la guita faltante de Santa Cruz, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa cuando en un país vecino se realiza un juicio político? Saltamos como leche hervida. Acusamos de golpistas a los miembros del Congreso que han determinado lo que han determinado. Cuando se realizó el juicio político a Clinton por haber sido atendido por una becaria en el salón oval de la Casa Blanca, muchos de los que hoy se quejan de lo realizado contra el ex presidente Lugo, hicieron oídos sordos. Total, era una cuestión de sexo oral y no de estado. Ninguno de estos impresentables que ahora se rasgan las vestiduras dijo nada cuando le empezaron a aparecer hijos a Lugo, un ex obispo con votos de castidad que, evidentemente, jamás respetó.

Eso tampoco era una cuestión de estado.

La cosa es que ahora, precisamente ahora, cuando hay nadies asesinados como animales, cuando el único castigo que se impone a los responsables de esa matanza cruel es el despido –y no el escarmiento legal correspondiente después de un juicio ajustado a derecho-, decimos que se vulneran las instituciones.
Me parece que seguimos orinando fuera del tacho.

Más aún cuando defendemos a monigotes que dicen ser representantes de paisuchos mucho más paisuchos que el nuestro, en donde, en vez de ser presidentes, se creen los dueños de todo.

Más todavía, cuando una supuesta Presidente, ordena retirar a un representante diplomático de su gobierno, en un país en el que no hay embajador.

Sras. & Sres., bienvenidos al reino del revés.