Recurso de Queja por denegación del Recurso Extraordinario

RECURSO DE QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO
EXTRAORDINARIO FEDERAL


Recurso de Queja por denegación del Recurso Extraordinario


Cuando el recurso de apelación ordinario (art. 242) se rechaza, el afectado tiene derecho a plantear la queja ante la Cámara, o tribunal ad quem que fuera el competente para intervenir en el supuesto de que la impugnación se hubiera concedido.
El modelo no significa abrir una doble instancia en la admisión del recurso, sino de habilitar una suerte de revisión por el órgano jerárquico superior al que debe realizar el estudio de procedencia formal, ante la eventual oposición que tenga el a quo sobre admitir la revisión de sus actos.
El recurso contemplado supone una apelación que ha sido denegada; por ello sólo corresponde su admisión en aquellos supuestos en los cuales el pronunciamiento que se resiste es apelable (CNCiv., Sala G, 1995/09/28, "Microómnibus Autopista S. A. c. Tribunal Municipal de Faltas Municipalidad de Buenos Aires", La Ley, 1996-B, 717).
Por eso la doctrina no considera a la queja como una vía recursiva propiamente dicha, ni tan siquiera como un medio de impugnación, pues el único objeto que reporta es analizar si un recurso ha sido o no indebidamente declarado inadmisible.
Lo mismo sucede cuando el rechazo recae en el recurso de apelación extraordinario previsto en el art. 254 y remisión a la ley 48.
La diferencia está en que el recurso de queja no se puede utilizar como remedio para inadmisiones declaradas sobre la base de presupuestos formales de procedencia, como puede ser el gravamen económico previsto en el art. 242 inciso 3º párrafo final; mientras que el recurso de hecho que se presenta directamente a la Corte, requiere de mayor fundamentación técnica pues el auto denegatorio habilita un nuevo agravio que se debe atacar por inconstitucional, toda vez que de otro modo, no constituiría una cuestión federal de las previstas en el art. 14 de la ley 48.

SECCION 7ª -- Queja por recurso denegado


Art. 282 Denegación de la apelación. - Si el juez denegare la apelación, la parte que se considere agraviada podrá recurrir directamente en queja ante la cámara, pidiendo que se le otorgue el recurso denegado y se ordene la remisión del expediente.
El plazo para interponer la queja será de cinco días, con la ampliación que corresponda por razón de la distancia, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 158.

• Plazo


El plazo para interponer el recurso de queja establecido en el art. 282 del Código Procesal es de cinco días contados a partir de la notificación por nota del auto que deniega el recurso de apelación ordinario [CNCiv., Sala C, 1996/06/25, "Banco Español del Río de la Plata c. De Matos, Antonio V.", La Ley, 1996-E, 677 (39.145-S), - DJ, 1996-2-1386].
En cambio, el plazo de cinco días para presentar el recurso de hecho ante la Corte, por denegación de la apelación extraordinaria, se cuenta desde que se recibe la cédula de notificación que lo comunica (art. 135 inciso 14).
Cabe aclarar que, el auto que desestima la queja no es apelable por la vía del recurso extraordinario , porque como antes se dijo, la queja es sólo un medio para obtener la concesión de otro recurso declarado inadmisible. De ahí que en supuesto de declararse bien denegada la apelación, corresponde la devolución de las actuaciones o del expediente principal al juez de grado, sin que quepa recurso extraordinario contra el auto denegatorio de la queja, que para nada constituye sentencia definitiva.


Además, como la declaración de extemporaneidad de la presentación del memorial ocasiona al apelante un gravamen suficiente para acoger la queja impetrada contra la decisión del tribunal inferior que, sin haber rechazado expresamente el recurso de apelación deducido subsidiariamente, se ha considerado que la vía adecuada era la prevista en los arts. 282 a 285 del Código Procesal, siendo aconsejable su tratamiento inmediato sin acudir al trámite de devolución a la instancia de grado para su concesión y posterior elevación, pues razones de celeridad y economía procesal así lo indican (CNCiv., Sala G, 1998/02/10, "Bondi, Domingo c. López, M.", La Ley, 1999C, 58).


Finalmente, así como es improcedente el recurso de apelación contra la denegación del mismo, es improcedente contra la declaración de deserción del recurso, hipótesis en las que sólo procede la vía del art. 282 del Código Procesal (CNCom., Sala B, 1996/10/28, "J. C. B. Produar, quiebra s/inc. de conc. especial prom. por: Jurema Cabrera", La Ley, 1997-B, 783 (39.282-S).

Admisibilidad. Trámite

El Artículo 283 establece los requisitos de admisibilidad de la Queja.

283 Requisitos de admisibilidad. - Son requisitos de admisibilidad de la queja:


1. Acompañar copia simple suscripta por el letrado del recurrente:
a) Del escrito que dio lugar a la resolución recurrida y de los correspondientes a la sustanciación, si ésta hubiere tenido lugar;
b) De la resolución recurrida;
c) Del escrito de interposición del recurso y, en su caso, de la del recurso de revocatoria si la apelación hubiese sido interpuesta en forma subsidiaria;
d) De la providencia que denegó la apelación.
2. Indicar la fecha en que:
a) Quedó notificada la resolución recurrida;
b) Se interpuso la apelación;
c) Quedó notificada la denegatoria del recurso.
La cámara podrá requerir copia de otras piezas que considere necesarias y, si fuere indispensable, la remisión del expediente.
Presentada la queja en forma la cámara decidirá, sin sustanciación alguna, si el recurso ha sido bien o mal denegado; en este último caso, dispondrá que se tramite.
Mientras la cámara no conceda la apelación no se suspenderá el curso del proceso.


• Requisitos de admisibilidad


Los requisitos de admisibilidad del recurso de queja establecidos detalladamente en este artículo, deben ser satisfechos en oportunidad de su interposición en la alzada, con el fin de que el recurso se baste a sí mismo.
Los requisitos formales se componen de documentos (copias) que se deben incorporar como anexos o agregados probatorios de la queja; se deben señalar las fechas de los actos procesales que dan lugar a las impugnaciones; todo ello, sin perjuicio de la fundamentación sustancial que también debe contener el recurso de queja, por cuanto aunque la ley no lo establece expresamente, la naturaleza del recurso de hecho conduce a la carga procesal que pesa sobre el recurrente de suministrar al tribunal las razones por las cuales considera erróneo el criterio que informa la resolución denegatoria.


Es decir, que la queja debe fundarse con argumentos enderezados a la demostración de que el recurso es procedente. Así, no sólo resulta imprescindible el acompañamiento de las copias mencionadas por el art. 283 del Código Procesal, y las referencias sobre las fechas respectivas, sino que es necesario, a efectos de sostener aquélla y demostrar la ilegitimidad de la denegación del recurso en la instancia de grado, una adecuada fundamentación (CNCiv., Sala A, 1997/09/23, "Consorcio de Propietarios Mario Bravo 270 c. Gutiérrez, Norma B.", La Ley, 1997-F, 810).


La ausencia de las copias previstas en los incs. 1), apartados a) y d), entre otros, de la citada norma condiciona el progreso de la queja, pues al desconocerse los términos que la componen no es posible valorar la denegatoria del recurso, cuestión que no puede tenerse por satisfecha con la somera descripción de los antecedentes realizada por el recurrente (CNCiv., Sala G, 1996/06/24, "Coelho, Marco c. Barrenechea de Schneider, Alejandra", La Ley, 1996-D, 861 (38.872-S).


En igual sentido se sostiene que, es inadmisible el recurso de queja si no se ha acompañado copia del auto recurrido ni de la providencia que denegó la apelación -inc. 1º, apartados b) y d)- y no fueron salvadas dichas omisiones por algún otro medio -por ejemplo, mediante la transcripción de esas resoluciones en el escrito de interposición de la queja-, pues la presentación realizada ante la segunda instancia debe bastarse a sí misma de modo que el tribunal pueda apreciar debidamente la improcedencia de la denegatoria cuestionada (CNFed. Civ. y Com., Sala II, 2000/02/10, "Cordero, Juan A. y otros c. Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina", La Ley, 2000-C, 905 (42.671-S).



• Oportunidad y plazos



Los plazos y términos son perentorios y fatales; no admiten prórrogas para cumplimentar requisitos formales, y por eso, cumplido el tiempo dispuesto para la presentación, precluye de inmediato la oportunidad procesal idónea.
De tanta gravedad es la exigencia, que la Corte ha dicho que, las razones invocadas por el recurrente -una indisposición de salud que le impidió realizar una presentación en tiempo- no justifican la interrupción o suspensión de los términos. De allí, frente al carácter perentorio que tienen los plazos procesales, corresponde rechazar la queja intentada por haber sido deducida en forma extemporánea (arts. 156, 282 y 285l) -en el caso, cinco minutos- (CS, 1996/10/22, "Duarte Meira c. Dirección Gral. Impositiva", La Ley, 1997-B, 112 - DJ, 1997-1-504).

• La suficiencia del medio de gravamen y remisión del expediente


Se ha repetido con insistencia que la naturaleza jurídica de la queja no es la de ser un recurso típico, aunque se le exija el cumplimiento de sus presupuestos formales y sustanciales, donde se destaca la necesidad de ser autosuficiente y autónomo.
Con ello se quiere expresar que cuando la Cámara o la Corte deban intervenir no pueden tener necesidad de recurrir al expediente principal, sea para la verificación de los requisitos propios, como para reconocer los agravios que se denuncian.
Además, la suspensión del procedimiento principal es contingente y variable, de acuerdo al tribunal o la instancia donde la queja se deduce.
Por vía de principio, la presentación directa no suspende el procedimiento por no generar su interposición efectos particulares; la pieza debe bastarse a sí misma y solo cuando se estime indispensable se podrá requerir la remisión del expediente.
Cuando se trate de recurso ordinario denegado, el procedimiento principal no se suspende, lo que recién ocurre cuando se concede la queja interpuesta.
En cambio, la elevación del expediente principal a la Corte es una posibilidad prevista en la etapa de admisión del recurso de hecho (art. 285 párrafo segundo), lo que puede dificultar la ejecución de la sentencia (no impedir, salvo que expresamente el tribunal suspenda los efectos de la condena).
Pero si la causa no se solicita, la queja no suspende el proceso principal.

• Recusación y sustanciación


En el recurso directo no se admite la recusación sin causa de los miembros del tribunal o de la Corte que deban intervenir.
Una vez que se concreta la presentación, los autos quedan en estado de resolver porque la sustanciación de los agravios ha ocurrido con anterioridad al correrse traslado de los recursos deducidos. La crítica se dirige contra la providencia que deniega la apelación (ordinaria o extraordinaria), y por eso no es inconstitucional la ausencia de contradicción en esta modalidad.
Finalmente, cabe agregar que la queja no origina costas, porque la actividad profesional no se relaciona con la tarea de contradicción propia de un debate sobre el fondo del pleito, sino con un recurso directo donde sólo se discute su procedencia formal (Fallos 222:120).



Queja por denegación de recursos ante la Corte Suprema



La queja contemplada en el art. 285 del Código Procesal constituye un medio de impugnación sólo de decisiones que deniegan recursos deducidos por ante la Corte Suprema. No es idónea, en cambio, para cuestionar otras decisiones, aun cuando se relacionen con el trámite de aquellos recursos, asuntos que, de suscitar agravios de índole federal, deben ser articulados en la forma prevista por el art. 257 del citado código de rito (CS,1995/11/23, "Lobo, Ramón E. c. Dirección de Energía de Catamarca", JA, 1996-II-627).
Art. 285 Queja por denegación de recursos ante la Corte Suprema. - Queja por denegación de recursos ante la Corte Suprema. Cuando se dedujere queja por denegación de recursos ante la Corte Suprema, la presentación, debidamente fundada, deberá efectuarse en el plazo que establece el segundo párrafo del art. 282.
La Corte podrá desestimar la queja sin más trámite, exigir la presentación de copias o, si fuere necesaria, la remisión del expediente.


Si la queja fuere por denegación del recurso extraordinario, la Corte podrá rechazar este recurso en los supuestos y forma previstos en el art. 280, párrafo segundo. Si la queja fuere declarada procedente y se revocare la sentencia, será de aplicación el art. 16 de la ley 48.


Mientras la Corte no haga lugar a la queja no se suspenderá el curso del proceso.

Por eso, este remedio es inadmisible cuando persigue revocar la resolución de una Cámara que declaró mal concedido el recurso de apelación deducido ante ella (CS, 1983/12/05, Fallos, 305:222).
Otra particularidad es que la Corte, cuando admite la queja, puede asumir competencia positiva y dictar sentencia sobre el fondo, sin necesidad de practicar reenvío de la causa.



• Procedimiento interno



La Corte sustancia internamente el recurso directo, notificando toda resolución que adopte por comunicación automática o ministerio legis. De todos modos, la práctica común es permitir que el cumplimiento de requisitos de integración o aclaración de documentos acompañados pero ilegibles, o el pedido de otras copias del expediente no exigibles entre los requisitos del art. 283, entre otras cuestiones posibles, no es perentoria ni compulsiva permitiendo que se cumpla dentro del plazo amplio previsto para la caducidad de la instancia.
También la Corte puede rechazar de inmediato, en la forma y supuestos explicados al analizar el art. 280 párrafo segundo. Pero, si declara procedente los agravios presentados, se avoca en la cuestión y resolverá sobre el fondo.


Respecto a la suspensión del procedimiento principal, el art. 285 in fine sostiene que el trámite de la queja ante la Corte no obsta a la ejecución de lo decidido en la sentencia, ya que dicho recurso no suspende el curso del proceso hasta que se abra el recurso y cuando esa detención corresponda (CNTrab., Sala X, 1999/12/14, "Fernández, Rubén A. c. Solvencia seguros grales. y otro", DT, 2000-A-1265).
Por ello, se repite que, si existe una norma que dispone que el curso del procedimiento no se suspende ante la simple interposición de la queja, la exigencia de una caución real para la percepción del crédito resulta improcedente (mismo fallo anterior)

Depósito


El artículo 286 indica la exigencia del depósito previo cuando se ha de interponer recurso de queja por denegación del extraordinario. Este es un recaudo procesal que no se relaciona con leyes nacionales en materia de sellado o tasa judicial, a las que sólo se remite para incorporar la nómina de beneficiados con la exención.
La carga de efectuar el pago tiene su causa en la deducción recursiva y nace con motivo de dicha presentación; por lo tanto las normas que regentean la obligación son las vigentes al momento de producirse el acto.

Art. 286 Depósito. - Cuando se interponga recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, por denegación del recurso extraordinario, deberá depositarse a la orden de dicho tribunal la suma de pesos novecientos mil ($ 900.000). El depósito se hará en el Banco de depósitos judiciales.
No efectuarán este depósito los que estén exentos de pagar sellado o tasa judicial, conforme a las disposiciones de las leyes nacionales respectivas.
Si se omitiere el depósito o se lo efectuare en forma insuficiente se hará saber al recurrente que deberá integrarlo en el término de cinco días. El auto que así lo ordene se notificará personalmente o por cédula.

Distintas disposiciones internas (acordadas) del Superior Tribunal reglamentan modalidades del instituto disponiendo requisitos particulares que van modificando la fisonomía del depósito aun sin variar su naturaleza.
De ellas conviene recordar la acordada 77/90 dictada para situaciones emergentes después de una aguda crisis económica; ellas son alteradas posteriormente por la acordada 28/91, quedando para el análisis qué normas reglamentan el caso mientras las novedades no cubren el dispositivo legal previsto para la vigencia de las leyes.
La Corte establece que las modificaciones introducidas en la Acordada 28/91 comienzan a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial (4/9/91), de manera que los depósitos efectuados con anterioridad a esa fecha deben adecuarse a las disposiciones de la acordada 77/90.


La disidencia de tres ministros, en cambio, considera -aun sin decirlo directamente- que la nueva reglamentación nace en el preciso momento cuando se expresa.


En verdad, esta es una antigua polémica del Alto Tribunal que, variando sus encuadres, reitera los bemoles que otrora sucedieron (por ejemplo, cuando la ley 21.708 que modificó los importes a in¬gresar respecto a valores que habían quedado abso¬lutamente depreciados por la inflación monetaria).
El principio que generalmente ha orientado la doctrina y que la misma Corte expresara en distintos pronunciamientos, es el que indica que no existe óbice constitucional para que una ley procesal disponga su inmediata aplicación, siempre que no se vulneren derechos definiti¬vamente incorporados al patrimonio de la persona a la que dichas nor¬mas se pretende aplicar (Fallos, 247:417; 251:78, entre otros).
De alguna manera es un paralelo con las leyes de carácter sus¬tantivo que impiden afectar derechos efectivamente incorporados al patrimonio de una persona; de forma tal que esos derechos se rigen por las leyes derogadas abortando la vigencia retroactiva de las nuevas disposiciones.
Ese modismo -constitucional- de no retroactividad rige, también sin fisuras, para el derecho procesal.
En pocas palabras, el factor que determina la incorporación del derecho al patrimonio no es la fecha del acto formal que lo reconoce, sino el cumplimiento de todos los hechos y condiciones materiales que según las normas respectivas tienen atribuida la característica de ser causa generadora del derecho, es decir, la virtualidad jurídica que les asigna la ley.
Ahora bien, ¿cuál es el momento que determina la vigencia de la acordada 28/91?, ¿es acaso, el coincidente con su publicación en el boletín oficial? o ¿puede contarse a partir de su misma emisión?.
Aquí las respuestas del Tribunal difieren y la respuesta se orienta por la afirmativa al régimen dispuesto en el art. 2 del Código Civil.
Sin embargo, las Acordadas no participan del mecanismo de sanción y promulgación habitual de las leyes de fondo. Se tratan solamente de disposiciones emitidas por la Corte en miras a resolver situaciones de praxis.

• Naturaleza del depósito como presupuesto del recurso




En orden al depósito previsto por el art. 286 del Código Procesal, es evidente que se inspira en un típico acto de sometimiento ritual, por el cual el litigante se encuentra exigido a cumplir una "carga económica" de acceso, que de ninguna manera supone otorgarle carácter de impuesto, o naturaleza tributaria alguna. Es un requisito procesal de admisibilidad, o bien, un presupuesto necesario para el examen de la procedencia.
De otro modo, se llegaría a la idea absurda de sostener funciones legislativas en el Poder Judicial. Pero como la cuestión se suscita en el tránsito de la vigencia al cumplimiento efectivo de la carga, debe hacerse una nueva distinción.


En efecto, dado que la omisión de cumplir con el depósito pre¬vio no origina el rechazo directo de la queja, sino que resulta procedente intimar a la parte a que satisfaga el pertinente recaudo dentro del plazo de cinco días (notificado personalmente o por cédula); la duda centraría en resolver si la acordada rige al tiempo de verificar el ingreso, o al momento de interponer la queja (que era el tiempo natural para ingresarlo).
La particularidad está en que las acordadas reglamentarias difieren, por cuanto una se encuentra al momento de la deducción y otra cuando se cumple con el depósito. La Corte Suprema ha dicho que la carga de efectuar el depósito previo tiene su causa en la interposición del recurso de queja y nace, por tanto, con motivo de dicha presentación. Las normas que regulan la mentada carga son, pues, las vigentes al momento de producirse tal acto (Cfr. Fallos, 295:454; 305:1779).
De acuerdo con las motivaciones desenvueltas, quedaría en claro nuestra discrepancia respecto a otorgar vigencia a las acordadas en el sistema de nacimiento previsto por el código civil.
La naturaleza de ellas se debe buscar conforme a las funciones que vienen a cumplir, de modo tal que si las acordadas son normas reglamentarias insertas en las potestades jurisdiccionales (conforme lo dispone el art. 18 de la ley 48), no podrán vulnerar (repugnar dice el art. 18 citado) las prescripciones dispuestas anteriormente por la ley adjetiva.

Como enseña Palacio, "los reglamentos judiciales no pueden alterar y menos contrariar los requisitos de lugar, tiempo y forma que las leyes imponen a los actos procesales, debiendo limitarse a regular los aspectos secundarios o estrictamente materiales de tales requisi¬tos..." (Derecho Procesal Civil, tomo I, editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1979, pág. 188 parág. 32).

• Plazo para integrar el depósito


Cabe recordar que para el cumplimiento o integración del depósito judicial no rige el plazo de gracia (art. 124), de modo tal que de haberse concretado en este tiempo, es improcedente por extemporáneo.
Las excusas que se opongan, no autoriza a prorrogar el plazo fijado para cumplir con el depósito previo; por ejemplo, el elevado número de recurrentes y la existencia de dificultades internas para obtener la suma requerida (CS, 1995/03/14, "Abbot Laboratorios S. A. y otros c. Provincia de Buenos Aires", La Ley, 1995-E, 315. - DJ, 1995-2-1244); o el fundamento en las especiales circunstancias económicas del país y el carácter de empleados en relación de dependencia de los recurrentes (CS, 1995/10/31, "Turkenich, Boris I. y otros c. Maffei, Martha S.", DJ, 1995-2-1167).
Por tanto, no corresponde atribuir a la presentación de la boleta de depósito un plazo propio e independiente del establecido por la norma en estudio, tal como lo ratifica la Corte (Causa Abbot, citada)
Tampoco cabe diferir el pago alegando que el recurso extraordinario versa sobre la imposición de una multa como sanción disciplinaria, pues tal interpretación implica ampliar, sobre la base de supuestas restricciones a diversos derechos constitucionales, el elenco de casos en los cuales corresponde el aplazamiento en cuestión (CS, 1996/06/25, "Clínica Marini S. A., quiebra", La Ley, 1997-B, 654).


• Lugar de depósito.



El depósito se debe efectuar a la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires; la falta de cumplimiento no es causa para rechazar de inmediato el recurso, pues corresponde intimar su integración en el plazo de cinco días improrrogables, que se darán por cumplidos contados a partir del día siguiente al que se practica la intimación por cédula o mediante notificación personal.
Sin embargo, existen opiniones disidentes, porque uno de los ministros actuales de la Corte, ha dicho que una interpretación finalista de la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona que consagra el art. 18 de la Constitución Nacional conduce a concluir que la falta de cumplimiento por el recurrente del depósito contemplado en el art. 286 del Código Procesal no puede significar que se lo tenga por desistido del recurso de queja. Sin embargo, en caso de resultar vencido deberá oblarlo, pues el hecho de prevalerse de una garantía constitucional incondicionada no puede ser óbice para burlar la ley que lo ha establecido y que tiende a penalizar pecuniariamente a quien peticionó sin derecho, poniendo en marcha una instancia judicial y dilatando en el tiempo el cumplimiento de su obligación (Del voto en disidencia del doctor Vázquez) (CS, 1996/08/08, "Urdiales, Susana M. c. Cossarini, Franco y otro", La Ley, 1997-A, 43).

• Beneficio de litigar sin gastos



No efectúan este depósito quienes se encuentren exentos de pagar sellado o tasa de justicia, como resultan los supuestos previstos en el art. 13 de la ley 23.898.
El beneficio de litigar sin gastos es una de las facultades que tiene el justiciable para demostrar sus limitaciones económicas y conseguir a través de la sentencia que le reconozca y admita la pobreza, evitar el depósito previo.
Puede ocurrir que el reconocimiento de la carencia se concrete simultáneamente con el recurso, obviamente en piezas separadas al tener que tramitar cada pretensión en instancias diferentes. Es decir, mientras el beneficio de litigar sin gastos se deduce ante los jueces ordinarios, la Corte sustancia la queja.
Ahora bien, la interposición es extemporánea cuando existe resolución denegatoria del recurso, lo cual conduce a rechazar la solicitud de reintegro (Fallos 297:327).
Asimismo, la circunstancia de que el recurrente hubiese logrado la eximición en otro proceso, no lo dispensa de la carga si en el caso específico no cumplió con el art. 86 del Código Procesal referido a la extensión de la medida (Fallos 274:116).
En líneas generales, la Corte permite que el quejoso denuncie al radicar la impugnación que no realiza el depósito por haber promovido el planteo pertinente de litigar sin gastos en la sede correspondiente y en la oportunidad adecuada (275:503).


Así, se sostiene que para eximirse del pago del depósito requerido por el art. 286 en razón de contar con un beneficio de litigar sin gastos en trámite, el solicitante deberá justificar la necesidad del tratamiento urgente de la cuestión o la existencia de un agravio de imposible reparación ulterior (CS, 2000/02/29, "Insaurralde, Jesica C. c. Rosemberg, Gustavo J. y otros", La Ley, 2000-C, 885 (42.597-S).
El problema llega cuando se desestima el pedido, y ante la urgencia recursiva la parte opta por acusar la inconstitucionalidad del artículo 286 por las pocas vías que le restan.
En estos supuestos se ha resuelto que "la impugnación con base constitucional de la Acordada 77/90 que formula el recurrente, al contestar la intimación de Secretaría para hacer efectivo el depósito previsto en el art. 286 del Código Procesal, realizada después de deducida la queja, es tardía, toda vez que el cuestionamiento debió hacerse en la primera oportunidad que otorgaba el procedimiento" (CS, 1991/12/19, "Espina de Tessa, Susana c/ Estado Nacional", La Ley 1992-B, 384).
La imposibilidad de cuestionar la constitucionalidad de las leyes, en el caso del art. 286, aparece bien rechazado por las instancias de resolución. Sin embargo, la aptitud indicada en otra vía paralela no surge congruente con las pretensiones de la parte interesada.
Cuando la Corte sostiene que la posibilidad de evitar el depósito previsto para el recurso de queja por denegación del extraordinario se tiene por el incidente de beneficio de litigar sin gastos, incurre en una desatinada observación, porque al impugnante parece no interesarle la cuantía del depósito (aunque de hecho pudiera ser tenido ese objeto en vistas), y sí demostrar la ilegalidad constitucional del art. 286 al afectar, por sus dichos, las garantías de igualdad y de defensa en juicio.


• Exenciones



Alguna duda quedaría cuando la queja se presenta en causas laborales, las que portan intrínsecamente la exoneración de gastos, pues si la impugnación se funda en la regulación alta o baja de los honorarios, la dispensa del depósito creemos no procede puesto que la ley exime únicamente a los trabajadores en relación de dependencia y a sus causahabientes en los juicios originados en la relación laboral, pero no a los profesionales que los defienden.
De alguna manera es el temperamento que refleja la causa "Golpe" (CS, 1993/3/23, La Ley 1993-C, 188) cuando indica que las regulaciones de honorarios practicadas no eximen del depósito requerido en las normas procesales por no ser excepciones de las previstas en el art. 13 de la Ley 23.898.
Que se repite, al decir que la ley dispensa del depósito previsto en el art. 286 a los trabajadores en relación de dependencia en los juicios originados en la relación laboral, pero no a los profesionales cuando se trata de los honorarios que les pertenecen, a pesar de las connotaciones atribuibles a su trabajo (CS,1998/02/17, "Kirstein, Luis c. Molinos Victoria S. A. y otro", La Ley, 1998-C, 70).
En líneas generales, la obligación impuesta sólo cede respecto de quienes "estén exentos de pagar sellados o tasa judicial conforme a las disposiciones de las leyes nacionales respectivas", lo que conduce a efectuar una interpretación con criterio restrictivo por tratarse de excepción a reglas generales.
No están exentos del depósito las entidades de derecho privado con personalidad jurídica creada por el convenio colectivo de trabajo (CS, 1994/02/22, "Markich, José R.", JA, 1995-I-617.).
La obligación cede respecto de aquellos que se encuentran comprendidos en el art. 13 de la ley 23.898 (Adla, L-D, 3751), y en las normas especiales que contemplan excepciones a tales tributos; por ello, no puede fundarse la exención del pago del depósito en lo dispuesto por una ley provincial, ya que estas normas no pueden autorizar a liberar del pago de un gravamen que se tributa en jurisdicción nacional (CS, 1994/03/01, "Ozafrain, Horacio y otro c. Basile, Angel y otra", La Ley, 1995-A, 494 (38.311-S) - DJ, 1995-2-684 - JA, 1994-IV-631).


• Destino del depósito




En el artículo 287 del CPCCN se regula el destino del depósito. La exigencia de efectuar el depósito como requisito formal de admisibilidad de la queja, fue establecida para restringir el uso indebido de tal presentación ante la Corte, y su devolución al interesado, o su pérdida, depende de que dicho recurso se declare procedente o se desestime ; en este último caso el tribunal dispondrá de las sumas recaudadas "para la dotación de las bibliotecas..." (CS, 1980/08/07, "Banet, Isaías c. Rossi, Juan D. y otro", Fallos, 302:851).
Art. 287 Destino del depósito.- Si la queja fuese declarada admisible por la Corte, el depósito se devolverá al interesado. Si fuere desestimada, o si se declarase la caducidad de la instancia, el depósito se perderá.
La Corte dispondrá de las sumas que así se recauden para la dotación de las bibliotecas de los tribunales nacionales de todo el país.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE INCOSTITUCIONALIDAD
(EN EL ORDEN NACIONAL Y PROVINCIAL)


La facultad de declarar la invalidez de una ley o de un acto, por ser contrarios a los principios de la constitución Nacional corresponde tanto a los jueces nacionales como a los provinciales, los cuales actúan con absoluta independencia de criterio en la resolución de los casos que se sometan a su decisión. Si nos sujetamos al principio de que los juicios deben fenecer en la jurisdicción en la que han sido iniciados, principio que se deduce de la cláusula de constitucional que reserva a las provincias, como un atributo de su soberanía la facultad de legislar lo referente a la administración de justicia, resultaría que prácticamente existirían tantas interpretaciones de la Constitución como tribunales hubiese en la República, de tal manera que siendo definitivas las resoluciones de los tribunales de provincia, sus decisiones aplicando lo Constitución Nacional podrían ser contradictorias.
Con el propósito de mantener la supremacía de los principios de la Constitución Nacional (art. 31) y asegurar la uniformidad de su interpretación, el artículo 14 de la Ley 48 ha creado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, mediante el cual las sentencias definitivas de los tribunales, ya sean locales o del fuero federal, que en cualquier forma contraríen los principios de la CN, pueden ser llevados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, convirtiéndose así, en su guardián y último interprete.
No obstante lo expuesto, el recurso extraordinario que abordaré no monopoliza el control de constitucionalidad confiado a la CSJN. Ésta también lo debe realizar en causas de competencia originaria y exclusiva, no por vía entonces, de recurso, sino en única instancia, e inclusive lo deberá practicar en caso de apelación ordinaria y de revisión, y al dirimir cuestiones de competencia. Sin embargo, aquella vía es la que más notoriamente cumple esa función.
Si bien en la República Argentina compete a los 3 poderes velar por la Supremacía constitucional, en forma concurrente, sobre normas y actos, el rol de tutelar del primero con respecto a la constitución y a la actuación de los otros dos poderes públicos, ha tenido siempre una profunda recepción en el derecho judicial. El control judicial de constitucionalidad de las leyes no surge expresamente del texto de la CN, pero emana tácitamente de ciertas cláusulas de ella, entre las que se destacan los artículos 30, 31 y 116.

Por ende, si hay constitución rígida, Constitución suprema y un órgano estatal (la judicatura) encargado de conocer y decidir en todos los litigios en donde entre las cláusulas constitucionales, es obvio que los magistrados judiciales tienen que aplicar primero la ley prevaleciente (la Constitución) oír sobre la ley subordinada (la norma infraconstitucional). Aquélla es la super ley, y tiene entonces superlegalidad .
Pero el control judicial de constitucionalidad cuenta también con sus bases legales, amén de las propiamente constitucionales. Después de la constitución de 1853, se dictó la Ley 128 de Confederación Argentina (año 1858), que en su artículo 2 establece que los tribunales federales “procederán siempre con arreglo a la Constitución y a las leyes nacionales que estén en conformidad con ellas”. El artículo 3º agregaba que “el primordial objeto de la justicia federal es mantener es mantener en vigor y observancia la CN en los casos contenciosos que ocurran, interpretando con ellos las leyes uniformemente, aplicándolas, conforme a la Constitución y no de otra manera”.
Cuatro años después, la ley 27, promulgada el 16 de octubre de 1862, confirió un recurso de apelación para ante los jueces federales contra las resoluciones dictadas pro los jueces inferiores de provincia en todos los casos regidos por la constitución, leyes especiales y tratados con naciones extranjeras, pudiendo las partes, sin embargo, optar por perseguir el juicio ante los tribunales locales, pero acordándose contra las resoluciones de éstos y las que dictaren los jueces federales, cuando se hubiese apelado ante ellos, un nuevo recurso para la Corte Suprema nacional.
Este sistema de apelación directa recargó en sobremanera la tarea del tribunal y, en realidad, tampoco se ajustaba a los principios de su modelo, y por lo que fue modificado por ley 48 del 14 de septiembre de 1863, cuyo artículo 14 como ley americana (judiciary act) sólo autoriza a llevar la cuestión de inconstitucionalidad por la vía del recurso extraordinario en los casos que enumera expresamente.






queja




A TODOS MIS SEGUIDORES, LES DIGO: NO ES AL PEDO..GRACIAS POR ESTAR AHÍ!
federal




"Si asumes que no existe esperanza, entonces garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que existe un instinto hacia la libertad, entonces existen oportunidades de cambiar las cosas."
Noam Chomsky



CUALQUIER COMENTARIO QUE VIOLE EL PROTOCOLO, ATAQUE LA FUENTE O AL POSTEADOR SERÁ ELIMINADO.SE ACEPTAN COMENTARIOS CON EDUCACIÓN Y RESPETO.EVITE EL FOROBARDO.



Tenga en cuenta ...
La información que usted encuentre en este post puede, o no, estar en desacuerdo con su visión personal o religiosa de la realidad. Si usted encuentra que su visión de la realidad está siendo contradicha, desacreditada o atacada en cualquier forma posible, recuerde siempre que todo eso está en su cabeza y como tal, no es responsabilidad mia ni de nadie mas. Después de todo, yo no escogí su visión alternativa de la realidad, usted fue quien lo hizo.




recurso

2 comentarios - Recurso de Queja por denegación del Recurso Extraordinario

@leojugerva
Hola, te hago una consulta, si la Corte acepta el recurso de queja, ¿tiene algún plazo de tiempo para resolverlo?
Muchas gracias, muy bueno el post.
@el_pity
muy bueno, muy claro
no te puedo dejar puntos xq me bajaron de rango por pensar distinto