Sr. Defensor del Pueblo:

Ante el amparo presentado contra los docentes o sindicatos, por ejercer el legítimo derecho constitucional a la huelga, respetuosamente le digo:

Si bien se desconoce el texto de la presentación de la acción de amparo, ya que no lo ha hecho público en su sitio web oficial, no cabe duda que tiende a que tanto los docentes (en forma individual) o los sindicatos (en forma colectiva), levanten la medida de fuerza de paro por tiempo indeterminado, medida ésta que se ha tomado, ante la omisión negligente del gobierno provincial de convocar a Paritarias Salariales en noviembre de 2013, y de reconocer el derecho a un salario digno a todos los trabajadores de la educación.

Cabe destacar, que la figura del Defensor del Pueblo, tal como lo establece el art. 55 de la Constitución de la Provincia de Bs. As, “ejerce su misión frente a los hechos u omisiones de la Administración pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones.” Por tanto, sólo puede actuar en defensa del pueblo por los “hechos u omisiones de la Administración Pública”, es decir, del Estado, y no por los hechos de simples ciudadanos (en este caso los docentes), u organizaciones de trabajadores (en este caso los sindicatos docentes).

En consecuencia, y a modo de conclusión, la acción de amparo presentada por el Defensor del Pueblo de la PciaBA, está atacando hechos u omisiones de sujetos para los cuales no cuenta con la atribución para hacerlo, toda vez que, reitero, sólo puede atacar acciones u omisiones de la Administración Pública, y no de los particulares (docentes o sindicatos).

Es de esperar, que la justicia desestime sin más trámite la acción de amparo presentada, por carecer el Defensor del Pueblo, la competencia para actuar en contra de personas físicas o jurídicas (sindicatos), ya que su rol es proteger a los individuos de los abusos del Estado, ya sean por acción o por omisión.

Por otro lado, sí sería plausible de esperar que, el Defensor del Pueblo demandara a la Provincia de Buenos Aires, por:

1) el pago en negro de salario, es decir, sumas ilegales, como así también,
2) falta de pago a miles de docentes,
3) deficiencias en infraestructura de las escuelas,
4) incumplimiento de la obra social IOMA,
5) falta de provisiones a los comedores escolares,

entre otras, ya que todas estas omisiones, sí son de la Administración Pública, y no de los trabajadores, rehenes de los incumplimientos ilegales de los funcionarios del Estado, que usted debe, por manda constitucional, controlar.

Si el Defensor del Pueblo no está a la altura de defender los derechos de todo el pueblo, y sólo quiere congraciarse con el gobierno de turno, entonces, ha desvirtuado su rol, por lo que el pueblo espera que presente su renuncia en forma inmediata e indeclinable.


Atte.

Fernando Carlos Ibáñez – Docente de profesión y vocación.


Transcripción de Artículos:

Artículo 55 (Constitución de la Provincia de Bs. As.).- El defensor del pueblo tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes. Ejerce su misión frente a los hechos u omisiones de la Administración pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones. Supervisa la eficacia de los servicios públicos que tenga a su cargo la Provincia o sus empresas concesionarias.
Tendrá plena autonomía funcional y política. Durará cinco años en el cargo pudiendo ser designado por un segundo período. Será nombrado y removido por la Legislatura con el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara. Una ley especial regulará su organización y funcionamiento provinciales.

El defensor del pueblo:

Art. 12 Ley 13834 – Defensor del Pueblo:

Puede iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los hechos u omisiones de la Administración Pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones. Pudiendo supervisar la eficacia de los servicios públicos que tenga a su cargo la Provincia o sus empresas concesionarias.