Voy a intentar ser lo mas imparcial posible, ya que se tratan de temas de politica.

Si bien mucha de la informacion fue extraida de libros de historia, diarios, revistas, y publicaciones varias, fuente ajena a diarios, revistas el resumen y la compilacion fue realizada por mi


Para empezar, conozcamos algo a la Argentina. La República Argentina es un estado soberano, organizado como república representativa y federal, situado en el extremo sureste de América. Su territorio está dividido en 23 provincias y una ciudad autónoma, Buenos Aires, capital de la nación y sede del gobierno federal.

Por su extensión, 2.780.400 km², es el segundo estado más extenso de América del Sur, cuarto en el continente americano y octavo en el mundo, considerando solamente la superficie continental sujeta a su soberanía efectiva. Si se consideran las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y Aurora (Territorios Británicos de Ultramar reivindicados por Argentina), más el área antártica reclamada al sur del paralelo 60° S, denominada Antártida Argentina (que incluye a las islas Orcadas del Sur y Shetland del Sur), la superficie total se elevaría a 3.761.274 km². Sin embargo, esta reclamación está congelada de acuerdo a lo establecido por el Tratado Antártico, sin que su firma constituya una renuncia.

Su territorio continental americano, que abarca gran parte del Cono Sur, limita al norte con Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al oeste y sur con Chile y al este con Uruguay y el Océano Atlántico.
Hagamos un poco de historia, la Argentina nacio un 25 de mayo de 1810, luego de la deposición del virrey español, en ese entonces se organizo la primera junta de gobierno, y el 9 de julio de 1816 fue proclamada la independecia, convirtiendola en un pais libre y soberano.

En 1826 asume el primer presidente de la Republica Argentina, Bernardino Rivadavia, que inicio con un ciclo corruptivo en la politica. Rivadavia inicio una contienda con el Imperio del Brasil, en ese entonces Brasil contaba con ese nombre, dicha contienda se prolongaba en el tiempo, agotando recursos.

En 1826, pese a las dificultades internas y externas (la guerra con el Brasil había sido declarada el 1 de enero de ese año) Rivadavia instó al Congreso a dictar una Constitución.

La Constitución sancionada en 1826 proclamaba el sistema representativo, republicano, consolidado en unidad de régimen. El gobierno nacional se organizaba en base al principio de división de poderes. Los gobiernos de provincia estarían a cargo de gobernadores, elegidos por el presidente con acuerdo del Senado, a propuesta en terna de los Consejos de Administración; estos organismos eran elegidos por el pueblo de cada provincia.

Por ese entonces, las provincias habían sido sacudidas por varias guerras civiles durante la primera mitad de esa década. Parecían a punto de pacificarse, cuando el coronel Gregorio Aráoz de Lamadrid, uno de los oficiales que debía reunir tropas en las provincias del norte para la guerra del Brasil, las usó para usurpar el gobierno de la provincia de Tucumán. En lugar de desautorizarlo, Rivadavia lo incitó a usar esas tropas para atacar a los caudillos federales vecinos, que se oponían a su política. El más capaz de ellos, Facundo Quiroga, lo derrotó en dos batallas, pero esa nueva guerra civil garantizó el rechazo de varias provincias a su autoridad y a la constitución.

Efectivamente, la Constitución fue rechazada por todas las provincias: las misiones enviadas por el Congreso ante los gobiernos de provincia fracasaron.

Además de ganarse la enemistad de las provincias del interior gracias a la Constitución de 1826 y todas las medidas centralistas que tomó; la guerra con el Brasil había agotado los recursos. Gran Bretaña presionaba para acordar una paz que garantizase la reanudación del comercio exterior.

La noticia de la negociación de García colmó la paciencia de todos: el presidente desconoció el acuerdo, pero, considerado responsable de la situación, renunció ante el congreso el 27 de junio de 1827. Entregó el mando a Vicente López y Planes, presidente provisorio elegido por el Congreso por una ley de emergencia. El congreso se disolvió y nadie volvió a acordarse de la constitución. La provincia de Buenos Aires recuperó su autonomía, eligiendo gobernador a Dorrego.

El conflicto con Brasil continuó hasta que, durante el gobierno de Manuel Dorrego y con la presión de Inglaterra, se llegó a una Convención Preliminar de Paz, donde se disponía la independencia de la República Oriental del Uruguay y el cese de las hostilidades.

Que buen comienzo para un pais, una guerra, recursos agotados, peleas internas.
Dejemos el pasado atrás, vamos al inicio de la caida, si bien hay cosas que nos dejamos en el camino, vamos a lo importante.

Carlos Menem asumió la presidencia el 9 de julio de 1989, tras el retiro anticipado de Raúl Alfonsín. Fue por entonces la primera sucesión presidencial entre dos presidentes constitucionales desde 1928, y la primera desde 1916 entre presidentes de diferentes partidos políticos.

El principal problema que debió enfrentar al asumir la presidencia fue el de una economía en crisis con hiperinflación. El gobierno de Menem se plegó a los principios del Consenso de Washington, para esto introdujo una serie de reformas neoliberales: con la aprobación de la Ley de Reforma del Estado fue autorizado a privatizar varias empresas estatales, en la forma que el presidente estimara conveniente. Las primeras privatizaciones efectuadas fueron las de la empresa telefónica Entel y la de Aerolíneas Argentinas. Las mismas, y otras posteriores, se privatizaron rápidamente buscando conseguir con ello réditos mediáticos que instalaran la idea de la voluntad reformista del gobierno, pero dicha rapidez condujo luego a numerosas críticas y denuncias de irregularidades, omisiones y casos de corrupción. Pronto se privatizaron también la red vial, los canales televisivos (con la excepción de ATC, hoy Canal 7), gran parte de las redes ferroviarias, Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado.

Se desreguló la economía, reduciendo cupos, aranceles y prohibiciones de importaciones, y se estableció la libertad de precios. Con el aumento de impuestos como los del Valor Agregado y Ganancias se aumentó la recaudación fiscal. Aún así, a pesar de dicho aumento y de los ingresos generados por las privatizaciones, la situación económica se mantenía convulsionada y a fines de 1989 se produjo una segunda hiperinflación. El ministro de economía de entonces, Erman González, apeló al Plan Bonex: confiscó los depósitos a plazo fijo y los cambió por bonos de largo plazo en dólares. Asimismo, restringió fuertemente la emisión monetaria.

Durante la gestión de Domingo Cavallo, ministro de Economía de su gobierno, se estableció la Ley de Convertibilidad, cuya aplicación se prolongaría hasta la crisis argentina de fines de 2001 y comienzos de 2002. El Banco Central de la República Argentina estaba obligado a respaldar la moneda argentina con sus reservas en una relación de cambio en la que un dólar estadounidense equivalía a un peso convertible. De esta forma se restringía la emisión de billetes como medio de financiamiento del Estado.

Estas medidas lograron una estabilidad económica sin inflación significativa que ofreció un clima favorable para el surgimiento de inversiones y el ingreso de capitales desde otros países, produciéndose un marcado crecimiento del PBI. Dicha estabilidad económica fue sólo aparente, ya que mientras se decía que el país avanzaba se estaban enajenando los recursos del país. Durante su gobierno la deuda externa pública se mantuvo en valores cercanos al 40% del PBI. En 1990 su valor era de 38,7% y en 1999, año en que finalizó su segundo mandato, era de 42,3%. En los servicios públicos las privatizaciones produjeron mejoras de calidad en algunas rubros (electricidad, telefonía), mientras que en otros el impacto fue negativo (transportes ferroviarios). Al mismo tiempo, los principales
inconvenientes económicos generados por esta política fueron una disminución de la competitividad basada en el tipo de cambio y un crecimiento del desempleo.

Al asumir Menem el gobierno, los valores de desocupación y subocupación habían alcanzado picos históricos (8,1 y 8,6% de la población económicamente activa, respectivamente). Luego de un período de lenta disminución (6,9 y 8,3% en mayo de 1992), el desempleo y el subempleo volvieron a crecer durante la crisis del Tequila, hasta alcanzar un pico de 18,4 y 11,3% en mayo de 1995, tras lo cual bajaron levemente hasta 12,4% y 13,6% en octubre de 1998. Para el final de su gobierno, estas cifras eran de 13,8 y 14,3%. Contribuyeron al aumento del desempleo y el subempleo, los despidos masivos en las empresas públicas privatizadas, la terciarización de actividades y las sucesivas medidas de flexibilización laboral.

Fernando de la Rúa, candidato de la Alianza, fue electo presidente en las elecciones de 1999, y el justicialismo perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. La Alianza y su fórmula De la Rúa-Álvarez obtuvo el 48,5% de los sufragios, contra el 38,09% del binomio peronista Eduardo Duhalde-Ramón Ortega. En tercer lugar, con el 10,09% de los votos, aparecía el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

Uno de los éxitos de la campaña electoral fue el primer spot televisivo de De la Rúa, en el cual pronunciaría la frase "Dicen que soy aburrido..." con la cual se lo relacionaría más adelante. Dicho spot buscaba contrastar al candidato presidencial con la frivolidad que el público percibía en el gobierno menemista. La campaña electoral estuvo a cargo de Ramiro Agulla, David Ratto (publicista de Raúl Alfonsín en las elecciones de 1983) y Antonio de la Rúa, este último hijo del propio Fernando de la Rúa. El hijo del presidente lideraría al "Grupo Sushi", un entorno con influencia en las decisiones de Fernando de la Rúa

La victoria de De la Rúa se debió al fuerte rechazo público hacia la figura de Carlos Menem, así como también al deterioro de la situación económica del país, que en 1999 terminaba con una caída del PBI de alrededor de 3,4 puntos porcentuales respecto al año anterior. El desempleo se acercaba al 14 por ciento, luego de haber alcanzado la cifra récord de 18,6% algunos años antes, y la pobreza había sido triplicada en proporción a la existente antes de llegar Menem al poder. El país tenía serios problemas en materia educativa y sanitaria, y la dirigencia política tenía una mala imagen pública. Además, el gobierno peronista dejaba un elevado déficit fiscal, con un rojo de más de mil millones de pesos, una deuda externa del orden de los 150 mil millones anuales con vencimientos de casi 25 mil millones en el año próximo. Debido a esto, De la Rúa tomó severas medidas de ajuste con el propósito de sanear las finanzas. El aumento impositivo decretado sobre las clases medias y altas hacia enero de 2000, fue parte de un paquete que procuró en general mejorar la economía, así como atender deudas pendientes como el Fondo para el Incentivo Docente, pero esto resultó sin embargo insuficiente para resolver el deterioro de las finanzas públicas.

Al asumir también se debió intervenir la Provincia de Corrientes que desde hacía meses estaba en un grave conflicto político y financiero, con paros ininterrumpidos y la destitución del gobernador Hugo Rubén Perie. La tarea le fue encomendada a Ramón Mestre que debió normalizar la situación provincial.

A lo largo del año 2000 el gobierno buscó controlar el gasto público, bajar las tasas internas de interés y mantener la estabilidad monetaria y financiera. El año finalizó con una leve baja del 0.5 % del PBI y con una desocupación del 14.7 % (datos del INDEC de octubre del 2000). También se mantuvieron las reservas internacionales en el orden de los 33 mil millones de dólares, mientras redujo el déficit fiscal en unos 5 mil millones de pesos.

Lanzó iniciativas como el Plan de Infraestructura que mediante acuerdos con los gobiernos provinciales y financiamiento privado buscaba realizar obras de caminos, agua y vivienda en todo el país por 20 mil millones de dólares. La medida fue tomada por decreto ya que, según el ministro del interior Federico Storani, no había seguridad de que el Congreso sancionara la ley con la rapidez necesaria.

El gobierno de De la Rúa pidió ayuda complementaria al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los bancos privados para reducir la presión de la deuda externa. En diciembre de 2000, el ministro de Economía José Luis Machinea negoció un paquete de salvataje de cerca de 40.000 millones de dólares, conocido como Blindaje financiero. La apuesta era ganar confianza y credibilidad en el exterior para así bajar los pagos de intereses y renovar más fácilmente los vencimientos.

En enero 2001 las reservas internacionales del BCRA habían alcanzado el récord histórico de 37.380 millones de dólares, el cual sería superado en el año 2007 durante el gobierno de Néstor Kirchner.

En marzo de 2001, ya con desvíos en las metas presupuestarias del primer trimestre del año se produjo el alejamiento de José Luis Machinea del Ministerio de Economía y se nombró para el mismo al hasta entonces ministro de defensa Ricardo López Murphy, un economista respetado pero del ala más liberal del radicalismo que asumió con los objetivos de achicar el gasto del estado y aumentar la recaudación fiscal. Sus proyectos para sanear la economía realizando un enorme ajuste del gasto público, retirando fondos de áreas como salud o educación, chocó con una muy fuerte oposición popular, particularmente dentro del mismo Partido Radical y en sus brazos juveniles y universitarios. También puso en situación de ruptura a la coalición gobernante ya que los miembros del Frepaso dentro del Gabinete anunciaron su renuncia luego de que fue presentado el programa económico. Debido a esto, López Murphy se vio obligado a retirarse luego de apenas 16 días en el ministerio de Economía.

El gobierno de la Alianza recurrió a nombrar como ministro de economía a Domingo Cavallo, que ya había ocupado el cargo durante varios años del gobierno de Carlos Menem. Cavallo llegó al cargo con el respaldo de la gran mayoría de la oposición del PJ, con un fuerte impulso de parte del líder del Frepaso, Carlos "Chacho" Álvarez y también desde los medios financieros. Sin embargo, generó muchos recelos dentro del radicalismo, partido que aún cuestionaba al economista su actitud hacia el gobierno de Alfonsín en los momentos más problemáticos de la etapa hiperinflacionaria en 1989.

Cavallo inició su gestión prometiendo un crecimiento anual del 5% e intentando rebajar impuestos distorsivos y reanimar la industria, en lo que se presentó como "Planes de Competitividad". Se aprobó el impuesto a las operaciones bancarias y se efectuaron delegaciones de algunas de las atribuciones del poder legislativo en el poder ejecutivo. Sin embargo, los mercados reaccionaron tan mal como los organismos internacionales de crédito. En julio de ese año, debido a la presión fiscal y la imposibilidad de normalizar la economía, Cavallo viró hacia una fuerte ortodoxia económica. Para ello presentó un plan de "Déficit cero", con un nuevo recorte general de gastos en la administración pública para evitar gastar más de lo que ingresaba en el Estado. La resistencia para obtener del Congreso la ley en cuestión fue muy grande, incluso dentro del radicalismo en los sectores adherentes al alfonsinismo, pero De la Rúa la obtuvo pidiendo un esfuerzo tanto a los legisladores opositores como a los propios y a la población en general. Se argumentaba que "si no hay arreglo, llega el caos". Esto tampoco ayudó, y el continuo ajuste contraía aún más la economía en el marco de un contexto internacional de recesión regional y global, que tampoco ayudaba a la Argentina a crecer.

En noviembre, el gobierno de De la Rúa inició una reestructuración de los compromisos de la deuda externa, denominada "Megacanje". Hacia fines de ese mes, el agravamiento inusitado de la situación económica, con inversiones que se alejaban debido a la complicada situación política, provocó desconfianza pública en el sistema financiero, por lo que se produjeron fuertes retiros de depósitos bancarios. Para frenarlos, el ministro de Economía impuso restricciones que implicaban el congelamiento de los fondos depositados en los bancos, medida conocida como el "corralito". La medida fue promulgada el 1 de diciembre y originalmente permitía sólo un retiro de 250 pesos en efectivo semanales, la prohibición de enviar dinero al exterior del país y la obligación de realizar la mayor parte de las operaciones comerciales mediante cheques, tarjetas de crédito o de débito, y tenía prevista una duración por 90 días.

El corralito fue altamente impopular y perjudicó todavía más a numerosos sectores de la economía argentina. El FMI, en tanto, endureció su posición y se negó a enviar 1.260 millones con los que se había comprometido a colaborar en el marco del préstamo conocido como "Blindaje", argumentando que la Argentina no habría cumplido sus compromisos de mantener el "déficit cero".

Hacia el 19 de diciembre, la situación social se volvió incontrolable, con saqueos y desmanes en los puntos más importantes del país. El Presidente llamó a la población a la calma. La rebelión popular, en lugar de terminar, sumó el apoyo de la clase media, histórico bastión electoral del radicalismo. La misma se implicó por el congelamiento de los depósitos bancarios. A la medianoche renunció el ministro de economía Domingo Cavallo y el resto del gabinete puso sus renuncias a disposición del Presidente.

El 20 de diciembre la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires estaban desbordadas por una ola de saqueos a supermercados y establecimientos comerciales de diversos tipos. De la Rúa respondió decretando el Estado de Sitio en todo el país. Sin embargo el vandalismo no disminuyó, e incluso aumentó a pesar del estado de sitio. Finalmente se produjeron 27 muertos y más de dos mil heridos. A esto se le sumó un cacerolazo generalizado y marchas de miles de personas autoconvocadas que reclamaban la renuncia del gobierno. En el centro porteño la policía federal era desbordada, aunque lograba mantener la violencia fuera de la Plaza de Mayo.

Los gremios convocaron a huelgas como protesta por el estado de sitio. Inicialmente la CTA inició una huelga de 24 horas el 20 de diciembre. Al día siguiente (a pesar de haber tenido lugar la renuncia de De la Rúa) se sumarían la CGT de Rodolfo Daer en una huelga de 36 horas y la de Hugo Moyano por tiempo indeterminado. El Presidente perdió definitivamente el respaldo de la mayoría de su propio partido, la Unión Cívica Radical, y aferrado al escaso sector radical que aún le respondía intentó convocar al justicialismo a un acuerdo de gobernabilidad, sumándose al gobierno. El obvio rechazo del PJ decidió a De la Rúa a presentar su renuncia al Parlamento a las 19.45 horas del 20 de diciembre de 2001, cuando no había completado sino apenas la mitad de su mandato constitucional. La imagen del presidente huyendo en helicóptero quedó grabada para siempre en el recuerdo de los argentinos. Este hecho tuvo además como afectado al partido político del ex presidente, perdiendo la mayoría de las elecciones que se realizaron hasta la actulidad, debilitando al la unión civica radical frente a un peronismo en alza, que ante la ausencia de su rival clásico llegó a dividirse en dos frentes.

Lo sucedió inmediatamente el misionero Ramón Puerta, por ser presidente provisional del Senado, y pocos días después la mayoría justicialista del Congreso elegía presidente interino, por escasos meses, al gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá. Éste contó con respaldo inicial por unaminidad del PJ ya que debería permanecer en el cargo por dos meses y convocar a elecciones generales el 3 de marzo siguiente. También contó con el apoyo de cavallistas y bussistas. Sin embargo, los partidos opositores criticaban el llamado a elecciones en medio de la crisis o la implementación de la ley de lemas prevista para la misma. Recibió el respaldo de los jefes sindicales pero no el de la UIA (Unión Industrial Argentina). Además, en la semana de Navidad de 2001 se hizo fuerte el rumor de que Rodríguez Saá pretendía permanecer en el gobierno hasta completar el mandato de Fernando de la Rúa (diciembre de 2003), lo cual le quitó definitivamente el respaldo de varios gobernadores peronistas que tenían aspiraciones presidenciales, entre ellos el cordobés José Manuel de la Sota, el bonaerense Carlos Ruckauf y el santacruceño Néstor Kirchner.

Rodríguez Saá declaró el default financiero, por lo que Argentina se declaraba insolvente para pagar las deudas contraídas. Esta acción fue muy popular entre los argentinos y causó una ovación en el Congreso durante su discurso de asunción. Sin embargo, el gobierno perdió rápidemente el apoyo popular al incluir en su gabinete a figuras con imagen muy negativa, como Obeid, Vernet, Grosso, Reviglio y Britos.

Restado el respaldo por la feroz interna partidaria y por el enojo popular a sólo una semana de asumir el cargo, se presumía como inminente la renuncia de Rodríguez Saá. Puerta renunció a su cargo antes de que Saá hubiera hecho pública su renuncia. La renuncia de Rodríguez Saá llegó unas horas después del anuncio de Puerta, por lo que no ocupó la presidencia otra vez. La sucesión recayó entonces en el presidente de la Cámara de Diputados, el duhaldista bonaerense Eduardo Camaño. Éste llevó a cabo la transición de un par de días mientras el Congreso elegía a un nuevo presidente. Este resultó ser Eduardo Duhalde, que había sido electo senador 2 meses antes, y que había quedado segundo en la elección presidencial de 1999, detrás del propio De la Rúa.

La situación con vistas a las elecciones presidenciales se presentaba confusa. Varios líderes del Partido Justicialista aspiraban a la candidatura: el propio Kirchner, que contaba con pocas fuerzas propias para definir una elección interna dentro de su partido; el ex presidente Carlos Menem; y los gobernadores de las provincias de Córdoba, José Manuel de la Sota, Salta, Juan Carlos Romero, y San Luis, Adolfo Rodríguez Saá. Este último había tenido un breve interinato como presidente en diciembre de 2001 y fue quien declaró la cesación de pago de la deuda externa argentina. Las elecciones internas para definir la candidatura peronista se anunciaron primero para noviembre de 2002, y luego se postergaron a febrero de 2003.

El entonces presidente Duhalde, figura de peso dentro del justicialismo no sólo por su condición presidencial sino también por su control hegemónico sobre la estructura partidaria de la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, intentó jugar sus cartas en favor del gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann. Éste, sin embargo, prefirió no presentar su candidatura; Duhalde trasladó sus preferencias a De la Sota, con quien tampoco pudo alcanzar un acuerdo estratégico. Así, el 15 de enero de 2003 anunció su apoyo a la precandidatura de Néstor Kirchner. Con este espaldarazo, Kirchner se situó en una posición mucho más favorable.

Sin embargo, la situación interna del justicialismo no estaba resuelta y si bien el apoyo de Duhalde era significativo, no garantizaba de por sí que Kirchner resultara el candidato presidencial. Por otra parte, las fricciones de una elección interna tan cercana a la elección nacional, prevista para el 27 de abril, podrían provocar un deterioro en las expectativas del justicialismo de obtener una victoria. Así, el 24 de enero, y con el argumento de que los tres aspirantes que quedaban en carrera (Kirchner, Rodiguez Saá y Menem, que había incorporado a Romero como candidato a vicepresidente) presentaban programas contrapuestos, el congreso del partido justicialista toma una decisión inédita: suspender la elección interna y permitir a todos los precandidatos el uso de los símbolos partidarios comunes para presentarse a la elección general. En la práctica, esto significaba que iban a enfrentarse como si perteneciesen a partidos distintos.

Kirchner arrancó su campaña en una posición desfavorable. Las encuestas de intención de voto lo ubicaban por detrás de los otros candidatos justicialistas y de Ricardo López Murphy (ex ministro de De la Rúa y candidato de un conjunto de fuerzas de centroderecha). Sin embargo, la popularidad de Kirchner comenzó a crecer impulsando un programa de perfil socialdemócrata con el que buscaba diferenciarse de las políticas aplicadas durante los gobiernos de Menem y De la Rúa, poniendo acento en priorizar la producción, la justicia, la educación, el trabajo, la equidad y la salud (sintetizado de algún modo en sus eslogans de campaña: “Un país en serio” y “Primero Argentina”). No fue desdeñable tampoco el aporte que significaron tanto su compromiso de mantener al ministro de economía de Duhalde, Roberto Lavagna, con una imagen positiva en la sociedad por su gestión anticrisis, como la participación de su esposa, Cristina Fernández, diputada y senadora por la provincia de Santa Cruz desde 1995.

La campaña electoral estuvo condicionada por los efectos de la crisis: la fecha de elecciones había tenido que ser adelantada tras la represión del 26 de junio en el Puente Pueyrredón. Si bien se evidenciaron algunos leves signos de recuperación económica, por efecto del default y la restricción del gasto público, con leve recuperación de la tasa de cambio del peso frente al dólar y moderado aumento del PBI, las consecuencias sociales de la crisis fueron terribles: el 54% de la población se hallaba por debajo del límite de pobreza; la mitad de esta población (27% del total), por debajo de la línea de indigencia.

En las elecciones del 27 de abril de 2003, el Frente para la Victoria (de Kirchner) obtuvo sólo un 22,0% de los votos, resultando superado por Menem (“Alianza Frente por la Lealtad -UCD), que obtuvo el 24,3%. La legislación electoral argentina prescribe que si ningún candidato alcanza el 45% de los votos válidos emitidos, los dos más votados deben disputar una segunda vuelta (ballotage).

Fuera de esta segunda ronda quedaron López Murphy, Rodríguez Saá con el 14,2% y la candidata de centroizquierda Elisa Carrió (ex radical) con el 14,1%. El candidato de la Unión Cívica Radical, Leopoldo Moreau, ocupó el sexto puesto con un 2,3% en la peor elección de la historia de su partido.

Después de la primera ronda, Kirchner visitó al presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y al de Chile, Ricardo Lagos Escobar, ante quienes ratificó sus intenciones de fortalecer el Mercosur, tal como lo había prometido en el Plan de Gobierno que había presentado poco tiempo antes de las elecciones, y declaró que mantenía con orgullo las convicciones políticas que había sostenido en el pasado.

La segunda vuelta debía llevarse a cabo el 18 de mayo de 2003. Los sondeos previos indicaban entre un 60 y 70% de intención de voto para el gobernador de Santa Cruz. Sin embargo, el ballotage no tendría lugar: el 14 de mayo el ex presidente Menem, después de una larga cadena de rumores y desmentidos, anunció su decisión de renunciar a su candidatura, lo que automáticamente convirtió a Kirchner en presidente electo. Muchos analistas señalan que la maniobra de Menem tuvo como propósito evitar una derrota estentórea, y al mismo tiempo condicionar a Kirchner, que accedió a la presidencia con el nivel más bajo de votos jamás registrado en la historia argentina. El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner prestó ante el Congreso el juramento de ley para convertirse en presidente de la República hasta 2007.

Kirchner asumió confirmando al ministro de economía de Duhalde, Roberto Lavagna, y a otros miembros del gabinete de su antecesor. La política económica del gobierno de Kirchner continuó los lineamientos establecidos por Lavagna bajo la presidencia de Duhalde, manteniendo la devaluación de la moneda mediante una fuerte participación del Banco Central en la compra de divisas, impulsando mediante las exportaciones un crecimiento económico con tasas del PBI cercanas al 10%. Las políticas implementadas fueron exitosas, además, en sacar al país de la cesación de pagos más grande de su historia: se canjeó la deuda soberana, de valor nulo tras la crisis del 2001, por nuevos bonos indexados por la inflación y el índice de crecimiento económico. Los índices de pobreza y de desempleo disminuyeron notoriamente. En esta etapa jugó un importante papel el pequeño bloque de diputados nacionales que respondían en forma directa al Presidente Kirchner. Eran apenas 14 que debían lidiar con un Bloque oficial del PJ con mas de 70 legisladores alieneados con Eduardo Duhalde y un variopinto escenario de pequeños agrupamientos menemistas, romeristas y otros. En muy poco tiempo, este sector de 14 diputados entre quienes destacaban Juan Irrazabal de Misiones, Daniel Varizat de Santa Cruz, Osvaldo Nemirovsci de Rio Negro y Jorge Arguello de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, lograron imponerse en la conducción del Bloque oficial y desde ahí brindaron un mas que importante aporte a la consolidación de la conducción política de Nestor Kirchner.

Durante el gobierno de Kirchner, Argentina y el Fondo Monetario Internacional han mantenido una relación tirante. Al igual que Brasil, una de las principales medidas de su gestión fue cancelar por anticipado la totalidad de la deuda con este organismo internacional por un monto de 9.810 millones de dólares. El objetivo declarado de ambos gobiernos fue terminar con la sujeción de las respectivas políticas económicas nacionales a las indicaciones del FMI.

Los críticos a la política económica del gobierno argumentan que el alto crecimiento económico se debe más a una tendencia mundial que a particularidades argentinas. Sostienen que la recuperación económica del gobierno de Kirchner no podría mantenerse sin la depresión de los salarios, y el elevado precio internacional de los granos y cereales que exporta Argentina y que el canje de la deuda externa no ha implicado una quita, sino que la nueva deuda, al estar indexada, crece indefinidamente. Los defensores de los logros de la política económica del gobierno, sostienen que Kirchner asumió en una situación muy delicada y que la mayoría de los demás países de la región, han tenido un desempeño económico-social más acotado que el argentino, y que ello se debe precisamente a la política económica adoptada.

En Noviembre de 2006 las reservas internacionales subieron más de 30.000 millones de dólares, la desocupación bajo al 10% y la pobreza se mantiene en un 33,5%.

Kirchner ha llevado adelante una activa política para promover los Derechos Humanos. Su gobierno ha incorporado reconocidos integrantes de organismo de Derechos Humanos. Además, ha impulsado el enjuciamiento a los responsables por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los años 70, realizados por la Triple A y por el gobierno del Proceso de Reorganización Nacional. Para conseguirlo, sus partidarios apoyaron en el Congreso Nacional las anulaciones de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, las cuales mantenían frenados dichos juicios desde el gobierno de Raúl Alfonsín. Dicha medida fue posteriormente ratificada por el Poder Judicial. Algunos sectores criticaron estas políticas argumentando que funcionan en contra de la reconciliación nacional. Otros sectores consideran que su gobierno no promueve los Derechos Humanos, sino que atenta contra ellos, tomando como ejemplos la represión ocurrida en Las Heras y el envío de tropas argentinas a Haití en el marco de la MINUSTAH.

Tras las últimas elecciones legislativas en octubre de 2005, Kirchner ha obtenido la primera minoría a nivel nacional. Esto se ha reflejado en importantes cambios en el gabinete (fundamentalmente la sustitución de Roberto Lavagna por Felisa Miceli en el ministerio de economía). Algunos analistas, sin embargo, hacen hincapié en el carácter precario que tendrían los acuerdos alcanzados con los intendentes y gobernadores que aportaron a sus listas.
La oposición cuestiona el hecho de que, pese a controlar la mayoría de ambas cámaras del Congreso, Kirchner ha preferido en reiteradas ocasiones hacer uso de las facultades legislativas del poder ejecutivo, legislando a través de decretos de necesidad y urgencia en vez de seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de leyes. Desde su asunción y hasta mayo de 2006, de 337 leyes originadas en el poder ejecutivo que podrían haberse sancionado por decreto, Kirchner envió solo 136 como proyectos de ley al Congreso, mientras que las restantes 201 fueron sancionadas apelando a decretos de necesidad y urgencia. La estadística arroja así unos 67 decretos por año, con frecuencia comparados con los 54,5 por año de Carlos Menem —quien firmó un total de 545 durante sus diez años de gobierno—.

A nivel internacional, sus adherentes insisten en que Kirchner forma parte de un grupo de mandatarios de varios países, junto con Lula (Brasil), Tabaré Vázquez (Uruguay), Evo Morales (Bolivia), Michelle Bachelet (Chile), Rafael Correa (Ecuador) y Hugo Chávez (Venezuela) quienes, por primera vez en la historia de América Latina, han planteado la posibilidad de establecer una coalición de países de la región que desarrolle políticas independientes de las potencias mundiales hegemónicas. En cambio, para las posiciones más de izquierda, estos jefes de estado -con la eventual excepción de Chávez, Morales y Correa-, han mantenido las relaciones con el gobierno estadounidense sin cambios esenciales. La participación argentina en la MINUSTAH se realizó por pedido directo del gobierno estadounidense, y el gobierno argentino sigue permitiendo ejercicios militares conjuntos con las fuerzas armadas estadounidenses en territorio argentino. Asimismo, en marzo de 2006 ha aprobado una batería de leyes con el fin de sumarse a la "lucha contra el terrorismo" propugnada por el presidente estadounidense George W. Bush, quien había sido felicitado por su colega Kirchner en la reelección del primero en noviembre de 2004.

Durante el año 2005, se realizó el canje de la deuda, que iniciaba las renegociaciones por los bonos que habían quedado en default desde 2001. Su agrupación política, el Frente para la Victoria, triunfó, liderado por su esposa, en las elecciones legislativas de dicho año. En los primeros días de noviembre de ese año se realizó en Mar del Plata la IV Cumbre de las Américas, donde Kirchner manifestó un rechazo hacia el ALCA, propuesto por Estados Unidos. A fines de ese mes Roberto Lavagna renunció al cargo de ministro de Economía, sucediéndole Felisa Miceli. Ese mismo año, procedió a designar al hasta entonces Secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno, como Secretario de Comercio Interior. Moreno se convirtió en uno de los principales ejecutores de las políticas económicas de Kirchner, que han sido motivo de fuertes críticas tanto por su forma como contenido.

En el 2006 surgió un conflicto diplomático con Uruguay a raíz de la instalación de unas plantas de celulosa sobre el Río Uruguay, situación que llevó al corte por parte de activistas de la provincia de Entre Ríos de los puentes internacionales con el país oriental. Kirchner se negó a reprimir a los manifestantes e incluso se manifestó públicamente a favor. Las declaraciones del presidente tensaron las relaciones con Uruguay.
En abril de 2007 hubo un escándalo político con funcionarios involucrados denominado Caso Skanska. El 25 de mayo se realizó un acto multitudinario, ésta vez en el Cerro de la Gloria, en la provincia de Mendoza, denominado La Patria somos todos.

El 2 de junio de 2007 el Jefe de Gabinete, Alberto Ángel Fernández, confirmó que Kirchner no buscaría la reelección en las elecciones presidenciales de octubre, agregando que quien lo haría sería su esposa, la senadora Cristina Fernández, como representante del "Frente para la Victoria" (FPV - Provincia de Buenos Aires). La noticia había trascendido el día anterior y había sido publicada por el diario Clarín
A mediados de 2007, la ministra de economía Felisa Miceli se vio envuelta en un escándalo de corrupción por una bolsa con dinero, que contenía cien mil pesos argentinos y treinta y un mil seiscientos setenta dólares estadounidenses, encontrada en el baño de su despacho. Al ser llamada a declarar por el fiscal Guillermo Marijuán, presentó la renuncia a su cargo el 16 de julio de 2007.

Cristina Fernández de Kirchner asumió su gobierno con problemas de inflación y una crisis institucional en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), cuestionado por la verosimilitud de sus índices de costo de vida desde la intervención del organismo llevada a cabo por el Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno a partir de enero de 2007, que algunos estudios privados han ubicado en más del doble de la inflación oficial. El índice sirve para determinar el monto que el gobierno ha decidido pagar en concepto de intereses de la denominada "deuda externa", en función del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Algunos observadores y dirigentes políticos han sostenido que tanto el gobierno argentino, como grupos económicos privados acreedores de títulos de la deuda externa, pujan por influir en la forma en que se calculan los índices en el INDEC, con el fin de reducir la deuda externa en el caso del gobierno, y de aumentarla en el caso de los acreedores. Por otro lado, existen investigaciones y fallos judiciales que determinaron el carácter ilegítimo y fraudulento de una gran parte de la llamada "deuda externa".

El ministro de Economía Martín Lousteau presentó un plan para combatir la creciente inflación, reduciendo el crecimiento económico («enfriando» la economía), recurso que fue expresamente rechazado por el ex presidente Kirchner. El gobierno sostiene que la inflación no está causada por el alto nivel de crecimiento económico, y que un enfriamento de la economía, con las altas tasas de endeudamiento y pobreza que aún registra el país, tendrían un costo social mayor que el mismo descenso de la inflación.

En la segunda mitad del 2008, la tasa de inflación real bajó, ubicándose en el 0,4% mensual (según el INDEC) y alrededor del 0.7% para diversos estudios privados.

Sin embargo, en el transcurso del primer semestre de 2009, los datos oficiales se han despegado de las mediciones privadas, llegando estas últimas a estimar la tasa interanual en un triple de las difundidas por el INDEC, mismas que la sitúan en un 5,7% contra más de un 15% para la virtual totalidad de las consultoras especializadas.
El 11 de marzo de 2008, en un contexto de fuerte aumento nacional e internacional del precio de los alimentos, influenciados por los movimientos especulativos en los mercados de commodities de los Estados Unidos en los momentos previos a la decalración abierta de la crisis económica de 2008-2009, el ministro de Economía, Martín Lousteau, anunció un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones de cuatro productos y sus derivados: soja, girasol, maíz y trigo. La medida tenía como objetivo atenuar las oscilaciones bruscas de los precios internacionales, combatir la llamada «sojización» del campo argentino y preservar la «política de dólar alto». Adicionalmente se anunciaron incentivos para la industria lechera y una mesa de negociación para el sector de la carne bovina.

La medida significó, en lo inmediato, un incrementó de la tasa de retención sobre la soja y el girasol, reduciéndose levemente las correspondientes al maíz y al trigo. La Resolución 125 fue rechazada de plano por las cuatro organizaciones que reúnen al sector empleador de la producción agro-ganadera en la Argentina, las que, a partir del 13 de marzo, declararon un paro con bloqueos de rutas, que se extendería durante 129 días. El conflicto se agravó el 25 de marzo, cuando las organizaciones agroganaderas decidieron que el paro fuera «por tiempo indeterminado», hasta que el gobierno dejara sin efecto el incremento dispuesto, frente a lo cual la presidenta Cristina Fernández declaró que no negociaría hasta que el lock out fuera levantado. El paro afectó el comercio nacional e internacional, principalmente de alimentos y el abastecimiento de las ciudades.

El agravamiento del conflicto llevó a que miles de manifestantes en todo el país salieran a las calles tanto para oponerse como para apoyar las medidas del gobierno. En el curso de las manifestaciones se produjeron enfrentamientos entre partidarios de ambas posiciones. Durante el conflicto se produjo la renuncia del ministro de Economía Martín Lousteau, autor de las medidas cuestionadas.

El 17 de junio la presidenta Fernández envió al Congreso un proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños productores, con el fin de que sea el Poder Legislativo el que resuelva en definitiva la situación. En la madrugada del 17 de julio, la Cámara de Senadores, en una votación que debió ser desempatada por el Vicepresidente de la Nación, rechazó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que había sido previamente aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados. El 18 de julio la presidenta de la Nación ordenó dejar sin efecto la Resolución 125/08, luego de lo cual uno de los dirigentes ruralistas dio por terminado el conflicto.

La crisis económica de 2008-2009, iniciada en los Estados Unidos, tuvo su primer efecto en la Argentina con el aumento exponencial del precio internacional de los granos que llevó al llamado «conflicto del campo», durante el cual las organizaciones de productores agropecuarios se opusieron a un alza de las retenciones a las exportaciones, consiguiendo finalmente que el Congreso anulara las medidas adoptadas por el gobierno en la Resolución 125/2008.

El 23 de septiembre, en su discurso en la 63ª Asamblea General de la ONU, la presidenta Fernández denominó a la crisis como el Efecto Jazz, aludiendo a su origen en Estados Unidos, en clara contraposición a las denominaciones que los centros económicos utilizaron para denominar a las crisis anteriores que se originaban en países
emergentes, como fueron el Efecto Tequila, Efecto Caipirinha, el Efecto Arroz y el propio Efecto Tango, como se conoció la crisis argentina de 1998-2002. La presidenta cuestionó también a los «gurúes económícos» que defendíán el modelo económico estadounidense y criticaban las medidas anticrisis tomadas por los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, para ratificar su adhesión de fondo al enfoque neodesarrollista de las mismas. Estas declaraciones fueron muy criticadas por la prensa conservadora y algunos sectores de la oposición, que las calificaron como un acto de arrogancia.

En octubre la presidenta puso en marcha un Comité de Crisis de alto nivel, para realizar un monitoreo permanente de la emergencia y recomendar medidas, integrado por el Jefe de Gabinete, el ministro de Economía, los presidentes del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, y el titular de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).

A partir del 26 de noviembre, la presidenta Fernández anunció en diversas etapas un plan anticrisis compuesto por las siguientes acciones:
• Creación de un Ministerio de Producción.
- Paquete anticrisis integrado por tres herramientas:
- moratoria tributaria y reducción de retenciones para el agro;
- blanqueo, promoción y sostenimiento del trabajo registrado para las pymes;
- blanqueo y repatriación de capitales.
• Créditos públicos de fomento a la producción y al consumo, con una asignación de 13.200 millones de pesos (4.400 millones de dólares), asignados a través de la banca privada, a bajo interés. Los fondos se asignaron con el siguiente detalle: heladeras y otros bienes del hogar (3500 millones de pesos), automóviles (3000 millones de pesos), pequeñas y medianas empresas (3000 millones de pesos), campo (1700 millones de pesos), industria (1250 millones de pesos), camiones (650 millones de pesos). En un segundo anuncio se asignaron créditos al turismo sin interés (330 millones de pesos) y de bienes de consumo (200 millones de pesos).
• Plan de obra pública, por 21.000 millones de dólares, con el fin de impulsar el resto de la economía y duplicar los puestos de trabajo en el sector, creando unos 360.000 empleos.

El plan fue apoyado por las dos centrales sindicales (CGT y CTA), la Unión Industrial Argentina que agrupa a los empresarios industriales, y CONINAGRO, que agrupa a las cooperativas rurales. Fue criticada por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA), ambas asociaciones que agrupan a los propietarios y productores rurales.

Por su parte, en octubre de 2008, el Fondo Monetario Internacional anunció que decidió no incluir a la Argentina en el Plan Anticrisis del organismo, «por sus antecedentes negativos», haciendo referencia a la catástrofe económico-social padecida durante la crisis de 1998-2002, cuando la economía del país era dirigida de acuerdo a las pautas del Fondo.