Muy interesante. Ultimamente, como estudiante de Derecho, estoy leyendo sobre Golpes de Estado, Gobiernos de Facto y la manipulacion de las normas legislativas en general en la historia de nuestro pais; ojala que les sirva, no solo a los estudiantes de Derecho, sino a todos aquellos interesados en el tema. Hay bocha de material.

Megapost: Nunca mas... Historia Argentina, justicia ciega...

leyes

Leen y recuerden, para que la historia no se repita... nunca mas!


Que fueron los Gobiernos de Facto?

La doctrina de los gobiernos de facto es una doctrina de origen jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina para convalidar los actos normativos de las dictaduras militares que se instalaron en el país durante el siglo XX y de ese modo legitimarlas


El 7 de septiembre de 1930 las Fuerzas Armadas de Argentina realizaron un golpe de estado y derrocaron al Presidente Hipólito Yrigoyen, dando inicio a una serie de golpes y gobiernos militares que se extendrían durante la mayor parte del siglo XX, abortando todas las experiencias democráticas intentadas antes de 1983.

Tres días después, la Corte Suprema de la Nación emitió una acordada[1] legitimando la dictadura con fundamento en la doctrina de los gobiernos de facto.

Básicamente la célebre (y cuestionada) Acordada del 10 de septiembre de 1930 establece la doctrina de los gobiernos de facto sobre las siguientes bases:

Que los gobiernos de facto se encuentran en posesión de las fuerzas militares y policiales y que las mismas son «necesarias para asegurar la paz y el orden de la nación».

Que un gobierno de facto debe tener «la posibilidad de realizar válidamente los actos necesarios para el cumplimiento de los fines perseguidos por él»;

Que un golpe militar debe ser considerado como «vicio o deficiencia» en el nombramiento del gobierno que no puede afectar la protección del público y los individuos.
El fundamento de fondo para reconocer a los «gobiernos de facto», es el que establecen las «razones de policía y necesidad».
Que los habitantes no pueden discutir el título de un gobierno impuesto por la fuerza, por razones de «orden y seguridad social».

Que el Poder Judicial puede dejar sin efecto ciertos actos de un gobierno de facto, una vez finalizado éste, en caso de graves ilegalidades constitucionales.
Los miembros de la Corte Suprema que emitieron la Acordada del 10 de septiembre de 1930 fueron José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna, en tanto que el Procurador General fue Horacio Rodríguez Larreta.


El problema de la continuidad jurídica

Una de las cuestiones capitales de los gobiernos dictatoriales es la continuidad jurídica y la validez de las normas que puedan haber sido dictadas durante los mismos. Si un gobierno dictatorial es considerado ilegítimo, entonces también lo serían los actos y normas por él realizados, los que quedarían sin valor alguno una vez que cesara la fuerza que obligaba a su obediencia. Ello traía considerables problemas económicos y políticos, para aquellos que pretendían contratar con los funcionarios que usurpaban el Estado o que aceptaban (y se beneficiaban con) las normas que ellos dictaban. De este modo toda la lógica del golpe de estado caía, pues si sus actos pudieran quedar sin efecto simplemente por el hecho de cesar la usurpación del poder, se perdía gran parte de la razón de ser de los mismos.

Una de las funciones esenciales de la doctrina de los gobiernos de facto buscó resolver la cuestión. Al aceptar la situación de fuerza como un hecho (facto) que explicaba la continuidad del Estado, las normas dictadas por los usurpadores adquieren continuidad y legalidad como parte indisoluble del sistema jurídico estatal.


Casos "Municipalidad vs. Mayer", "Arlandini" y "Ziella"
Entre 1945 y 1947 la Corte Suprema dicto varios fallos ratificando y precisando la doctrina de los gobiernos de facto.

En "Municipalidad vs. Mayer" (Fallos 201:266) la Corte Suprema le reconoció a los gobiernos de facto facultades legislativas, las que serían ejercidas mediante un tipo de norma denominadas decretos-leyes, pero estableció las siguientes limitaciones:

que su sanción fuera necesaria para el ejercicio de las funciones de gobierno y el cumplimiento de los fines de la revolución;
que esas normas perdían validez al finalizar el gobierno de facto.
Por esa razón, si el Estado pretendía que algún decreto-ley tuviera continuidad, el mismo debía ser ratificado por el Congreso Nacional. Esa fue la razón de la sanción de la llamada ley "ómnibus" 12.921 de 1947, ratificando varios decretos-leyes sancionados durante los gobiernos militares de Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell (1943-1945).

En "Arlandini" (FaIlos 208:185) la Corte profundizó la doctrina sosteniendo que los jueces no podían revisar la oportunidad ni los fines de los decretos-leyes sancionados durante gobiernos de facto.

Finalmente en "Ziella" (Fallos, 209:26) la Corte estableció la continuidad automática de las normas dictatoriales luego de finalizado el gobierno de fuerza que las sancionós, sosteniendo que "los decretos-leyes dictados por el gobierno de facto son válidos por razón de su origen y, puesto que tienen el valor de leyes, subsisten aunque no hayan sido ratificados por el Congreso mientras no sean derogados de la única manera que éstas pueden serlo, es decir por otras leyes".


La Constitución de 1994

Durante la Convención Constituyente que en 1994 reformó el texto de la Constitución Argentina se discutió largamente la doctrina de los gobiernos de facto y la forma de evitar que la misma pudiera volver a invocarse en un eventual golpe de estado futuro.

El resultado fue la aprobación del primer párrafo del artículo 36 de la Constitución Nacional, conocido también como de "defensa de la democracia o defensa del órden constitucional"

Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos.

Si bien la mayoría de los convencionales rechazaron la doctrina de los gobiernos de facto, se presentaron dos enfoques, aunque no necesariamente opuestos:

uno que, haciendo hincapié en la ilegalidad absoluta de una dictadura, proponía no reconocer ningún valor a sus actos de gobierno (punto de vista expuesto por Eugenio Zaffaroni);

otra que, haciendo hincapié en la necesidad de la continuidad del Estado, proponía una solución más «prudente» que no dejara automáticamente sin efecto las normas dictadas durante la dictadura (punto de vista expuesto por Elisa Carrió).

Finalmente se llegó a aprobar el texto: «Estos actos serán insanablemente nulos».

Sin embargo no parece haber consenso entre los especialistas sobre lo que realmente quiere decir esa frase del artículo 36:

Una posición sostiene que, en caso de producirse un golpe de estado, todas las normas que dictara serían "insanablemente nulas", y no podrían por lo tanto ser convalidadas, ni siquiera por el Congreso Nacional, una vez reestablecido en sus funciones.
Otra posición sostiene que los únicos actos que serían insanablemente nulos son "los actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático". Por lo tanto no serían inválidos todos los actos de la dictadura, y se precisaría que el Congreso Nacional (y eventualmente el Poder Judicial), una vez reestablecido en funciones, tomara la decisión sobre qué actos concretos de la dictadura deben considerarse como actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático".

La cuestión de la prescripción

Una de las cuestiones puntuales más importantes relacionadas con la doctrina de los gobiernos de facto es el de la prescripción. Uno de los corolarios básicos de esta doctrina, es que la prescrición no se ve afectada por la imposición de una dictadura. Esta regla ha llevado al rechazo de gran cantidad de acciones judiciales iniciadas por víctimas de las dictaduras luego de que estas terminaran, invocando que había pasado mucho tiempo y las acciones estaban prescriptas.

Documento Historico:

Doctrina de los gobiernos de facto. Acordada del 10 de septiembre de 1930 (Argentina)

Acordada del 10 de septiembre de 1930

1. Que la susodicha comunicación pone en conocimiento oficial de esta Corte Suprema la constitución de un gobierno provisional, emanado de la revolución triunfante del 6 de Septiembre del corriente año;

2. Que ese gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la nación y, por consiguiente, para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas, y ha declarado además, en actos públicos que mantendrá la supremacía de la constitución y de las leyes del país, en el ejercicio del poder;

3. Que tales antecedentes caracterizan, sin duda, un gobierno de hecho en cuanto a su constitución, y de cuya naturaleza participan los funcionarios que lo integran actualmente o que se designen en lo sucesivo, con todas las consecuencias de la doctrina de facto, respecto de la posibilidad de realizar válidamente los actos necesarios para el cumplimiento de los fines perseguidos por él;

4. Que esta Corte ha declarado, respecto a los funcionarios de hecho, que la doctrina constitucional e internacional se uniforman en el sentido de dar validez a sus actos, cualquiera que pueda ser el vicio o deficiencia de sus nombramientos o de su elección, fundándose en razones de policía y necesidad, con el fin de mantener protegido al público y a los individuos cuyos intereses pueden ser afectados, ya que no les sería posible a estos últimos realizar investigaciones ni discutir la legalidad de las designaciones de funcionarios que se hallan en aparente posesión de sus poderes y funciones;

5. Que el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país, es pues, un gobierno de facto, cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y seguridad social;

6. Que ello no obstante, si normalizada la situación, en el desenvolvimiento de la acción del gobierno de facto, los funcionarios que lo integran desconocieran las garantías individuales o las de la propiedad y otras de las aseguradas por la constitución, la administración de justicia encargada de hacer cumplir ésta las restablecería en las mismas condiciones y en el mismo alcance que lo habría hecho con el ejecutivo de derecho. Y ésta última conclusión, impuesta por la propia organización del poder judicial; se halla confirmada en el caso por las declaraciones del gobierno provisional, que al asumir el cargo se ha apresurado a prestar el juramento de cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes fundamentales de la nación.

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_de_los_gobiernos_de_facto

Golpes de estado en Argentina

Los golpes de estado en Argentina generaron una serie de problemas jurídico-políticos específicos:

La doctrina de los gobiernos de facto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
La validez y suerte de los llamados "decretos-leyes" y demás normas sancionadas por los gobiernos militares, una vez finalizada la dictadura;

La sanción de los golpistas.

También es posible observar una escalada en la violencia represiva y una paralela reducción del respeto por las formas legales en cada uno de los golpes. En particular, mientras que los cuatro primeros golpes de estado (1930, 1943, 1955 y 1962) se definieron como "gobiernos provisionales" y manifestaron desde un inicio su intención de llamar a elecciones democráticas en un breve lapso, los dos últimos golpes (1966 y 1976), establecieron dictaduras militares de tipo permanente, de acuerdo al modelo de estado burocrático autoritario (EBA) descripto por Guillermo O'Donnell.

Un elemento importante de los golpes de estado en Argentina está relacionado también con los planes económicos y la actitud ante los mismos de las grandes potencias mundiales. En el primer caso, los equipos económicos de los gobiernos militares tendieron a recurrir a las mismas figuras, mayoritariamente provenientes del sectores conservador-liberal, llegándose a decir que las Fuerzas Armadas se comportaron como partido político de la clase alta. En el segundo caso en casi todos los golpes de estado la o las potencias mundiales hegemónicas en el país, tuvieron participación directa, ya sea en su realización o posterior protección de los golpistas.

Los golpes de estado en Argentina, sobre todo a partir de la década del 60, formaron parte de un cuadro subregional y regional más amplio, de golpes militares generalizados en Sudamérica y América Latina, en la mayoría de los casos apoyados o promovidos por Estados Unidos, a partir de las operaciones de la Escuela de las Américas con base en Panamá y la Doctrina de la Seguridad Nacional.



En Argentina se realizaron seis series de golpes de estado durante el siglo XX, en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Los cuatro primeros establecieron dictaduras provisionales en tanto que los dos últimos establecieron dictaduras de tipo permanente según el modelo de estado burocrático-autoritario (EBA). El último impuso una guerra sucia en la que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron decenas de miles de desaparecidos.

En los 53 años que transcurrieron desde el primer golpe de estado en 1930, hasta que cayó la última dictadura en 1983, los militares gobernaron 25 años, imponiendo 14 dictadores con el título de «presidentes» (uno cada 1,7 años). En ese período todos los gobiernos elegidos democráticamente (radicales y peronistas) fueron derrocados.

El golpe militar del 6 de setiembre de 1930 fue liderado por el General José Félix Uriburu y derrocó al Presidente Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical, quien había sido electo democráticamente para ejercer su segundo mandato en 1928.

Paradójicamente el General Uriburu había sido uno de los organizadores de la Revolución del 1890, un levantamiento cívico-militar que dio origen a la Unión Cívica Radical.

El 10 de septiembre, Uriburu fue reconocido como presidente de facto de la Nación por la Corte Suprema mediante la acordada que dio origen a la doctrina de los gobiernos de facto y que sería utilizada para legitimar a todos los demás golpes militares[1] .

Siguiendo una tendencia que habría de ser general en los futuros golpes de estado, Uriburu designó a un civil en el cargo de ministro de economía, José S. Pérez, vinculado a los grandes terratenientes y a los sectores más conservadores.

El gobierno militar, de inspiración fascista, proscribió a la Unión Cívica Radical y organizó una «salida electoral» fraudulenta y controlada por las Fuerzas Armadas que dio origen a una serie de gobiernos conservadores fraudulentos y corruptos que fueron conocidos como «la década infame».

La Revolución del 43 originada en el golpe militar del 4 de junio de 1943 tuvo características distintivas a todos los demás:

En primer lugar no derrocó a un gobierno legítimo, elegido democráticamente. Ramón Castillo, el presidente derrocado, era parte del régimen conservador conocido como década infame, originado en el golpe militar de 1930 y apoyado en el fraude generalizado, la represión y la corrupción.
En segundo lugar no mantuvo relaciones de alianza con los grandes terratenientes y empresarios.
En tercer lugar, su desencadenamiento estuvo vinculado a las presiones de Estados Unidos para que la Argentina abandonara su tradicional «neutralismo» frente a la Segunda Guerra Mundial, con el fin de afectar los intereses británicos en el país y reemplazar a Gran Breteña como poder económico dominante en la Argentina.
La Revolución del 43 fue un confuso proceso político durante el cual diversos grupos, muchos de ellos sin protagonismo anterior en la historia argentina, se disputaron el poder. Todos los grupos militares que lucharon por el poder durante la Revolución del 43 eran marcadamente anticomunistas y mantenían relaciones fuertes con la Iglesia Católica que recuperó una sólida presencia (perdida desde el siglo XIX), sobre todo en el ámbito de la educación. Las luchas internas desencadenaron dos golpes internos, sucediéndose en el poder tres dictadores que llevaron el título de «presidente»: Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell.

Durante este período los sindicatos argentinos, principalmente los socialistas y los sindicalistas revolucionarios (pero también algunos pocos comunistas), realizaron una alianza con un sector de oficiales jóvenes del ejército liderado por el coronel Juan Perón, constituyendo una exitosa corriente laborista-nacionalista, que finalmente terminó predominando y ganando el apoyo popular de la clase obrera en ese momento en plena expansión y adquiriendo el nombre de peronismo. El período se caracterizó por una extrema polarización de las clases sociales, y llevó también a la conformación de un gran bloque social fuertemente antiperonista, mayoritariamente integrado por los sectores medios y altos.

Económicamente la Revolución del 43 se caracterizó por una fuerte política de industrialización por sustitución de importaciones.

La dictadura finalizó con un llamado a elecciones democráticas realizadas en 1946, que todos los sectores aceptaron como impecables, en las que triunfó Juan Domingo Perón. Perón sería derrocado por un golpe militar en 1955 antes de finalizar su segundo mandato.

La llamada «Revolución Libertadora» fue una dictadura militar originada en el golpe de estado que derrocó al Presidente Juan Domingo Perón el 23 de septiembre de 1955. La dictadura impuso la proscripción del Partido Justicialista (peronista) y persecución de sus simpatizantes, que se mantendría por 18 años, y la intervención de los sindicatos. También, en un caso sin precedentes en la historia argentina moderna, fusiló a opositores, en algunos casos en forma pública y en otros clandestinamente.

La Revolución Libertadora contó con una Junta Consultiva integrada por la mayor parte de los partidos políticos: Unión Cívica Radical, Partido Socialista, Partido Demócrata Nacional, Partido Demócrata Cristiano y Partido Demócrata Progresista.

El grupo golpista se dividió en dos sectores: un sector nacionalista-católico liderado or el General Eduardo Lonardi, que tomó el gobierno al comienzo, y un grupo liberal-conservador liderado por el General Pedro Eugenio Aramburu y el Almirante Isaac Rojas. Este último sector terminó predominando y dando un golpe de estado interno, por el cual Lonardi fue reemplazado por Aramburu como «presidente».

El gobierno militar asignó el Ministerio de Economía a un civil, sucediéndose Eugenio Folcini, Eugenio A. Blanco, Roberto Verrier y Adalberto Krieger Vasena, que llevaron adelante una política inspirada en los criterios de los sectores socialmente más acomodados y poderosos económicamente.

Una de las medidas institucionales más importantes de la dictadura militar fue dictar una proclama derogando ipso facto la Constitución Nacional vigente, conocida como Constitución de 1949, para reemplazarla por el texto de la Constitución de 1853. Esta medida sería luego avalada por una Convención Constituyente elegida con proscripciones, que sesionó bajo el régimen militar y le agregó el artículo 14 bis.

En 1958 la Revolución Libertadora convocó a elecciones limitadas y controladas por las Fuerzas Armadas, con proscrición del Partido Justicialista que fueron ganadas por la UCRI, el sector de la Unión Cívica Radical liderado por Arturo Frondizi. El Presidente Frondizi sería a su vez derrocado por los militares cuatro años después.

El golpe militar del 29 de marzo de 1962 tuvo elementos tragicómicos que determinaron que no fuera un militar, sino un civil, quien accediera al gobierno luego de derrocar al Presidente Arturo Frondizi (radical intransigente).

Frondizi soportó durante su gobierno reiterados planteos e insurreciones militares, mediante los cuales llegaron a imponerle incluso al Ministro de Economía (Álvaro Alsogaray) y terminaron en el golpe del 29 de marzo de 1962, liderado por el General Raúl Poggi.

El hecho que precipitó el golpe fue la amplia victoria del peronismo en las elecciones realizadas once días antes, en diez de las catorce provincias, incluyendo la estratégica Provincia de Buenos Aires, donde triunfó el dirigentes sindical textil Andrés Framini. El peronismo había sido proscripto por la dictadura militar de 1955, pero Frondizi volvió a habilitarlo electoralmente, aunque manteniendo la prohibición a Juan Perón de presentarse como candidato y volver al país. Frondizi inmediatamente intervino las provincias en las que había ganado el peronismo, pero el golpe era indetenible.

Producido el levantamiento militar el 29 de marzo de 1962, el Presidente Frondizi, detenido por los militares en la Isla Martín García, se negó a renunciar («no me suicidaré, no renunciaré y no me iré del país»[3] ). Eso llevó a interminables movimientos, amenazas y gestiones que agotaron a los líderes de la insurrección, quienes se fueron a dormir antes de asumir formalmente el poder. En la mañana del 30 de marzo, el General Raúl Poggi, líder de la insurrección victoriosa, se dirigió a la Casa Rosada para hacerse cargo del gobierno, y se sorprendió con el hecho de que los periodistas le comentaban que un civil, José María Guido, había jurado como presidente en el palacio de la Corte Suprema de Justicia.

Guido era un radical intransigente que presidía provisionalmente la Cámara de Senadores, debido a la renuncia del Vicepresidente Alejandro Gómez. Teniendo en cuenta ésto, la noche del golpe, algunos abogados relacionados con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre ellos Horacio Oyhanarte, le tomar el derrocamiento de Frondizi como un caso de acefalía y asumir la presidencia, por encontraba en la línea sucesoria de la acefalía, cosa que hizo.

Entre incrédulos, sorprendidos e indignados, los militares golpistas terminaron aceptando a regañadientes la situación y convocaron a Guido a la Casa Rosada para comunicarle que sería reconocido como presidente, en tanto y en cuanto se comprometiera por escrito a ejecutar las medidas políticas indicadas por las Fuerzas Armadas, siendo la primera de ellas anular las elecciones en las que había ganado el peronismo. Guido aceptó las imposiciones militares, firmó un acta dejando constancia de ello y fue entonces habilitado por estos para instalarse con el título de «presidente», pero clausurando el Congreso Nacional e interviniendo todas las provincias.

Efectivamente Guido cumplió las órdenes militares, anuló las elecciones, clausuró el Congreso, volvió a proscribir al peronismo, intervino todas las provincias y designó un equipo económico de derecha (Federico Pinedo, José Alfredo Martínez de Hoz, etc.).

Finalmente en 1963 volvió a convocar a elecciones limitadas, con proscripción del peronismo, en las que resultó elegido presidente Arturo Illia (radical del pueblo), saliendo segundo el voto en blanco que muchos peronistas utilizaron como forma de protesta. El Presidente Illia también sería a su vez derrocado por un golpe militar el 28 de junio de 1966.

El 28 de junio de 1966 un levantamiento militar liderado por el General Juan Carlos Onganía derrocó al Presidente Arturo Illia (radical del pueblo). El golpe dio origen a una dictadura denominada Revolución Argentina, que ya no se presentó a sí misma como «gobierno provisional», como en todos los golpes anteriores, sino que se estableció como un sistema de tipo permanente. Este tipo de dictaduras militares permanentes, se instalaron por entonces en varios países latinoamericanos en esos años (Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, etc.) y fue analizado detalladamente por el destacado politólogo Guillermo O'Donnell quien lo denominó con la expresión de Estado burocrático autoritario (EBA).

La «Revolución Argentina» dictó en 1966 un Estatuto que tenía nivel jurídico superior a la Constitución y en 1972 introdujo reformas constitucionales, algo que también la distinguió de las dictaduras anteriores. En general la dictadura adoptó una ideología fascista-católica-anticomunista, apoyada abiertamente tanto por Estados Unidos como por los países europeos.

Los alta conflictividad política y social generada durante la «Revolución Argentina» y las luchas entre los diversos sectores militares produjeron dos golpes internos, sucediéndose en el poder tres dictadores militares: Juan Carlos Onganía (1966-1970), Marcelo Levingston (1970-1971) y Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973).

Económicamente la dictadura entregó el Ministerio de Economía a los sectores civiles más conservadores-liberales, cuyo máximo exponente fue Adalberto Krieger Vasena, quien ya había sido ministro de la «Revolución Libertadora». Hay que señalar sin embargo, que durante la dictadura de Levingston, predominó un sector nacionalista-desarrollista de las Fuerzas Armadas, que nombró Ministro de Economía al radical Aldo Ferrer.

Acosada por una insurrección popular creciente y generalizada, la dictadura organizó una salida electoral con participación del peronismo (aunque impidiendo la candidatura de Perón), en 1973, en la que triunfó precisamente el candidato peronista Héctor J. Cámpora, con el 49,53% de los votos, quien a su vez renunció para permitir nuevas elecciones libres, en las que ganó Juan Perón con el 62% de los votos. Perón moriría menos de un año después de haber sido electo, y el gobierno peronista, en manos ahora de la Vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, sería también derrocado por un golpe militar en 1976.

El 24 de marzo de 1976 una nueva sublevación militar derrocó a la Presidenta María Estela Martínez de Perón instalando una dictadura de tipo permanente (Estado burocrático autoritario) auto-denominada «Proceso de Reorganización Nacional», gobernada por una Junta Militar integrada por tres militares, uno por cada fuerza. A su vez la Junta Militar elegía a un funcionario con el título de «presidente», con funciones ejecutivas y legislativas.

Al igual que la dictadura anterior, la Junta Militar sancionó en 1976 un Estatuto con jerarquía jurídica superior a la Constitución.

El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas:

1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti
1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna
1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya
1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes
En cada una de estas etapas, las juntas designaron como «presidentes» de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército.

El «Proceso de Reorganización Nacional» llevó adelante una guerra sucia en la linea del terrorismo de estado que violó masivamente los derechos humanos y causó la desaparición de decenas de miles de ciudadanos. Internacionalmente, la dictadura argentina y la violación de derechos humanos contó con el apoyo activo del gobierno de Estados Unidos (salvo durante la administración de James Carter) y la tolerancia de los países europeos, la Unión Soviética y la Iglesia Católica, sin cuya inacción difícilmente hubiera podido sostenerse. Asimismo, en ese momento se instalaron con apoyo estadounidense dictaduras militares en todos los países del Cono Sur de Sudamérica (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) que coordinaron entre si y con Estados Unidos la represión, por medio de una organización terrorista internacional denominada Plan Cóndor.

En materia económica, la dictadura entregó formalmente los ministerios económicos a las asociaciones empresarias más conservadoras que impulsaron una política económica abiertamente desindustrializadora y neoliberal, con máxima expansión de una deuda externa[4] contraída de manera fraudulenta y mediante mecanismos de corrupción, en beneficio del sector privado:

El Ministerio de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del Consejo Empresario Argentino (CEA).
La Secretaría de Ganadería a la Sociedad Rural Argentina, representada por Jorge Zorreguieta (el padre de Máxima Zorreguieta, princesa de Holanda).

El Banco Central a la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA).

En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido, en un acontecimiento sobre el cual siguen siendo muy oscuras las causas desencadenantes. La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín.

Los jefes militares fueron enjuiciados y condenados, y muchos de ellos llevados a prisión, en complejos procesos que aún siguen en marcha.

La dictadura militar llamada «Proceso de Reorganización Nacional» fue la última. Si bien entre 1987 y 1990 se produjeron varias insurrecciones militares, denominadas carapintadas, ninguna de ellas logró derrocar a los gobiernos democráticos.


Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Nunca_M%C3%A1s




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Madres de Plaza de Mayo

Las Madres de Plaza de Mayo es una asociación formada durante el último gobierno militar de la República Argentina con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos, inicialmente, y luego establecer quiénes fueron los responsables de los actos de lesa humanidad y promover su enjuiciamiento.

Las Madres de Plaza de Mayo se encuentran divididas en dos grupos, el grupo mayoritario presidido por Hebe de Bonafini y denominado Madres de Plaza de Mayo, y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, presidido por Nora Morales de Cortiñas.

Nació como una iniciativa de madres de detenidos y desaparecidos el 30 de abril de 1977 en Buenos Aires. Su objetivo inicial era poder tener una audiencia con el Presidente de facto argentino Jorge Rafael Videla. Para ello se reunieron en la Plaza de Mayo y efectuaron una manifestación pública pacífica pidiendo saber el paradero de sus hijos. La elección de la Plaza de Mayo se debe a que está situada frente a la Casa Rosada, sede de la Presidencia y lugar donde tradicionalmente se han efectuado manifestaciones políticas.

La idea surgió mientras el grupo inicial de madres estaba esperando que las atendiera el secretario del Vicario Castrense. Una de ellas, Azucena Villaflor de Devincenti, propuso entonces: "Individualmente no vamos a conseguir nada. ¿Por qué no vamos todas a la Plaza de Mayo? Cuando vea que somos muchas, Videla tendrá que recibirnos."

Ese mismo día, 14 madres iniciaron una jornada a la cual, con el paso del tiempo, se acercarían otras madres afectadas. Desde entonces, todos los jueves repetirían una caminata (originada cuando las fuerzas de seguridad les exigieron "circular" por causa del estado de sitio) alrededor de la pirámide central de la plaza.

Aquellas primeras Madres fueron: Azucena Villaflor de Devincenti, Berta Braverman, Haydée García Buelas, María Adela Gard de Antokoletz, Julia Gard, María Mercedes Gard y Cándida Gard (4 hermanas), Delicia González, Pepa Noia, Mirta Baravalle, Kety Neuhaus, Raquel Arcushin, Sra. De Caimi y una joven que no dio su nombre.

La manifestación de las Madres fue una de las primeras manifestaciones públicas contra la dictadura. Alcanzaron notoriedad durante la realización del Mundial de Fútbol de 1978 en Argentina, cuando periodistas internacionales empezaron a entrevistarlas y dieron a conocer su movimiento.

El 26 de enero de 2006 esta manifestación dejó de realizarse por parte de la agrupación liderada por Hebe de Bonafini, quien afirmó que "ya no hay un enemigo en Casa de Gobierno". Otras agrupaciones de derechos humanos y partidos de izquierda no estuvieron de acuerdo y continuaron realizándola[1] .

Unidas por la desgracia, las Madres se convirtieron en un grupo de activistas en defensa de los derechos humanos. Aseguran que nacieron por sus hijos, y que son las madres de todas las víctimas de la represión en Argentina. Se distinguen usando pañuelos blancos sobre sus cabezas, los mismos que anteriormente habían servido como pañales de sus hijos desaparecidos.

Los hijos de las Madres desaparecieron durante la llamada Guerra Sucia que se libró en Argentina entre 1976 (los militares tomaron el poder el 24 de marzo de 1976) y 1983 (entregaron el poder a Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983).

Según el libro Nunca Más, informe de la Comisión Nacional de Desaparecidos, las víctimas del terrorismo de Estado fueron alrededor de 9000 personas, aunque muchos grupos de derechos humanos y de izquierdas fijan esa cifra en cerca de 30000 personas. Azucena Villaflor, una de las fundadoras de la organización, también fue secuestrada, a la salida de la Iglesia de la Santa Cruz, en el barrio porteño de San Cristóbal, por el Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada. Su cuerpo fue hallado en julio de 2005.

La organización está fuertemente relacionada con las Abuelas de Plaza de Mayo, cuyo objetivo es recuperar la identidad de los cientos de niños que fueron secuestrados por las autoridades militares durante la dictadura, y con la asociación HIJOS, formada por los hijos de los detenidos desaparecidos que desean continuar la lucha de sus padres y sus abuelas.

Sitio oficial: www.madres.org

Nunca Más

Con el nombre Nunca Más es conocido el informe emitido por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) de Argentina. Es conocido también con el nombre de "Informe Sábato" puesto que fue el escritor Ernesto Sabato quien presidió la comisión.

La comisión fue creada por el presidente de Argentina Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983. El objetivo era esclarecer los hechos sucedidos en el país durante la dictadura militar instaurada desde el año 1976. Su misión era la de recibir informes y denuncias sobre las desapariciones, los secuestros y las torturas acontecidos dentro de aquel periodo a manos del régimen, y generar informes a partir de estos.

La comisión entregó su informe el 20 de septiembre de 1984 al Presidente de la República, ese informe se transformó en el libro Nunca Más, que lo contiene en su totalidad

La comisión estuvo integrada además por Magdalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro (quien después renunció), Hilario Fernández Long, Carlos T. Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Jaime F. de Nevares y Eduardo Rabossi, además de los diputados de la nación Santiago M. López, Hugo D. Piucill y Horacio H. Huarte.

Enlace externo: www.nuncamas.org


Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Madres_de_Plaza_de_Mayo

Para terminar pensando...

Propagandas de las dictaduras... una verguenza...


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Nunca Más

Con el nombre Nunca Más es conocido el informe emitido por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) de Argentina. Es conocido también con el nombre de "Informe Sábato" puesto que fue el escritor Ernesto Sabato quien presidió la comisión.

La comisión fue creada por el presidente de Argentina Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983. El objetivo era esclarecer los hechos sucedidos en el país durante la dictadura militar instaurada desde el año 1976. Su misión era la de recibir informes y denuncias sobre las desapariciones, los secuestros y las torturas acontecidos dentro de aquel periodo a manos del régimen, y generar informes a partir de estos.

La comisión entregó su informe el 20 de septiembre de 1984 al Presidente de la República, ese informe se transformó en el libro Nunca Más, que lo contiene en su totalidad

La comisión estuvo integrada además por Magdalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro (quien después renunció), Hilario Fernández Long, Carlos T. Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Jaime F. de Nevares y Eduardo Rabossi, además de los diputados de la nación Santiago M. López, Hugo D. Piucill y Horacio H. Huarte.

Enlace externo: www.nuncamas.org