Argentina: a 10 años de la Ley de Promoción de Software

Se cumplieron en estas fechas diez años de la sanción de la ley de promoción de la industria del software. Es una buena oportunidad para hacer un balance de las políticas públicas alrededor de esta industria y el perfil que esta tomó.



La ley sancionada en el 2004, cuando aún duraban los efectos de la megadevaluación de 2002, apuntaba a lograr un rápido crecimiento del sector principalmente a partir de la exportación de servicios de desarrollo, a convertir a nuestro país en software factory de los países centrales, generando rápidamente puestos de trabajo e ingreso de divisas. Para ello estableció importantes desgravaciones de impuestos, en ganancias y contribuciones, para las empresas que cumplieran determinados requisitos: contar con alguna certificación de calidad y realizar inversiones en I+D o tener al menos un 8% de exportaciones.



Desde este punto de vista puede decirse que el objetivo, sobre todo en los primeros años, se cumplió. En el período 2003/2012, las ventas crecieron un 313 %, las exportaciones 414 % y se crearon 50.000 puestos de trabajo en el sector (266% de crecimiento). Empresas como IBM ampliaron fuertemente su personal (aunque más tarde lo redujeron) y surgieron otras locales alrededor de este modelo, siendo Globant la más destacada.

De todas maneras, para realizar una justa evaluación cuantitativa del período habría que, por un lado, matizar estos números teniendo en cuenta el crecimiento general de la economía en esos años y el crecimiento propio que tiene en todo el mundo la industria del software. Y por otra parte, contrastar el crecimiento de las exportaciones con la evolución de las importaciones de licencias de software y servicios informáticos. Si bien no hay datos oficiales sobre esto último, distintos artículos periodísticos muestran un crecimiento exorbitante en empresas globales como Microsoft, SAP o Google, que en Argentina prácticamente tienen solo oficinas comerciales.

Analicemos a continuación algunos problemas y limitaciones del modelo Globant, empresa emblemática de esta etapa y mencionada en múltiples discursos oficiales para resaltar el éxito del sector.

El modelo Globant



Como mencioné más arriba, la ley del software se pensó en gran medida para empresas como Globant y otras de menor tamaño, dedicadas fundamentalmente a brindar servicios de desarrollo o de outsourcing, en general con especial foco en el mercado externo.

El modelo es básicamente ofrecer recursos humanos a precios competitivos, logrados en parte gracias a la depreciación de nuestra moneda y en parte gracias a la subvención estatal. La clave del éxito está en el diferencial de costo de los recursos humanos que se pueda ofrecer a los clientes externos, más allá de que también incida la formación de los mismos y la calidad general de los servicios de la empresa.

En este modelo, fuera de los ingresos de divisas y los puestos de trabajo generados, es poco lo que queda en el país, no quedan productos ni participación o propiedad intelectual sobre lo desarrollado. Las divisas volverán a salir, con mucho menos esfuerzo, cuando los argentinos consumamos los productos de Google o LinkedIn, empresas a las cuales Globant provee servicios. En cuanto a los puestos de trabajo, ya no son tan bien remunerados como en los primeros años de la posconvertibilidad y están al total arbitrio de los empresarios pues la gran mayoría están fuera de convenio, por lo cual no gozan de paritarias ni de representación sindical reconocida.

Además, habría que evaluar si en un rubro de recursos humanos escasos no estarían de todas maneras todos ocupados en otro modelo de desarrollo de la industria que privilegie el desarrollo de productos, la sustitución de importaciones, la creación de emprendimientos de base tecnológica y/o aplicados a lograr mayor eficiencia en los procesos productivos o administrativos del país.

La aplicación de la ley de promoción de la industria del software (LPS)

Más allá de la orientación de la ley, su aplicación también tuvo serios problemas y generó múltiples injusticias.

En primer lugar, uno de los requisitos para acceder a los beneficios de la LPS era contar con una certificación de calidad. Esto surgía de la idea de que si nuestro objetivo era exportar servicios, contar con una certificación de calidad nos iba a permitir acceder a más mercados. En la práctica esto no resultó más que una barrera para quienes la certificación nos aporta poco y nada, sea porque no centramos nuestro negocio en el outsourcing o porque no es decisiva al momento de que un cliente nos contrate. Además dejaba afuera a las empresas chicas y jóvenes que si querían lograr la certificación debían distraer sus esfuerzos aplicados a construir su negocio, en simular que eran maduros y con procesos bien definidos. Finalmente, hay que decir que la ola de las certificaciones de calidad como garantía de algo viene en franca caída en los últimos años.



Pero lo peor vino después. En agosto del 2011 el congreso sancionó la ley 26.692, que modificaba la LPS ampliando su plazo de vigencia hasta 2019, flexibilizando el requisito de la certificación de calidad, al permitir que las empresas accedan solo con manifestar que están en proceso de obtenerla, y mejorando las condiciones para los exportadores al permitirles usar el crédito por el subsidio a las contribuciones para pagar aún menos impuesto a las ganancias.

Parecían buenas noticias para el sector, pero el Ministerio de Industria que controla el registro de empresas beneficiadas decidió cerrarlo hasta que se hubiera reglamentado la nueva ley. La reglamentación total se terminó de producir en febrero del 2014, dos años y medio después, y hoy a más de tres años las empresas seguimos sin poder ingresar a la LPS, enredadas en todos los vericuetos y trabas administrativas que impone la burocracia del ministerio.

De esta manera, la LPS no sólo tiene una orientación cuestionable, importantes barreras de entrada, sino que su aplicación implicó mayores injusticias, al dejar afuera de los beneficios a muchas empresas, a la vez que se los mantiene a otras que son, en general, las más grandes.

Pero el panorama no quedaría completo si no analizamos qué otras políticas se pudieron haber implementado.

Software libre

Sin entrar en las bondades del software libre en cuanto a las libertades que ofrece a los usuarios, es interesante destacar en este punto su capacidad para sustituir importaciones. Para todos los software de uso horizontal como ser sistemas operativos, motores de base de datos, aplicaciones de oficina, etc. existen alternativas libres absolutamente competitivas frente a las opciones propietarias que implican pagar licencias importadas a empresas como Microsoft u Oracle.



Por este motivo es que la migración a software libre, tanto en el ámbito público como el privado, debería ser uno de los objetivos de una política de software que apunte a una independencia económica y tecnológica, aplicando para ello políticas activas.

En cambio, no hay ningún tipo de plan ni política al respecto, más allá de algunas declamaciones abstractas. En cuanto a la LPS no comprende entre las actividades promovidas la de implementar o dar soporte a software libre, cuando sí se promueven otras actividades de dudoso beneficio para el país como las mencionadas arriba.

Apoyo a startups

Otro actor importante en el mundo del software actual son las startups, empresas de base tecnológica, con algo grado de innovación y gran potencial de crecimiento. En Argentina como en otros países florecen decenas de estas empresas, que casi siempre requieren para desarrollarse un apoyo o inversión externa. El modelo de desarrollo de este tipo de empresas en Argentina parece admitir solo dos caminos: intentar seducir a inversores ángeles o venture capitals que son adversos a invertir en nuestro país y los pocos que lo hacen tratan de eliminar el riesgo (una contradicción para este tipo de inversiones) y a la vez maximizar los beneficios o adquirir un cierto crecimiento regional y esperar ser adquiridos por empresas globales . Una tercera opción es mudarse con empresa y todo a vivir al Sillicon Valley.

Una mínima acción del Estado para orientar fondos propios (o en control de los bancos) hacia esta área permitiría suplir la falta de inversores locales y hasta podría ser un buen negocio. En el caso de startups de software los montos de inversión necesarios son bajos, sobre todo para empresas en sus etapas iniciales, y se aplicarían en su mayoría a generar puestos de trabajo no solo de desarrolladores sino también de otros roles.

Conclusión

El software es algo relativamente novedoso para nuestra sociedad y mucho más lo es la actual revolución tecnológica que lo tiene como centro desde Internet se instaló en nuestras vidas a inicios de los 90. Más allá de la novedad, es evidente (o debería serlo para quienes gobiernan) que es un bien estratégico cada vez más relevante en todos los órdenes de nuestras vidas. Es por eso que es fundamental discutir qué rol jugamos y qué rol aspiramos a jugar como país respecto al consumo, producción y propiedad del mismo. Debemos definir si solo vamos a mirar maravillados la pantalla de Netflix o Facebook o si creemos en nuestra creatividad y nuestros recursos humanos (no hace falta mucho más para hacer software) y apostamos a ser protagonistas de esta revolución tecnológica.


Fuente:http://gnarvaja.tumblr.com/post/97738726150/reflexiones-sobre-las-politicas-publicas-a-10-anos-de