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El canje de bonos del 2005 - Prospecto d/canje completo

Históricamente, la deuda externa cumplió un papel fundamental como mecanismo de dominación de los países desarrollados sobre aquellos que intentan lograr un mayor desarrollo productivo y social, para alcanzar, de esa forma, un mejor nivel de vida para la población.

De este modo, “La deuda externa fue en todos los tiempos un instrumento de succión de las riquezas nacionales, de imposición de políticas y de dominación de grupos políticos y económicos” que atentaron contra cualquier posibilidad real de un desarrollo nacional. La supuesta necesidad del ahorro externo derivó en especulación financiera, fuga de divisas, condicionamiento de políticas, y la consolidación de grupos hegemónicos conservadores y aliados a los sectores que atentaban contra el interés nacional.

A mediados de la década del 70, el sistema financiero mundial sufrió fuertes transformaciones, que se caracterizaron por un brusco incremento de la liquidez internacional y un proceso global de desregulación y liberalización de los movimientos internacionales de capital, que quedaron fuera del control de los bancos centrales. Fue así cómo una masa financiera en creciente expansión se dirigió hacia los países en desarrollo en búsqueda de inversiones rentables. Estos cambios tuvieron importantes efectos sobre el funcionamiento de la economía mundial y, en particular, sobre América Latina.

Fue a partir de estas transformaciones que tuvieron lugar en el centro de funcionamiento del sistema económico mundial y de las reformas implementadas por el proceso dictatorial más cruento que vivió nuestro país, que la deuda pública argentina experimentó un fuerte incremento. La deuda se convirtió en la principal restricción para el desarrollo, en nombre de la cual se aplicaron las políticas de desindustrialización y extranjerización de la actividad económica, dictadas por el poder financiero internacional comúnmente conocidas como el Consenso de Washington.i

Esta restricción se acentuó aún más durante los gobiernos democráticos que le siguieron, en los cuales, con la complicidad de los diferentes actores económicos internos y externos, fueron llevadas a cabo todo tipo de políticas que pasaron por la estatización de la deuda externa privada, la privatización de las empresas públicas a cambio de bonos de la deuda, y un creciente endeudamiento externo para sostener actividades especulativas, la fuga de divisas, y una artificial convertibilidad.

Este proceso de endeudamiento sin límites ni control experimentó su mayor crisis en diciembre del año 2001, cuando el modelo neoliberal implementado durante una década y que fuera acompañado por el proceso de la convertibilidad, mostró su completo agotamiento al no poder recurrir al endeudamiento externo para poder seguir sobreviviendo.

Las jornadas del 19 y 20 de diciembre terminaron por derrumbar la farsa y mostraron que el modelo que había destruido la base industrial conformada a lo largo de varias décadas, dejó al país con un nivel de desocupación y pobreza sin precedentes; y con la pesada carga de una deuda pública que hacía tiempo se evidenciaba como impagable.

En un contexto de crisis política, económica y social, en donde la representatividad y la gobernabilidad eran muy frágiles, se sucedieron 5 presidentes en una semana, hasta que el 24 de diciembre de 2001, el entonces presidente provisional Adolfo Rodríguez Saa anunció la suspensión y el diferimiento de los pagos de la deuda pública, la cual totalizaba U$S 144.453 millones al 31 de diciembre de 2001 y en donde el endeudamiento externo representaba un 61% de la misma. Sin embargo, luego de asumir el Presidente Eduardo Duhalde el 2 de enero de 2002, una parte de la deuda pública fue regularizada, manteniéndose en default sólo los títulos públicos emitidos hasta esa fecha y la deuda agrupada en los segmentos de Bilaterales (Club de París), Banca Comercial y Otros.

El diferimiento de pagos de una parte de la deuda pública fue autorizado y avalado por el Congreso Nacional a través de las sucesivas leyes de presupuesto aprobadas para los años posteriores.

A partir del año 2003, luego de que en el mes de mayo asumiera la presidencia Néstor Kirchner, se produjo un cambio en el modelo económico que había estado vigente durante los años ´90. Una mayor presencia estatal y un cambio de dirección de las políticas públicas impulsaron el período de crecimiento más largo que había experimentado nuestro país. El nuevo tipo de cambio favoreció el aumento de la actividad industrial y un incremento de las exportaciones. La mejora en las cuentas externas, a su vez, permitió alcanzar una fuerte acumulación de reservas internacionales. La priorización del mercado interno logró disminuir el desempleo y la pobreza, convirtiendo a la inclusión social en uno de los pilares del modelo.

Es en este contexto de crecimiento y recuperación de la actividad económica que el Presidente Néstor Kirchner, en diciembre del año 2004, mediante el Decreto 1735/04, buscó poner fin a esta situación a través de una oferta de canje para reestructurar una parte de la deuda en default, la cual fue realizada sobre una deuda elegible instrumentada en títulos públicos.

Sin embargo, antes de pasar a la descripción del canje y su impacto en las cuentas públicas, resulta necesario destacar un hecho que suele ser soslayado al momento de realizar cualquier análisis sobre la deuda pública: la posibilidad de realizar una auditoría sobre la deuda pública para analizar su legalidad.

En nuestro país se abrieron varias causas judiciales sobre diferentes procesos de endeudamiento que experimentó nuestro país. El primero y más importante, dada su relevancia histórica, fue la causa judicial Nº 14467 abierta en 1982, conocida como la “Causa Olmos”, ya que Alejando Olmos fue el impulsor de dicha investigación. En la misma se comprobaron los diferentes mecanismos ilícitos y fraudulentos mediante los cuales la dictadura militar que estuvo en el poder entre 1976 y 1982 endeudó al país.ii

Dicha causa tuvo su sentencia en el año 2000, luego del fallecimiento de quien fuera su principal impulsor. Sin embargo, y a pesar de las pruebas allí contenidas, dada la prescripción de la acción penal, no hubo ningún tipo de castigo hacia los responsables de una de las mayores defraudaciones al Estado argentino. El expediente fue remitido al Congreso de la Nación, donde nunca prosperó ninguna iniciativa que impulsara la creación de una comisión investigadora sobre el tema. La causa ya lleva más de una década cajoneada a la espera de su tratamiento.

Asimismo, existen otras causas judiciales que actualmente se encuentran bajo investigación y a la espera de una sentencia:

En el año 1998, como consecuencia de una denuncia efectuada por Alejandro Olmos, se abrió una causa para investigar el endeudamiento argentino durante la década del 90, la cual fuera caratulada “Olmos Alejandro s/denuncia por defraudación a la administración pública”.

En el año 2001, luego de una denuncia realizada por los diputados nacionales Elisa Carrió, Mario Cafiero, Graciela Ocaña y Alfredo Bravo, se abrió una causa a los efectos de investigar la legalidad del “megacanje” de títulos públicos efectuado por el Poder Ejecutivo en ese año.

En el año 2006, Alejandro Olmos Gaona junto con Daniel Marcos, radicaron una nueva denuncia por defraudación a la administración pública, solicitando la investigación de la totalidad del endeudamiento externo hasta ese año.

La existencia de estas causas judiciales cuestiona la legalidad y la legitimidad del proceso de endeudamiento desde la última dictadura militar, cuya pesada carga debió afrontar todo el pueblo argentino.

Es por eso que creemos que la suspensión de pagos acontecida en diciembre de 2001, podría haber sido un oportunidad excepcional para haber realizado una auditoría integral de la deuda pública del Estado argentino, y de esa forma haber denunciado y castigado a los responsables internos y externos de las maniobras defraudatorias realizadas contra el Estado, y haber asumido solamente las deudas que fueron contraídas legítimamente.





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