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La inevitable erosión de la era pacifista en Japón

Masahiro Matsumura



El giro en la seguridad nacional nipona, que implica la toma de decisiones difíciles, representa un gran desafío para la democracia del país.

Encuadrada en la convergencia de las políticas nacional e internacional de la posguerra durante los últimos 70 años, la Constitución pacifista de Japón parece haber asegurado la paz y la prosperidad para el país. Los pacifistas nipones consideran además que esta buena suerte nunca se va a acabar, como demuestra su más reciente manifestación masiva frente a la Dieta (Parlamento). Los manifestantes protestaban contra las políticas de seguridad propuestas por el Gobierno del primer ministro, Shinzo Abe, que consideran inconstitucionales. Pero la emergente tecnología militar centrada en la red está invalidando con rapidez las premisas que los pacifistas llevan tanto tiempo asumiendo.

La Constitución japonesa de 1947 fue impuesta bajo la ocupación militar encabezada por Estados Unidos con la intención de poner a un Japón derrotado bajo una especie de periodo de prueba indefinido en su calidad de país que había desafiado el statu quo internacional y, aun vencido, podía ser peligroso. La Constitución privó a Japón de su derecho a la beligerancia, así como del derecho a la posesión de unas fuerzas armadas normales que pudieran ser un instrumento político para la proyección del poder. Para su seguridad y existencia, Japón está obligado a confiar en “la justicia y la fe de los pueblos del mundo que aman la paz”, la inmensa mayoría de los cuales consistía entonces en las Potencias Aliadas.

En respuesta al estallido de la Guerra de Corea en 1950 en el contexto de la Guerra Fría, sin embargo, EE UU empujó al Japón ocupado a organizar una fuerza de policía de Seguridad Nacional a pequeña escala que más tarde se convirtió en las Fuerzas de Autodefensa de Japón. El país aprovechó el armamento ligero y su baja carga fiscal para reconstruir su economía devastada por la guerra y para más tarde convertirse en una potencia económica mundial, mientras que Estados Unidos sigue hasta el día de hoy cumpliendo con el papel de único garante de la seguridad nipona.

Con el aumento de la implicación militar estadounidense a nivel global y su carga fiscal creciendo significativamente, las Fuerzas de Autodefensa de Japón han estrechado sus relaciones bilaterales de alianza para reforzar y, de manera limitada, complementar el poder militar estadounidense. Gracias a la alianza, Japón ha sido capaz de gastar menos del 1% de su PIB en defensa durante más de tres décadas. Aunque, por supuesto, también se ha visto obligado a soportar una relación asimétrica, cuya manifestación más visible es tener que acoger grandes bases militares estadounidenses en su territorio.

Sin embargo, a medida que su economía crecía, el presupuesto de defensa japonés se hizo lo suficientemente grande en términos absolutos para permitir que el país financiara la transformación de las Fuerzas de Autodefensa en unas fuerzas armadas reducidas pero tecnológica y operativamente sofisticadas, que funcionan a su mejor nivel cuando cooperan estrechamente con las de Estados Unidos.

Durante más de dos décadas, Japón ha eludido hábilmente sus limitaciones constitucionales sacando el máximo rendimiento al apoyo logístico y de retaguardia que las Fuerzas de Autodefensa prestan a las fuerzas estadounidenses. Este apoyo es esencial para las operaciones militares, pero no forma parte de las misiones de combate. Y, como tal, no infringe las líneas rojas constitucionales. En particular hay que señalar que el intercambio de datos digitales de conciencia situacional en tiempo real se considera admisible, y hacerlo es diferente a proporcionar datos digitales de control de disparo, que están inmediatamente vinculados al combate.

A medida que el equilibro del poder militar en la región va cambiando, las Fuerzas de Autodefensa ahora no pueden hacer otra cosa que tratar de contrarrestar la superioridad cuantitativa de China mediante el uso de la ventaja cualitativa que Tokio obtiene gracias a la estrecha cooperación con las fuerzas estadounidenses. Para Japón no es fácil aumentar el gasto militar en una sociedad cada vez más envejecida, que invita a un compromiso entre gasto social y de defensa.

Las limitaciones fiscales de Japón, por tanto, empujan a Tokio a interconectar los sistemas informáticos y de comunicaciones militares de sus Fuerzas de Autodefensa con los del Ejército estadounidense, especialmente los relacionados con plataformas de alta tecnología y con los vehículos que van a desplegarse en un amplio teatro de operaciones.

Esto se debe a que, cuando las plataformas y vehículoslocalizados por sistemas de GPS se encuentran muy alejados y más allá de la línea de visión (un camino sin obstáculos entre las antenas de emisión y las de recepción), los sensores autónomos individuales instalados en ellos no son capaces de captar las localizaciones rápidamente cambiantes de sus equivalentes enemigos en tiempo real (las ondas de radar son rectas y la superficie de la tierra es curva). La creciente importancia de la conectividad basada en redes tecnológicas conllevará inevitablemente a la fusión en tiempo real de los datos de conciencia situacional de alta precisión para ser empleada directamente en el control de disparo, como en el sistema de Capacidad de Combate Cooperativo (CEC, en sus siglas en inglés) de la Armada de Estados Unidos.

Ya no existe una línea clara que separe los datos que se recogen para establecer conciencia situacional y los que se utilizan para el control de disparo. Esto, a su vez, difumina la distinción entre el derecho a la defensa individual y la colectiva. Todo ello cuestiona el principio largamente sostenido de que la limitación en el Ejercicio de este último salvaguarda la defensa nacional de Japón.

Detalles técnicos aparte, la realidad estratégica es la siguiente: los ejércitos de Estados Unidos, Japón y todos sus aliados se beneficiarán enormemente del intercambio de datos tácticos, dadas las crecientes restricciones fiscales en el desarrollo de capacidades de combate unilaterales. En el espacio aéreo, así como en el agua y bajo ella, la creciente integración tecnológica de Japón con las fuerzas estadounidenses está cambiando la realidad, y la era del pacifismo va camino de la obsolescencia.

De modo que se acerca el día en el que el uso de la fuerza armada tendrá que ser juzgado caso por caso mediante un control civil efectivo del Ejército. Naturalmente, esto exige que los líderes políticos de Japón estén equipados con conocimiento, experiencia, habilidad y capacidad en los asuntos de seguridad nacional, y será necesario que el electorado japonés esté lo suficientemente informado para elegir a líderes de verdadera talla.

En este momento, la situación es un desafío para la democracia japonesa: tras décadas de inercia pacifista, el país carece de estadistas versados ​​en seguridad nacional, y la opinión pública no está bien educada en este campo. Irónicamente, la preocupación de los pacifistas por la prohibición total de la autodefensa colectiva revela su gran desconfianza en la democracia contemporánea nipona en general, y en la eficacia de su control civil en particular: se inclinan por confiar preferentemente en el persistente legado de la ocupación dirigida por EE UU. Ha llegado la hora de hacer frente a las decisiones difíciles que pueden dirigir a Japón hacia una democracia verdaderamente completa.
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