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Robaron material radiactivo y contaminaron a todos






Noche del 13 de septiembre de 1987. Aprovechando que el vigilante se había ausentado, dos hombres entraron subrepticiamente en el edificio de un centro médico cerrado y se llevaron material para vender como chatarra. Como las instalaciones quedaron vacías, el lugar solía ser utilizado por okupas cuando no objeto de saqueos esporádicos. Pero esta vez el robo iba a traer consecuencias trágicas porque el botín era una fuente radiactiva que al pasar de mano en mano ocasionó, según la Agencia Internacional de Energía Atómica, uno de los peores accidente nucleares de la historia.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Goiania, en el estado brasileño de Goiás, a 200 kilómetros de Brasilia, donde tenía su sede el IGR (Instituto Goiano de Radioterapia); era una clínica privada situada a un kilómetro del centro administrativo de la urbe pero que en 1985 había cerrado esa sede para trasladarse a otra nueva. Sin embargo, parte del equipamiento seguía allí debido al litigio que la entidad mantenía con la Sociedad San Vicente de Paúl, propietaria del inmueble. Y entre el instrumental retenido figuraba una unidad de radioterapia adquirida una década antes.




Ese aparato tenía una pequeña cápsula que contenía 93 gramos de cloruro de cesio, una sal de cesio obtenida mediante un radioisótopo llamado cesio 137. Se trataba de un material altamente radiactivo y por eso iba protegido por un blindaje de acero y plomo. Pero había un problema: la cápsula iba en un contenedor en forma de rueda que se podía girar dentro de su carcasa para permitir la irradiación o cerrarla. Un manejo inadecuado por alguien que ignorase cómo hacerlo podía dejar abierta la fuente de radiactividad… y eso fue precisamente lo que pasó.

Cuatro meses antes, en pleno contencioso judicial, se había producido un altercado cuando Saura Taniguti, directora del IPASGO (Instituto de Seguros para Funcionarios Públicos), recurrió a la policía para evitar que IGR sacara su equipo del edificio, sin hacer caso a la advertencia de que allí se guardaba material radiactivo. Los dueños de la clínica incluso remitieron una carta a la Comisión Nacional de Energía Nuclear informando del asunto. Pero la lucha siguió en los tribunales.




Por supuesto, los dos intrusos, llamados Roberto dos Santos Alves y Wagner Mota Pereira, ignoraban todo esto. Para ellos aquel sitio únicamente era una buena oportunidad de conseguir algo de chatarra y el hecho de que el inmueble hubiera sido ya demolido en algunas zonas parecía indicar que nadie tenía mayor interés en él, aunque hubiera un guardia jurado. Así que encontraron la unidad de radioterapia y se llevaron la parte que les pareció más interesante en una carretilla; 600 kilogramos de metal, fundamentalmente plomo, que prometía un dinerillo para ir tirando.

En casa de Alves, que vivía muy cerca, trataron de desmontarla y esa misma noche empezaron a sufrir vómitos y diarreas. No eran síntomas inhabituales entre los más desfavorecidos, por lo que no los relacionaron con su botín y siguieron trabajando. Pero al día siguiente su estado se agravó con quemaduras en las manos que posteriormente provocaría daños mayores. Pereira fue al hospital, donde le diagnosticaron que su estado se debía seguramente a haber ingerido comida en malas condiciones, recetándole descanso.




Entretanto, Alves siguió luchando con aquel objeto para desmantelarlo. El 16 de septiembre, como no fue capaz de abrir la cápsula, rompió la ventana de iridio para auscultar el interior, que emitía una intensa luz azul. No imaginaba que se estaba exponiendo a radiactividad y ello le costaría perder su brazo derecho poco después. Con un destornillador pudo extraer algo de la sustancia luminiscente, un polvillo azulado que él pensó que quizá fuera un explosivo, aunque al aplicarle una cerilla encendida no ocurrió nada.

Dos días más tarde se cansó de investigar y vendió aquel objeto a un depósito de chatarra vecino. El dueño de éste, Devair Alves Ferreira, también se quedó fascinado con la luz azul y como no tenía claro si se debía a su valor o a algo sobrenatural se llevó a casa la cápsula, invitando a familiares y amigos a contemplarla. El 21 logró abrirla y extrajo varios gramos de aquel extraño y refulgente polvo azul, parte del cual regaló a sus conocidos; su hermano Ivo incluso se pintó con él una cruz en el abdomen y lo esparció por el suelo de casa, donde jugaba su hija Leida das Neves, que se revolcó en él para brillar en la oscuridad y comió con las manos impregnadas.




Finalmente, Ferreira revendió la cápsula a un colega de oficio que la rompió a martillazos. Pero Leida había enfermado ya de gravedad, al igual que su esposa Gabriela Maria, que sospechando del aparato por la cantidad de personas de su entorno (incluyendo sus animales domésticos), que mostraban feos síntomas, decidió acompañar al hospital a uno de los empleados de la chatarrería afectados llevando consigo, en una bolsa de plástico, el aparato robado. Era el 28 de septiembre e hicieron el trayecto en autobús, contaminando todo a su paso sin saberlo.

Acertó porque el médico que les atendió se dio cuenta de la peligrosidad del contenido de la bolsa y la mantuvo apartada, dando aviso a las autoridades. Éstas se lo llevaron -al estar envuelto la contaminación fue pequeña- y recuperaron todos los materiales de la chatarrería. El 29 de septiembre los contadores Geiger, manejados por medio centenar de técnicos enviados ad hoc sin protección alguna -alguno incluso se contaminó-, confirmaron los temores.




Los medios de comunicación difundieron la noticia (curiosamente al poco de que el presidente José Sarney anunciase que Brasil acababa de lograr enriquecer uranio, abriendo la puerta a la fabricación de armamento atómico) y todo el estado de Goiania fue presa del pánico. Cerca de 130.000 personas que pensaban que podrían haber estado expuestas corrieron a hacerse análisis médicos; a 249 de ellas se les detectó radiactividad, algunas aún con residuos en la piel, y 129 enfermaron por radiación requiriendo tratamiento.

Fue tarde para Gabriela, que el 27 de octubre moriría de septicemia con hemorragias internas, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria y pérdida de cabello. También para la pequeña Leida (sólo tenía seis años), que lo hizo cuatro días antes: su organismo, al ingerir comida en contacto con el cesio, absorbió una cantidad desmesurada de radiactividad (en torno a un gigabecquerelio) que le produjo daños renales y pulmonares, infección generalizada y pérdida del pelo. A ambas las enterraron en ataúdes especiales forrados de plomo, lo que no evitó protestas entre los vecinos que temían que contaminasen la tierra y trataron de impedir violentamente el sepelio.




Asimismo perecieron dos empleados de la chatarrería de Devair Ferreira, quien inauditamente pudo sobrevivir a los 7 gigabecquerelios a los que se expuso -seguramente por hacerlo de forma paulatina y no de golpe- y su óbito no sólo se retrasó hasta 1994 sino que llegó por una cirrosis provocada por el consumo de alcohol. Roberto dos Santos Alves y Wagner Mota Pereira, los dos ladrones, también necesitaron tratamiento: el primero perdió su brazo derecho y al segundo, que presentaba daños importantes en la piel, se le amputaron varios dedos; pero vivieron para contarlo. Algo similar pasó con todos sus familiares y amigos, que tuvieron que ser ingresados. Incluso miembros del personal sanitario acabaron afectados al carecer de ropa protectora.

Aproximadamente un millar de personas estuvo expuesta a una dosis de radiación menor, pues el potencial original de la fuente (en 1971, fecha de su fabricación) era de 74 terabecquerelios. En 1987 se calculó que había pasado a 50,9, que bajaron a 44 cuando se recuperó la fuente. Los 7 liberados durante aquellos días se expandieron por varios distritos con los posibles efectos sobre el medio ambiente; de hecho, se detectó radiación en viviendas, autobuses, coches, animales… Actualmente su potencial se habrá reducido a la mitad.




El proceso de descontaminación posterior conllevó la demolición de edificios, eliminación de tierra y vegetación, destrucción de objetos contaminados, limpieza de otros, etc. Los tres médicos de IGR responsables de la unidad de radioterapia fueron llevados a juicio por abandonar aquel material, acusados de homicidio por negligencia; se libraron porque no eran ellos los propietarios a título individual sino su empresa, aunque uno de ellos tuvo que pagar 100.000 reales (unos 43.000 euros) para costear las obras de demolición del inmueble. En el año 2000 la Corte Federal de Goiás condenó a la comisión Nacional de energía Nuclear a pagar a las víctimas una indemnización de 1,3 millones de reales (más de 626.000 euros).

Los ladrones no fueron procesados y la cápsula asesina fue incautada por el ejército brasileño; debidamente descontaminada, se exhibe hoy al público en Río de Janeiro.






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