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Los vecinos del Calderón: 'No queremos ser Manhattan'

Los vecinos del Calderón: 'No queremos ser Manhattan'




«No queremos ser ni Manhattan ni Dubai, esos rascacielos no son para esta zona de Arganzuela, una zona puramente residencial». Los pocos vecinos del barrio Pasillo Verde-Imperial (Arganzuela) que siguen estos días en Madrid, no pueden dar crédito al «pelotazo urbanístico» que el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado en pleno verano, con más de la mitad de la ciudad de vacaciones.

El Ayuntamiento de la capital aprobó el pasado 2 de julio el Plan Parcial de Reforma Interior del ámbito Mahou-Vicente Calderón, que contempla la construcción, desde 2016, cuando el Atlético de Madrid se mude a La Peineta, de dos rascacielos gemelos de 36 pisos en los terrenos del estadio rojiblanco.



Antes, en 2015, podrían empezar a construirse donde estaba la cervecera ocho bloques de hasta 22 alturas, con una superficie edificable total de 175.365 metros cuadrados. Para los vecinos del barrio, que ya preparan una serie de alegaciones contra el proyecto, tanto los detalles del mismo como los plazos se han ideado para que el Consistorio se salga con la suya.

Para empezar, señalan, «muy poca gente se ha enterado de lo que está pasando, además, el plazo de alegaciones se agota el 14 de agosto, en plena época festiva». Tampoco entienden que «hayan sorteado la Ley del Suelo con un resquicio legal» estableciendo que los edificios sean catalogados como «singulares», para no tener que adaptarse al límite legal de construcción de «tres alturas más ático».

Los residentes se refieren a cuando el Gobierno regional, presidido por Ignacio González, cambió la Ley del Suelo en abril de 2013 para desbloquear la operación Calderón. Aquella disposición transitoria modificaba la Ley 3/2007 de Medidas Urgentes de Modernización, desmontando la limitación a cuatro alturas de Esperanza Aguirre, que sólo afectará al suelo recalificado como urbano después de 2007.

«Claro, económicamente, ese límite no favorecía a los inversores», razonan los vecinos, que consideran que los servicios públicos -centros deportivos, Metro, escuelas, centros de salud...- que hay en la actualidad «dan abasto para un determinado nivel de población; a medida que metes a más y más gente en el barrio es que es un proyecto insostenible».

Según los cálculos del plan Mahou-Calderón, se construirían en total 2.000 viviendas, con una población potencial de 6.000 personas. Los colegios públicos e institutos están saturados, con problemas para dar plazas ya en la actualidad, así como el aparcamiento, explican los residentes de la zona, que ya han comenzado una campaña y además recogen firmas en el portal change.org.



A los residentes les sorprenden también las comparaciones con otros edificios singulares que se hacen en el proyecto, como la Torre Eiffel de París, el Edificio España, o las Torres Kio: «Es que son espacios que no tienen nada que ver con esto; aquí estamos en una zona residencial con edificio de bajas alturas».

Se preguntan los vecinos qué necesidad hay de estas construcciones, sobre todo sabiendo que «se estima que hay más de 150.000 viviendas vacías en la ciudad», y las previsiones demográficas insisten en la línea de que la población va a descender en nuestro país.

«Estamos buscando a qué se debe esto. Se pueden hacer viviendas, pero adecuadas al barrio, no rascacielos», se quejan los vecinos, que creen que los únicos destinatarios de estos pisos serían inversores extranjeros o especuladores. «Familias y gente del barrio no quieren vivir ahí».

La asociación de vecinos Pasillo Verde-Imperial va más allá. «La operación sólo puede entenderse como una cadena de negocios inmobiliarios concedidos a promotores próximos ideológicamente al Gobierno municipal y regional», señala un comunicado del colectivo.

A los vecinos también les preocupa la actual débil situación económica de la constructora FCC, encargada de llevar adelante el proyecto. «Los actores están en duda, y si nos quedamos colgados en la primera torre, ¿qué pasa con la inversión inicial que pone el Ayuntamiento? ¿Nos quedamos con un solar con una torre solo?», se preguntan los habitantes de Arganzuela.

Los residentes se refieren al Informe de Sostenibilidad Económica que acompaña al proyecto, que señala que el Gobierno municipal tendrá que hacer una aportación de 60 millones de euros más IVA; es decir, alrededor de 72 millones de euros, según adelantó este periódico. En concreto, los impuestos de los ciudadanos sufragarán el 43% del coste de soterrar la M-30 a su paso por el estadio del Atlético de Madrid.

La obra incluirá la demolición del recinto deportivo y la incorporación del espacio liberado al conjunto del ámbito donde irán las torres. Desde el Consistorio afirman que lo recuperarán en 2025 con las tasas y e impuestos como el IBI de los nuevos residentes. El Ayuntamiento de Madrid sostiene que su participación no va a suponer ningún desembolso porque «el análisis realizado entre 2016 y 2028 arroja un Valor Actual Neto (VAN) con un saldo positivo de 680.000 euros» para el Ejecutivo municipal.

«En 2025, cuando la urbanización esté concluida y la edificación esté terminada en un 70%, la operación generará anualmente 5,4 millones de euros en impuestos directos, 1,4 millones en impuestos indirectos, 10 millones de euros en tasas y otros ingresos y 27,6 millones de euros en ingresos patrimoniales. A partir de ese momento, el saldo entre ingresos y gastos ascenderá anualmente a la cantidad de 4,7 millones de euros», exponen en el Palacio de Cibeles.

Aun así, desde la asociación vecinal tienen claro que hay «intereses espúreos» detrás de toda la operación: «Si es que hasta un trabajador del Ayuntamiento nos reconoció que era un pelotazo», subrayan los vecinos, que antes del día 14 presentarán las alegaciones en las que ya están trabajando y en las que también se quejarán del alto coeficiente de edificabilidad que se ha otorgado a los terrenos.

«El único beneficio es el del sector privado pero con una malla de protección que es del Ayuntamiento, que es de todos», concluyen los vecinos.

Según el plan aprobado por el Consistorio, la factura total de las obras ascenderá a 393,75 millones de euros: 168,9 millones de la urbanización, 210,4 millones de la construcción lucrativa y los 14,4 millones restantes por la edificación de equipamientos públicos.

De acuerdo al Ayuntamiento, el proyecto se ejecutará en tres fases y será en la última cuando comience el soterramiento de la M-30. La intención es que esta obra se inicie en mayo de 2020 y se concluya en enero de 2022, con lo cual, en todo caso, su supervisión corresponderá ya no a la Corporación municipal que salga de las urnas de 2014, sino a la que se elija cuatro años después.




Peticion en chage.org para intentar evitar esto: http://www.change.org/es/peticiones/ayuntamiento-de-madrid-%C3%A1rea-de-gobierno-de-urbanismo-y-vivienda-rechazo-al-proyecto-operaci%C3%B3n-mahou-calder%C3%B3n
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