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Conflictos ambientales de Argentina

Conflictos Ambientales en Argentina


Los conflictos ambientales actuales son el reflejo del enfrentamiento entre la economía, el desarrollo y el medio ambiente. Son consecuencia del modelo de desarrollo vigente que prioriza la lógica de la ganancia y la explotación intensiva de los recursos naturales.
Estos conflictos en Argentina se remontan al el siglo XIX con problemas derivados de, la contaminación de los saladeros. Actualmente existen conflictos ambientales por el uso de pesticidas y agroquímicos fundamentalmente en plantaciones de soja transgénica, por las explotaciones mineras a cielo abierto, conflictos urbanos por contaminación electromagnética, por contaminación en los repositorios de residuos , por contaminación de ríos y aguas subterráneas y por contaminación del aire y el suelo por diversos procesos de producción industrial.

El 22 de octubre de 1986 se realizaba la primera movilización importante contra el basurero nuclear de Gastre ( http://www.lanacion.com.ar/144659-dudas-en-el-chubut-por-el-basurero-nuclear ). Un amplio activismo se desató por toda la Patagonia, movilizaciones respaldaron el Manifiesto Antinuclear del Chubut, con miles de firmas que ratificaban la voluntad y la consigna de un pueblo. El documento fue recibido en pleno acto conmemorativo del centenario de la Ciudad de Trelew, por el entonces presidente de la Nación, Raúl Ricardo Alfonsín.

Una campaña impulsada por organizaciones ambientalistas y la mayoría de los partidos políticos, llevo al gobierno de la Provincia de Misiones a tener que convocar a una consulta popular obligatoria y vinculante llevada a cabo en abril de 1996 en la cual la población rechazó abrumadoramente la construcción de la hidroeléctrica de Corpus.

A partir de 1996 año en que el Gobierno aprobó la introducción de la soja transgénica, diseñada para resistir la fumigación de herbicidas como el glifosato o plaguicidas como el endosulfán , desde grupos como el GRR se inicio un proceso de cuestionamiento a ese modelo agropecuario con campañas como la de “ Paren de Fumigar”

En el 2003 un rotundo triunfo del NO en el plebiscito de Esquel, donde todo un pueblo enfrento a la empresa minera canadiense Meridiam Gold es un caso bisagra para la historia de conflictos ambientales en el país: Esquel hoy es sinónimo de una comunidad que resistió la instalación de una empresa minera, por vía de la movilización, la consulta pública y la acción judicial y provocó el cierre de un emprendimiento de extracción de oro a cielo abierto y una normativa de suspensión de la actividad minera hasta lograr un ordenamiento territorial.

En 2005 se realiza primera movilización masiva contra las “papeleras” (la española ENCE y la finlandesa Botnia), los vecinos autoconvocados crean la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (ACAG) y la discusión sobre el medio ambiente recorre toda la geografía del país.
Estos son los conflictos mas conocidos por su dimensión pero son la punta de un enorme iceberg formado por miles de conflictos ambientales urbanos y rurales que generalmente solo los divulgan los medios alternativos.




Los protagonistas de los conflictos que enfrentan a las empresas contaminantes son personas de zonas rurales y urbanas corren el riesgo de perder su acceso a la tierra, al agua o sienten amenazada su forma de vida, los medios que las hacen viables y su salud.
Estos conflictos tienen la potencialidad de reunir y articular una población amplia que cruza la división entre campo y ciudad, que cuestionan con su resistencia de una manera profunda el concepto de desarrollo promovido por este modelo económico que discrimina o castiga ciertos grupos de la sociedad.

No hace tantos años los habitantes de las ciudades convivían con los emprendimientos fabriles sin mayores conflictos, tampoco aparecían problemas en las zonas rurales por los desarrollos agrícolas o de minería. En algunos casos existían problemas de contaminación graves pero no salieron a la luz hasta muchos años después. En los últimos 20 años los problemas ambientales comenzaron a visibilizarse.

La epidemiología popular
Una herramienta muy importante que comenzó a ser utilizada por vecinos que intuían que su salud estaba en riesgo es la epidemiología popular.
La epidemiología popular es definida como el proceso por el cual personas no profesionales acumulan datos estadísticos y otro tipo de información y también dirigen y ponen en orden recursos y conocimiento de expertos a efectos de construir un conocimiento sobre lo que enferma.
El caso de más repercusión en argentina es el del barrio Ituzaingo de Córdoba, donde madres que vieron enfermar a sus hijos comenzaron a asociar la enfermedad con las fumigaciones aéreas con pesticidas y desfoliantes y decidieron realizar un mapa donde marcaban en el plano las casas de la gente enferma.



Se ve claramente que a medida que se acerca a la zona fumigada aumenta la densidad de los casos. En un barrio de cinco mil habitantes había cerca de 200 personas con cáncer y cerca de 100 ya murieron por esa enfermedad.

Otro caso el la Sub Estación Eléctrica Sobral. En el año 2000, la empresa Grace pidió ampliar el suministro de energía para su planta ubicada en Quilmes, Edesur accedió al pedido y duplicó la energía que le suministra a Grace. Pero al hacerlo amplió los campos magnéticos que emanan de la Sub Estación Sobral.

Las evidencias científicas

Lo que en un principio era una sospecha y luego con el trabajo de vecinos y organizaciones sociales comenzó a despejar dudas tubo en varios casos su confirmación a partir del trabajo científico de investigadores comprometidos con las luchas socioambientales

El estudio de Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular que estudia el efecto letal del glifosato en embriones, fue publicado por la revista especializada estadounidense Investigación Química en Toxicología. Esa difusión le otorga verosimilitud y reconocimiento en el ámbito científico internacional y refuta los argumentos de los defensores del modelo agroeconómico instalado en Argentina
En la investigación que Carrasco realizó junto con su equipo, demostró que "concentraciones ínfimas de glifosato son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión" en anfibios. Según su trabajo, el glifosato produce malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas en embriones, aun en dosis mucho más bajas que las utilizadas en la agricultura Esto abrió la preocupación acerca de los casos de malformaciones en humanos observados en poblaciones expuestas en zonas agrícolas y un fortalecimiento de las luchas de los grupos que defendían la salud y la vida frente al intensivo de pesticidas en la Argentina.

En Misiones, 5 de cada 1000 niños nacen afectados de Meliomeningocele, una malformación del sistema nervioso central. Los casos se reiteran en las zonas tabacaleras y papeleras, donde se usan agrotóxicos, y el problema se traslada a todo el ambiente, con la degradación del suelo, la contaminación del aire y el envenenamiento de los cursos de agua. Los problemas de salud quedaron demostrados por las investigaciones que lleva adelante el doctor Juan Carlos Demaio. Sin presupuesto y contra los intereses de tabacaleras y papeleras, alertó a tomar conciencia y parar de una vez con el uso indiscriminado de agrotóxicos. Cabe tener en cuenta que en Misiones se estima que cerca del 13% de su población tiene alguna discapacidad, duplicando casi la media nacional.

Las investigaciones de Demaio comenzaron con la detección de un gran número de chicos con malformaciones del sistema nervioso central, llamada mioelomelingocele (MMC), que implica que nazcan con la medula abierta, quedando con incontinencia urinaria, fecal y trastornos motores de miembros inferiores. Ante esta detección en 1987 creó el Centro de Investigación, Estudio y Tratamiento de Enfermedades Malformativas de Misiones, que comenzó por identificar en qué zonas habían sido gestados los niños afectados ya que esta malformación se provoca en los 28 días de gestación. “Luego de visitar todas las zonas rurales y ver el consumo de agrotóxicos certificamos que nuestros pacientes venían de los lugares donde más agrotóxicos se utilizaban”, afirmó. “Son 5 de cada 1000 nacidos los nacen con MMC”.

El nombre del científico francés Gilles-Eric Séralini llegó a los titulares gracias a su revolucionario estudio sobre ratas alimentadas con el maíz transgénico NK603 de Monsanto diseñado para resistir al herbicida Roundup, documento publicado en la autorizada revista científica Food and Chemical Toxicology. “El estudio más largo y detallado jamás realizado sobre un herbicida y un organismo genéticamente modificado”, comentó Séralini en una conferencia de prensa celebrada en el Parlamento Europeo al analizar los efectos tanto del maíz transgénico como de Roundup en las ratas. Roundup es el herbicida más vendido en todo el mundo.
Los resultados del estudio son impresionantes. No solo las ratas sometidas a pruebas con Roundup murieron antes que aquellas en el grupo de control tras desarrollar graves tumores y patologías renales y hepáticas; además, las ratas alimentadas exclusivamente con el maíz transgénico también desarrollaron tumores.
Estas investigaciones en relación a la seguridad de los organismos genéticamente modificados y los agrotóxicos, pone sobre la mesa la importancia de contar con especialistas confiables a la hora de tomar decisiones de política pública y el papel clave de los organismos reguladores



Los distintos grupos de afectados en todo el país han desarrollado un conjunto de herramientas para enfrentar la agresión a su salud y al espacio donde habitan y que analizamos a continuación.
1-La organización: Campañas, asambleas, son redes de diferentes personas, un grupo de vecinos que protesta por un problema barrial de contaminación va estableciendo vínculos, sumando experiencia, vinculándose con otros en similar situación generando una organización.
En argentina así han surgido la UAC, unión de asambleas ciudadanas que luchan contra la minería aurífera en todo el país, la campaña Paren de Fumigar que dio origen a la red de Pueblos Fumigados, la Red Intercuencas que vincula a grupos que luchas contra la contaminación de los ríos, los vecinos que reclaman por la Contaminación Electromagnética, los que se han organizado para frenar y eliminar los Repositorios de Residuos, entre otros.

2-La globalización de las luchas: Frente a la globalización económica vigente instrumento de planificación de las transnacionales, la resistencia frente a las mismas también a adquirido un carácter global.
Según el Observatorio de Conflictos Mineros (Ocmal), existe en América Latina un piso de 192 conflictos que afectan a 286 comunidades. Chile y Perú encabezan el listado con 33 conflictos cada uno. Le siguen México con 27 y Argentina con 26, Brasil (20), Colombia (12), Bolivia (8), Ecuador (7), Panamá y Guatemala (6), Nicaragua y República Dominicana (4). Los países con menos conflictos relevados son Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Paraguay.



3- El recurso Judicial: Hay un avance en materia de fallos de protección ambiental en los últimos años, no son grandes logros pero comienza a manifestarse una tendencia antes inexistente de regulación en materia ambiental. Esto no ha sido por la toma de conciencia del sistema judicial sino por el crecimiento de las luchas de las organizaciones sociales y la utilización del recurso jurídico en todos los conflictos ante la no aplicación de la Ley General del Ambiente y en particular del principio de precaución establecido por dicha ley. En un fallo inédito: El tribunal de la Cámara I del Crimen de Córdoba condenó a tres años de prisión en suspenso a dos de los acusados por afectar la salud del barrio Ituzaingó por usar indebidamente endosulfán y glifosato. Los hechos juzgados por el tribunal ocurrieron cuando la municipalidad de la ciudad de Córdoba ya había declarado al grupo poblacional de barrio Ituzaingó en emergencia sanitaria, entre otras razones, por la presencia de productos agroquímicos contaminantes. La sentencia es la primera en su tipo en el país y corona una lucha de más de diez años de los vecinos del lugar que vienen denunciando las consecuencias de las fumigaciones en la salud de los habitantes.
En el 2011, en una medida preventiva y precautoria dictada en dos sentencias, el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Chaco confirmó una medida que les pone límites a las fumigaciones terrestres y aéreas con agroquímicos, que serán a 1000 metros de escuelas y viviendas, en el primer caso, y de 2000 metros, en el segundo. La causa había sido iniciada con un recurso de amparo por vecinos de la localidad de La Leonesa contra las arroceras Cancha Larga y San Carlos, además del municipio local y el de Las Palmas, otra localidad cercana a La Leonesa. Los vecinos denunciaron el aumento de los casos de cáncer, malformaciones y leucemia, además de la contaminación del agua. Entre sus planteos pidieron restricciones para las pulverizaciones cercanas a sus hogares.

Otro fallo importante en materia ambiental fue el que dicto La Corte Suprema el 8 de julio de 2008 en la causa “Mendoza Beatriz Silvia y otros contra el estado nacional y otros s/daños y perjuicios (Daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”, por medio del cual determinó la responsabilidad que le corresponde al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires en materia de prevención y recomposición del Daño Ambiental existente en la Cuenca.

4- Marchas, Bloqueos, Acampes, Escraches: La reacción de las organizaciones sociales y de grupos de vecinos frente a la agresión al ambiente y la salud se manifiesta en las calles y rutas de múltiples formas y son la herramienta de que se vale la población cuando las vías institucionales no dan ninguna respuesta.



5- El Boicot: A todas las empresas les preocupa bajar o no subir las ventas, un cambio de tendencia es una señal de alarma decisiva para el futuro de la compañía.
Más de 600.000 personas se han sumado a una página creada en la red social Facebook que pide un boicot nacional contra las estaciones de servicio de British Petroleum (BP), como medida de presión para que la empresa ayude a los afectados por el derrame de crudo en el Golfo de México. El Gobierno de Estados Unidos, bajo intensas presiones políticas ante el manejo de la crisis, prevé solicitar formalmente a BP la creación de un fondo multimillonario para ayudar a los individuos y negocios afectados por el derrame.
Rafael Correa, llamó a un boicot mundial contra Chevron, al lanzar una campaña en denuncia del daño ambiental en la Amazonía atribuido a la petrolera estadounidense.



6-El plebiscito, las audiencias: Hay experiencias exitosas en Argentina de consultas populares, la primera fue En Misiones en una consulta popular llevada a cabo en 1996, la población rechazó abrumadoramente la construcción de la hidroeléctrica de Corpus. La segunda fue en Esquel donde en una consulta vinculante la población rechazo la instalación de la Minera Meridian Gold.

En Septiembre de 2006, en el marco de la causa por la contaminación de la cuenca Matanza Riachuelo, se realizó la primera audiencia pública ante la Corte Suprema, en la que el Gobierno Nacional, junto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad presentaron un Plan de Saneamiento del Riachuelo y la creación de un Comité de Cuenca interjurisdiccional. En la segunda audiencia participaron las organizaciones sociales de defensa del Riachuelo .


Las empresas han desarrollado una estrategia que se vale de diversos instrumentos para que la protesta de los movimientos ambientalistas no afecte su desempeño. Para mantener al público confundido acerca de los peligros planteados, ejecutivos de la industria han contratado a científicos y grupos de presión para disputar las pruebas científicas sobre los riesgos para la salud. Al hacerlo, no sólo han retrasado la acción sobre los peligros específicos, también han construido barreras para hacer más difícil para los legisladores, el gobierno, y los tribunales responder a futuras amenazas. Estos científicos que se especializan en "defensa de producto" han manipulado la literatura científica, fabricando y magnificado la incertidumbre científica, influyendo en las decisiones de políticas en beneficio de privados. Las primeras técnicas fueron utilizadas para defender al tabaco se han adaptado para el amianto, el plomo, el cloruro de vinilo, los riesgos de las instalaciones nucleares y muchos otros productos peligrosos para la salud.

Costosas y complejas campañas de publicidad en TV, radio y periódicos se lanzan todos los días. Sus protagonistas (multinacionales, lobbies industriales, gobiernos) intentan así preservar y amplían sus mercados y áreas de influencia política, presentándose ante el público como protectores del medio ambiente. A través del lavado de imagen, las fuerzas económicas y políticas más poderosas del planeta y responsables de la mayor parte de la destrucción ambiental, abrazan la causa del medio ambiente y se apropian de su terminología, prometen "autorregularse" y para ello elaboran "códigos de conducta ambiental".

La Responsabilidad Social Empresaria

Las continuas denuncias sobre la explotación laboral y ambiental han sido un factor fundamental para el diseño virtual de un nuevo modelo empresarial que transmita los valores, imágenes y símbolos que gozan de prestigio social en la actualidad. Pero que además es rentable económica y socialmente, ya que permite potenciar al mismo tiempo el valor de la marca y, por lo tanto, los beneficios de la empresa.

Esto ha sido tan exitosamente desarrollado por las grandes empresas a nivel mundial que, si hiciéramos caso a sus anuncios publicitarios, parecería que son organizaciones ecologistas o defensoras de los Derechos Humanos, en lugar de tratarse de las compañías responsables de la actual crisis ambiental y social.


Los tratados de protección de inversiones

Existe una densa red de tratados internacionales multilaterales , plurilaterales y bilaterales de carácter económico, comercial y financiero que, en muchos casos, subordinan los instrumentos básicos de los derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado.
La normativa vigente sobre medio ambiente en muchos países y en particular en la Argentina podría subordinarse a los tratados internacionales. Dichos acuerdos consagran los "derechos del inversor" en forma amplia y sin exigencias de carácter medioambiental.
Uno de los ejes de política exterior durante la década de los ’90 en Argentina fue la firma de Tratados Bilaterales de Inversión o de Protección de Inversiones (TBI). Fueron 59 entre 1990 y 2000. El objetivo fue el de alentar las inversiones extranjeras protegiéndolas frente a los riesgos derivados de discriminación o privación de justicia por parte del Estado nacional. Se suponía que países no confiables política o institucionalmente debían dar seguridades extra a los inversores externos.
Es por eso que las empresas que pertenecen a los países exportadores de capital a la hora de invertir en el extranjero exigen que el país donde instalen su inversión haya suscrito TBI.
Estos acuerdos establecen ciertos estándares de protección de inversión: el inversionista tiene el beneficio de acudir a una jurisdicción arbitral internacional para resolver eventuales conflictos con el Estado receptor de inversiones.
Estos tratados protegen al inversor de cualquier acto arbitrario del Gobierno que perjudique a la inversión, ya sea una expropiación directa o indirecta. La expropiación directa se da por actos del Gobierno, legítimos o ilegítimos que interrumpan la inversión. La compañía según los tratados merece, entonces, una indemnización.
La indirecta surge por medidas que, si bien no interrumpen la inversión, de a poco sacan rentabilidad al negocio y lo vuelven ruinoso.
El inversionista puede apelar a un tribunal internacional, el conflicto se dirime entre el inversionista y un estado, los fallos son inapelables y están por encima de la legislación nacional.
Durante el gobierno de Menem, en la década del 90 , Argentina firmo el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y posteriormente firmo un total de 59 tratados bilaterales de protección reciproca de inversión. Esto significa que los signatarios de esos tratados tendrán protección de sus inversiones en nuestro país y los inversores argentinos tendrán protección de sus inversiones en los países firmantes del los acuerdos, como ser EE.UU. o Francia. Mas allá de la posibilidad de cumplimiento ( sobre todo por la falta de inversores argentinos en el exterior ) el tratado firmado con EE.UU. no se caracteriza por su reciprocidad ya que otorga al inversor estadounidense derechos en la argentina que niega expresamente al inversor argentino en EE.UU.

El CIADI es una institución que, en el marco del Banco Mundial, facilita a los inversores extranjeros medios internacionales de conciliación y arbitraje para resolver sus diferencias con los Estados receptores de la inversión. El recurso CIADI está previsto en la mayoría de los tratados de promoción y protección de inversiones y el número de asuntos que se someten a su sistema arbitral es cada vez mayor.
Los casos que se presentan en el CIADI duran un promedio de 2 a 3 años .El fallo del tribunal es inapelable. Solamente se puede pedir la anulación por errores del proceso
En la actualidad, la Argentina enfrenta una treintena de demandas ante el CIADI por cifras cercanas a los 16.000 millones de dólares.
La protección de inversiones en los tratados es la garantía para la libre expoliación de nuestros países por parte del capital transnacional . Es por eso que es necesario investigar y difundir todo lo referido a los BITS en la Argentina

La extorsión empresarial

Los medios utilizados pueden denominarse básicamente como chantaje de la localización.
Esgrimiendo frente a los gobiernos locales sus posibilidades de generación de empleos y de ingresos, las grandes empresas procuraron obtener ventajas fiscales y normativas como condición necesaria para la localización de sus inversiones. Este chantaje de localización tiene dos resultados: en primer lugar, las normas sociales y ambientales de las localidades que ceden a las presiones empresariales son revocadas, atenuadas o burladas; y también, los movimientos sociales pierden parte de su base de apoyo, acusados de plantear exigencias que dificultan la llegada de capitales y la supuesta dinamización de la renta y del empleo. En las localidades que no ceden, los gobiernos y los movimientos son acusados de no ofrecer la «hospitalidad» exigida por las inversiones. Al poner en juego su enorme libertad para instalarse y desinstalarse, las grandes corporaciones buscan, de un solo golpe, desmontar el aparato regulador social, urbano y ambiental, y debilitar las resistencias de los movimientos sociales.


Un nuevo rol de las empresas: formadores de conciencia ambiental

La decisión de incursionar en la Educación Ambiental apunta a dar una versión propia a los niños, adolescentes, universitarios y docentes sobre lo que para esas empresas es el respeto por el medio ambiente en un mundo en el cual aparecen innumerables luchas ambientales protagonizadas por comunidades que ven destruir los ecosistemas, la salud y la vida humana por obra de estas mismas empresas que no respetan leyes ni tienen límites para llevar adelante sus explotaciones.

Leyendo las páginas de las empresas transnacionales y sus actividades de responsabilidad empresaria diseñadas y promovidas por empresas altamente especializadas en reinventar la realidad, no cabría más que elogiar lo que están haciendo por la comunidad, pero otras voces se escuchan que a través de campañas internacionales, juicios, denuncias, movilizaciones y materiales científicos parecen decir otra cosa sobre estos nuevos “benefactores” de la humanidad.
¿Cuántos docentes, cuántos alumnos han sido “concientizados” por los empresarios educadores?

Una primera aproximación a partir de información que dan las mismas empresas sobre localidades, cantidad de alumnos, docentes y material pedagógico por empresa u organización no gubernamental financiada por la empresa nos acerca los siguientes datos:

Argenbio financiada por Monsanto , Nidera, Piooner, Singenta, Bayer, Dow y AgroSciences Argentina, impulsan el programa “Por Qué Biotecnología” a través del cual han capacitado a mas de 10.000 docentes de la Pcia. de Bs As, Tucumán , Santa Fe, Misiones, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, Corrientes, Chubut y Río Negro.

Más de 9.100 docentes están suscriptos al boletín El Cuaderno que edita el programa y 10.800 personas están suscriptas al boletín Novedades.

Nestlé con su Proyecto Wet que comenzó en el 2004 llevaba realizados hasta el 2009 , 38 talleres en los que había capacitado 2000 docentes de Ciudad de Buenos Aires, San Martín de los Andes, Tunuyán, Cipolletti, Carmen de Patagones, Viedma, Ezeiza, Moreno, Río Gallegos, Victoria, General Pico, San Isidro

Empresa Minera Barrick Gold promueve el programa “Protegernos”De Educación ambiental en escuelas y comunidades rurales programa iniciado en el 2008 para niños y adultos de comunidades rurales de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Salta.

El Programa “Las relaciones del ambiente con las actividades productivas” desarrollado por la Asociación Civil Los Algarrobos con el auspicio de la secretaría de Estado de Minería y el Ministerio de Educación de la provincia y también de las empresas: Coca Cola, YMAD, Alumbrera, Del Altiplano, Agua Rica, British Council Argentina y la subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
El programa se desarrolla en Catamarca, Córdoba, Jujuy, Mendoza, La Rioja, Salta.
El material didáctico es gratuito.
Lleva realizando capacitación ambiental desde hace varios años. Consta de 300 horas cátedras y es destinada a docentes de EGB I y II (todas las áreas), EGB III (áreas ciencias naturales, ciencias sociales, tecnología, matemáticas, informática y comunicación), Polimodal en sus modalidades de ciencias naturales, humanidades, ciencias sociales y economía. Las clases presenciales son obligatorias para docentes de los departamentos de Capital, Valle Viejo, Fray M. Esquiú, Capayán, Ambato y Paclín.

Las ONG pro-mercado como caballo de troya

En los últimos 10 años fundaciones internacionales a través del financiamiento han penetrado en movimientos alternativos de agua, rurales, ecologistas, de derechos humanos, banca ética, etc. Esto se ha realizado en el marco de una alianza entre algunas ONGs y multinacionales para superar los obstáculos que puedan limitar su desempeño. Estas organizaciones han ganado capacidad para acercarse de manera más directa a las comunidades en un ejercicio de cooptación y debilitamiento de los procesos de resistencia local.
Uno de sus recursos es proveer elementos de carácter técnicos y científico que legitiman las acciones de empresas, como los estudios de impacto ambiental, el desarrollo del componente ambiental de proyectos, certificados verdes, certificados de calidad, reconocimientos a la responsabilidad social empresarial, entre otros
Filosofía de las ONGs pro-mercado

AVINA y Ashoka son dos fundaciones vinculadas al gran capital que promueven un modelo de agricultura industrial basado en los transgénicos, además de la privatización de los bienes comunes como el agua o los bosques. La fundación AVINA, que fue fundada por el magnate del amianto, Stephan Schmidheiny, cuya fortuna se amasó con el negocio del mineral letal a costa de la salud y de la vida de cientos de miles de personas en todo el planeta. De hecho, el 13 de febrero de 2012 fue condenado en Turín –junto al belga Louis de Cartier, otro de los magnates del asbesto– a 16 años de prisión y a resarcimientos por más de 100 millones de euros. Los delitos por los que se les ha condenado son los de “desastre ambiental doloso permanente y omisión dolosa de medidas de protección en el trabajo”. De hecho, la fabricación del amianto en el mundo es la mayor tragedia industrial de la historia y su uso esta totalmente prohibido en la mayoría de países entre los que se encuentra Argentina.
En el caso de Ashoka, la fundación está presidida en España por un ex-directivo del banco JP Morgan, uno de los bancos internacionales con más responsabilidad sobre la actual crisis financiera y sobre la especulación en los mercados agroalimentarios. Otros fundadores han estado vinculados a la consultora McKinsey&Co. o a General Electric.
Ashoka, por su parte, apoya el programa AGRA (Alianza para la Revolución Verde en África, por sus siglas en inglés). El programa AGRA está encabezado por un grupo de grandes corporaciones y fundaciones como Gates o Rockefeller. Detrás de los millonarios proyectos de financiación lo que se esconde es la promoción de una nueva “revolución verde”, que genera endeudamiento y dependencia de agroquímicos tóxicos, semillas sujetas a derechos de propiedad intelectual y cultivos modificados genéticamente. Esto desplazará a comunidades campesinas y destruirá el conocimiento y las semillas locales, generando mayor hambre y pobreza.

El Rol del Estado

Una rápida mirada a los países bajo gobiernos progresistas de latinoamérica muestra que en todos ellos hay conflictos ambientales en curso. Es impactante que esto no sea una excepción, sino que se ha convertido en una regla en toda América del Sur. Las cuestiones ambientales se han convertido en un flanco de serias contradicciones para el gobierno de Argentina y los gobiernos de latinoamérica.
En general las exigencias ambientales son percibidas como trabas a ese crecimiento económico, y que por ellos se las considera un freno para la reproducción del aparato estatal y la asistencia económica a los más necesitados.
En el fondo se sigue pensando con las clásicas ideas del desarrollismo material, y hay una convicción que se deben exprimir al máximo las riquezas ecológicas del continente. También se piensa que el ambientalismo es un lujo que sólo se pueden dar los más ricos, y por eso no es aplicable en América Latina hasta tanto no se supere la pobreza.

Pero este gran avance del extractivismo no responde al consumo propio o interno de nuestros países, sino que es un efecto de la demanda de mercados internacionales, como de las naciones industrializadas o el sudeste asiático, en particular China, demanda que puede modificarse en un futuro cercano y un extractivismo que como el caso minero puede agotarse. Por otra parte mientras los productos finales son exportados, en nuestros territorios quedan los efectos negativos.




Fuentes
La participación de las empresas transnacionales en la educación ambiental en Argentina - Asociación Civil ALFAR- octubre 2010
Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo- Eduardo Gudynas- 2009
La duda es su producto -David Michaels-2007
Derechos y Garantías en el Mundo Global-El libre comercio como amenaza a los derechos de la ciudadanía- Ruben Gilardi – agosto 2000
Conflictos ecológicos distributivos en América Latina- Joan Martinez Alier
Informe encuentro médicos pueblos fumigados- octubre de 2010
Globalización, Racionalidad Ambiental y Desarrollo Sustentable- Enrique Leff
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