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Argentina calcula los costos de otro 'default'

En una semana decisiva, Argentina calcula los costos de otro 'default'



Por Taos Turner y Ken Parks

Argentina podría hacer historia esta semana si incumple su deuda soberana por segunda vez en 13 años, conforme se termina el plazo para llegar a un acuerdo con los acreedores que no aceptaron canjes de bonos.

La última cesación de pagos de Argentina, en 2001, fue el mayor default de deuda soberana de la historia. El país tuvo que reestructurar los bonos y soportó su recesión más profunda desde la Gran Depresión. La agitación política fue tal que tuvo cinco presidentes en poco más de una semana.

Las semillas del drama actual fueron sembradas poco tiempo después, cuando los inversionistas compraron bonos incumplidos del país pero nunca aceptaron los términos que ofreció en sus reestructuraciones de deuda. Ahora, están obstaculizando los pagos que evitarían un default esta semana.


Pablo López, secretario de Finanzas de Argentina, llega el viernes a la oficina del mediador en Nueva York

Aunque el temor de un contagio a otros países emergentes es mínimo, así como la preocupación de que Argentina sufra el tipo de implosión económica de hace 13 años, una cesación de pagos podría representar un enorme costo para la cuarta economía de América Latina, al marginarla de los mercados de deuda internacionales y limitar el crédito a las empresas. También podría complicar la transición a un nuevo gobierno tras las elecciones presidenciales del próximo año.

"Para mí está muy claro que Argentina se acerca a un default", dice el ex secretario de Finanzas argentino Guillermo Nielsen. "Para la mayoría de los argentinos, esto significa que el estancamiento económico será más duro. Habrá menos dinero en las calles".

Sumida en una recesión, Argentina ya sufre de escasez de divisas extranjeras y una inflación anual que, según algunos economistas, llega a 40%. Una cesación de pagos ejercería presión sobre el peso al socavar la confianza, alimentaría aún más la inflación al encarecer las importaciones y elevaría el desempleo. También podría reducir sus reservas internacionales, de US$29.700 millones y entre las más bajas de la región.

La semana pasada, la sola previsión de un default debilitó el peso en el mercado negro argentino a 12,65 unidades por dólar, muy lejos del tipo de cambio oficial de 8,17 pesos ofrecido en los bancos. Hace un mes, la tasa en el mercado paralelo era de 11,65.

"Todo eso conduciría a una recesión más profunda", afirma Gustavo Cañonero, economista sénior de Deutsche Bank.

Entonces, con todos esos contras, ¿por qué Argentina siquiera consideraría una cesación de pagos como una opción? La respuesta es casi tan compleja como Argentina, un país cuya propensión a caer en crisis políticas y económicas hechas en casa ha desconcertado a analistas desde hace décadas.

Incapaz de pagar sus obligaciones tras su histórica crisis económica de 2001-2002, Argentina redujo su carga de deuda cuando consiguió que los inversionistas canjearan 93% de sus bonos incumplidos por nueva deuda en reestructuraciones que pagaban alrededor de 33 centavos por dólar.

Sin embargo, algunos fondos de cobertura, que compraron bonos impagos con grandes rebajas, apostaron a que podrían obligar al país a que les pagara el precio total. Liderados por Elliott Management Corp. y Aurelius Capital Management LP, demandaron exitosamente a Argentina en Estados Unidos, donde se emitieron los bonos.

El juez de distrito de EE.UU. Thomas Griesa decidió que Argentina debía pagar el valor total de los bonos para este miércoles o correr el riesgo de declararse en default. Cuando la Corte Suprema de EE.UU. rechazó escuchar el caso en junio, el reloj empezó a correr sobre el fallo de Griesa.

Para ejercer presión sobre Argentina, Griesa dictaminó que el país no podía pagar a otros tenedores de bonos, que sí aceptaron sus canjes, a menos que les pagara simultáneamente a los fondos de cobertura. Pero hacerlo, dice Argentina, pondría al país en una encrucijada legal altamente costosa.

Eso se debe a una cláusula de tratamiento igualitario conocida en inglés por sus siglas RUFO, estipulada en los bonos reestructurados y que les daría a los bonistas que aceptaron el canje el derecho de exigir los mismos términos de cualquier otro acuerdo al que Argentina llegue con los fondos de cobertura. Ello podría desatar reclamos judiciales por US$120.000 millones, sostiene el gobierno.

El tema de la cláusula es tan común en la radio y la televisión argentina que pareciera que todos entienden bien de qué se trata. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo incluso que podría tener una responsabilidad penal si activaba la cláusula.

"A mí lo que más me preocupa no es la responsabilidad penal, sino la responsabilidad ante la historia, ante los ojos de mis hijos, mis nietos y los millones de argentinos que no me verán aceptar algo bajo la amenaza de que el mundo se va a acabar", dijo la semana pasada.

Los expertos legales debaten la relevancia de la cláusula, que puede activarse sólo si Argentina paga "voluntariamente" a los fondos de cobertura. Acatar una orden judicial no sería voluntario, dicen algunos abogados.

Dado que la cláusula RUFO expira el 31 de diciembre, Argentina ha tratado de convencer al juez de que suspenda su fallo para darle a Argentina más tiempo. Sin embargo, el juez no ha cedido y los fondos de cobertura aseguran que la cláusula es una treta del gobierno para evitar pagar.

El mes pasado, Griesa nombró un mediador, pero Argentina ha rechazado sentarse frente a frente con los fondos de cobertura. En una ocasión, sus funcionarios ni siquiera asistieron a una reunión.

Pase lo que pase esta semana, Kirchner dice que no se podría considerar a Argentina en default porque ya depositaron US$539 millones en intereses que deben ser pagados sobre los bonos reestructurados para el miércoles. En junio, Argentina le entregó efectivo a Bank of New York Mellon Corp., el fideicomisario de los bonos. Griesa bloqueó el pago y el banco ahora está siendo demandado por no distribuir el dinero.

"La Argentina no va caer en default porque allí entran los que no pagan y la Argentina pagó", dijo la presidenta hace poco.

Es una idea que comparten muchos argentinos que respaldan la postura de Kirchner contra los inversionistas que ella llama "fondos buitre".

"Lo que tenemos es una situación sin precedentes en la que un juez está bloqueando el derecho de los bonistas a que se les pague", dice Fernanda Vallejos, economista del centro de estudios de inclinación oficialista La Gran Makro.

A muchos argentinos, la amenaza de un default no les quita el sueño. "He vivido tantas crisis que no me preocupo por esto", dice Mariano Torga, un electricista de 70 años.

"No descartamos cierto estrés en los mercados locales y un empeoramiento de la estanflación, pero no creemos que (un default) desate una crisis económica generalizada", señaló Siobhan Morden, analista de Jeffries, en un informe.

Una reciente encuesta de Poliarquía Consultores indicó que 47% de los argentinos ven de manera positiva la manera en que la presidenta está lidiando con los fondos de cobertura, frente a 38% hace un mes.

"Pelearse con fondos buitre, sus millonarios dueños y jueces norteamericanos caricaturizados como conservadores intransigentes es el sueño de todo líder populista de un país con una sociedad proclive al estatismo, con tendencias anticapitalistas y poca tradición de respeto a las reglas", escribió Alejandro Catterberg, analista de Poliarquía, en una columna en el diario La Nación.

Eso es poco consuelo para Nielsen, quien fue secretario de Finanzas durante el gobierno del fallecido Néstor Kirchner, esposo de la actual presidenta y su predecesor.

"Estoy preocupado porque hay como una especie de idea inocente de lo que constituye en este momento un default", dice. "Argentina ha atravesado muchos problemas por calcular mal las posibles consecuencias y me temo mucho que este sea otro caso de eso".


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