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El costado legal del default

Hace exactamente 10 años, Néstor Kirchner anunciaba al país, que había logrado salir del default de 2001, logrando la aprobación de casi un 69% de los tenedores de deuda defaulteada y que esto se había logrado mediante la obtención de una quita de cerca del 65%. Lo que él, ni Lavagna comunicaron fue que aquella renegociación de deuda incluía dos tipos de “soluciones” que son las que hoy nos condenan.


En su momento Argentina eligió la justicia de EE.UU. porque colocar deuda bajo las leyes argentinas era más caro.

La primera fue que cerca de un 35%, o sea casi la mitad, se había renegociado en pesos con una cláusula de ajuste por inflación -lo que poco después obligó a la intervención nefasta del INDEC, para “planchar” los índices de ajustes de ésta deuda reestructurada; la segunda fue que el resto se reestructuró bajo “leyes estadounidenses, londinenses o japonesas” y en moneda dura -dólares, libras, euros o yenes- sin aceptar la sugerencia, verdaderamente la ayuda de la señora Anne Krueger, funcionaria del FMI, que proponía que en casos como el argentino, si una porción mayoritaria se acogía a la reestructuración voluntaria, el resto no podía accionar contra el Estado que reestructuraba su deuda.



Fue esta posición, no aceptada por los negociadores argentinos, y si por ejemplo por la reestructuración griega, lo que terminó generando las demandas de los holdouts y las sentencias del juez neoyorkino Thomas Griesa, ratificadas por la Cámara del 2º distrito de Nueva York y hace muy poco por la Suprema Corte de los EE UU.


La Cláusula RUFO

En medio de las negociaciones con los fondos buitres por la deuda en default, la cláusula RUFO está en boca de economistas, funcionarios, abogados y, a esta altura, de buena parte de la población argentina.

Pero ¿qué es la cláusula RUFO y cómo afectaría a la Argentina si se ‘dispara‘?

RUFO es la sigla de Rights Upon Future Offers. Se trata de una cláusula que se incluyó en los canjes de deuda de 2005 y 2010 por la cual se prohibe pagarles más a los holdouts, por lo que se crea una igualdad de condiciones para aquellos que entraron o no a los canjes.

Por lo tanto, si se negocia con los fondos buitre antes del 31 de diciembre, fecha en que vence esa cláusula, y se les ofrece un monto mayor que a los bonistas reestructurados, estos últimos podrían demandar y exigir un pago igualitario.


Aspecto legal

La cláusula RUFO figura en el Decreto 1735/04 del canje de deuda y fue incluida por Roberto Lavagna, cuando era ministro de Economía, y su equipo en 2004, bajo el gobierno de Néstor Kirchner.

Está cláusula se hace efectiva si la Argentina decidiese "voluntariamente" pagar más a los holdouts.

Así, el país quedó preso de la condición que una vez estableció para conseguir más adherentes al canje.

Esta vez, la Argentina debe cumplir un fallo del juez del Distrito de Nueva York, Thomas Griesa, que obliga al país a pagarles a los holdouts. El fallo entra en colisión con la voluntad de Argentina de ser equitativa con los bonistas, ya que los bonos del canje están supeditados a la legislación estadounidense, tal como aceptó el Gobierno en esa oportunidad.

Algunos analistas sostienen que como este pago a los holdouts no es voluntario, sino consecuencia de una orden judicial, la cláusula no debería dispararse y no se activaría una cataratas de reclamos.


Qué establecen los contratos firmado por Argentina

El Contrato de Fideicomiso celebrado por Argentina y el Bank of New York y los términos y condiciones de los bonos reestructurados emitidos bajo dicho convenio contienen cinco eventos de incumplimiento. Los dos siguientes son las relevantes en este momento:

(i) No Pago: Argentina incumple con el pago de cualquier monto de capital o interés al vencimiento y dicho incumplimiento se mantiene por un período de 30 días.

(iii) Cross Default: cualquier evento o condición que resulte en la aceleración del vencimiento de cualquier deuda externa de Argentina superior a USD 30 millones; o cualquier default en el pago de principal o interés de cualquier deuda externa por encima de ese monte.

Asimismo, el mecanismo de pago establece que primero Argentina debe depositar los fondos en el Bank of New York como fiduciario y agente de pago en una cuenta en el Banco Central de la República Argentina.

El Contrato de Fideicomiso dispone expresamente en la Sección III del mismo que una vez que dichos pagos se depositan en dicha cuenta, los mismos dejan de pertener a la Argentina y son propiedad del fiduciario en beneficio de los tenedores de los bonos.

Luego en el anexo C, relativo a los términos y condiciones de los bonos, establece que Argentina se libera de la obligación de pago de los bonos cuando el dinero es recibido por los denominados Holders en cuentas en Nueva York. Los Holders son dos instituciones, Cede & Co y Bank of New York como depositario. Una vez recibido el dinero por dichas instituciones, las mismas deben girarlo a las instituciones encargadas de realizar los pagos en las cuentas de los tenedores de los bonos como beneficiarios finales.

Por ello, si bien Argentina cumplió con su obligación bajo el Contrato de Fideicomiso, el hecho de no pagar la sentencia de pari passu ha llevado al juez Griesa a bloquear ese dinero e impedir que la transferencia siga el curso normal previsto en el Contrato de Fideicomiso.

Esta situación es que la implica que no se ha podido dar satisfacción al pago de los bonos y en la que se basan el Bank of New York, las calificadoras de riesgo e ISDA cuando consideran que ha ocurrido un default. Griesa también ha mencionado que Argentina se encuentra en default en su orden de convocatoria de en la audiencia del viernes 2 de agosto así como en comentarios durante la misma.
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