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El gobierno aaliza romper con el BONY

El Gobierno analiza romper el contrato con el BONY para salir del default

El cambio en la jurisdicción de pago de los bonos del canje comienza a ser evaluado nuevamente por el equipo económico. Es para evitar definitivamente pagar los costos que implica la cláusula RUFO y no afrontar los juicios millonarios que se gatillarían si se acata la sentencia de Griesa



El ministro de Economía evalúa dos posibilidades. La primera es romper la relación contractual con intermediarios como el Bank of New York Mellon (BONY). La segunda es que los tenedores de bonos con jurisdicción en los Estados Unidos, que hoy no pueden cobrar en ese país u$s539 millones depositados en cuentas que el BONY tiene en el BCRA, le pidan al Gobierno un cambio en la jurisdicción de pago. Esta opción coincide con la propuesta que realizó el ex ministro de Economía y mentor del canje, Roberto Lavagna.

Pero de acuerdo a algunos trascendidos que circulan en el Ministerio de Economía, Kicillof buscaría directamente romper el contrato con el BONY para cambiar la jurisdicción de pago de Nueva York por otra que podría ser Londres, a través de Euroclear, o Bélgica por medio de Clearstream. De este modo se podrían desbloquear los fondos si este se los devuelve al Tesoro argentino y se los redirecciona a otras plazas en el exterior para pagar a los bonistas.


Lavagna ha manifestado que las condiciones legales del canje que ideó junto a Néstor Kirchner le permiten al Gobierno cambiar la jurisdicción de Nueva York donde los bonos se pagan a través del BONY por otra jurisdicción, siempre y cuando sean los bonistas que aceptaron los canjes I y II los que los soliciten, es decir que no lo puede hacer de modo compulsivo.

Al respecto hay que destacar que un grupo de bonistas europeos que tienen en cartera bonos
por unos 5.000 millones de dólares ya le habrían solicitado al Gobierno cambiar el lugar de pago.
El último viernes Thomas Griesa emitió una orden en la que permitió a las entidades bancarias Euroclear y Clearstream, realizar por una única vez el pago recibido por el Citibank para la cancelación de bonos emitidos por la Argentina en dólares bajo legislación local, como antes había hecho para honrar un vencimiento con Repsol por la expropiación de sus acciones en YPF.

El texto firmado por Griesa señala que "las órdenes enmendadas del 23 de febrero de 2012, no prohíben los pagos de bonos denominados en pesos que fueron emitidos por la República Argentina en los canjes de deuda soberana, bajo ley nacional", pero la orden especifica que los fondos depositados en las cuentas del BONY en Buenos Aires, deben seguir congelados. De ahí que ante la negativa de reponer una acción cautelar (stay) es probable que el Gobierno busque otras alternativas, como impugnar el contrato con el fiduciario, porque "no cumplió con el pago a los bonistas", pese a que el juez le advirtió que si los fondos llegaban a Nueva York debía avisarle y serían embargados.



El Gobierno insiste en que se remueva al mediador

Insistirá por escrito con su pedido para remover a Pollack, al que acusa de “tener la camiseta” de los buitres. Y demandará al Bank of New York por no haber pagado a los bonistas del canje pese a que el país le envió el dinero.



El Gobierno prepara una ofensiva judicial para recuperar la iniciativa frente a los fondos buitre. Entre otras cosas, pedirá por escrito al juez Thomas Griesa que remueva a Daniel Pollack, que actuó como mediador entre las partes, por considerar que su desempeño estuvo muy lejos de ser imparcial. También avanzará legalmente sobre el Banco of New York (BoNY), porque incumplió la instrucción de pagarle a los tenedores de bonos que habían ingresado a los canjes de la deuda. Y pedirá a través de la Comisión de Valores que se investigue una posible manipulación con los seguros contra default.

La decisión de pedir la remoción de Pollack fue confirmada ayer por el viceministro de Economía, Emmanuel Alvarez Agis.

El próximo paso es pedir la remoción de Pollack, que se está poniendo la camiseta de los buitres”, indicó en declaraciones radiales.

Pollack quedó en la mira de los funcionarios argentinos el miércoles pasado, tras el fracaso de las negociaciones en Nueva York. En el mismo momento en que el ministro Axel Kicillof ofrecía una rueda de prensa en el Consulado, el mediador publicó un comunicado en el que advertía sobre el impacto negativo que tendría un default sobre la Argentina, muy lejos de una actitud imparcial.

A partir de allí, Kicillof lo criticó con dureza. El viernes, en un comunicado, Economía reveló que sus abogados habían hecho un pedido verbal ante Griesa para relevar a Pollack. Pero el juez rechazó el pedido. Ayer Alvarez Agis dijo: “Lo negó en forma oral. Nosotros ahora vamos a hacer la presentación formal y veremos qué contesta”.

La decisión del Gobierno sobre este punto lleva otro mensaje implícito: la Casa Rosada está dispuesta a seguir negociando bajo las condiciones de “equidad, legalidad y justicia” que invocó Kicillof durante todo el proceso. Pero no aceptaría hacerlo mientras siga el mismo abogado como mediador.

La Secretaría Legal del Ministerio de Economía también trabaja ya en la redacción de una presentación judicial contra el BoNY. Este banco fue contratado como agente de pago del país ante los inversores. Por eso, antes del vencimiento original del 30 de junio pasado el Gobierno le transfirió una suma de dinero entre la que estaban US$ 539 millones para los tenedores de bonos Discount. Pero el banco sólo acató el fallo del juez Griesa, quien le ordenó devolver a la Argentina aquella suma dado que el país no estaba pagando al mismo tiempo a los fondos buitre.

La ofensiva judicial es paralela a la estrategia política que desarrolla el Gobierno para buscar apoyos en foros internacionales (ver página 7). Ayer también aportó ideas para aquella ofensiva el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni.

“Habría que explorar la posibilidad de demandar a los fondos buitre”, propuso en una entrevista que publicó el diario oficialista Página 12 . Zaffaroni sostuvo que hay evidencias como para probar que los fondos buitre “no son adquirientes originarios de bonos, sino que los compraron para interferir o desbaratar negociaciones como medio extorsivo”.

En este sentido, varios expertos admitieron que es llamativo que el juez haya delegado en el fondo NML la facultad de decidir si le daba o no más tiempo a la Argentina para seguir negociando y evitar el default. El fondo buitre propiedad de Paul Singer negó esa chance y se activó para ellos y otros acreedores el cobro de los seguros de default por montos millonarios en dólares. En el directorio de la entidad de EE.UU. que se encargó de votar si se habilitaba el pago de los seguros se sientan representantes de NML. Estos y otros elementos alimentan la estrategia judicial del Gobierno La Comisión Nacional de Valores hará hoy una presentación ante su similar de EE.UU. por “posible manipulación de mercado” con estos seguros.
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