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Europa: "Se ofrece para trabajar en negro"

Se ofrece para trabajar en negro


La Comisión Europea quiere acabar con el trabajo no declarado, pieza angular de una economía sumergida que en Euskadi supone alrededor del 20% del PIB

JULIO ARRIETA | SAN SEBASTIÁN



El trabajo sin declarar «perjudica la competitividad, priva a los trabajadores de protección social y disminuye los ingresos de impuestos y de seguridad social». Con esta rotundidad se refiere Laszlo Andor, el comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, al trabajo en negro, un problema que enmarca entre «las prioridades de la agenda europea». Lo dijo en octubre pasado, cuando se dio a conocer la intención de la Comisión Europea de crear una «plataforma para la prevención del trabajo sin declarar». Y lo mantiene ahora, amparado en algunos datos llamativos que dibujan la dimensión del problema, muy asentado y que en el momento de la recuperación, tras siete durísimos años de crisis, vuelve a la palestra con constantes denuncias sindicales por lo que está sucediendo en muchas obras públicas vascas: el trabajo sin declarar equivale al 15% de PIB europeo, «con picos cercanos al 30% en algunos estados miembros». Un porcentaje que en Euskadi ronda el 20%.

Así lo constata el informe del Eurobarómetro 'Undeclared Work in the European Union' (Trabajo no declarado en la Unión Europea), dado a conocer en marzo y realizado a partir de una encuesta llevada a cabo entre abril y mayo de 2013: el 5% de los españoles consultados reconoce que su trabajo estaría encuadrado en la economía sumergida. Solo es un punto por encima de la media europea. Pero cuando la pregunta es si el encuestado conoce personalmente a alguien que trabaje en negro, aumenta hasta el 33%. España figura, con Grecia, Chipre y Portugal, entre los países donde más ha crecido entre 2007 y 2013 este segundo porcentaje debido a la crisis y al aumento del desempleo.

El trabajo 'en B' es parte del universo más amplio de la economía sumergida. Aunque la definición es imprecisa, puesto que no existe un acuerdo entre los especialistas, se puede entender por tal la actividad remunerada «que, siendo legal en cuanto a su naturaleza, no es declarada a las autoridades públicas quedando al margen de su control y fiscalización». Así la define el estudio 'La economía sumergida en España' (2013), publicado por la Fundación de Estudios Financieros y que estima que el importe de la economía no declarada fue de «alrededor del 18,6% del PIB en 2013», a partir del informe 'The Shadow Economy in Europe', «y por encima del 20% conforme a otras mediciones». Y el trabajo 'La economía sumergida pasa factura', presentado en enero por la asociación de técnicos de Hacienda Gestha, elevaba el porcentaje hasta el 24,6%. Además, detallaba que la tasa se había disparado durante la recesión, en concreto siete puntos desde 2008. Euskadi no se libra: las estimaciones del peso de la economía no declarada oscilan entre el 18% y el 25% del PIB. Otro dato dado a conocer esta semana refleja también el problema: el buzón contra el fraude laboral abierto por el Ministerio de Empleo ha propiciado 125 inspecciones en Euskadi, con 47 empleos irregulares aflorados y un impacto económico de 103.854 euros.

Los cálculos divergen porque se trata de un fenómeno que, por su propia naturaleza ilegal, es difícil de cuantificar. En todo caso, y como señalan los autores del análisis de la Fundación de Estudios Financieros, «se encuentra en unos niveles inaceptables y muy alejados» de otros países europeos «como Austria, Holanda y Suiza (por debajo del 10% del PIB), de Alemania (en torno al 13%), de Francia y Reino Unido. Del total de la economía sumergida se estima que «en torno a un 8% del PIB es consecuencia del fraude en materia laboral», lo que en términos de empleo «equivadría al menos a un millón de puestos de trabajo que deberían aflorar».



Fuente de desigualdad

Los autores de esta investigación, Alfredo Jiménez Fernández y Ramiro Martínez-Pardo del Valle, añaden que la economía sumergida supone una «grave anomalía para el correcto funcionamiento» de una sociedad, que produce «problemas de desigualdad entre ciudadanos y un serio menoscabo de los derechos de los contratados de forma irregular».

Los objetivos de quienes se aprovechan de la economía irregular «no son más que los de evitar el pago de impuestos, eludir contribuciones a la seguridad social» y evitar el cumplimiento de requerimientos mínimos legales de orden laboral, «como el salario mínimo, el número máximo de horas trabajadas y los estándares de salud y seguridad en el trabajo, o soslayar determinados procedimientos administrativos». El principal afectado es quien accede a ser 'contratado' en semejantes condiciones, empujado por la necesidad de salir adelante al no encontrar otras ofertas de empleo, un problema acentuado con la crisis.

Basta teclear 'trabajo en negro' en las páginas web especializadas en búsqueda y oferta de empleo para descubrir multitud de anuncios de personas que se ofrecen a trabajar 'en B' en todo tipo de oficios, con especial incidencia de la hostelería, la limpieza y el cuidado de niños y personas mayores.

El trabajo en negro «pone en riesgo la salud y la seguridad y rebaja los estándares laborales», insiste el comisario Andor, para quien además «socava la competencia y pone en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas y los sistemas de seguridad social». Mari Carmen Gallastegui, catedrática de la UPV, exconsejera de Economía y coautora de un estudio sobre el problema en Euskadi, coincide con él y añade que «al final todo eso son ineficiencias que se generan», con el resultado de «un sistema económico que es mucho menos productivo e ineficiente de lo que debería».

Hay además un problema que el Eurobarómetro señala en sus conclusiones: «En algunos países -no los detalla- ciertas formas de trabajo no declarado son tan comunes que no son percibidas ni recogidas» como problema. Son algo 'normal'. Un factor social citado, de una o otra manera, por todos los estudios.

«Un problema de moralidad»

Lo explicita el informe de Gestha. «En España existe un grave problema de moralidad con el pago de impuestos, lo que complica aún más la equiparación de nuestro nivel de fraude al de otros países europeos donde la cultura defraudadora no está tan enraizada». Sólo Italia, Portugal y Grecia presentan valores superiores a los españoles; mientras, «aún nos situamos muy lejos de países como Alemania, Francia o Gran Bretaña». El análisis de la Fundación de Estudios Financieros habla de «falta de ética que impulsa a actuar al margen de la legalidad», y de la existencia de la percepción de que quienes defraudan salen impunes.

Un problema de mentalidad, incluso cultural, en el que también repara Mari Carmen Gallastegui. «Sí, hay gente que defrauda porque le es rentable hacerlo, porque cree que la probabilidad de que le cojan es muy pequeña y le compensa arriesgar». Pero el fraude no está solo motivado por cuestiones económicas. «No es solo un hecho de que sea 'como el tipo impositivo es alto y me recaudan mucho, me voy a negro'». El modelo de sociedad «que hemos creado hace que sea menos arriesgado defraudar» que en otros lugares. En la nuestra «no está mal visto. Y no me refiero al trabajador que no tiene otro remedio que aceptar la oferta de trabajo en negro», sino a los que han propiciado que existan estas posibilidades.

Además de la creación de una plataforma que aglutine la labor de todos los organismos de los países miembros de la UE dedicados a combatir el trabajo no declarado, Laszlo Andor cree que para afrontar el problema es necesario «aumentar la concienciación», lanzar medidas preventivas» y «reforzar las de control».

Gallastegui comparte que «hay que educar a la gente». ¿Por qué hay economías que tienen menos fraude que otras? «¿Por qué? Porque el tipo de sociedad que han montado es distinta, con una cultura distinta. Siempre hay países que salen con menos economía sumergida que otros». Además, «tiene que haber mucha disuasión basada en el principio de que robar es malo. Porque eso es robar». Y los sistemas de control que se desarrollen «tienen que ser dinámicos». El cuerpo social no es inerte, «reacciona. Estableces una medida hoy y dentro de dos años ya no tiene efecto». Por ello, hay que estar «todo el rato vigilante, con disuasión y dinamismo en los sistemas de control». Esas son las claves.



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