Votas? Pensa!!!



“Uruguay ocupa el primer lugar de Latinoamérica y el Caribe y el decimocuarto en el mundo en avances en gobiernos electrónicos. Hoy los uruguayos podemos hacer los trámites vía electrónica en un 70% de ellos. Y ocupamos el primer lugar en la región y el tercero en el mundo de lo que se denomina e-participación, es decir, la participación de los ciudadanos en el ejercicio de un gobierno electrónico”, expresó Vázquez.

El candidato presidencial del Frente Amplio manifestó también que otro reconocimiento a nivel internacional es lo que aporta el Plan Ceibal. “Ha colocado al Uruguay muy próximo a lo que han logrado los países desarrollados del mundo”, sentenció.




LAS ANDANZAS DEL CUQUI Y SU MONAGUILLO EL CUQUITO



FUENTE WIKIPEDIA INTERNACIONAL E INDEPENDIENTE


Su política económica se caracterizó por ser neoliberalista, por el deseo de lograr el desarrollo económico con la mínima intervención del Estado. No se demostró interés en implementar políticas de redistribución de la riqueza, lo que resultó en cifras que reflejaban gran desigualdad al final del período de gestión en cuanto a nivel socioeconómico de la población. Un hecho importante fue la eliminación de los Consejos de Salarios, eliminando la posibilidad de participación de los trabajadores en la negociación para fijarlos junto a los empresarios, por lo que muchos que pertenecían a sectores menos sindicalizados quedaron en posiciones muy vulnerables frente a los empresarios. También hubo voluntad de privatizar gran cantidad de entes públicos, lo que finalmente no pudo ser llevado a cabo con la misma magnitud que en el contexto latinoamericano debido al rechazo con que reaccionó gran parte de la población.

El gobierno fue duramente criticado por la implementación de este ajuste impositivo, calificado de "impuestazo", el cual provocó una caída del salario real de los trabajadores en 10 puntos porcentuales entre marzo y mayo de 1990.

Por otra parte, la inflación no cesaba; el incesante aumento del petróleo empujaba todos los precios al alza.

Así, se implementó un sistema de banda de flotación cambiaria con paridad deslizante, por el cual se preanunciaba la cotización del dólar dentro de un determinado rango. Con la intención de usar el tipo de cambio como ancla nominal, se definió una banda dentro de la cual el peso flotaba libremente contra el dólar, con una devaluación continua de esta moneda inicialmente del 4% mensual. Como trasfondo, hay que tener en cuenta que el Consenso de Washington indicaba la necesidad de mantener un tipo de cambio real, para asegurar la reducción de las barreras aduaneras fuera acompañada de incentivos al sector exportador. Pero el tipo comercial como ancla produjo atraso cambiario, particularmente en los primeros 3 años del gobierno de Lacalle. Las exportaciones no tuvieron crecimiento hasta 1994 y la balanza comercial se invirtió.

Apenas cincuenta días después de asumir la Presidencia y a las dos semanas siguientes a la aprobación del ajuste fiscal por el Poder Ejecutivo, el 13 de septiembre de 1990, el gobierno presentó al Parlamento un proyecto de “Ley de modificaciones del régimen de empresas públicas del dominio industrial y comercial del Estado”.

Las diferentes opiniones iban desde la expuesta por Jorge Batlle, partidario total de convertir las empresas públicas en sociedades anónimas, hasta las de Alberto Zumarán y Carlos Julio Pereyra, que abogaban para que el Estado las mantuviera bajo su control mayoritario abriéndolas para recibir capitales extranjeros. Después de febriles negociaciones para obtener un consenso se llegó a la redacción del texto final el jueves 13 de septiembre de 1990, se aprobó por unanimidad de votos de todos los Ministros reunidos en el Consejo. Levantaron sus manos los Secretarios de Estado que respondían directamente a Batlle, Jorge Pacheco Areco, Julio María Sanguinetti, a Pereyra y al Presidente de la República. El proyecto de ley suprimía varios monopolios estatales (como los seguros y la fabricación de alcoholes) y autorizaba a varios organismos (como Antel, Pluna y la Administración Nacional de Puertos) a asociarse con privados. También incluía la liquidación de ILPE, el organismo estatal dedicado a la pesca.

Cuando el proyecto de ley todavía estaba en la Comisión, el Frente Amplio hizo pública su propuesta de poner en práctica el mecanismo de referéndum en caso de que la iniciativa fuera aprobada, porque “está en peligro buena parte del patrimonio nacional que el liberalismo irresponsablemente se dispone a entregar”. Agregaba que la reforma “nos dejará un Estado inoperante” y pondría “en juego la soberanía misma del país”.

A las 24 horas de promulgada la «Ley de Empresas Públicas», comenzaron los trabajos para iniciar un gran plan privatizador que permitiese salir de la órbita del Estado a aquellas empresas que, como la «Compañía de Gas», «AFE», «ILPE» y «Pluna», entraban un déficit funcionario muy importante. El gobierno alegaba que el país pagaba mucho dinero para mantenerlas en servicio sin lograr ganancias, lo que acumulaba el déficit de las cuentas del gobierno. Al mismo tiempo se conocían informaciones sobre el interés de las principales compañías telefónicas del mundo en Antel, a través de contactos oficiales realizados por «France Télécom», la italiana «Stet», «Telefónica de España» y las norteamericanas «Nymex», «Bell Atlantic», «BellSouth» y «GTE».

En el marco de la ley aprobada el Uruguay inició el camino de las grandes reformas del Estado, concretándose la privatización de la «Compañía de Gas», que fue vendida al grupo francés «Gaseba»; se efectuó la liquidación de «ILPE», dejando el Estado de cumplir las tareas de pesca que pasaron a manos privadas a igual que los servicios de tierra en el Aeropuerto de Carrasco; se encaró la privatización del transporte aéreo al interior del país; se otorgó la concesión de servicios de agua potable y saneamiento en zonas de Maldonado, y se adjudicó el sistema de telefonía celular.

UTE empezó a adquirir electricidad generada por el sector privado.[cita requerida] Se puso en marcha, por régimen de concesión de obra pública, la construcción de la doble vía Montevideo - Punta del Este con una inversión privada que se estimó en unos cien millones de dólares, construida en grandes tramos durante la presidencia de Lacalle.


El domingo 13 de diciembre de 1992 el "Sí" recibió 1 293 016 contra 489 302 del "No", con 22 327 sufragios en blanco, 36 992 anulados y 100 191 observados, registrándose un total de 1 941 829 personas que concurrieron a votar. Los cinco primeros artículos de la Ley de empresas públicas quedaron derogados. Este resultado sorprendió a muchos puertas afuera, en medio de una Latinoamérica en plena fiebre privatizadora.22

El presidente Lacalle se presentó ante el público y admitió su derrota en esta ley. Sin embargo, lejos estuvo de "caer el gobierno", como muchos habían pretendido; Lacalle continuó con la ejecución de su programa económico. Hubo un voto castigo contra un gobierno que se fue quedando cada vez más solo y, en particular, contra su política económica; el categórico resultado indicaba la resistencia generalizada de la gente a desprenderse del patrimonio nacional y su convicción de que la reforma del Estado es, a la vez, mucho más y mucho menos que la venta de las empresas públicas. Pero la ciudadanía juzgó además la gestión del gobierno y, en especial, su política económica; no sólo los opositores, también los socios blancos de Lacalle le pidieron que la flexibilizara. Pero en vano: el presidente anunció que seguiría en la misma línea, y llegó a atribuir su derrota a una "psicosis mayoritaria contra todo lo extranjero".22
Bancos gestionados

Durante el primer gobierno de Sanguinetti el sistema bancario uruguayo había colapsado, y los líderes políticos de todos los partidos respaldaron la idea de que el Estado se hiciera cargo de las cuatro instituciones bancarias que estaban en quiebra: el Banco Comercial, el Banco Caja Obrera, el Banco Pan de Azúcar y el Banco de Italia. Estas instituciones continuaron funcionando a pérdida. Sólo el Banco Central, en los cinco años de gestión estatal, acumuló 180 millones de dólares de déficit.
Venta del Banco Comercial

El gobierno de Lacalle informó que la venta del Banco Comercial se realizaba a tres instituciones del exterior: Deutsch-Südamerikanische Bank de Alemania Federal, el Chemical Bank y el Credit Suisse, que entre los tres totalizaban un 74,3% del paquete accionario, en tanto que las acciones restantes pasaban a manos del grupo inversor argentino encabezado por los hermanos Carlos y José Röhm.

Los compradores pagaron 30 millones de dólares en títulos de deuda externa (a su valor nominal y no de mercado) con la condición de que el Estado se quedara con la cartera pesada que tenía la institución. El ministro de economía de ese entonces, Enrique Braga, que fue quien en nombre del gobierno llevó adelante la operación junto con Uturbey y Rosario Medero, concluyó su informe a la prensa señalando que: “No creemos que sea un acto razonables seguir administrando una entidad financiera a pérdida y con riesgos futuros no cualificables cuando este gobierno está procurando reducir drásticamente su déficit y le ha pedido un gran sacrificio a toda la población”. Respaldando la operación, ese mismo día el Dr. Ignacio de Posadas declaró a la prensa que la venta del Comercial fue "una brillante oportunidad para el Estado uruguayo".

De forma inmediata, el 11 de julio, en la Cámara de Diputados todo el Frente Amplio planteó en dos ocasiones el llamado a Sala del Ministro Braga, con el apoyo del Movimiento Nacional de Rocha. El Ministro Braga fue interpelado cinco veces por este tema en las diferentes ramas del Parlamento. Es más, en la cuarta ocasión en que concurrió a Sala para responder al contador Danilo Astori del Frente Amplio, el 22 de agosto de 1991 (catorce meses después de la venta) con los votos de la izquierda sumados a los del Foro Batllista, el Partido por el Gobierno del Pueblo, la Cruzada 94, el Movimiento de Rocha y Zumarán, se declaró “inconveniente para el país” la enajenación del Banco Comercial. En dichas interpelaciones, el Senador Astori, quien afirmó que quedó evidenciado que nunca se supo a cuánto se vendió a Röhm el Banco Comercial, que nunca se supo qué socios estaban detrás. En aquellas interpelaciones dieciocho Senadores concluyeron que se trataba de un pésimo negocio para el país. Las intervenciones, por ejemplo, del entonces Senador Millor, fueron los comprobantes para el escritor Gustavo Bernini (actual diputado del Partido Socialista - Frente Amplio), hiciera públicas las implicancias que había entre algunas autoridades del Gobierno y, precisamente, esos grupos empresariales a los que se les vendió el Banco Comercial.32

Luego de la venta del Banco Comercial, el mismo pasó a ser gestionado por los hermanos Carlos Röhm y José Röhm, que fueron integrantes del Consejo Directivo del Banco Comercial entre 1990 y 2002.33

El banco deja de ser gestionado por los hermanos Röhm cuando en el 2002, se produce una crisis económica en Uruguay teniendo uno de sus epicentros en este mismo Banco Comercial. Dichos hermanos renunciaron luego de la debacle financiera34 y el gobierno uruguayo inicia una investigación judicial cuando José Rohm denuncia por fraude a su hermano y socio Carlos Rohm, que era vicepresidente ejecutivo y ejercía la dirección general. Los Hermanos Röhm son considerados los artífices de una estafa financiera y un vaciamiento bancario que operaron como detonantes de la corrida de depositantes, y en definitiva de la crisis bancaria que sumió a Uruguay en la bancarrota.

El miércoles 16 de octubre de 1996 el Juez Penal José Balcaldi, tras 13 meses de investigación y luego de atender la acusación fiscal del Dr. Barrios, ordenó el procesamiento con prisión del Cr. Braga por el delito de abuso innominado de funciones y del Dr. Daniel Cambón, ex asesor presidencial del Dr. Lacalle, por el delito de “conjunción del interés personal con el público”.
Proceso de Desindustrialización y reducción de las tasas arancelarias

El gobierno de Lacalle impulsó un aumento de las importaciones de bienes de consumo (por la vía de la desgravación arancelaria y del atraso cambiario) que afectó fundamentalmente a la industria manufacturera. En el período de gobierno, la industria manufacturera pasó de representar el 25% del PBI a un 16% del mismo. Las importaciones de bienes de consumo crecieron de 200 millones en 1990 a 800 millones en 1994. El cierre de dos empresas emblemáticas (Onda y Funsa) graficó la destrucción de empleos industriales y de servicios que llegaron al orden de los 90.000. Un decreto dictado en 1992 redujo las tasas arancelarias, que en el caso de las importaciones de bienes de consumo pasaron del 24% al 20%. Pero , debido a la lista de productos negiciada en el GATT, la tasa finalmente quedó en 11%. En enero de 1994 el Senado interpeló al ministro Ignacio de Posadas y a Eduardo Ache, el ministro de Industrias. El interpelante, Hugo Batalla, hizo hincapié en el estado de crisis de varios sectores industriales (frigoríficos, textiles, curtiembres, vestimenta, metalurgia); se refirió al atraso cambiario y al desequilibrio de la balanza comercial. De Posadas no solo no contesto ninguna de las diez preguntas del interpelante, sino que de acusado paso a acusador: “Se pide que invierta en la industria. ¿Con qué? El Parlamento aprobó los gastos y dejó al Poder Ejecutivo sin margen”.

La administración de Lacalle disolvió los Consejos de Salarios (órgano estatal de negociación colectiva de salarios y condiciones de trabajo). Como consecuencia enfrentó una férrea oposición del movimiento sindical, así como una abierta confrontación con la doctrina jurídica, en particular con las recomendaciones de la OIT.

Antes de asumir la presidencia, durante los meses de trabajo en el Parque Hotel, el entonces presidente electo había intentado poner en práctica otro de los anuncios de “La Respuesta Nacional” referidos a la búsqueda de una “coincidencia social” con los cuerpos intermediarios de la sociedad (asociaciones, gremios, cámaras y sindicatos). Mientras que los dirigentes de las asociaciones, gremios, sindicatos etc., le dieron una respuesta clara y tajante: “al nuevo gobierno, ni una hora de tregua…”.

El presidente Lacalle dijo que: “Es necesaria una legislación adecuada para el instituto de la huelga”. Mientras que en el Seminario del PIT-CNT auspiciado por la OIT, Héctor Hugo Barbagelata destacó el «carácter ajurídico de las huelgas» como fenómeno social que no puede ser regulado por el derecho. Barbagelata señaló que toda iniciativa de esta naturaleza es un factor de perturbación de las relaciones obrero-patronales. Admitió que la ley debía limitarse a regular algunas de las consecuencias tales como sus efectos sobre el contrato de trabajo estableciendo que se trata de una suspensión y no de la ruptura de éste, o también en casos de infortunio colectivo puede determinarse por la ley el mínimo de servicio cuyo mantenimiento deben asegurar los huelguistas. (que debería ser asegurado por la autorregulación sindical).

A su vez el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT declaró públicamente que «el anteproyecto de reglamentación del derecho de huelga encubre un deseo de maniatar, domesticar y amansar al movimiento sindical. Una necesidad evidente a la hora de intentar aplicar una política de shock que disminuye el peso de la carga impositiva sobre los asalariados y jubilados (ajuste fiscal) redistribuye en forma regresiva el ingreso nacional, reduce fuentes de trabajo (disminución de la inversión) y entrega la soberanía (privatizaciones de empresas públicas). Prioriza, en definitiva, la buena letra frente al acreedor exterior, frente a las necesidades del país y su gente».
Conflictividad sindical y "diálogo social"

El 11 de julio militantes del SUNTMA (Sindicato Único de trabajadores del Mar y Afines), en conflicto, esperaron a Lacalle a la salida del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y ante su presencia comenzaron cantos soeces lanzando sobre el automóvil presidencial volantes titulados “La pesca en lucha”. Durante todo agosto los sindicalistas aplicaron una enorme acción obstaculizadora con paros de todo tipo con la plataforma de “resistir al gobierno, demanda de mejoras presupuéstales, contra el hambre y la desocupación”. En forma perlada fueron deteniendo sus tareas los trabajadores de los registros públicos afectando los trámites aduaneros, operaciones con automóviles e inmuebles. Paralizaron sus tareas los funcionarios de la Dirección General Impositiva, los servicios de transporte urbano e intedepartamental, se detuvo la actividad en la enseñanza y el viernes 24 de agosto se inició un paro general de 6 horas y una marcha hacia el Edificio Libertad. Esta última movilización se produjo once días después de haberse llevado a cabo otra reunión entre el Presidente y el PIT-CNT. La violencia estuvo presente. Fueron heridos tres transportistas que realizaban servicio de emergencia.

La huelga fue motivada por el intento del gobierno de rebajar los salarios, imponiendo una pauta salarial por debajo del índice de inflación. La huelga fue una prueba para el gobierno, para los empresarios, para el SUNCA (sindicato de la construcción), para los militantes y para cada trabajador. El sindicato ocupó todos los centros de trabajo en el país. Creó comités de huelga en las obras, y tanto en los departamentos del interior como en Montevideo, desarrolló una política muy fuerte de alianzas con otros sectores de la sociedad, que logró un importante apoyo a los huelguistas. Estableció una política de comunicación con la sociedad en general que permitió una relación directa con ella. Los piquetes de huelguistas establecían esta comunicación, subiendo al transporte público y explicando a viva voz cuáles eran sus problemas y entregando volantes que describían y explicaban la situación.

En julio de 1991, el entonces Ministro de Salud Pública de Lacalle, Dr. Carlos Delpiazzo, suspendió el reparto de preservativos en los centros de salud, aduciendo razones de orden moral y religioso, generando rechazo en los sectores vinculados a la sanidad en el país, y a buena parte del sistema político.44 Esta decisión estuvo motivada por la aparente pertenencia de Delpiazzo al Opus Dei.


EN CAMBIO EL FRENTE AMPLIO

1. Producción Nacional
Notable expansión económica, aumento del producto bruto interno (PBI) de 32% en el período 2004-2008 (7,1% de promedio anual, dos puntos por encima del promedio de América Latina). Los resultados son los mejores para el país en términos históricos.

2. Trabajo
180.000 nuevos puestos de trabajo, reducción de la tasa de desempleo de 13% a 6,9%, un mínimo histórico.

3. Plan Ceibal
Todos los niños acceden a una computadora con conexión gratuita, ejemplo único en el mundo.

4. Salarios, jubilaciones y pensiones
Incremento de los salarios (23% el salario medio) y de las pensiones y jubilaciones (24%). - Hay sectores (policía, salud, enseñanza, etc., en los que el aumento real fué muy superior.

5. Lucha contra la pobreza, la indigencia y la desigualdad
Se redujo la pobreza en más de un tercio y la indigencia a menos de la mitad de los registros de 2004. Esto ha sido posible por el éxito en las políticas sociales, económicas y fiscal, en especial por el impacto de las reformas estructurales (Panes, Plan de Equidad, Nuevas Asignaciones Familiares, Reforma Tributaria y Sistema Nacional Integrado de Salud).

6. Sistema Nacional Integrado de Salud
Aumento de la cobertura anterior por Fonasa: ya cubre 1.420.000 personas (435.000 son hijos de trabajadores). La cobertura de Disse alcanza a 700 mil personas más.

7. Educación
El gasto en Educación alcanzará el 4,5% del PBI al final del período (aumentará la inversión 1,5 más que en la década del noventa: el gasto en educación pasó de 420 millones de dólares en 2004 a 1.350 millones en 2009). Hubo importantes incrementos de los salarios y se universalizó la educación física en las escuelas.

8. Negociación y formalización del empleo
Convocatoria a los Consejos de Salarios; regulación y formalización del trabajo rural y del trabajo doméstico.

9. Operaciones de ojos gratuitas
Se le devuelve la visión a más de 12.000 compatriotas.

10. Exportaciones
Máximos históricos que ascendieron a 9.258 millones de dólares en 2008. En cuatro años las exportaciones crecieron 43%.

11. Innovación e investigación
En 2008-2009 se triplicará respecto a 2004 el gasto destinado a este fin. Se creó la Agencia Nacional de Investigación e Innovación para articular y planificar la utilización de los recursos, ejecutando las políticas definidas por el Gabinete Ministerial de la Innovación.

12. Seguridad ciudadana
El gasto entre 2004 y 2009 tuvo un incremento en términos reales de 76%. Promoción de nuevos marcos normativos, importante ingreso de efectivos policiales, mejoras en su formación y sus salarios, en la tecnología aplicada a la seguridad y en la efectividad de la acción policial.

13. Lucha contra las drogas y el crimen
Se libró contra los grupos organizados; combate a las bocas de venta de pasta base (en 2008 se cerraron 500 bocas y en lo que va de 2009 ya son 330). Por primera vez fueron procesadas 37 personas por lavado de dinero y se cuenta con legislación y controles bien firmes. Uruguay recuperó credibilidad en el mundo.

14. Memoria, verdad y justicia
Investigación llevada adelante ­por primera vez con decisión y capacidad de mando­ por el Poder Ejecutivo, en cumplimiento del artículo 4º de la Ley de Caducidad. Se franqueó el paso al Poder Judicial en casos no comprendidos por la norma, lo que resultó en el encarcelamiento de varios responsables de la dictadura, entre ellos el ex dictador Gregorio Alvarez.

15. Turismo
En 2008, por primera vez en la historia, las divisas ingresadas superaron los mil millones de dólares, el doble que en 2004.

16. Energía e industria
Se avanzó en el trabajo sobre cadenas productivas; en el reforzamiento de la industria nacional; en el fortalecimiento de la institucionalidad (Ministerio, Gabinete Productivo, proyecto de Agencia Nacional del Desarrollo) y en el Plan Nacional de Energía. Luego de décadas de inacción, se realizaron inversiones en energía eléctrica por 700 millones de dólares, en electrificación rural, integración de los biocombustibles, matriz energética nacional y en todas las etapas del sector combustibles. Y se está avanzando por primera vez en una gran prospección de yacimientos de gas y petróleo.

17. Precio del boleto urbano, suburbano e interdepartamental
Fideicomiso que impidió trasladar a las tarifas el incremento del combustible y permitió la incorporación de 800 ómnibus nuevos. Los usuarios del sistema público pasaron de 45 millones a 65 millones de boletos de 2005 a 2008 en el sistema suburbano, y de 17 millones a 23 millones en el sistema interdepartamental.

18. Políticas estratégicas de ordenamiento territorial, desarrollo sostenible y cambio climático
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que dota al sector público de instrumentos de regulación, planificación y promoción del desarrollo territorial y en relación con la sociedad civil. Creación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio climático y variabilidad.

19. Cultura
Fortalecimiento institucional de la Dirección Nacional de Cultura. Asamblea Nacional de la Cultura; Ley de Patrocinio y Mecenazgo; Fondo Concursable para la Cultura; conclusión del Complejo Cultural del Sodre y readecuación de sus radios; fuerte inversión en la recuperación del Canal 5; creación del Bachillerato Artístico; Ley del Estatuto del Artista y Oficios Conexos.

20. Infraestructura para el desarrollo
Los recursos destinados al mantenimiento de la actual red vial primaria, corredores de integración regional y caminos secundarios pasaron de 2.900 millones de pesos en 2004 a 7.550 millones en 2009. Se realizan obras tales como el Anillo Perimetral de Montevideo, (U$S 70.000.000) e inversiones históricas en la infraestructura portuaria.