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Argentina: otro engendro intervencionista

La nueva ley de telecomunicaciones que, con el pomposo nombre de Argentina Digital, pretende aprobar con inusitada urgencia el gobierno nacional no mejorará la calidad de las comunicaciones, no creará más competencia ni fomentará la inversión en un sector clave de la vida actual. Por el contrario, consolidará la más absoluta arbitrariedad gubernamental al delegar ilimitadamente en el Poder Ejecutivo todas las decisiones en la materia, frenará las inversiones al fijar las tarifas en un mercado completamente dinámico y será otro instrumento del kirchnerismo para condicionar la libertad de expresión, al afectar el financiamiento de la producción de contenidos.

Como ocurrió con otras iniciativas, debajo de un ropaje de modernidad y democratización, se oculta una ley autoritaria e inconstitucional que, lejos de fijar reglas claras para el necesario desarrollo de las telecomunicaciones, asegura al Gobierno una nueva herramienta de extorsión política y económica a las empresas y los usuarios.

De la lectura del proyecto, se desprende con claridad el verdadero propósito perseguido por el Poder Ejecutivo: tomar definitivamente bajo su exclusivo control a los medios de comunicación audiovisual y empresas de telecomunicaciones, excluyendo al Congreso de toda participación en la administración y gestión del futuro sistema.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha justificado la necesidad de su urgente tratamiento en tener que modificar las normas sobre telecomunicaciones en vigor desde hace 42 años, que a lo largo de los últimos 11 años no fueron desvelo del matrimonio que gobernó el país.

Curiosamente, el nuevo proyecto propone anular parcialmente la ley de medios audiovisuales, tan celebrada por la primera mandataria, y derogar completamente el marco regulatorio sobre el que se basó la licitación de espectro para telefonía 4G y 3G con la que el Gobierno recaudó 2200 millones de dólares. Sobre ese procedimiento, cuestionado por su falta de transparencia, se cierne ahora una gran incertidumbre.

Se ha cuestionado desde la oposición también que el proyecto tendría "nombres y apellidos", ya que la derogación parcial de un artículo de la ley de medios permitiría a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) concluir con el plan de adecuación del grupo encabezado por José Luis Manzano, ilegalmente beneficiado en la licitación de licencias de 4G.

Resulta llamativo que desde todos los sectores involucrados, las telefónicas y los cableoperadores, sean grandes multinacionales o empresas medianas y pequeñas, e incluso las cooperativas, se levanten voces contra el proyecto y graves sospechas sobre sus reales fines.

El proyecto produce una amplísima e inconstitucional delegación de facultades en favor de un órgano administrativo que genera una completa incertidumbre respecto del marco regulatorio de la actividad. Deliberadamente, el texto no incluye ningún tipo de precisión sobre la organización administrativa ni la estructura que tendrá esa autoridad de aplicación de la ley, ni fija condiciones de independencia, profesionalidad e incompatibilidades que deberán tener las personas que la integren. No estipula sus competencias, facultades y deberes, ni las reglas de procedimiento, cuestiones que quedan delegadas en la Presidenta. En cambio, aquella imprecisa autoridad podrá controlar y fijar tarifas; otorgar licencias, autorizar transferencias y disponer sus caducidades; determinar condiciones y obligaciones de acceso e interconexión; reglamentar el régimen sancionatorio y el procedimiento para la instrucción de sumarios, entre otras muchas potestades. Todo esto es exactamente lo opuesto de lo que ocurre en los mercados que son referencia en materia regulatoria, como los Estados Unidos y la Unión Europea, donde existen autoridades fuertes, pero independientes, que aplican marcos jurídicos claros con el objetivo de fomentar altos niveles de inversión para expandir los servicios y hacerlos accesibles a todos los habitantes.

Esta "ley corta, de 25 carillas", como la definió el secretario de Telecomunicaciones y militante de La Cámpora, Norberto Berner, que declara "servicio público" a la telefonía móvil, la TV por cable y el acceso a Internet (lo que permitirá fijar sus tarifas), llevará a este sector a un estancamiento y colapso como los que presentan otros servicios públicos, entre los que están la distribución de electricidad y gas. Es por lo menos curiosa la expresión que utiliza el proyecto y repite el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, al hablar de "servicios públicos en competencia": ¿cómo se compite con tarifas reguladas? Además, otra disposición obliga a abrir las redes a terceros que elegirá el Gobierno al precio que éste determine afectando la calidad y velocidad de los servicios actuales. ¿Cómo se compite si no se puede decidir sobre la calidad del propio producto? Aunque los funcionarios camporistas destacan que esta ley dará finalmente origen al triple y cuádruple play (tres o cuatro servicios prestados por una misma empresa sobre una misma red y con una tarifa inferior a la que se pagaría si se compraran por separado a distintos proveedores), la norma prohíbe que la TV por cable puede comercializarse en combo con otros servicios, como la banda ancha y la telefonía fija. Esta limitación afecta incluso a las cooperativas de telecomunicaciones que en los últimos años comenzaron a ofrecer televisión paga. Del mismo modo, establece la obligación de los prestadores de proporcionar velocidades mínimas de transmisión que la autoridad de aplicación puede revisar cada dos años sin ninguna mención a que aquello autorice a modificaciones en los precios, lo que cambia las condiciones de prestación existentes en la actualidad.

En síntesis, estamos ante otro engendro de intervencionismo y de contradicciones.

La iniciativa crea todo tipo de asimetrías entre los distintos sectores convergentes: las empresas estatales -como Arsat- tendrán prioridad en el uso del espectro y de los millonarios recursos del Fondo de Servicio Universal (que ya suman más de 2000 millones de pesos), creado para extender la conectividad a áreas no rentables, y tendrán además condiciones de interconexión "particulares", sin que se aclare en qué consistirán.

A diferencia de procesos regulatorios que en este ámbito se instrumentaron en la mayoría de los países, este proyecto no contempla las asimetrías entre las empresas telefónicas ?tres empresas concentran el 70% de la facturación en tecnologías de la comunicación y la información (TIC)- y los cableoperadores, que abarcan unas 600 pymes que, junto con los grandes operadores de ese subsector, representan alrededor del 10% del total de la facturación del sector TIC.

Resulta tan evidente esta contradicción con la actual ley de medios que el propio titular del bloque de senadores nacionales del oficialismo, Miguel Pichetto, observó el proyecto y pidió una "cláusula con mirada antimonopólica", que proteja a las pequeñas operadoras de cable. Esta observación encuentra fundamento por cuanto el proyecto Argentina Digital habilita a las prestadoras de TIC a operar en todo el territorio de la nación, ya se trate de servicios fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, mientras que las actuales empresas prestadoras de servicios audiovisuales tienen, de acuerdo con la ley de medios, límites sobre la cantidad de licencias y sobre el número de abonados, que no pueden superar el 35% del total existente en el país.

En cambio, el flamante proyecto prohíbe completamente que empresas extranjeras (las tres telefónicas son propiedad de capitales españoles, italianos o mexicanos) presten servicios de TV por cable, aunque dispongan de las redes necesarias. Esa maraña de prohibiciones, que fueron revisadas y modificadas de manera progresiva en otros mercados, no contribuirá a un mercado de servicios convergentes más competitivo, con prestaciones de mayor calidad y a precios convenientes para los usuarios.

En los hechos, el proyecto incluye una expropiación encubierta y sin indemnización de las redes de telecomunicaciones privadas, sin reglas ni restricciones. Esto permite que empresas sin antecedentes ni inversión alguna puedan utilizar infraestructura pagada por otras compañías, quitándoles calidad y velocidad a los servicios actuales y, sobre todo, capacidad de inversión para seguir optimizando la red e invirtiendo en tecnología. En el caso de los cableoperadores, el Estado toma control de una infraestructura para la que sólo aportó permisos de obra. Donde hoy, fruto de la inversión privada, hay redes de cable, antes no había nada. Y en el caso de las telefónicas, que recibieron por 99 años la infraestructura de la antigua Entel, estas disposiciones derogan el marco regulatorio sobre el que se basó todo el proceso de privatización.

Como ya hemos visto en numerosas leyes sancionadas por la mayoría automática del oficialismo en el Congreso, en los últimos años, esta vez también se difunden eslóganes atractivos, promesas de democratización y desmonopolización -o sea, más "relato"- que esconden otras intenciones: delegar facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo, recaudar, condicionar y dejar en situación de debilidad financiera y jurídica a determinado grupo de empresas para poder presionarlas y controlarlas.
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