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En su última sesión la Legislatura porteña (Buenos Aires) aprobó por unanimidad el proyecto de «Ley contra la discriminación». Si Macri, jefe de gobierno de la ciudad, no lo veta, la Capital Federal sería pionera en incluir la no discriminación por «género», «identidad de género y/o su expresión» y «orientación sexual». Simultáneamente se convertiría en el primer distrito del país que prevé sanciones para cualquiera que defienda el orden natural.

El texto fue consensuado a partir de iniciativas presentadas este año por los legisladores Gabriela Seijo y Enzo Pagani (ambos del PRO) y un expediente impulsado el año pasado por la diputada María Rachid (FpV) y su par Daniel Lipovetzky (PRO). Se aprobó sobre tablas y por unanimidad, con 50 votos positivos.



La ley porteña incorporaría causales de discriminación no contempladas en la Ley Nacional Antidiscriminatoria; entre ellas, la no discriminación por «género, identidad de género y/o su expresión, y orientación sexual», motivos que -según explica Rachid en los fundamentos de su expediente- tienen “poder simbólico, político y educativo”. Así y todo el enunciado no es taxativo y podría ampliarse hasta lo inimaginable porque la lista concluye con un «y/o cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social, temporal o permanente». Se castigaría la discriminación por acción u omisión y bastaría con que lo actuado tenga por resultado «impedir, obstruir, restringir o de cualquier modo menoscabar» a «grupos víctima de discriminación



Persecución a quien cuestiones ciertas prácticas sexuales


Conjugando la inclusión de las categorías de género, identidad de género o su expresión y orientación sexual con las consecuencias jurídicas que el proyecto prevé para los supuestos de discriminación, nos hallaríamos ante la posibilidad de persecución a quienes, en ejercicio de sus derechos fundamentales cuestionaran las prácticas homosexuales, bisexuales, pedófilas o cualquier otra aberración cubierta por esos eufemismos.

Se reproduce la no discriminación por «convicciones religiosas» prevista en la Ley nacional pero se exceptúa expresamente de los actos discriminatorios «el solo hecho de someter determinados dogmas a debate». Rachid ha denunciado reiteradamente a la “jerarquía católica” por “discriminar” a la comunidad homosexual cuando dice que las uniones entre personas del mismo sexo no son “equiparables” al matrimonio. Al mismo tiempo la ley le daría nuevo auge a la persecución iniciada, hace muchos años ya, contra los sacerdotes y obispos católicos y referentes de otras creencias que enseñan la moral natural. Recordemos a modo de ejemplo que la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), impulsó una causa judicial contra el, por entonces, Arzobispo de Mercedes-Luján, Mons. Rubén Di Monte. En agosto de 2003, el prelado fue grabado dentro del templo durante la Misa celebrada el día de San Cayetano y querellado a posteriori por releer durante la homilía párrafos del Capítulo I de la Epístola de San Pablo a los Romanos, lectura correspondiente a esa celebración litúrgica.