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Cuando en Buenos Aires el robo se penaba con la muerte

Hace 200 años, en la ciudad de Buenos Aires, entrar a una casa a robar era penado con la horca. Y un robo simple con 10 años de cárcel y trabajos en la obra pública.


Por 1811, en la Ciudad vivían unas 40 mil personas, de las que el 30% eran negros. A primera vista, desanimaba por su aspecto. Así señalan las crónicas de viajeros, que al desembarcar se encontraban con un caserío de viviendas bajas, con sus techos de tejas, y sólo las torres de las iglesias lograban romper con esa monotonía. Compensaba esa chatura la intensa vida social porteña, como las tertulias -celebradas en las casas de familia- el teatro y los cafés; también se acostumbraba caminar por la Alameda, un paseo que corría paralelo al río (actualmente avenida Leandro N Alem). Hacia el oeste, la ciudad llegaba hasta Monserrat, donde a fines del siglo XVIII se había instalado la primera plaza de toros, en lo que hoy es Avenida 9 de Julio y Belgrano; para el sur, pasando la calle México ya no había nada; lo que es hoy Plaza San Martín era un olvidado rancherío.
El 23 de septiembre de 1811, había asumido el Primer Triunvirato. Lo componía Feliciano Antonio Chiclana, Manuel de Sarratea y Juan José Passo. Eran sus secretarios, que no tenían voto, José Julián Pérez, Bernardino Rivadavia y Vicente López. Quedaba atrás la experiencia de la Junta Grande, con la participación de los diputados del interior, objeto de la profunda división entre morenistas y saavedristas. “En las críticas circunstancias de nuestros negocios era de primera necesidad organizar un sistema de secreto, unidad, y energía para salvar la patria de los peligros que la amenazan. Una triste experiencia ha enseñado, que es imposible dar al gobierno este carácter sin disminuir el número de los gobernantes…”, argumentaba la circular del 25 de septiembre que daba cuenta de la creación del Primer Triunvirato.




Una de las cuestiones que le sacaba el sueño a las autoridades era el problema de la inseguridad. Quedó, al respecto, el valioso testimonio de Juan Manuel Beruti y sus “Memorias curiosas”: “De resultas de los muchos ladrones y robos que se están experimentando en esta ciudad, con tanto escándalo, que no está seguro ningún vecino en su casa, pues en partidas de veinte o más hombres armados de armas de fuego se entran en las casa valiéndose del nombre de la justicia atropellan a sus dueños y los roban…”.
El 4 de octubre de 1811, el gobierno emitió un bando en el que daba a conocer algunas medidas para resguardar a la propiedad individual y la seguridad pública, y que en la actualidad sorprendería por su severidad. Lo firmaba, además de Chiclana, Passo y Sarratea, el notario del gobierno, José Ramón de Basalvilbaso. Respetamos la grafía de la época:
“Todo el que perpetrase algún robo qualificado, esto es, violentando alguna persona, horadando, ó escalando alguna casa, frangiendo o falseando puerta, sea de la cantidad que fuese en moneda ó especie será condenado á muerte de horca”.
Sigue:
“Todo el que cometiese un robo simple, esto es, que no combine qualquiera de las circunstancias expresadas, llegando á la cantidad de cien pesos en moneda ó especie, será afecto á la misma pena; y no llegando a dicha cantidad, se le aplicará el de diez años de presidio, en el trabajo de las obras públicas”.
El bando especificaba que dichas medidas alcanzaban a los delitos cometidos en todo el distrito y hasta 12 leguas a la redonda, unos 60 kilómetros.
Tengamos en cuenta que las penas anteriores no eran muy benévolas: 200 azotes por las calles de la ciudad y 10 años de presidio.
Todos los detenidos serían juzgados militarmente y sentenciados por el gobierno o por una comisión especial nombrada por el mismo. Y se hacía hincapié en la celeridad del proceso, estableciéndose un plazo de 10 días para sustanciar la causa.
El gobierno llamaba a aplicar “remedios extraordinarios para cortar el extremo de los vicios…” y defendía dichas medidas en virtud de que las circunstancias particulares de nuestra ciudad, y la situación actual, hacían inaplicables los artículos de la actual legislación, contenida en la Novísima Recopilación de las Leyes de España, obra encargada por el rey Carlos IV y publicada en julio de 1805.
Como los hechos de inseguridad continuaban, el Triunvirato no se quedó quieto. El 18 de abril de 1812 creó una Comisión de Justicia. “Considerando este gobierno comprometida la tranquilidad y el orden público en la escandalosa multitud de robos y asesinatos que a todas horas y diariamente se cometen en esta ciudad y sus extramuros por partidas grandes de ladrones, cuyo desorden procede sin duda del retardo de la substanciación de las causas y castigo oportuno a tan detestables delincuentes…”. Los miembros de esta comisión -Intendente de Policía, Agente de la cámara y por Vicente Anastasio de Echeverría- debían, en el menor tiempo posible, “juzgar, sentenciar y ejecutar sin demora, y de un modo que sea capaz de contener y escarmentar a los fascinerosos, á cuyo fin se les delegan las facultades omnimodas de este gobierno que serán sin duda desempeñadas con la actividad que reclama el interés público, y con el zelo propio de su honor y patriotismo”.
No sabemos, a ciencia cierta, cómo fue la aplicación de semejantes medidas. Meses después, la Comisión de Justicia fue disuelta. El mismo Rivadavia, diez años después, como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de Martín Rodríguez, creó el cuerpo de Policía y a partir de 1822 instaló el cuartel en lo que era la casa del Obispo, una construcción lindera al Cabildo, que se levantaba donde hoy nace la avenida de Mayo. Su primer jefe fue Joaquín de Achával, quien introdujo la figura del gallo en los sellos oficiales. Por ese motivo, el edificio era popularmente conocido como “el hotel del gallo”.
Documentos oficiales de gobierno producidos 200 años atrás dan cuenta de dos problemas que hoy desvela a la población y que incomoda a políticos y gobernantes: la inseguridad y la lentitud de los procesos judiciales, que a más de uno le provoca decir: “Parece que estuviésemos en la época de la colonia…”.
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