La semana última se publicaron las declaraciones juradas de los funcionarios y legisladores nacionales. En esta primera entrega, presentamos los intereses detrás de las inversiones del Poder Ejecutivo.
La Oficina Anticorrupción (OA) dio a conocer la semana última las declaraciones juradas de los funcionarios y legisladores nacionales, que por primera vez pueden consultarse abiertamente por Internet. Se encuentran disponibles las declaraciones de los funcionarios y empleados a partir de cierto rango del Poder Ejecutivo Nacional, pero también las de todos los Diputados y Senadores. El Poder Judicial, en cambio, no entrega sus declaraciones a la OA, ya que la Corte decidió en una acordada que eso violaría la división de poderes que establece la Constitución.
El nuevo formulario con el que se publica la información, sin embargo, no permite tener el nivel de detalle que tenía el sistema anterior de publicidad de las declaraciones juradas. Esto es resultado de la ley 26.857, impulsada por la Presidenta y aprobada en mayo de 2013, que cambió la regulación. Algunos de los datos que se perdieron y volvieron opacos son clave, como los bienes e ingresos de los cónyuges y los ingresos que un funcionario recibe por otras actividades, algo que permitía detectar posibles conflictos de interés con ocupaciones externas, como consultorías.
“Lo poco que queda para analizar posibles conflictos de interés son las participaciones en sociedades o las deudas que tienen”, señaló a Chequeado el diputado de la UCR Manuel Garrido, quien estuvo a cargo de las investigaciones de la Oficina Anticorrupción entre 1999 y 2002, y luego fue Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas.
La Ley de Ética Pública establece una interpretación bastante restringida de los conflictos de interés en su artículo 13, donde se determina que un funcionario no puede estar asociado o prestar servicios a empresas que tengan una concesión, sean proveedoras del Estado o realicen una actividad regulada, si la competencia del funcionario está directamente relacionada a esta actividad (ya sea porque está vinculado a la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades).
Garrido explicó que se puede interpretar de una manera más amplia, dado que el artículo 2 establece además que un funcionario debería abstenerse de intervenir en cualquier asunto por el que un juez debería excusarse. Esto incluye elementos como parentesco, pleitos, relaciones de deudor-acreedor o haber recibido beneficios de la persona, entre otras.
Qué tienen y en qué invierten
En la Argentina no existe una ley que prohíba mantener actividades privadas mientras se ocupa cargos en la función pública. Por eso, más allá de los posibles conflictos de interés, es importante analizar las inversiones que realizan los funcionarios nacionales más relevantes.
A nivel nacional, en la órbita del Poder Ejecutivo, la OA tiene, según su decreto de creación, la competencia para “evaluar y controlar el contenido de las declaraciones juradas de los agentes públicos y las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito o incompatibilidad en el ejercicio de la función”.
“Hoy no se hace control de las declaraciones que se entregan para identificar conflictos de interés o enriquecimiento ilícito”, explicó Álvaro Herrero, director del Laboratorio de Políticas Públicas. Además, según la Ley de Ética Pública, tendría que haberse constituido una comisión con representantes de los diferentes poderes para asegurar el seguimiento y aplicación de la ley. “La comisión nunca se conformó, y por lo tanto no aseguró el control de las declaraciones juradas”, agregó Herrero.
En otros países, como en los Estados Unidos, hay oficinas dedicadas a analizar los posibles conflictos de interés de los funcionarios. Una de las soluciones posibles es constituir fidecomisos “ciegos” en los que la persona no sabe en qué se invierten sus fondos.
Según sus propias declaraciones juradas, la Presidenta y la mayoría del gabinete nacional tiene una parte importante de su patrimonio en propiedades. Algunos de ellos tienen bonos del Estado, como Oscar Parrilli, secretario de Presidencia, y Héctor Timerman, ministro de Relaciones Exteriores. Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior, declaró tener más de un millón de pesos invertidos en bonos ligados al crecimiento del PBI. Ricardo Echegaray, director de la AFIP, y Carlos Tomada, ministro de Trabajo, por otro lado, tienen bonos de YPF. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, por su parte, tiene algunas propiedades en Chaco y en la Ciudad, al igual que Héctor Icazuriaga, director de la Secretaría de Inteligencia, que declara tener varios inmuebles en la Ciudad y uno en Río Gallegos.
Los miembros del Ejecutivo que tienen participación en sociedades son:
- Cristina Fernández de Kirchner, que tiene inversiones en sociedades hoteleras (Hotesur y Los Sauces).
- Juan Manzur, el ministro de Salud, que posee acciones en Tío Yamil, una empresa relacionada con olivas en San Juan. Su patrimonio declarado en ella pasó de $2,2 millones el año pasado a $6,8 millones.
- Florencio Randazzo, ministro de Interior y Transporte, quien declaró participar en una constructora (Simétrica S.A.), una heladería (Camicar S.A.) y una inmobiliaria (la Grulla S.A.). También tiene participación en un gimnasio (Gimnasio Platense SRL), que pasó de vale $94 mil a $585 mil entre año y año.
- Sergio Berni, secretario de Seguridad, tiene acciones en la empresa Logística Río Turbio S.A.
- El vicepresidente, Amado Boudou, posee acciones en dos inmobiliarias (Inversiones Inmobiliarias S.A. y Hábitat Natural S.A.).
- Y por último, Enrique Meyer, ministro de Turismo, le otorgó créditos a dos empresas inmobiliarias (Pinazo S.A. y Cominver S.A.).
Patrimonio declarado por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional
(Bienes y depósitos menos deudas al final de 2013).
Cristina Fernández 50.281.230
Juan Luis Manzur 13.907.480
Sergio Berni 6.387.832
Ricardo Echegaray 5.825.879
Jorge Capitanich 4.304.545
Florencio Randazzo 4.006.223
Julio Alak 3.961.572
Guillermo Moreno 3.343.501
Héctor Timerman 3.051.355
Carlos Casamiquela 2.707.823
Enrique Meyer 2.205.362
Oscar Parrilli 1.899.793
Amado Boudou 1.870.591
Débora Giorgi 1.503.101
Héctor Icazuriaga 1.332.785
Diego Bossio 1.221.257
Agustín Rossi 817.051
Carlos Tomada 621.679
Julio De Vido 561.890
Cecilia Rodríguez 520.632
Alberto Sioleoni 513.338
Alicia Kirchner 308.220
Lino Barañao 198.991
Auspicio este post:
La Oficina Anticorrupción (OA) dio a conocer la semana última las declaraciones juradas de los funcionarios y legisladores nacionales, que por primera vez pueden consultarse abiertamente por Internet. Se encuentran disponibles las declaraciones de los funcionarios y empleados a partir de cierto rango del Poder Ejecutivo Nacional, pero también las de todos los Diputados y Senadores. El Poder Judicial, en cambio, no entrega sus declaraciones a la OA, ya que la Corte decidió en una acordada que eso violaría la división de poderes que establece la Constitución.
El nuevo formulario con el que se publica la información, sin embargo, no permite tener el nivel de detalle que tenía el sistema anterior de publicidad de las declaraciones juradas. Esto es resultado de la ley 26.857, impulsada por la Presidenta y aprobada en mayo de 2013, que cambió la regulación. Algunos de los datos que se perdieron y volvieron opacos son clave, como los bienes e ingresos de los cónyuges y los ingresos que un funcionario recibe por otras actividades, algo que permitía detectar posibles conflictos de interés con ocupaciones externas, como consultorías.
“Lo poco que queda para analizar posibles conflictos de interés son las participaciones en sociedades o las deudas que tienen”, señaló a Chequeado el diputado de la UCR Manuel Garrido, quien estuvo a cargo de las investigaciones de la Oficina Anticorrupción entre 1999 y 2002, y luego fue Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas.
La Ley de Ética Pública establece una interpretación bastante restringida de los conflictos de interés en su artículo 13, donde se determina que un funcionario no puede estar asociado o prestar servicios a empresas que tengan una concesión, sean proveedoras del Estado o realicen una actividad regulada, si la competencia del funcionario está directamente relacionada a esta actividad (ya sea porque está vinculado a la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades).
Garrido explicó que se puede interpretar de una manera más amplia, dado que el artículo 2 establece además que un funcionario debería abstenerse de intervenir en cualquier asunto por el que un juez debería excusarse. Esto incluye elementos como parentesco, pleitos, relaciones de deudor-acreedor o haber recibido beneficios de la persona, entre otras.
Qué tienen y en qué invierten
En la Argentina no existe una ley que prohíba mantener actividades privadas mientras se ocupa cargos en la función pública. Por eso, más allá de los posibles conflictos de interés, es importante analizar las inversiones que realizan los funcionarios nacionales más relevantes.
A nivel nacional, en la órbita del Poder Ejecutivo, la OA tiene, según su decreto de creación, la competencia para “evaluar y controlar el contenido de las declaraciones juradas de los agentes públicos y las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito o incompatibilidad en el ejercicio de la función”.
“Hoy no se hace control de las declaraciones que se entregan para identificar conflictos de interés o enriquecimiento ilícito”, explicó Álvaro Herrero, director del Laboratorio de Políticas Públicas. Además, según la Ley de Ética Pública, tendría que haberse constituido una comisión con representantes de los diferentes poderes para asegurar el seguimiento y aplicación de la ley. “La comisión nunca se conformó, y por lo tanto no aseguró el control de las declaraciones juradas”, agregó Herrero.
En otros países, como en los Estados Unidos, hay oficinas dedicadas a analizar los posibles conflictos de interés de los funcionarios. Una de las soluciones posibles es constituir fidecomisos “ciegos” en los que la persona no sabe en qué se invierten sus fondos.
Según sus propias declaraciones juradas, la Presidenta y la mayoría del gabinete nacional tiene una parte importante de su patrimonio en propiedades. Algunos de ellos tienen bonos del Estado, como Oscar Parrilli, secretario de Presidencia, y Héctor Timerman, ministro de Relaciones Exteriores. Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior, declaró tener más de un millón de pesos invertidos en bonos ligados al crecimiento del PBI. Ricardo Echegaray, director de la AFIP, y Carlos Tomada, ministro de Trabajo, por otro lado, tienen bonos de YPF. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, por su parte, tiene algunas propiedades en Chaco y en la Ciudad, al igual que Héctor Icazuriaga, director de la Secretaría de Inteligencia, que declara tener varios inmuebles en la Ciudad y uno en Río Gallegos.
Los miembros del Ejecutivo que tienen participación en sociedades son:
- Cristina Fernández de Kirchner, que tiene inversiones en sociedades hoteleras (Hotesur y Los Sauces).
- Juan Manzur, el ministro de Salud, que posee acciones en Tío Yamil, una empresa relacionada con olivas en San Juan. Su patrimonio declarado en ella pasó de $2,2 millones el año pasado a $6,8 millones.
- Florencio Randazzo, ministro de Interior y Transporte, quien declaró participar en una constructora (Simétrica S.A.), una heladería (Camicar S.A.) y una inmobiliaria (la Grulla S.A.). También tiene participación en un gimnasio (Gimnasio Platense SRL), que pasó de vale $94 mil a $585 mil entre año y año.
- Sergio Berni, secretario de Seguridad, tiene acciones en la empresa Logística Río Turbio S.A.
- El vicepresidente, Amado Boudou, posee acciones en dos inmobiliarias (Inversiones Inmobiliarias S.A. y Hábitat Natural S.A.).
- Y por último, Enrique Meyer, ministro de Turismo, le otorgó créditos a dos empresas inmobiliarias (Pinazo S.A. y Cominver S.A.).
Patrimonio declarado por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional
(Bienes y depósitos menos deudas al final de 2013).
Cristina Fernández 50.281.230
Juan Luis Manzur 13.907.480
Sergio Berni 6.387.832
Ricardo Echegaray 5.825.879
Jorge Capitanich 4.304.545
Florencio Randazzo 4.006.223
Julio Alak 3.961.572
Guillermo Moreno 3.343.501
Héctor Timerman 3.051.355
Carlos Casamiquela 2.707.823
Enrique Meyer 2.205.362
Oscar Parrilli 1.899.793
Amado Boudou 1.870.591
Débora Giorgi 1.503.101
Héctor Icazuriaga 1.332.785
Diego Bossio 1.221.257
Agustín Rossi 817.051
Carlos Tomada 621.679
Julio De Vido 561.890
Cecilia Rodríguez 520.632
Alberto Sioleoni 513.338
Alicia Kirchner 308.220
Lino Barañao 198.991
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