El Senado de la Nación dio esta semana media sanción al proyecto de modificación de la vieja Ley 20.680 llamada "De Abastecimiento" y desató la descomunal crítica de los sectores empresarios más concentrados y de sus voceros políticos: la oposición de derecha y el seudoprogresismo.
El Senado de la Nación dio esta semana media sanción al proyecto de modificación de la vieja Ley 20.680 llamada "De Abastecimiento" y desató la descomunal crítica de los sectores empresarios más concentrados y de sus voceros políticos: la oposición de derecha y el seudoprogresismo. Del lado de los sectores de izquierda, estuvieron más atentos a tratar de capitalizar el paro de la semana pasada que a intervenir en este debate. Es decir, ambos sectores juzgan que la discusión sobre el conflicto distributivo –la vieja y conocida lucha de clases– no se juega en la relación de fuerzas entre capital y trabajo, como ya los economistas clásicos desde Adam Smith a Carlos Marx lo entendían, sino que la más fácil es culpar al gobierno, mientras ellos –a derecha y a izquierda– miran pasar al mundo desde el cómodo cordón de la vereda. Con la palanca de los medios opositores dándoles aire, escuchamos y vimos durante los últimos días que el grupo empresario de nominado "De los 6" tiene más presencia mediática que el gobierno, los demás sectores políticos y, aun, que el resto de los sectores empresarios pequeños y medianos.
La magia de la televisión ocultando la pluralidad de voces y dando cuenta sólo de los intereses de aquellos cortadores de bacalao que, entre otras cosas, también bancan con publicidad a empresarios de los medios opositores. Todo queda en familia, si le sumamos el despliegue de pantalla que le dieron a la izquierda local que ahora formula imbricadas tesis de "unidad de acción" con los –para ellos– burócratas sindicales, cuando hasta hace poco no podían acercarse sin que otro sector de la izquierda los acusara de traidores. ¡Después se incrimina al kirchnerismo de separar a los argentinos!
Desde el otro costado, interesantes fueron las declaraciones del presidente de la UIA comparando el acompañamiento legislativo del Frente para la Victoria al Poder Ejecutivo a una suerte de obediencia debida, que le recordaba a la dictadura militar. No se recuerda de este dirigente haber afirmado lo mismo cuando el menemismo votaba al unísono los leyes de flexibilidad laboral, las privatizaciones y la apertura indiscriminada de la economía que, entre otras consecuencias, terminó de destruir la industria nacional, completando el trabajo que ya habían comenzado Videla, Martínez de Hoz y sus secuaces. Ni qué hablar de la democracia participativa y plural que existe en la UIA, donde la presidencia se la reparten cada dos años entre dos grupos, llamados Industriales y Celeste y Blanca, a través de un explícito "pacto de alternancia". Sin ir más lejos, en 2011 asumía De Mendiguren de Industriales, en remplazo de Héctor Méndez y, en 2013, fue el mismo Héctor Méndez el que tuvo su reelección. Una pinturita. No sólo son siempre las mismas líneas internas sino que los que acceden a la presidencia también son los mismos. En un alarde de institucionalismo sueco, el Grupo de los 6 ya amenazó con ir a la justicia si se aprueba la ley con el argumento de que se trata de una intromisión ilegal del Estado en la vida interna de las empresas.
Lo que no se entiende bien es por qué esperaron 40 años para reclamar por la inconstitucionalidad de esta norma si ya la Ley de Abastecimiento del año 1974 decía prácticamente lo mismo. Recordemos algunos de sus pasajes más salientes. Por ejemplo, en su Artículo 2º, se instruía a: establecer precios máximos y/o márgenes de utilidad y/o disponer la congelación de precios; obligar a continuar con la producción, industrialización, comercialización, distribución o prestación de servicios, como también a fabricar determinados productos. Por su parte, el Artículo 4º afirmaba que serían reprimidos quienes: elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, u obtuvieren ganancias abusivas; acapararen materias primas o productos; destruyeren mercaderías y bienes; no tuvieren para su venta mercaderías con precios máximos, precios congelados o márgenes de utilidad fijados y al no poseerlas no vendan a dichos precios mercaderías similares de mayor calidad o precio.
Por último, y para quienes no cumplieran la ley, el Artículo 5º preveía: multas en efectivo; arresto de 90 días hasta cuatro años; clausura del establecimiento por un plazo de hasta 90 días; inhabilitación de hasta dos años para el uso o renovación de créditos; decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción. Pero, volviendo al proyecto actual, contiene algunas modificaciones como la elevación de las multas en pesos (hasta $ 10 millones), se elimina la pena de cárcel, se excluye a las pymes que no tengan posición dominante en el mercado –por lo que su aplicación efectiva sería sobre sólo el 1% del total de empresas argentinas– y se introduce para las firmas que fueron sancionadas la figura del "pague ahora y reclame después", similar a lo que nos ocurre a los consumidores cuando realizamos reclamos ante empresas de servicios públicos o concesionados. La protección de derechos de usuarios y consumidores se complementa con la creación de un observatorio de precios y se establece un fuero especial para las controversias en la relaciones de consumo. Durante el debate en el Senado se escucharon voces que la llamaron ley de desabastecimiento, la compararon con la Gestapo, postularon que se metía miedo a la población y que se despreciaba siempre a los empresarios.
Pero una de las bonitas páginas recogidas en la Cámara Alta estuvo a cargo de la senadora Morandini, que concluyó afirmando que en el gobierno "están enfermos de ideología". ¡Pero qué bien, senadora! Es decir, que el gobierno tiene una ideología y eso lo convierte en un enfermo, pero usted, que tiene otra ideología es, diríamos, sana. ¿O nos va a decir que quien piensa que la libertad de mercado es absoluta y está protegida por la Constitución Nacional, no tiene ideología? Los argumentos de Morandini, los demás senadores opositores, economistas del establishment y el Grupo de los 6, sí que despilfarran ideología. Ideología neoliberal donde seguridad jurídica significa tasas de ganancias aseguradas y riego cero. Basan su análisis serio, objetivo y aséptico en la vieja teoría del derrame que postula que la inversión viene de la mano de políticos amigos del mercado y que esa es la única forma de crear empleo y bajar la inflación. Pero cuando hubo gobiernos que le hablaron con el corazón al sector del capital concentrado, ellos respondieron llenando sus bolsillos a costa de mayor desempleo, pobreza y una crisis política, social y económica que casi nos deja sin país en 2001. Si analizamos desapasionadamente los cambios en la ley, no parecen ser tan infartantes para el empresariado monopólico o, por lo menos, sus postulados serían tan deplorables como los de la vieja ley de 1974. Lo que no resisten estos sectores es que se discuta lo oculto, lo no dicho, lo escondido, es decir que el gobierno ponga luz sobre sus márgenes de rentabilidad. Los saca que se sepa cuánto ganan, cómo lo hacen y a quién golpean con esas sobreganancias. No quieren el foco sobre la forma en que se quedan con el excedente (plusvalor) social en tiempos donde hay menos para repartir.
En realidad, lo que puso en debate el proyecto de ley de abastecimiento es el ejercicio del poder de los grupos dominantes que pensaron –una vez más– que el kirchnerismo estaba en retirada y que ellos sólo tenían que esperar ver pasar malherido al pato rengo y, si pudieran, hacer que no llegue a 2015. Lo intentaron en varias oportunidades, la última con la corrida de fines de 2013 que terminó en la devaluación de enero. Ahora veían una nueva ocasión con el fallo adverso del juez Griesa y volvieron a trabajar para el fin de ciclo.
Algunos de ellos, nuevamente imponen la lógica destituyente, como el ex compañero de fórmula de la UCR y ex presidente del BCRA de Menem, Javier González Fraga, quien advirtió esta semana que de no resolverse el litigio con los fondos buitre sumado al problema de liquidez de dólares, podría darse "una salida anticipada del gobierno nacional". En sí, lo que hace que estos sectores estén en pie de guerra no es la actualización de la ley de abastecimiento, sino saber que el kirchnerismo sigue marcando la agenda económica y política, y que podría ser un jugador más que importante en las elecciones de 2015. Más allá de poner en práctica la ley en los próximos meses, los desconcierta sólo el hecho de que la haya impulsado y, peor aún, aprobado en tiempo récord. Lo que los desconsuela es haber confiado en la teoría del pato rengo, que es aquella que postula que un gobierno sin reelección llega a duras penas a terminar su mandato, y sentir que el plumífero sigue siendo un correcaminos. De no contar con un programa superador al actual para ofrecerle a la sociedad en 2015, sólo pueden apostar al golpe de mercado, una suerte de Plan ACME para coyotes y buitres internos.
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